No son los médicos cubanos, es la dictadura

La “diplomacia de batas blancas”, una moderna forma de esclavitud humana, de tráfico de personas, utilizada por el castrismo 

Todas las dictaduras son nefastas. En algunas se pueden resaltar hechos positivos porque sin duda existen. Sin embargo, en todas ellas se pierde la libertad de movimiento, expresión, reunión, disenso, etc., y también en todas el gobierno, que suele ser extremadamente violento, acosa, persigue, encarcela, asesina -directa o indirectamente- y destruye o pulveriza -como diría Orwell- a sus ciudadanos. La dictadura castrista es la decana de todas ellas, y después de más de 61 años sigue violando los derechos humanos, la libertad y los principios de la democracia, entre otras muchas cosas. No reconocer lo anterior supone cerrar la razón a lo evidente o ser demasiado cínico. 

En 2008 publiqué una de mis primeras columnas de opinión destacando el carácter alegre y sufrido de los cubanos -http://miradorprensa.blogspot.com/2008/04/qu-caracter.html-, y la sostengo íntegramente. El ciudadano cubano es extraordinario y con un espíritu envidiable, a pesar de las circunstancias. En Guatemala, desde hace una veintena de años, los médicos cubanos están en los lugares más recónditos atendiendo a personas que no tendrían acceso a la salud sin ellos. Vaya por adelantado mi reconocimiento y admiración. El debate sobre las “Brigadas médicas cubanas” no es ataque o rechazo a profesionales de la medicina que dejan su vida por el mundo haciendo cosas increíbles que deben reconocerse

No obstante lo anterior, es legítimo plantearse el modelo cubano de “diplomacia de batas blancas”, una moderna forma de esclavitud humana, de tráfico de personas, utilizada por el castrismo  desde hace tiempo. Hay muchos casos documentados además del reporte del Departamento de Estado USA: https://www.state.gov/at-the-2020-trafficking-in-persons-report-launch-ceremony/. Cada cooperante enviado desde Cuba a Guatemala recibe un aproximado de Q7000, lo que no hace gratis el servicio que brinda. De esa cantidad, el receptor entrega una parte sustantiva al gobierno cubano -cifrado en algunos informes en 75%- y, además, como se documenta en diferentes medios, es constantemente vigilado y controlado para reducir el contacto con lugareños y evitar la deserción, como han hecho atletas, bailarines o músicos. Un equipo, camuflado entre los cooperantes y/o con apoyo diplomático en el lugar, se encarga de la seguridad y de la inteligencia. La garantía del regreso la dan los familiares que quedan “confiscados” en Cuba para que el cooperante vuelva y siga siendo servil al régimen.

Se puede limpiar la conciencia de muchas formas, incluso ponerle perfume, pero es innegable que cuando se establece un convenio de “colaboración retribuida” con el gobierno dictatorial cubano se está financiando la cúpula en el poder, los desmanes que hace y el modelo que la sostiene. Puede incluso ignorarse o pensar que como hacen un bien todo se justifica, lo que suele ser sospecho y siempre peligroso, al considerar el mal menor y el bien mayor, algo propio de corrientes teleológicas que analizan la intención como criterio de máxima moralidad. Una especie de híbrido entre el utilitarísmo y el consecuencialísmo ético que termina por justificar que muchas cosas buenas superan a las malas. No es de recibo hacer el mal para conseguir el bien, el mal debe evitarse siempre y ver la solución para alcanzar un estado deseable de cosas sin llegar a justificarlo, como irracionalmente hacen demasiados.

El debate está servido, aunque la diplomacia de batas blancas y la “cooperación” cubana han establecido una red de adoctrinados, colaboradores y serviles que seguramente serán capaces de negar la más dilatada dictadura en el mundo, y los crímenes cometidos. Recuerden que en época de la UNE intentaron concederle la Orden del Quetzal a Fidel Castro, aunque aquel no les puso coco y los ignoró.

Impuestos que desafían la razón

Se castiga a quienes se esfuerzan, trabajan, ahorran, emprenden y han pensado en su futuro y en el de sus hijos

Posiblemente usted desconozca a cabalidad cuantas clases de impuestos paga, el monto de estos y la razón de ser de muchos de ellos. Algunos son relativamente fáciles de comprender e incluso hay un cierta lógica, detrás de ellos que es difícil de confrontar. Otros, por el contrario, representan un desafío o suponen, incluso, un insulto a la razón, y nos hemos acostumbrado a pagarlos sumisamente sin rechistar, con actitud propia de ciudadanos que no reclaman sus derechos.

Si algo persigue el ser humano es hacerse con una vivienda propia y un vehículo que lo transporte. Estas dos aspiraciones -cuando no necesidades- están en la mente de la mayoría de las personas. Por tanto, usted ahorra durante tiempo, quizá pida un crédito bancario y termina por adquirir su vivienda con mucho esfuerzo. Paga por todo: el terreno, la construcción, las escrituras, los honorarios del escribano y otras cuestiones que no es necesario explicar. Y cuando por fin tiene su propiedad, el Estado decide que anualmente le debe de pagar una suma en función del precio de su casa ¿Cuál el la lógica que subyace detrás de todo esto?, seguramente ninguna pero así funciona. Se castiga a quienes se esfuerzan, trabajan, ahorran, emprenden y han pensado en su futuro y en el de sus hijos. El exitoso y decidido es sencillamente penado por un Estado que saca dinero de lo que no es suyo ¿Qué servicio le presta la administración pública por ese pago?, ninguno. No hay contraprestación porque seguramente usted tiene pozo de agua o depósito hecho por el constructor, paga aparte la basura y también la electricidad que consume, además de la seguridad. No hay consecuentemente contraprestación, es simplemente una clavada oportunista, depredadora y sin sentido.

Si supera lo anterior y decide, además, adquirir un nuevo vehículo, modernizarse y dejar atrás el viejo carricoche, el Estado se lo premia con un impuesto a la circulación. Algunos lo justifican porque ese dinero es para construir o mantener las carreteras por las que usted circulará o porque contamina el aire, lo que convierte el debate en un difícil asunto, ya que en el otro plato de la balanza hay argumentos. Se soslaya, sin embargo, que los vehículos que más desgastan, contaminan, son propensos a más accidentes y a fallos mecánicos, son los más viejos que justamente son los que menos pagan Es decir, hay un contrasentido entre la justificación impositiva y el pago. Lo lógico sería que si el vehículo es nuevo, y produce “menos daño”, la tabla impositiva debería ser a la inversa de cómo es actualmente, y deberían pagar menos los nuevos que los viejos. Lo que hacen realmente los Estados es castigar sistemáticamente al exitoso, a quien arriesga, al emprendedor. Lo disuaden de cambiar de carro o de pedir un crédito porque el mensaje es: manténgase como esta, no cambie ni invierta porque si descubrimos que lo hace lo volveremos a clavar como ya hicimos cuando compró su casa.

Otra sin razón es el famoso boleto de ornato, y si su finalidad es mantener limpias calles y plazas, no tiene sentido que se lo pidan para tramitar, por ejemplo, el DPI ni mucho menos que tenga un precio diferente en función de lo que usted gana, como si el más exitoso en su trabajo ensuciase más las calles, otra estupidez de la irracionalidad impositiva. 

Nos habituamos a trabajar para pagar caprichos de estatistas que viven de nuestro esfuerzo y nos adaptamos a un sistema que no resiste el menos análisis lógico ¡Y dicen que el hombre es el único ser racional. Mi huevo!

Violencia pluriétnica, multicultural y plurilingüe

La políticas públicas responden a la presión de grupos y se traducen en acciones dirigidas a satisfacer a sus simpatizantes

No estamos acostumbrados a cumplir la ley ni a respetar al prójimo, y aún con el riesgo que representa la generalización, se puede afirmar que somos una sociedad muy colérica, preocupantemente violenta. Ningún grupo étnico, social, religioso o económico se zafa de esas adjetivaciones, aunque vemos esfuerzos de ciertos colectivos por escapar de tales etiquetas. 

Lamentablemente sobran ejemplos: 1) En Petén, Domingo Choc fue quemado vivo acusado de brujería, con la aquiescencia, apoyo y participación de parte de la comunidad en la que vivía. Sus vecinos no lo protegieron y, además, algunos fueron autores, cómplices o encubridores de tan aberrante crimen. 2) El futbolista Pappa, reiterado agresor de mujeres, suele salir airoso de sus continuos ataques a damas, y no se comprende qué mágico milagro sucede para que no esté encarcelado desde hace tiempo, salvo que la justicia espere que asesine a alguien y entonces actúe con “prontitud”. Actualmente está en busca y captura después de huir porque un juez no lo procesó, a pesar de haber sido capturado por la policía casi in fraganti -y en lamentable estado de ebriedad- tras su último conocido acto de maltrato. 3) El garrulo del Pirulo, criminal confeso condenado a tres años de prisión conmutable por instigación para delinquir -de cuyo resultado se cometió un homicidio- perfecciona diariamente su chabacanería frente a los micrófonos mientras fomenta la homofobia, la ordinariez y otras bajezas propias del esperpéntico personaje quien, escoltado por dos monigotes -al mejor estilo de los tres chiflados- es vitoreado por seguidores mononeuronales ¡Vaya nivel cerebral el de unos y otros! 4) El último capítulo de esta crónica negra multisectorial, lo vimos hace pocos días en un video que muestra cómo una pareja homosexual fue agredida brutal y reiteradamente por miembros de una misma familia que los persiguieron con sus vehículos -fueron tres- y los dejaron malparados. Además, en esta ocasión, la PNC, institución que debe servir para ayudar, silenció la denuncia porque, al parecer, el jefe de los patrulleros los llamó para que se retiraran ya que alguien llegaría a negociar y “arreglar” las cosas.

No me atrevo a decir que nos satisface, pero definitivamente consentimos, permitimos, difundimos y silenciamos la violencia. Niños y niñas son diariamente agredidos y estas últimas embarazadas, llegando la cifra a varias decenas de miles cada año. Lejos de enfrentarla como lo que es: un problema complejo que ataca a todos los sectores sociales y se silencia desde todos ellos, no hemos dedicado a condenarla desde particulares tarimas. Las feministas llevan años centradas en promover el castigo al femicidio; la comunidad LGTBI condena agresiones contra sus asociados; sectores indigenistas hablan de discriminación y racismo, y en lugar de enfocar el problema desde una visión integral, atomizamos cada esfuerzo y se excluye a otros que quedan invisibles y parecieran no existir, porque cada uno propone medidas particulares que suelen circunscribirse a su ámbito de interés. Lo que se consigue con ello es presentar problemas parciales, en función del ruido que se hace o la tribuna que se tiene. Las políticas públicas, por su parte, responden a la presión de grupos y se traducen en acciones dirigidas a satisfacer a sus simpatizantes. En resumen: las cosas no cambian porque no confrontamos la realidad. La violencia hay que atacarla sin sesgos, intereses ni desde sectores específicos. En todo caso, es innegable el magro resultado de las políticas emprendidas en los últimos años, lo que nos debería conducir a reflexionar sobre la necesidad de reformularlas, aunque me da que es una prédica al viento que nadie atenderá.

La tétrica marrullería nacional

Y es que no deseamos que se imparta justicia sino “nuestra justicia” ¡Maldita ideología y cortedad mental!

El enconamiento entre la CSJ, la CC y el Congreso, además de otras instituciones y muchos ciudadanos, tiene paralizada la renovación de jueces y magistrados. A estas alturas, puede encontrar argumentos para aplaudir o desmeritar a cualquiera de los citados por razones suficientemente conocidas que sobra explicar. En un país en el que se habla a menudo de diálogo, no dialoga ni su madre. La imposición o el silencio parecen ser dos hojas de rutas fracasadas pero utilizadas históricamente. 

Al Congreso no le da la gana comenzar con la elección de jueces y magistrados y ningún partido político  fuerza esta situación con medidas legales, que las hay. La CC, sigue aquello de “este macho es mi mula”, y no cambia una directriz que requiere de meses para poder cumplirse de la forma que indicó. Si hay que analizar unos 296 seleccionados en las nominas de postulación y 160 diputados deben de emitir su voto a viva voz -además de razonarlo- se requerirían entre 790 y 1,600 horas si cada uno dedica 1 o 2 minutos a ello. Es decir, sesionando dos veces por semana, cinco horas cada día, se necesitaría entre año y medio y tres años, lo que convierte el proceso en absurdo. 

Soluciones hay, como por ejemplo razonar por escrito el voto y hacerlo público, votar por grupos parlamentarios con el mismo requisito anterior o cualquier otra que tenga cabida para agilizar el proceso sin perder la esencia del compromiso de explicarlo. Sin embargo, seguimos atorados por falta de propuestas, de acercamientos, de diálogo, de exigencia social y de ética político-jurídica. La institucionalidad sigue sin responder y la ciudadanía paga las consecuencias de mafias, egos, mañas, formas y basura que se lanzan, unos y otros, para no cumplir.

Tenemos un sistema mal diseñado, hete ahí el problema. El Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia no son supremos y la Corte de Constitucionalidad que debería de dedicarse a temas exclusivamente constitucionales, por ser un tribunal políticamente nombrado, se convierte en el tercer poder del Estado: el Judicial. Cada buey jala su carreta y descoyunta el pobre sistema nacional de justicia, y a los ciudadanos que deben utilizarlo -que somos todos- mientras las mafias, incrustadas por doquier, buscan cómo posicionarse ventajosamente. El Colegio de Abogados ve pasar la procesión desde la tribuna porque, en el fondo, está diseñado para ser manejado por grupos de poder y manipular determinadas instituciones, producto del espacio constitucional otorgado en la selección de candidatos. Otra mafia que termina por coincidir con las establecidas en el “club universitario” al que obligan a suscribirse a todas las universidades. Y cuando el MP actúa y pide antejuicios -porque no es un ente juzgador y no puede tomar partido- tampoco estamos conformes porque vemos que “los nuestros” pueden salir perjudicados y lo que deseamos es que “los otros” sean los castigados. Y es que no deseamos que se imparta justicia sino “nuestra justicia” ¡Maldita ideología y cortedad mental!

Los ciudadanos, esos que dice la teoría que tienen el poder que delegan en sus representantes, se sienten cómodos o distraídos porque han aprendido a vivir en este sistema en el que debes procurar tener un cuate que conozca a un colega o pariente en el lugar que necesitas para pedirle, en el momento adecuado, el favor que solucione el clavo que tengas. Un mundo de favores y favoritismo que termina clavándonos a todos contra la pared y arrastra al país a un inmundo lodazal al querer resolver una crisis política por medios judiciales.

¿Desde cuándo nos engañamos?

Nos han educado en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política

La pandemia mundial ha desatado un debate en torno al papel del Estado, fundamentalmente en el tema de salud, pero también en otros sectores. Súbitamente el ciudadano parece descubrir que los servicios públicos no son gratuitos, tal y como por años le estuvieron predicando los políticos. “La salud y la educación -entre otros- son derechos humanos y el Estado debe proporcionarlos gratuitamente”, nos decían en mítines políticos que querían obtener votos activando emociones. Nosotros, los votantes, cerrábamos los ojos a una realidad suficiente y claramente percibida, y aceptábamos que teníamos derechos “gratuitos” que otros pagaban y unos terceros proporcionaban, y así nos fuimos “disfrutándolos” desde la mitad del pasado siglo.

Paul Johnson, en su libro “Tiempos Modernos” -citando a Bass y de Vries- recoge algunas apreciaciones de la Alemania promotora de este estado de bienestar: “…, los trabajadores alemanes preferían los empleos seguros antes que los derechos civiles, que siempre habían significado poco para ellos”. La filosofía del Estado de Bienestar de Weimar se sustenta en “céntrate en trabajar que el Estado se encargará de ti y de tus necesidades básicas”, y en ese pacto tácito y ficticio, te aseguran unos “derechos” que tu terminas pagando, a precio de oro en la mayoría de las ocasiones. 

En momentos difíciles, como los que vivimos, se descubre que aquel “contrato social weimariano” no se estaba cumpliendo y lo advertimos ahora que muchas personas reclaman la protección estatal que el propio ente no puede ofrecer, mientras deja al desnudo realidades ignoradas por muchos desde hace casi un siglo. Nos han educado, y hemos repetido y consentido, en un relativismo moral permisivo. Todo se puede negociar, pactar o acordar en política -dicen algunos- y el ciudadano se hace el crédulo y lo acepta en tanto en cuanto no le afecte; y mejor si le favorece ¿Quién va a discutir derechos que le son otorgados, como salud y educación, y sobre los que puede construir cualquier discurso reivindicativo?

Sin embargo, vemos que no hay salud para todos ni mucho menos educación para quienes la reclaman, y lejos de ser un problema en países en vías de desarrollo se ha mostrado en todo el mundo. Ningún país ha podido satisfacer los reclamos requeridos en esta crisis ni atender a los miles de ciudadanos que simultáneamente exigen “sus derechos”. Igual reflexión se puede hacer con el trabajo, la protección social, la alimentación, al vivienda y otros.

Dejamos en manos de un estado ineficiente -aunque eficaz en algunos momentos- la gestión de muchos aspectos que no se evidenciaban mientras afectaban a un grupo reducido de personas, pero que se manifiestan cuando muchos tienen esa necesidad. La “ley” del manejo adecuado de la minorías se hace realidad y se constata que la política no deja de ser justamente eso: lograr el voto de la mayoría para hacer un eficiente, pero no siempre ético, manejo de las minorías que suelen ser desplazadas en beneficio de la “gran masa” que aporta votos, genera opinión publica y certifica resultados electorales.

Ha pasado casi un siglo y el punto de inflexión en el que estamos nos debería hacer cambiar y adoptar métodos que realmente sean eficaces en momento de crisis o podemos seguir, en ese nuevo normal, con sistemas que sirvieron para una época pero que requieren sobreponerse a una realidad opacada por analfabetismo -político y económico especialmente- a luchas de grandes potencias por el poder y a la rémora de dos guerras mundiales. Esto viene a sumar al esfuerzo de los milenias y generaciones siguientes por cambiar un mundo que no les sirve.