Nacionalizar y nacionalismo

Inquietante es la disputa aparecida en diversos medios entre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Según la primera, le corresponde fijar las tarifas de distribución, remitiéndose la segunda al debido proceso que determina la correspondiente Ley General de Electricidad que en su artículo 75 contempla, caso de discrepancias, el nombramiento de una Comisión Pericial (CP).
Al llegar el asunto a ese punto, se conformó una CP integrada por tres expertos. Uno, nombrado por cada una de las partes y, otro, de común acuerdo. Los peritos emitieron su informe y todos hubiésemos pensado que sería el final del conflicto, sin embargo, la CNEE, consideró que el informe no era vinculante, sino informativo y decidió ignorarlo, fijando sus propias tarifas. El artículo en cuestión dice textualmente que la CP, “…, se pronunciará sobre las discrepancias…”, debiendo echar mano del diccionario de la lengua española, tal y como indica el marco legal vigente, para saber que se entiende por pronunciar, y que no es otra cosa que determinar o resolver. Es decir, la CP resuelve con su propuesta y da por terminado el conflicto entre las partes. Creo que encaja perfectamente en el espíritu de la ley de huir de un monopolio decisor de la CNEE y proponer un arbitraje regulado por expertos que equilibre el proceso. No obstante, la CNEE desconoció esa interpretación y el informe. ¿Para qué entonces contempla la ley una CP si la CNEE concentra finalmente el poder?. No tiene sentido el proceso sino es con el elemento vinculante arbitral de la CP (equilibrio de poderes).
Con los precios fijados para los próximos cinco años, por cierto menores que los usados en los cinco pasados a pesar de una importante inflación acumulada, la EEGSA está técnicamente en quiebra por lo que se le puede dificultar cumplir, en el mediano plazo, con sus compromisos, a pesar de que por ahora todo está sujeto a decisión judicial. ¿Por qué la CNNE ignora el informe pericial que ella misma apoya y en el que participa?. ¿Cuál es la razón de fijar unos precios muy por debajo de aquellos con los que se operaba y menores que los que emplean otras distribuidoras?. ¿Es una decisión técnica o una maniobra política?.
La intervención y nacionalización está contemplada en la ley citada. Se puede llegar por muchas vías y las primeras piedras parecen haberse anclado al terreno, exaltación nacionalista incluida. El escenario más peligroso es la vuelta a un Estado-propietario con los males que la historia nos enseña. La incertidumbre que genera el problema es un malísimo mensaje para todos, especialmente para aquellos que tienen que invertir y ven que los criterios cambian caprichosamente o tienen que debatirse en tribunales, sobre todo cuando vemos que una jueza admite un amparo el día 30 de julio y lo revoca el 31. Con el amparo vigente, la CNEE envía a publicar el decreto que fija las tarifas. ¿Acaso sabía que al día siguiente la jueza iba a revocar su decisión o se arriesgó a ello a pesar de predicar que son escrupulosos con la observancia de la ley?. El Congreso, incapaz de resolver sus asuntos relacionados con la corruptela, echa más leña al fuego y declara su apoyo a la CNEE. ¡Pura hipocresía!. ¿Quién gana con todo esto?, quizás algún financista de la UNE al que se le debe pisto y está relacionado con la energía eléctrica. Se admiten apuestas y se aceptan nombres.