Encapuchados

Lo que ocurre en la Universidad Pública (USAC) se llama descaro y desvergüenza. Por segunda vez en el año está cerrada a la fuerza. Las predicas de los derechos que defienden o que promueven ciertos grupos, son pura charlatanería. Tampoco las instituciones destinadas a defender los mismos, desde la PDH hasta la última de las creadas que ya suman decenas, se pronuncia contundentemente contra esos delincuentes. Resumen: unos flojos incapaces de confrontar a otros descarados.
El interés colectivo que tanto promulgan y defienden, se lo pasan debajo de la pernera cuando realmente tienen que dar la cara y adoptar una posición concluyente en un difícil ambiente. Es de interés general que se respete, tanto el derecho individual como que no prime el interés de grupitos sobre el colectivo. Sin embargo, un puñado de pendejitos irresponsables con cara tapada (¿de vergüenza?) decidió que hay que cerrar la USAC para promover sus descaradas propuestas, incluida la de modificar las condiciones de acceso (a la baja por supuesto) o la de incrementar el número de veces que un estudiante puede perder un curso (tres actualmente). No quieren estudiar y aprendieron a vivir eternamente del esfuerzo de los demás.
Las autoridades de la USAC, con el discurso tibio e ineficaz acostumbrado, optan por no defender los derechos de la mayoría de estudiantes que no pueden acceder al campus porque aquellos encapuchados se lo impiden. Adolecen de la catadura moral y del coraje suficiente para ocupar esos puestos porque no solo no ejercen su autoridad en pro de la justicia, sino que juegan a medias tintas para mantenerse en puestos políticos -no académicos- desde donde promover sus intereses o los de otros. Ese es el auténtico mal de la universidad pública: las externalidades negativas del poder. Cualquier reforma constitucional debe sacar de su articulado las referencias a la USAC. No más poder político que ha terminado por opacar la preocupación académica y prácticamente desplazado la inquietud por la educación, por el análisis ponderado, por el debate constructivo y por la enseñanza, algo que milagrosamente todavía sigue vivo en el corazón de muchos profesores y alumnos.
La situación, aunque se corresponda con una triste realidad nacional, no es permisible. Financiamos con nuestros impuestos esas barrabasadas y sostenemos a quienes las consienten. Grupos, no siempre de oligarcas como muchos predican, sino diversos y ocultos, son los que manejan el país y echan continuos pulsos a la justicia. La solución es bien fácil: aplicar las leyes e imponer la autoridad en un lugar público que todos pagamos. El discurso de los implicados tiene el mismo tufo dinosaurista de siempre y responden a modelos fracasados que creíamos ya superados. No solo derrochan cientos de millones de quetzales en un país de pobres por el que dicen luchar, sino que estos últimos (los pobres) les importan una soberana calabaza y los dejan atemorizados en la puerta de entrada mientras ellos, los “valientes” encapuchados, defienden intereses difusos cuyo fin es sostener en el poder a los de siempre para que sigan haciendo lo de costumbre: nada. Muchos de ellos llevan años matriculados y con su pobre actuar de alumnos o la permisividad de malos catedráticos, permiten que la USAC, aunque sea de las primeras universidades de América Latina en cantidad de alumnos, no supere los últimos lugares en calidad educativa. ¿Así queréis levantar al país que decís amar?, ¿Así queréis luchar por la pobreza y el desarrollo?
¡Hala pues: ¡Id y enseñad a todos!, a ver quien os entiende y escucha.