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lunes, 23 de febrero de 2015

Sinvergüenzas

“Hay clases de personas y personas con clase” 
El descaro de funcionarios públicos es cada vez más preocupante y atrevido. No es preciso descubrir como despilfarran fondos públicos, mal manejan los fondos rotativos o el descarado dispendio en improductivas comisiones al exterior. Simplemente no lo ponen en la web, obviando normas básicas de trasparencia o lo cuentan públicamente sin vergüenza ni pudor. El sablazo, cuando no el robo, es práctica habitual de la mayoría de políticos; el silencio cómplice, de todos ellos.
Hace unas semanas me comentaron como el vehículo P-770FFJ iba haciendo el salvaje por la zona16 poniendo en peligro la vida de conductores y viandantes. Resultó ser de la PNC y contar con más de veinte sanciones -en la capital y en Mixco-, casi todas por exceso de velocidad. Ya ocurrió una vez en 2010 -corta memoria la nuestra- cuando un vehículo de Gobernación atropelló y mató a un peatón. Se dijo, en aquel entonces, que la Viceministra Yolanda Pérez iba en el mismo, extremo que no se comprobó y caso que quedó olvidado, como otros. Posiblemente haya que esperar a que ese criminal rodante asesine a alguien, para lamentarnos nuevamente y que lo justifiquen como accidente.
El pasado domingo 15 el vehículo P-937DPG circulaba -Puerto San José- velozmente por el arcén contrario al sentido de la marcha, adelantando impune e imprudentemente y poniendo en peligro a quienes marchaban correctamente. Resultó también, curiosamente, pertenecer a la PNC y contar con quince sanciones por diversos motivos: carecer de licencia, insultar a la autoridad de tránsito -debió de pararlo la PMT para que les insultara-, estacionarse en lugar prohibido y circular a excesiva velocidad. Cuando se corrió por redes sociales el primero de los casos mencionados, el intendente de la PMT capitalina contestó: “con razón no se les logra hacer el alto”. Es decir, conocen los casos, pero no los detienen ni llevan a tribunales, quizá a la espera de que se consumen alguna desgracia para “actuar”.
Calla el ministro de gobernación, el director de la PNC, el alcalde capitalino, los diputados y todos quienes podrían tomar cartas en el asunto. Nadie quiere complicarse la vida ni evidenciar que todo esto, en el fondo, es una burla, un abuso, un asco permitido por todos ellos, y por muchos más. También enmudecemos el resto por no atravesar nuestro vehículo, hacer descender al abusivo y confrontarlo, en un ¡basta ya! de abusos. Calla quien les da paso por “miedo” -aunque posteriormente se queja- como excusa perfecta para eludir su responsabilidad ciudadana. Calla el ineficiente sistema judicial y la SAT que permite que circulen vehículos carentes de calcomanía del año por acumulación de denuncias. Guardamos silencio, porque somos capones en una sociedad castrada, y tenemos lo que nos merecemos por cobardes permisivos, aunque seguimos quejándonos en silencio pero sin el valor real de enfrentar a sinvergüenzas homicidas escondidos tras el polarizado vidrio de carros lujosos que pagamos con nuestros impuestos, mientras abusan porque saben que no moveremos un dedo.

Terminaremos, seguramente, como Venezuela, haciendo colas, comiendo racionados o nos robaran, violentaran o encarcelarán, cuando no asesinarán “por accidente”. Legaremos esa temerosa incapacidad de actuar a nuestros hijos y nos lameremos la heridas con ese conformista “fíjese qué” justificador de la inacción gallina !Claro que tenemos lo que nos merecemos! Es más, creo que aHay clases pocomos lo que nos merec es!, es mcobards y nos lameremos la heridas con ese "s robaranb, violentaran o callaranzado ún podemos estar mucho peor si nos empeñamos en conseguirlo ¡Adelante, pues!

lunes, 16 de febrero de 2015

¿Y Vielman?

“Se termina siempre por condenar a quienes se acusa”

El juicio contra Carlos Vielman -promovido por CICIG, versión Dall´Anesse- se parece, cada día más, al eternizado de los Valdez Paiz, suscitado por el mismo personaje. Desde que el ex ministro se marchó a España y CICIG/MP desistieron de la extradición -por tanto de juzgarlo aquí- la dilación del proceso ha sido una constante sin explicación lógica, más allá de las “tradicionales” en las cúpulas del poder.
Al indagarse, se observa que el juez encargado del caso es “resistente” a llevarlo a juicio. La razón, interpretando el funcionamiento de la justicia española, no debe ser otra que la falta de méritos que conduciría al fracaso en la vista pública. Ningún juez desea correr el riesgo -y la exposición mediática- de cerrar o perder un caso sobre el que hay demasiada presión e intereses internacionales. Por ello, el encargado de la investigación la prorroga sin aportar nada nuevo al expediente desde hace tiempo, debiendo arrearlo para que avance hace ninguna parte. Coincidiendo con dicha lentitud, se resolvieron los juicios contra Figueroa (Austria) y Sperissen (Suiza), suficiente para que hubiese avanzado también este, aunque no ha ocurrido.
Para ponerle pimienta al tema, durante la fase de sentencia del último de los citados apareció en la web un vídeo apócrifo titulado “Impunidad. Reporte Guatemala”, en el que se vertían graves acusaciones contra la cúpula de gobernación de aquel entonces. El actual comisionado de CICIG se desmarcó del contenido, la realización y difusión del mismo y comentó, muy sucintamente, que se hizo en la época de su antecesor Dall´Anesse, con fondos de la comisión internacional y dirección externa. Un suspense al estilo Hitchcock propio del novelero costarricense.
En dicho vídeo aparecen diversas personas conocidas en el país. Comentan y describen lo que “ocurrió” en la denominada toma de Pavón y hacen serias imputaciones, a pesar de que no estuvieron presentes ni conocieron más de lo que se publicó en los medios de comunicación. Todo apuntaba a una maniobra de desprestigio que “coincidentemente” se difundió en el momento clave anterior a que un juzgado decidiera sobre la acusación contra Sperissen.
Aquello que pareció anecdótico, toma ahora relevancia y protagonismo, ya que la fiscalía española se declaró competente y aceptó a trámite la denuncia planteada por Vielman. Entre los demandados se encuentran el director, el productor y la editora del reportaje, varios responsables de la CICIG, Dall’Anese entre ellos, Aníbal Gutiérrez -ex consejero político-, el jefe de información y análisis, Cristian Gamboa y el fiscal Chrystian Ulate. También incluye la demanda a Héctor Rosada-Granados, ex-secretario de la Presidencia, Claudia Paz, ex Fiscal General, la periodista Marielos Monzón y el ex recluso Carlos Bendfelt. Las razones esgrimidas en la denuncia, además de las acusaciones que hacen en el vídeo, son, entre otras, que “es evidente que la intención de los demandados era influir en los órganos judiciales y aumentar la presión sobre éstos, al objeto de evitar un nuevo fallo absolutorio”.

Los señalados, deberán comparecer en los juzgados españoles y se abre una etapa que puede aclarar el desmedido interés ideológico o personal en el tema Pavón que tiene a demasiada gente pendiente de que marche en un sentido y a una velocidad interesada. Al tanto con la bulla que se viene por atrevidas e irresponsables declaraciones -incluso maliciosas- y, sobre todo, cómo las presentarán los afectados y la prensa nacional.

lunes, 9 de febrero de 2015

Si-CICIG-No

“Un gran poder implica una gran responsabilidad”
Se lucha fuertemente, aunque no se perciba, por la continuidad de la CICIG. A pesar de que el Presidente dijo contundentemente que no, creo que habrá prorroga. Los favores hay que pagarlos y en política -especialmente cuando las cosas se hacen mal- todo tiene un precio. Se pueden encontrar argumentos contrapuestos sobre la permanencia de la Comisión, pero ese no es el tema a tratar.
El mandato de la CICIG contempla tres objetivos principales. Dos de ellos se refieren a la investigación y desarticulación de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad, concepto definido en el art. 1, d) del acuerdo. Sin embargo, el ente internacional se ha dedicado a desnudar casos puntuales. Algo digno y meritorio, pero que no enfrenta la sustancia del problema que vino a resolver. El único que se puede incluir dentro de su misión original, fue la persecución del ex presidente Portillo y su entorno y tal como declaró el comisionado Dall´Anesse en Honduras, se pactó con la Fiscal Paz y el embajador Chacón no perseguirlo para que fuese extraditado.
CICIG surfea, y se ha adaptado al medio. Juega insolentemente a la política judicial y aborda aquellos casos que interesan a ciertos países donantes o resuelve temas específicos, pero no persigue cuerpos o aparatos clandestinos de seguridad. De haberlo hecho, investigaría el desfalco en aduanas, la matanza de Los Pajoques, los sucesos de San Pablo, los disturbios y crímenes en Barillas, la financiación de partidos políticos, el denunciado pago a diputados, los monopolios de los buses, el reparto de fertilizantes, la compra de medicamentos y sucesos similares ejecutados por mafias políticas, sindicales, ideologizadas o criminales que conforman un poder en la sombra y mueven a centenares de personas ¡Eso son aparatos clandestinos!
Las mafias están soportadas, sustentadas, alentadas e impulsadas desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en mayor o menor medida, sin desdeñar otros grupos de presión como ciertas ONG,s. Por esa razón, el día que CICIG aborde ciertos problemas será inmediatamente sacada del país precisamente por los poderes citados, que son a fin de cuentas quienes la mantienen activa en tanto en cuanto no les cuente los frijoles. Llamativo ver al Comisionado acompañado y rodeado de los/las habituales que lo cooptan y apoyan en la medida que se pliegue a dos cosas. Una, seguir determinados lineamientos o no investigar ciertos problemas, sobre todo esos que denominan falazmente sociales. Otra, que sigan contratándolos con fondos de cooperación internacional para que sean ellos quienes tengan incidencia en las investigaciones y la persecución penal. Al final del día, el principio aquel de que toda organización tiende a perpetuarse, es un hecho evidente, también para la comisión internacional.
Al conjunto, hay que agregarle el papel de sus directores. El primero, Castresana -“el berrinches”- trasladó su carácter y agitada vida personal a la vida judicial nacional. Le sucedió Dall´Anesse -“el poeta”- escritor de libros, procesado en su país e impedido de abordar un avión por crear pánico. Reconozco, sin embargo, méritos diferentes en el señor Velásquez, quien ha tenido que apagar fuego y se mueve más profesionalmente en el escaso espacio del tablero donde le han dejado jugar.

No es que no crea en CIGIG, sencillamente no confío en quienes la cooptan, desvían, financian e imponen una agenda particular. No se trata de si se queda o se va, mas bien de preguntarle: ¿por qué no investiga a las mafias del país? Siguen sin entrarle al tema que la trajo aquí: los poderes paralelos, ¿a qué esperan?

lunes, 2 de febrero de 2015

Costos diferidos


“No hay gente inútil, sólo hay gente perjudicial” (Gorki)

Del pago de impuestos se espera reversión en servicios públicos. Sin embargo, cuando el funcionario muta en “autoridad”, trasladar alegremente el costo de su ineficiencia o capricho al ciudadano que lo mantiene, y le hace pagar nuevamente el servicio que el gobierno nunca prestó ¡Sobran ejemplos ilustrativos! La norma que obliga a las compañías telefónicas a impedir que desde las prisiones salgan llamadas de celulares, es quizá el más claro y palmario. La realidad es que el Sistema Penitenciario (Ministerio de Gobernación) no hace su trabajo, a pesar de pagarlo con nuestros impuestos, y permite -o no impide- que entren celulares a las cárceles, causa principal del problema. Tampoco han abordado el problema de otras formas, como suprimir las conexiones eléctricas al alcance de los internos, por otra parte innecesarias. Por tanto, como el señor Ministro no quiere -o no sabe- abordar el problema, como es su deber, traslada esos costos a las compañías telefónicas, y de paso a usted y a mi, sin dejar de favorecer a otros con intereses en ciertos business.
Aquella estupidez de obligar a que los motoristas se condujeran con chaleco naranja -durante el gobierno de la UNE fue negro- es otra de esas elucubraciones que difieren costos de seguridad a los ciudadanos que utilizan ese medio de transporte ¿Cuál fue el resultado de esa medida inútilmente impulsada por dos gobiernos? Creo que sobran comentarios. Agreguemos, a ese paquete de normas inoperantes, los impuestos de salida del país incluidos en el precio de los tickets de avión y otros similares, como esos ilegales y abusivos cobros que hacen a la entrada de ciertos municipios en épocas vacacionales: Sololá, Puerto San José o Antigua. Todos tienen el mismo fin: obtener más dinero justificando la seguridad, aunque no aclaran que ya pagamos por eso y son ellos quienes no cumplen con su deber. Una más, el vehículo P-770FFJ, utilizado por la PNC, tiene veintidós sanciones sin pagar desde 2012 a la fecha y muchos ciudadanos pagan diariamente el costo correspondiente por cómo se conduce: riesgo de choque, agresión o accidente. A pesar de estar detectado, nadie hace nada. Más: ¿cuántos PNC protegen  “personalidades”, ex guerrilleros o realizan funciones burocráticas?
El costo de la inseguridad nacional es aproximadamente del 8.7% del PIB (Global Peace Index) y el porcentaje de empresas que la pagan en el continente -el mayor del mundo- del 62.1% (Enterprise Surveys). No obstante lo anterior, el Ministro de Gobernación inventa otro impuesto. En esta ocasión dirigido “a las clases media alta y alta, pues ellos tiene la capacidad de pagarlo…”, con la finalidad de “sostener el funcionamiento de la plataforma tecnológica integrada que se ha implementado durante los últimos tres años”. Es la forma políticamente correcta, pero con similar cara dura, de decir que quiere más dinero para hacer lo que le venga en gana, pero que no está dispuesto a asumir su responsabilidad, ser trasparente ni responder de sus incapacidades.

Desconozco a qué “plataforma tecnología integrada” se refiere, cuando no es posible controlar la salida de señal de celulares de las cárceles y obliga a las empresas prestadoras del servicio a que lo hagan. Los costos diferidos son exponenciales respecto de la inutilidad, incapacidad o relajamiento del funcionario que los genera y es preciso combatirlos pidiendo explicaciones de la ineficiente o interesada gestión pública ¡Tanta maravilla tecnológica desconocida y en ver de mostrárnosla Gobernación emite un acuerdo ministerial que limita y controla el acceso a la información! ¡Penosa gestión!, además de nula trasparencia.