Amores y desencuentros

Casi dos años llevamos discutiendo sobre la CICIG. Perdemos más tiempo en el debate ideologizado que en el análisis real y el tema se ha sesgado de tal forma que ya no hay reacción que no deje a un lado la racionalidad y se apuntale en el ímpetu. Por cierto, algo muy común en el debate de otros aspectos de la vida nacional, como si interesadamente algunos recurrieran a la artimaña para diluir el fondo de los problemas.
Nunca he dudado, y lo digo contundentemente, de la capacidad y del profesionalismo de cuantos integran la comisión de marras, que forman parte de un selecto grupo de investigadores de diferentes países. Así que, desde esa perspectiva, todos mis respetos y consideraciones. Si he dicho, y sustento, que no es la forma de potenciar y promover la institucionalidad del poder judicial ni del proceso de investigación. La razón es tan simple que puede ser rápidamente comprendida. Cualquier actuación de la CICIG en investigaciones sobre el terreno, intervención de teléfonos o de correspondencia, allanamientos, aspectos del proceso judicial desde que el juez decide qué hacer con un expediente y otros, pasan necesaria e inexcusablemente por el canal nacional que es, efectivamente, el que no funciona o está permeado de corrupción. Por tanto, la conclusión es clara: la CICIG no tiene libertad de acción ni de actuación y las intervenciones que realiza requieren del concurso del sistema nacional, justo el que se quiere cambiar porque ha demostrado inoperancia. La dependencia puede condicionar los resultados; la independencia es ilegal.
Las pruebas que demuestran tal afirmación son varias: la no aceptación de un juez de que sea querellante adhesivo en una causa de alto impacto como es el caso Portillo, la decisión judicial de no encarcelar a un ex fiscal que era acusado de obstrucción, la obligación de pedir autorización para los últimos allanamientos realizados con motivo del caso Rosenberg o, finalmente, la necesidad de emplear policías locales dependientes, en última instancia, del gobierno, entre otros. Eso de la independencia, que no de la imparcialidad, me lo sigo cuestionando y es la piedra angular de mi discrepancia.
No he visto a la CICIG pronunciarse sobre la falta de apertura de una investigación y la no toma de declaración a los imputados por el abogado Rosenberg en el video de todos conocido. La esposa del presidente, un banquero y algunas personas más, son sindicados de asesinato y lo menos que podría, y debería haber hecho cualquier juez, y por supuesto exigido cualquier comisión internación y la PDH, era que se tomasen inmediatamente declaraciones indagatorias a los señalados. No digo que se les procese, ¡no!, pero sí que se les investigue. ¿O, acaso no actúan así con otros ciudadanos corrientes?.
También me preocupa que muchos de esos colectivos de la sociedad civil, ciertas embajadas y siempre el PDH, que levantan la voz cuando quieren demostrar la necesidad de la CICIG, no hayan reaccionado contundentemente contra las declaraciones de la e(x)sposa de este último que dijo no querer que esa comisión se haga cargo de su caso porque la versión la contradice y evidencia, aunque disponibles en el INACIF podrían aclarar muchas cosas. ¿Qué pasó con quienes apoyan a la CICIG que no cuestionan a esa señora cuya versión se revela ahora manipulada e interesada?. Espero que no pase como en MINUGUA, donde un policía español fue expulsado de la misión porque no sostenía la versión oficial de la muerte del Obispo Gerardi. ¡Ay, la hipocresía de siempre y su doble discurso!.