lunes, 3 de diciembre de 2012

¿Soberanía alimentaria?



El mayor logro de la razón es el descubrimiento de las ventajas 
de la cooperación social

El término soberanía alimentaria refleja la voluntad del Estado de producir en el mercado interno todos los alimentos que consumen sus habitantes, “logrando” no depender de importaciones y subsistir con la producción nacional. Requiere tener un ente rector que diga qué producir en función de lo que se consume, algo imposible de determinar porque los gustos del ser humano varían según el momento. Debe también decidir quienes generan esos recursos, puesto que nadie asegura que espontáneamente las personas comiencen a cultivar ciertas cosas que no saben o carecen de la capacidad para hacerlo de forma eficiente. Finalmente, habría que evaluar el costo de la elaboración de esos bienes. Los promotores de la soberanía alimentaria destruyen de golpe dos siglos de evolución y experiencia en división del trabajo y cooperación social e ignoran las teorías de la ventaja comparativa y competitiva. Planificadores centrales que no entienden (¿o si?) principios elementales de economía y repiten el habitual mensaje sesgado que mal construyen. Creer que un Estado puede producir todo aquello que consumen sus habitantes y hacerlo, además, a buen precio, persuade únicamente a frívolos o desorientados. La teoría de la ventaja comparativa establece que cada quien se especializa en aquello que hace mejor y más eficientemente, consiguiendo mayor calidad y mejor producto con lo que el exceso puede exportarse. Esa es la razón por la que ingresan al país productos a menor precio de lo que costaría fabricarlos aquí o se prefiere comprar fuera por ser más baratos y de mejor calidad que los elaborados en el interior. La única forma de mantener la producción interna no competitiva es con privilegios -subvenciones o elevadas tasas a la importación- imponiendo una oferta artificial pagada por los consumidores a quienes consecuentemente empobrecen al abonar caros artículos que podrían obtenerse más baratos. El proyecto de Ley de Desarrollo Rural es un remix mejorado y tropicalizado de todo lo anterior, con adicional expropiación de tierra incluida.
La solución, racional y económica, es la especialización productiva y que cada quien haga aquello que mejor hace. Así, un país generará alta producción de ciertos bienes y menos o nada de otros. Lo que produzca bien incidirá positivamente en la cantidad, en la calidad y en el precio, pudiendo exportar a otros lugares e importar aquello que no fabrica por razones de costo, mano de obra o aspectos como clima, situación, etc. Presentar la soberanía alimentaria como idea de autosuficiencia supone una falacia insostenible que conlleva más pobreza, direccionismo político-económico y una ineficiente gestión centralizada holgadamente ensayada -y fracasada- en países socialistas como Cuba o Corea del Norte, además del añadido desabastecimiento de productos. El asistencialismo que genera produce dependencia, vida sumisa, racionamiento y reducción de libertad, todo sobradamente experimentado en la década perdida de los ochentas. El Gobierno -topado de problemas- lanzó al ruedo la Ley de Desarrollo Rural -sabiendo que no iba a aprobarse- para transformar la ecuación confrontativa gobierno-“campesinos”, por la de sector privado-bochincheros, estrategia previsiblemente fracasada que proporciona un momentáneo respiro pero que terminará revirtiéndose violentamente contra el propio Gobierno. Los iletrados fans de esa idea -sustentada en trasnochada ideología- no perciben el freno que representa al desarrollo, mientras otros "más modernos", sustituyen el termino por seguridad alimentaria, misma farsa empaquetada de forma diferente. Malos estudiantes de economía; peores lectores de historia pero buenos y agresivos agitadores ¿Qué sentido tuvo una revolución industrial, si quieren regresarnos a las cavernas?

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