¿De verdad queremos cambiar?

No se cambia un país con quejarse en foros de amigos o en círculos de opinión

Con frecuencia escucho en reuniones de amigos el deseo de cambiar, progresar, avanzar, ser mejores en definitiva. Países desarrollados y con seguridad nos provocan sana envidia, y soñamos, debatimos y discutimos -pública y privadamente- sobre lo hermoso que sería dejar atrás este mundo de corrupción, inseguridad y pobreza que nos envuelve ¡Y no es porque estemos en época festivo-melancólica, es una preocupación que nos embarga todo el tiempo!

Al despertar de esos buenos deseos, observamos que en el partido que sustenta al gobierno hay unos 15 diputados procesados por diferentes delitos y que además negocian el presupuesto y la directiva del Congreso -con sus honorables pares- para arrancar 2018 con una agenda elaborada por las mafias que sostienen a una sustancial parte de parlamentarios. Se suman a la piñata por estas fechas, los sindicatos depredadores del presupuesto público -entre otros los del MP, OJ, Salud o Educación- que reciben montos insostenibles para las finanzas estatales, repartidos por políticos inescrupulosos que, con dinero público y espurios intereses, negocian a cualquier precio mientras reclaman un aumento de gastos porque es “insuficiente” el asignado para el “desarrollo del país” ¡Valientes caraduras!

Por su parte, la justicia oficial retarda todo lo que puede los expedientes judiciales bajo la excusa, en el mejor de los casos, de hay mucho trabajo y pocos funcionarios -a pesar de que cuando ingresan al sistema ya lo saben y eso no los frena- o a través de abogados, jueces y magistrados que sonríen a quienes les favorecen aprovechando un sistema judicial absolutamente tramposo en el que se mueven como peces limpiadores de fondo. Todo cabe bajo ese paraguas del “debido proceso” y entre antejuicios a funcionarios, falta de salas para las vistas, vacaciones o cargas de trabajo, pasan años sin tomar decisiones mientras muchos detenidos permanecen en prisión y otros señalados nunca entran a ella. La justicia indígena no lo hace mejor. El último caso fue el azote de un policía con absoluta inobservancia de los derechos humanos que muchos de quienes la defienden reclaman, aunque frente a esa flagrante violación suelen callar. En el fondo ocurre lo que en la política: una lucha por el liderazgo -local en este caso- por el que también se compite, obviando la observancia de normas universales y promoviendo el autoritarismo sobre un discurso sustentado en lo ancestral.

En lo cotidiano no es menor la decepción. Los buses de transporte público circulan sin luces, medio derruidos y en lamentables condiciones, mientras se les otorga millonaria subvención para que teóricamente funcionen. Las calles se utilizan como parqueos a voluntad del que tira el carro aunque el letrero indique aquello de “le estamos filmando” o las aceras se ven invadidas por irrespetuosos motoristas que deciden utilizarla como carril cuando no pueden culebrear entre los vehículos detenidos porque seguramente alguien bloqueo el cruce con absoluta impunidad.

No se cambia un país con quejarse en foros de amigos o en círculos de opinión. Para mejorar se requiere aceptar el problema y tomar una postura personal activa. Es preciso que cambiemos cada uno de nosotros y exijamos al otro que lo haga y no quedarnos callados por pena, temor o prudencia. Si no aceptamos que estamos mal -muy mal- seguiremos por años alabando el amanecer diario y soñando que todo esto cambiará, sin darnos cuenta que jamás ocurrirá porque requiere otra actitud que, además de en el optimismo, se nutra de un realismo que desconocemos frecuentemente.

Nunca es tarde para comenzar y el inicio del año nuevo puede animar a ello.

Muerte en Navidad

Rechazo la muerte de cualquier persona desde la concepción hasta su deceso voluntario o natural

La suspensión por la Corte Suprema de Justicia de la distribución de un manual sobre derechos humanos y salud reproductiva -considera que promueve el aborto- ha generado otro agrio debate en fechas en las que se celebra vida: la Navidad.

Curioso observar como quienes son tachados de “conservadores” condenan el aborto pero aceptan, promueven y están de acuerdo con la pena de muerte para delincuentes peligrosos. Los “progresistas”, del otro lado, rechazan contundentemente la pena de muerte y sin embargo, suscitan, consienten e impulsan el aborto como un derecho humano. Ambos colectivos, presentan posturas manifiestamente incongruentes porque en el fondo se trata del mismo hecho: matar a un ser humano, sea nonato o malhechor.

Entreveo que todos aplacan su conciencia y encuentran la salida adecuada para resolver tal contradicción. Los “pro estatus quo” aducen que a los criminales se les sigue el debido proceso, son vencidos en un juicio justo y posteriormente condenados a muerte, lo que tranquiliza el espíritu y el alma al positivar las acciones a gusto del consumidor. Los “progres” también utilizan como excusa el debido proceso -en este caso médico- y en lugar de hablar de personas, niños o bebés consideran que se trata de huevos, zigotos, embriones o fetos, ¡y listo! Los delincuentes dejan de ser jurídicamente humanos cuando su comportamiento criminal, antisocial o mentalmente alterado es así considerado por un tribunal; los segundos no son considerados médicamente humanos y consecuentemente es más fácil dejar a criterio de la madre la decisión libre y voluntaria de destruirlo. Ambos grupos duermen tranquilos y el alma queda serenamente pacificada a pesar de condenar al ostracismo a aquellos que molestan.

Rechazo la muerte de cualquier persona desde la concepción hasta su deceso voluntario o natural. Uno de los mayores errores -lo dije en otra ocasión- es considerar la vida como un derecho cuando debería estar por encima de aquellos al ser la condición necesaria para que puedan darse. De esa cuenta, la vida jamás debe quitarse porque nunca hay razón suficiente para matar a nadie. Ni el sistema judicial es infalible -si esa razón se quiere aducir- ni mucho menos una mujer embarazada tiene “derecho” para asesinar a un ser que biológicamente está ahí -no hay forma de que sea de otra manera- aunque haya sido impuesto por violencia, que no es lo normal. Ese aforismo de “es mi cuerpo” que pretende justificar la acción abortiva, sustenta el crimen pero es mentira, porque no es su cuerpo. Es un ser vivo diferente producto, en la mayoría de las ocasiones, de una relación voluntaria, pero aparentemente equivocada cuando se desea terminar con la vida resultante. Incluso en caso de violación -y mientras no se esté en ese dilema que contempla el aborto terapéutico- se termina asesinando en lugar de buscar soluciones alternativas, seguramente todas ellas inadecuadas, porque así son los dilemas.

Leí hace poco, en un informe de una agencia de publicidad, lo siguiente: la realidad no existe. De esa cuenta nos podemos dejar llevar por una ola relativista en la que el “yo creo/yo opino” acorde con el modernismo imperante, permite justificar cualquier cosa y promover -como ocurre- “derechos” artificialmente elaborados.

Debe haber más coherencia entre quienes promueven el crimen selectivo -sea de zigotos o de matones- y les animo a que acepten el valor absoluto y no relativicen la muerte según conveniencia. Quizá, cuando enfrenten esa reflexión, tomarán una mejor decisión en beneficio de la vida.

¡Vaya corte con la Corte!

La falta de certeza jurídica se alía con la ideología para politizar la justicia

Es ilícito e intolerable que la Corte de Constitucionalidad lleve casi cincuenta días sin resolver el amparo que en su momento interpusiera CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas por la concesión de la licencia de explotación a la minera San Rafael. El incumplimiento por los órganos judiciales del plazo legal para resolver -detalladamente expuesto en un informe de Human Right Watch- representa una de las mayores debilidades del sistema judicial. Correspondería a la CC y a la CSJ exigir que se observara, sin embargo, cuando son los máximos tribunales quienes ignoran la legalidad, aflora una amarga mezcolanza entre burla judicial y desfachatez jurídica.

La CC cuenta con un precedente -la resolución sobre Oxec- un punto de inflexión en la interpretación de esas situaciones cuyo proceso recientemente finalizado serviría, una vez se entregue a la cámara de amparos tal y como lo pide en la sentencia, para aclarar conflictos similares y poner fin a la lucha interesada de ciertos grupos. Hay que recordar que el Convenio 169 establece la necesidad de generar una dinámica entre las Comunidades y el Estado -que es preciso regular- cuando se realice una determinada actividad económica con impacto en la zona, sin diferenciar cuáles sean aquellas. Lo que decidieron para la hidroeléctrica, por tanto, es perfectamente válido para la mina. Es decir, cumplir lo estipulado en su momento por la CC dentro del plazo de tiempo señalado o atenerse a las consecuencias que indicaba la resolución. Paradojas de la vida: el tribunal impone plazo a otros pero ellos son incapaces de cumplir lo legalmente determinado. Algo así como: “haz lo que digo, pero no lo que hago”.

El paro de la mina genera un importante impacto en la economía de zona y en los trabajadores e impide que a la fecha el fisco ingrese una cifra superior a los 100 millones de dólares, reconocido por el Superintendente de la SAT en el programa de radio ConCriterio. Una autorizada aclaración oficial, con precisión numérica, para quienes se quejan de la poca tributación de las industrias extractivas.

La paupérrima economía nacional se ve también afectada porque los magistrados de la CC parece ser que se irán de vacaciones sin solventar el pendiente, inobservando, como es su deber, los plazos de tiempo marcados por la ley ¿Qué motivos inducen a esa inexplicable postura? Es difícil suponerlos, pero no cabe pensar más que en la existencia de poderes ocultos de presión, lo que debe llevar al MP/CICIG a investigar o motivos ideológicos similares a los de algunas organizaciones interesadas, lo que denotaría que la falta de certeza jurídica se alía con la ideología para relativizar situaciones y politizar la justicia.

Al margen de este caso, el retardo de las resoluciones judiciales -malicioso o no- es un escaparate que pone en evidencia al país y a los actores togados y proyecta una pobre imagen que impide la atracción de capitales, la inversión y el consecuente desarrollo económico. Además, impacta negativamente en una ciudadanía que observa preocupada el descenso de los paupérrimos índices sociales y económicos reflejados en estudios, informes e indicadores institucionales.

Mal estamos y nadie quiere asumir la culpa y la correspondiente responsabilidad. Eso de dictar sentencias para que otros las cumplan parece fácil, lo jodido es cuando hay que atarse los machos y cumplir ellos mismos las leyes vigentes o las resoluciones que imponen. En esos casos se hacen los remolones evidenciando que son parte de la ecuación que impide el progreso en este país ¡No seamos hipócritas y que cada palo aguante su vela!