No es caprichoso que la función esencial del Gobierno sea proporcionar seguridad y justicia. Sin ellas, la libertad y los derechos del ser humano se encuentran comprometidos, restringidos o anulados. No se puede ejercer la libre locomoción mientras se produzcan asaltos o asesinatos en cada esquina. Tampoco la libertad de expresión, si por ello te agreden y el delito queda impune. Mucho menos el libre intercambio de bienes y servicios, cuando las garantías jurídicas no existen y ni hablar del respeto a la propiedad privada si invade impunemente tu lugar de residencia. No es gratuito el permanente reclamo al Gobierno para que tome medidas urgentes que reduzcan los niveles ascendentes de criminalidad y concentre su atención en esa área de la gestión pública.
Invertir (tiempo y recursos) en seguridad y justicia tiene una reversión directa y concreta: la creación de un clima de percepción de tranquilidad que permita emprender intercambios libres sometidos a un marco legal que asegure la confianza y promueva un ambiente propicio para la inversión y el consecuente desarrollo. Sin embargo, la actual administración continúa desviando fondos a otras áreas y se recrean en esa diplomacia de la “agenda positiva” que niega la triste, nefasta y fracasada realidad, mientras publicitan lo “bueno y bonito” (que no barato) de su labor, sustentado en visiones fantasiosas y artificiales, cuando no falsas.
Escalar algunos niveles de seguridad y justicia, no es complejo. Implementen las extradiciones inmediatas, algo que temen los delincuentes organizados. No solo porque afuera los vayan a juzgar más duramente sino porque rompe sus redes mafiosas y se les desconecta de su entorno criminal. Pongan orden en las prisiones siguiendo una política transparente, sin privilegios y de cero tolerancia con los infractores y muden frecuentemente a los pandilleros de cárcel para que las clicas no estén juntas en los mismos centros. Denunciemos esa nueva clase social de la narco-oligarquía, personas sin oficio conocido que adquieren grandes mansiones, manejan vehículos de lujo o se pavonean de su riqueza en aldeas donde reina la pobreza. Corten el flujo injustificado de sumas de dinero de las que nadie conoce su procedencia y no puede justificarse. Hagamos cumplir y respetar las leyes. En resumen: hagan algo, más allá del autismo, la cobardía o la resignación de costumbre, ya que optaron por asumir la responsabilidad del ejercicio del poder.
No vale la inacción, la pasividad, la dejadez ni mucho menos la connivencia para que estos temas los arregle la comunidad internacional. La CIGIG ha evidenciado que se pueden hacer ciertas cosas, pero como no se ha fortalecido el engranaje nacional, se ha reducido el nivel de eficiencia porque las fiscalías y el sistema judicial terminan por esperar resultados de aquellos y se crea un clima en el que cada vez trabajan menos, esperando que otros lo hagan y evitando críticas a su labor o ceses. La solución no es la pena de muerte (ya mueren demasiados) ni los jueces sin rostro, que algunos reclaman, sino los jueces con huevos. Tampoco seguir pidiendo desde el gobierno paciencia, conformismo o más recursos cuando no se tienen iniciativas claras ni prioridades establecidas en esta área.
Debemos asumir que esto es trascendental para la libertad, el desarrollo y el ejercicio de los derechos del ser humano o seguiremos conformes con propuesta inútiles, ineficientes, descaradas, partidarias e interesadas, propias de charlatanes que llegaron sin planes, ideas y no cuentan con la inteligencia ni con la voluntad para superar el escollo ¡Aguántense!, no es la respuesta.
lunes, 26 de julio de 2010
lunes, 19 de julio de 2010
Pre fraude
Las gravísimas irregularidades que se han presentado en relación con el Registro Nacional de Personas (RENAP) y los sucios y oscuros negocios de determinados directivos que también se han evidenciado, descubren un sistema corrupto hasta lo más profundo. Hay general desconfianza en que los documentos personales de identificación (DPI) pueden no ser lo fiables que nos dijeron y varias denuncias en el MP dejan entrever manipulaciones, cuando no duplicidades, venta de certificaciones y otros chanchullos propios de inescrupulosos, mafiosos y delincuentes asociados, de esos que debería investigar CICIG.
No queda de otra que reclamar a gritos una auditoría pública y urgente del RENAP. No es posible ir a un proceso electoral donde se cuestiona lo esencial: la identidad de las personas que ejercerán el derecho al voto. Es preciso entrarle a fondo al DPI y al padrón electoral. El TSE debe liderar este proceso con acompañamiento de la mayoría de sectores y hay que hacerlo ¡ya! La tercera pata de esta saga de despropósitos la constituye los programas de “Confusión Social” que lidera, ahora bajo cuerda, la esposa del presidente y todo el amañamiento en relación con expedición de cédulas, empadronamientos y votos condicionados, también denunciado.
En cualquier elección, sobre todo en aquellas que se ganan por unos miles de votos, esas variables constituyen, sin duda, una línea estrategia de trabajo elaborada, seguida y manipulada por quienes quieren quedarse con el país, al estilo de los dictadorzuelos del momento y siguiendo sus mismas maniobras. Es hora de que todos los sectores sociales aboguen por asegurar una base mínima de parámetros y fundamentos que no pueden faltar en cualquier sistema democrático, sin importar la tendencia política. No debe ser actitud conformarse con lo que tenemos y llegar a un proceso electoral en el que las condiciones no sean iguales sino que favorezcan, únicamente, a quienes han tenido el tiempo, la habilidad y el descaro de ir toqueteando maliciosamente esas bases sustanciales y necesarias.
El Congreso, como de costumbre, ha reaccionado tarde a lo que los medios de comunicación venían denunciando por tiempo. Ahora, los diversos sectores sociales no deben desperdiciar un solo instante y comenzar a reclamar, exigir y poner en marcha auditorias que permitan detectar en qué momento y con qué grado de transparencia estamos en relación con el DPI, el padrón electoral y el clientelismo político de los programas sociales que promueve el Gobierno. No podemos dejarnos llevar por la corriente ni dormirnos, mientras continúa -algo ya probado- manipulándose el sistema democrático.
No es solo labor de algunos, más bien una sentida necesidad de todos y fundamentalmente de los partidos políticos que quieren competir en igualdad de condiciones. La tan traída comunidad internacional tiene mucho que decir a la hora de reconocer regímenes que no salgan de procesos electorales limpios, transparentes y sobre bases no cuestionables. De momento, no reunimos esas condiciones de credibilidad y no podemos llegar a unas elecciones en estas condiciones. Estamos a tiempo de ponerle remedio de lo contrario podemos lamentarnos por años, como ocurre en otros países. Hay que exigir los derechos individuales y promover la necesaria seguridad jurídica que requiere el proceso. El TSE cuenta todavía con un alto grado de credibilidad, lo que le permite promover y liderar estas iniciativas de forma que siga siendo un referente de pulcritud, limpieza y honestidad. ¡A trabajar!, pero sobre todo a arreglar lo que otros interesados han querido manipular y manosear, como siempre ocurre con los perdedores.
No queda de otra que reclamar a gritos una auditoría pública y urgente del RENAP. No es posible ir a un proceso electoral donde se cuestiona lo esencial: la identidad de las personas que ejercerán el derecho al voto. Es preciso entrarle a fondo al DPI y al padrón electoral. El TSE debe liderar este proceso con acompañamiento de la mayoría de sectores y hay que hacerlo ¡ya! La tercera pata de esta saga de despropósitos la constituye los programas de “Confusión Social” que lidera, ahora bajo cuerda, la esposa del presidente y todo el amañamiento en relación con expedición de cédulas, empadronamientos y votos condicionados, también denunciado.
En cualquier elección, sobre todo en aquellas que se ganan por unos miles de votos, esas variables constituyen, sin duda, una línea estrategia de trabajo elaborada, seguida y manipulada por quienes quieren quedarse con el país, al estilo de los dictadorzuelos del momento y siguiendo sus mismas maniobras. Es hora de que todos los sectores sociales aboguen por asegurar una base mínima de parámetros y fundamentos que no pueden faltar en cualquier sistema democrático, sin importar la tendencia política. No debe ser actitud conformarse con lo que tenemos y llegar a un proceso electoral en el que las condiciones no sean iguales sino que favorezcan, únicamente, a quienes han tenido el tiempo, la habilidad y el descaro de ir toqueteando maliciosamente esas bases sustanciales y necesarias.
El Congreso, como de costumbre, ha reaccionado tarde a lo que los medios de comunicación venían denunciando por tiempo. Ahora, los diversos sectores sociales no deben desperdiciar un solo instante y comenzar a reclamar, exigir y poner en marcha auditorias que permitan detectar en qué momento y con qué grado de transparencia estamos en relación con el DPI, el padrón electoral y el clientelismo político de los programas sociales que promueve el Gobierno. No podemos dejarnos llevar por la corriente ni dormirnos, mientras continúa -algo ya probado- manipulándose el sistema democrático.
No es solo labor de algunos, más bien una sentida necesidad de todos y fundamentalmente de los partidos políticos que quieren competir en igualdad de condiciones. La tan traída comunidad internacional tiene mucho que decir a la hora de reconocer regímenes que no salgan de procesos electorales limpios, transparentes y sobre bases no cuestionables. De momento, no reunimos esas condiciones de credibilidad y no podemos llegar a unas elecciones en estas condiciones. Estamos a tiempo de ponerle remedio de lo contrario podemos lamentarnos por años, como ocurre en otros países. Hay que exigir los derechos individuales y promover la necesaria seguridad jurídica que requiere el proceso. El TSE cuenta todavía con un alto grado de credibilidad, lo que le permite promover y liderar estas iniciativas de forma que siga siendo un referente de pulcritud, limpieza y honestidad. ¡A trabajar!, pero sobre todo a arreglar lo que otros interesados han querido manipular y manosear, como siempre ocurre con los perdedores.
lunes, 12 de julio de 2010
Esbirros
Fui protagonista de un lamentable suceso acontecido muy temprano en la Avda. de los Próceres. Una patrulla de la PNC con luces y sirena pedía paso que le iba siendo dado por los pacientes conductores que en sus vehículos saturaban a esa hora las tres vías en dirección al Obelisco. Detrás, desquiciados, tres automóviles de esos que usan funcionarios públicos pretendían obviar que los carriles estaban ocupados y se atravesaban peligrosamente adelantando, apartando y casi golpeando a los vehículos, entre ellos el mío. El último intento rebasar y cruzó de uno a otro carril hasta que perdió el control, hizo un par de fintas, casi invadió la acera y ante la pitada de los conductores, uno de los guardaespaldas sacó amenazante su arma automática por la ventanilla trasera izquierda. Al llegar a la sexta avenida cruzaron el bulevar veloz y peligrosamente a la izquierda por un lugar prohibido. Un espectáculo de atrevimiento e irresponsabilidad. ¿Con qué derecho creen que pueden obviar el tráfico intenso que los demás ciudadanos soportamos? ¿Quiénes son para avasallar a los que madrugan y esperan su turno pacientemente?
Decía un amigo mío que no hay nada como darle una gorra o un traje a un bobo, porque enseguida se cree alguien. Ocurre con muchos funcionarios. Llegan al poder y con gorra o con traje piensan que pueden abusar de quienes les eligieron y pagan sus excentricidades. Los vemos de todo tipo: los que invierten dinero público desde el Congreso, los que se van de vacaciones con su secretaria, los que usan y abusan de celulares, vehículos o gasolina, los que pagan comidas en restaurantes de lujo con vino de primera y los que están en busca y captura por cosas que todavía no sabemos. Torpes antes, pero pilas y chispudos una vez se ponen el traje y se sienten “don autoridad”.
En seguridad no es diferente. Dotados de arma y placa se creen Agente 007 sin darse cuenta que apenas llegan a Súper Agente 86. Son irresponsables y ocasionalmente en lugar de proteger matan, asustan o agreden. No saben emplear los medios con los que cuentan ni tienen el criterio para hacerlo. Dejan de ser servidores públicos para convertirse en abusadores públicos y ocultan tras su apariencia frustración, incapacidad o inmadurez. No son profesionales de nada y suelen estar ahí por pago de favores o previas inversiones políticas. Si aquel “guardaespaldas”, en una de las maniobras temerarias y delicadas que hizo el vehículo, hubiera accionado el arma que asomó por la ventanilla, estaríamos muertos más de uno y seguro que como en el caso del vehículo del Ministerio de Gobernación que atropelló y mató a una persona que tranquilamente circulaba por la acera, nunca sabríamos qué pasó ni que irresponsable autoridad iba dentro. Asesinan diariamente a una veintena de ciudadanos ¡como para que fuerzas encargadas de protección actúen de forma que puedan morir más! Pagamos su salario, los carros que manejan y las armas que portan y debemos exigirles. No más irresponsabilidad, impunidad ni cobertura de negligencias.
Denuncié el hecho a la oficina de responsabilidad policial minutos después (teléfono 4065-1502). La placa del vehículo que casi termina provocando victimas es P-743DPS, la hora exacta las 7.18 am del martes 5 de julio y además, en la página de la municipalidad, tiene 8 remisiones impagadas desde 2009 por exceso de velocidad. No hay excusas para investigar y actuar, salvo la inacción ante este tipo de abusos delictivos !No esperemos que mate a nadie para lamentarnos!
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Decía un amigo mío que no hay nada como darle una gorra o un traje a un bobo, porque enseguida se cree alguien. Ocurre con muchos funcionarios. Llegan al poder y con gorra o con traje piensan que pueden abusar de quienes les eligieron y pagan sus excentricidades. Los vemos de todo tipo: los que invierten dinero público desde el Congreso, los que se van de vacaciones con su secretaria, los que usan y abusan de celulares, vehículos o gasolina, los que pagan comidas en restaurantes de lujo con vino de primera y los que están en busca y captura por cosas que todavía no sabemos. Torpes antes, pero pilas y chispudos una vez se ponen el traje y se sienten “don autoridad”.
En seguridad no es diferente. Dotados de arma y placa se creen Agente 007 sin darse cuenta que apenas llegan a Súper Agente 86. Son irresponsables y ocasionalmente en lugar de proteger matan, asustan o agreden. No saben emplear los medios con los que cuentan ni tienen el criterio para hacerlo. Dejan de ser servidores públicos para convertirse en abusadores públicos y ocultan tras su apariencia frustración, incapacidad o inmadurez. No son profesionales de nada y suelen estar ahí por pago de favores o previas inversiones políticas. Si aquel “guardaespaldas”, en una de las maniobras temerarias y delicadas que hizo el vehículo, hubiera accionado el arma que asomó por la ventanilla, estaríamos muertos más de uno y seguro que como en el caso del vehículo del Ministerio de Gobernación que atropelló y mató a una persona que tranquilamente circulaba por la acera, nunca sabríamos qué pasó ni que irresponsable autoridad iba dentro. Asesinan diariamente a una veintena de ciudadanos ¡como para que fuerzas encargadas de protección actúen de forma que puedan morir más! Pagamos su salario, los carros que manejan y las armas que portan y debemos exigirles. No más irresponsabilidad, impunidad ni cobertura de negligencias.
Denuncié el hecho a la oficina de responsabilidad policial minutos después (teléfono 4065-1502). La placa del vehículo que casi termina provocando victimas es P-743DPS, la hora exacta las 7.18 am del martes 5 de julio y además, en la página de la municipalidad, tiene 8 remisiones impagadas desde 2009 por exceso de velocidad. No hay excusas para investigar y actuar, salvo la inacción ante este tipo de abusos delictivos !No esperemos que mate a nadie para lamentarnos!
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lunes, 5 de julio de 2010
Dinosaurios
Con sendas publicaciones escritas, la UNE y el Gobierno iniciaron una campaña de descalificación, amenazas y presión a quienes critican su desastrosa gestión. No aceptan que la censura es general, sin que haya un solo espacio escrito, radial o televisado -no comprado- que hable bien de algo inexistente: la política pública de esta Administración y del partido que la sustenta.
Conspiran los dinosaurios de siempre, los que cada día que despertamos siguen a la sombra del poder. No pudieron gobernar ni con votos ni con armas, nunca obtuvieron representación política y alientan ideologías trasnochadas, irracionales y hasta criminales por momentos, que han demostrado no servir más que para promover el autoritarismo y el empobrecimiento. Quieren el poder por la fuerza ya que nunca lo alcanzarían honesta y democráticamente. Y se miran en el ALBA.
Algunos párrafos de esas proclamas goebbesianas, aluden a la “preocupación por los pobres” cuando el país está más empobrecido que nunca por culpa de su ineficiente y torpe actuar. Se vanaglorian del crecimiento de las inscripciones escolares, pero callan que la mayoría carece de techo y donde sentarse, se caen o simplemente no existen. Esgrimen un supuesto incremento de consultas en el IGSS, pero no hay medicinas, ni médicos, ni maquinaria apropiada y los hospitales cierran consultas. La seguridad les importa un carajo y los asesinatos diarios aumentan. Publicitan con descaro “las cosas que hacen”, pero es un bluff que se disipa al visitar los lugares donde dicen que han mejorado las condiciones de vida. Llaman a la movilización a través de “alcaldes, cooperativistas, organizaciones sociales, magisterio..”, anticipándonos lo que será el país en pocos meses: un campo de batalla con dos bandos. Uno de masas manipuladas por oscuros y delincuenciales lideres comprados. Otro, el resto de la honrada ciudadanía. Concluye uno de los comunicados con la siguiente amenaza: “…, a ustedes les decimos: Aquí estamos, sabemos quiénes son y estamos preparados”.
Quienes redactan esa clase de campos pagados son los de siempre que escondidos en el anonimato apuntan sin señalar y nunca dan la cara. Son los cobardes del conflicto, los inconformes con la paz y los que usurpan el poder. Asesores delincuentes y bandoleros que empleando fondos públicos, mentiras y coacciones pretenden quedarse con el país sin importar el precio. Piden que la CICIG investigue ¡de acuerdo! Debería de indagarse el calado delictivo de los comunicados, la directa amenaza que incluyen o la nómina periodística que tienen contratada. El del gobierno, señala a un “director y patrocinador de un programa de opinión televisiva”, circunstancias muy específicas de una persona.
Creen que por tener poder tienen razón, sin advertir que no es así. La debilidad ha permitido que terminen gobernando otros, sin haber aprovechado la oportunidad que tuvieron para realmente hacer cosas por el país que cambien esas tristes y magras cifras, excepto en delincuencia que cada día son más altas y alarmantes. El ejercicio de la función pública requiere programa y acción, dos cosas que han faltado desde el inicio y que a estas alturas ya no es posible acometer. No quieren aceptar el fracaso, pero la situación, los resultados y la opinión pública se los hacen ver a diario.
La sociedad debe darse cuenta de que clase de esperpentos hay escondidos detrás de un aparente Gobierno que no gobierna y lo que puede llegar a ocurrir. Si son capaces de difundir descarada e impunemente semejantes amenazas ¿qué no harán cuando puedan? Son anónimos y cobardes, eso los distingue. Mi nombre figura arriba ¿Dónde está el vuestro?
Conspiran los dinosaurios de siempre, los que cada día que despertamos siguen a la sombra del poder. No pudieron gobernar ni con votos ni con armas, nunca obtuvieron representación política y alientan ideologías trasnochadas, irracionales y hasta criminales por momentos, que han demostrado no servir más que para promover el autoritarismo y el empobrecimiento. Quieren el poder por la fuerza ya que nunca lo alcanzarían honesta y democráticamente. Y se miran en el ALBA.
Algunos párrafos de esas proclamas goebbesianas, aluden a la “preocupación por los pobres” cuando el país está más empobrecido que nunca por culpa de su ineficiente y torpe actuar. Se vanaglorian del crecimiento de las inscripciones escolares, pero callan que la mayoría carece de techo y donde sentarse, se caen o simplemente no existen. Esgrimen un supuesto incremento de consultas en el IGSS, pero no hay medicinas, ni médicos, ni maquinaria apropiada y los hospitales cierran consultas. La seguridad les importa un carajo y los asesinatos diarios aumentan. Publicitan con descaro “las cosas que hacen”, pero es un bluff que se disipa al visitar los lugares donde dicen que han mejorado las condiciones de vida. Llaman a la movilización a través de “alcaldes, cooperativistas, organizaciones sociales, magisterio..”, anticipándonos lo que será el país en pocos meses: un campo de batalla con dos bandos. Uno de masas manipuladas por oscuros y delincuenciales lideres comprados. Otro, el resto de la honrada ciudadanía. Concluye uno de los comunicados con la siguiente amenaza: “…, a ustedes les decimos: Aquí estamos, sabemos quiénes son y estamos preparados”.
Quienes redactan esa clase de campos pagados son los de siempre que escondidos en el anonimato apuntan sin señalar y nunca dan la cara. Son los cobardes del conflicto, los inconformes con la paz y los que usurpan el poder. Asesores delincuentes y bandoleros que empleando fondos públicos, mentiras y coacciones pretenden quedarse con el país sin importar el precio. Piden que la CICIG investigue ¡de acuerdo! Debería de indagarse el calado delictivo de los comunicados, la directa amenaza que incluyen o la nómina periodística que tienen contratada. El del gobierno, señala a un “director y patrocinador de un programa de opinión televisiva”, circunstancias muy específicas de una persona.
Creen que por tener poder tienen razón, sin advertir que no es así. La debilidad ha permitido que terminen gobernando otros, sin haber aprovechado la oportunidad que tuvieron para realmente hacer cosas por el país que cambien esas tristes y magras cifras, excepto en delincuencia que cada día son más altas y alarmantes. El ejercicio de la función pública requiere programa y acción, dos cosas que han faltado desde el inicio y que a estas alturas ya no es posible acometer. No quieren aceptar el fracaso, pero la situación, los resultados y la opinión pública se los hacen ver a diario.
La sociedad debe darse cuenta de que clase de esperpentos hay escondidos detrás de un aparente Gobierno que no gobierna y lo que puede llegar a ocurrir. Si son capaces de difundir descarada e impunemente semejantes amenazas ¿qué no harán cuando puedan? Son anónimos y cobardes, eso los distingue. Mi nombre figura arriba ¿Dónde está el vuestro?