La coartada del experto

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad.

No dejo de recordar aquel juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Sí, aquel que fue anulado porque a la jueza Yassmín Barrios le pudieron las prisas por concluirlo en lugar de atender un amparo pendiente. Quedó la impresión de que lo esencial era celebrar el triunfo de su propia sentencia, aunque la satisfacción duró poco. Después, fallecido el general, se confirmó una condena por genocidio, pero no contra él; el desenlace supo a poco, casi a nada, y dejó la sensación de que lo verdaderamente relevante —y en lo que se había invertido— fue el primero.

Algo parecido ocurrió con el caso de Erwin Sperisen. Tres absoluciones —en distintos países— a sus compañeros de gobierno, por tribunales que coincidían en sus conclusiones, frente a una condena celebrada con entusiasmo, hasta que las apelaciones evidenciaron vicios, fallas y presiones. Un resultado, de nuevo, incompleto para ciertos “inversionistas” y militantes de la cooperación internacional.

Hoy asistimos a un escenario similar, ahora en torno a la fiscal general. Se ha construido un entramado de presión, tanto interna como externa, para impedir que la actual fiscal siquiera figure en una lista de la que, en última instancia, el presidente puede elegir libremente. Incluso un comité de expertos de la ONU ha señalado y publicado recientemente una carta que me he permitido —para evitar sesgos— someter a la IA con una pregunta simple: ¿es esto una investigación propia de un comité de expertos o adolece de carencias relevantes? Y la IA —que no tiene sensibilidad política ni puede ser acusada de pertenecer a ningún “pacto de corruptos”— responde: “El documento proyecta una conclusión contundente, pero lo hace sin el rigor que cabría esperar de un trabajo verdaderamente experto, lo que termina generando más dudas que certezas. Bajo una apariencia de análisis sólido —apoyado en referencias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico— se ocultan vacíos metodológicos difíciles de justificar: uso reiterado de fórmulas imprecisas (“según información recibida”), ausencia de fuentes verificables, falta de trazabilidad documental y empleo de cifras sin respaldo claro. Más preocupante aún es la formulación de imputaciones sensibles sin delimitar adecuadamente entre indicios, evidencia y conclusiones, así como la mezcla de análisis con posicionamientos que parecen preconfigurados.

A ello se suman aspectos relevantes que los autores omiten o desarrollan insuficientemente: la ausencia de contraste con archivos judiciales, registros civiles y documentación administrativa; la falta de análisis del marco legal vigente en cada período; la inexistencia de comparación con patrones regionales o internacionales; y la omisión de posibles explicaciones alternativas o contextuales. En lugar de un trabajo exhaustivo, crítico y cuidadosamente documentado —como sería exigible a un comité de expertos—, el texto ofrece una narrativa que sugiere conclusiones antes que demostrarlas. 

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad y deja abierta la impresión de que no se ha realizado el esfuerzo analítico ni probatorio que la gravedad del tema exige”.

Sospecho que esa valoración difícilmente convencerá a quienes, por falta de rigor, terminan instalándose en un terreno donde la honestidad intelectual se vuelve secundaria en beneficio de la narrativa. La estrategia de “acoso y derribo” que algunos actores, incluidos determinados internacionales, intentan impulsar suele sostenerse sobre una maquinaria bien aceitada y alineada con intereses concretos. Pero cuando el relato sustituye a la prueba, lo que emerge no es justicia, sino propaganda; no es evidencia, sino construcción narrativa-. ¡Todo un intento por figurar!

Y al final queda una pregunta incómoda e ineludible: tanto escándalo por el copy-paste de tesis doctorales… ¿y nadie cuestiona cuando los “expertos” reciclan argumentos sin el más mínimo estándar de exigencia?

El dinosaurio siempre estuvo ahí

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses.

No es el brote repentino de una crisis coyuntural ni producto exclusivo de un gobierno. Ha crecido en silencio durante décadas, alimentado por muchos que señalan con ferocidad en las redes sociales, pero que no se reconocen como parte del problema, porque vivimos en una sociedad donde la culpa se reparte con ligereza, pero nadie la asume. En esta sociedad el error siempre es ajeno: del político, del burócrata, del empresario o del adversario ideológico, y con ese ejercicio de evasión hemos construido el hábitat perfecto para la impunidad, donde la ausencia de autocrítica termina por normalizar lo inaceptable.

Y en este caldo de cultivo ególatra nos movemos a diario, aunque con indignación selectiva, porque olvidamos rápido y justificamos con facilidad. Es así como, casi sin percibirlo, seguimos alimentando a la bestia. A muchos revolucionarios de salón les incomoda reconocer hechos como el monopolio estatal que apoyan en una institución “educativa” manoseada. Prefieren sostener un relato antes que confrontar la evidencia, porque hacerlo implicaría desmontar años de complacencia ideologizada.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses. Su condición constitucional de monopolio estatal de la educación superior le otorga, además, una influencia política decisiva —y anómala a nivel global— que carece de los contrapesos adecuados. La USAC lleva décadas sumida en la descomposición, aunque ha sido preservada artificialmente porque representa un recurso de poder y presión para ciertos grupos. Ahora que la izquierda acaricia el poder, y pretende radicalizarse más, es cuando comienza a estorbar: las mismas prácticas que antes eran silenciadas, toleradas o encubiertas se vuelven incómodas porque dejan de servir como instrumento útil y afectan a quienes antes callaban.

Estamos ante un sistema tradicionalmente perverso. Los nombres de exrectores sancarlistas hablan por sí solos: Eduardo Meyer, condenado en su etapa como diputado; Murphy Paiz, capturado en 2021 por el caso “Comisiones Paralelas”; Jafeth Cabrera, señalado durante su vicepresidencia; Estuardo Gálvez, incluido en la Lista Engel; y Walter Ramiro Mazariegos, electo fraudulentamente en dos ocasiones, no son los únicos.

Además, la memoria institucional es convenientemente selectiva. Se minimizan episodios como el ilegal nombramiento de Gloria Porras, la fullera aceptación de las tesis de Baldizón o los bautismos delincuenciales, que laceran continuamente estándares mínimos. Lo irregular se normalizó hasta la indiferencia, y lo que aún cuesta entender y parece no aceptarse es que el sistema no está roto; por el contrario, ha sido perfeccionado para la opacidad.

Investigaciones realizadas por la extinta CICIG habían identificado estructuras relacionadas con contrataciones irregulares, proyectos de “obra gris” millonarios —algunos pagados, pero no ejecutados— y redes de influencia que capturaron las comisiones de postulación. A pesar de la evidencia presentada, y sobradamente conocida, los cambios fueron inexistentes.

La autonomía universitaria, principio vital para la libertad de cátedra, ha sido pervertida para funcionar como un escudo frente a la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de control y transparencia refleja la tensión entre autonomía y supervisión, lo que permite al dinosaurio prosperar en estas áreas ambiguas. Sería un error complaciente pensar que este es un problema exclusivo de la USAC. La universidad refleja una cultura nacional donde la responsabilidad se dispersa y las exigencias se diluyen. 

El dinosaurio sigue ahí, y no porque sea invencible, sino porque lo alimentamos con silencio, indiferencia y memoria corta. Mientras no estemos dispuestos a reconocer nuestra propia cuota de responsabilidad, la bestia seguirá creciendo y evolucionando.

Llegó La Hora

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. 

En su obra La espiral del silencio, Noelle-Neumann advierte que la mayoría de las personas prefiere callar antes que exponerse al escarnio público. Lo escribió en una época en la que no existían redes sociales ni linchamientos digitales, y sin esa maquinaria de amplificación emocional que ahora convierte cualquier disenso en anatema. ¿Qué diría hoy, cuando opinar distinto se reprime activamente?

Bajo esta premisa, la reacción por la reciente publicación de un reportaje sobre el diputado Samuel Pérez y su confrontación con el Ejecutivo no debería sorprender. El análisis evidencia una realidad: la fractura interna del partido SEMILLA y la polarización creciente con impacto directo en la gobernabilidad. Es periodismo de fiscalización y se aplaudía, aunque cuando resulta incómodo, algunos condenan y descalifican.

Lo revelador, sin embargo, no es el contenido, sino la respuesta. Al diputado se le señala de mentir, conspirar y tejer alianzas cuestionables; conductas que forman parte del debate público, pero el énfasis de sus defensores no está en esclarecer los hechos, sino en utilizarlos como mecanismo de desacreditación contra quienes los difunden. El statu quo opinador, que por años ha pretendido arrogarse la guardianía de la ética pública, ha respondido con virulencia. Se deslegitima al medio, se denigra al mensajero y se evita discutir el fondo del asunto. Nada nuevo, es de manual: cuando los sucesos desmienten el guión, se ataca a quien lo expone, con insultos y sin argumentos. El radicalismo de izquierda ha demostrado ser eficaz en la construcción de narrativas, pero profundamente intolerante y agresivo cuando emergen verdades que lo contradicen.

A esto se suma otro fenómeno igualmente inquietante: la activación automática de la marea informativa, una suerte de mara digital organizada con disciplina coreografiada que opera bajo la lógica de un tribunal sumario, convirtiendo cualquier discrepancia en delito moral. Crean una auténtica cárcel mediática de redes sociales, donde la condena precede a la evidencia y la sanción es inmediata. La pluralidad —ese pilar que dicen defender— es sustituida por el linchamiento autoritario. Quien disiente es etiquetado, aislado y expuesto mediante prácticas deleznables e intimidatorias. Impiden así el contraste de ideas, la discusión y la tolerancia, sustituyéndolos por ruido, consignas y agresión. Son auténticos perroflautas de la desinformación, criminales de la construcción discursiva y profesionales de la manipulación.

La paradoja resulta más grotesca cuando los mismos que antaño celebraban la intervención de sus aliados internacionales, actualmente denuncian injerencias porque no favorecen su discurso. Antes exigían transparencia, ahora administran el silencio; y quienes hablaban de democracia, en estos momentos exhiben reflejos autoritarios: para los amigos, indulgencia; para los críticos, escarnio. Han construido, durante años, una opinión publicada y artificial que generan, amplifican y presentan como un falso consenso social. Las redes han sido su herramienta más eficaz, donde la disidencia queda sistemáticamente invisibilizada.

La indignación actual resulta tan poco creíble porque no responde a la defensa de la verdad, sino a la incomodidad de verla emerger fuera del guión establecido. No es el reportaje lo que molesta, sino lo que revela: el poder —incluso el progre y “renovador”— también se fragmenta, se contradice y se erosiona.

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. Sin embargo, cada vez que alguien rompe ese silencio, se abre una grieta en el relato uniforme que pretenden imponer. La pregunta es simple: ¿queremos una democracia de convicciones, principios y cuestionamientos o una de consignas, amigos y “héroes” que publican chismes en fin de semana?. Mientras el disenso siga siendo castigado, la respuesta ya está dada.