¡Estos chicos del Congreso!

"La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema"

A poco que esté activo en redes sociales, comprobará que quedan pocos epítetos por utilizar -al menos decentes- aplicables a los diputados. Se les ha dicho de todo, y con razón en la mayoría de las ocasiones. El cuero curtido de esos padres de la patria -¿quién carajo los denominaría así?- los protege y mantiene incólumes e impolutos.

No digo que la situación en el Congreso sea “extrema”, pero si es asombrosa y peculiar. Un expresidente -Rabbe- huido o voluntariamente exiliado, pero en busca y captura por sus pares y además pronto por la justicia; un nuevo diputado -Melgar Padilla- que sustituye a otro que renunció por “ordenes superiores” y dejó el espacio a quien busca inmunidad y cobrar el “ad honorem asesoramiento” al Presidente; un denunciado -Hernández- por discriminación de una “compañera” de bancada que nos salió gritona y algo déspota. Eso sin citar a quienes están pendientes de antejuicio, los que estorban más que ayudan y otras insignes joyitas que conforman un vergonzoso espectáculo pagado por ciudadanos adormecidos y quejosos.

Otros, no menos peculiares, presentan una moción para sacar del país de “urgencia nacional” a los extranjeros que se inmiscuyan -de cualquier forma- en la política nacional. Desean evitar que se señale lo evidente: somos un país políticamente tercermundista. Pretender que la comunidad internacional, los USA, la CICIG o no importa quien, nos tome en serio, es pedir demasiado. Políticamente hablando no damos la talla -en un marco de democracia moderna- y es imposible que alguien pueda pensar que tendrá un interlocutor político mediadamente preparado, capacitado y hasta decoroso para debatir -palabra desconocida por muchos honorables- cualquier tema básico, no digamos de trascendencia.

Como el vocablo vergüenza no es muy entendido por allá, emplearlo no sirve. Mejor usar abiertamente el de “sinvergüenza” que pareciera un título -a modo de esos aristocráticos que conceden las monarquías- que habría que irle endilgando a la mayoría de los 158 “espartanos del tortrix” que diariamente nos aterran con sus ocurrencias.

Aquello de dignificar el Congreso fue una broma pesada que alguien propuso como inalcanzable objetivo. Comenzamos mal en enero y vamos peor en agosto, sin que se vislumbre un horizonte mediamente decente siquiera en el largo plazo. No es de extrañar -aunque al Presidente Morales se le olvide o lo niegue- el ultimátum que puso sobre la mesa quien decide muchas cosas en el país: “o los saca usted o los procesamos aún ocupando cargos públicos”.

La nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos debería de centrarse en evitar que se repita ese espectáculo bochornoso, deleznable, pueril e infame producto de actuaciones de ciertos congresistas. Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir y dejar de pagar un buen salario a quienes no tienen la preparación ni la voluntad para dirigir el país con un mínimo de dignidad, y buen hacer. Hablar de reducir la violencia, fomentar la seguridad o de la reforma fiscal -incluso de otras cuestiones- termina frecuentemente en un callejón sin salida que impide el avance, porque ese grupo mezquino de diputados ruines sigue imponiendo su agenda de resaca, de turbios intereses personales o de malas prácticas no superadas. El debate ciudadano, activado en aquel abril de 2015, no ha vuelto a poner en el punto de mira el auténtico problema del país: El Congreso de la República y sus integrantes. A la fecha, además de no arreglar casi nada seguimos siendo el hazmerreir de un mundo avanzado al que nunca perteneceremos por falta de decisión y de coraje.

Cociendo habas

“Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás”

Casi todo es causalidad: las “multitudinarias” manifestaciones de bochincheros profesionales incitadas por ciertos sindicatos de salud y educación; los buseros desalmados atorando el tráfico; el lamentable y tercermundista cierre del aeropuerto por cuatro pelones abusivos dirigidos por constructores mañosos y las negociaciones a puerta cerrada con sindicalistas, que seguramente terminarán costándonos el trozo de riñón que nos queda intacto después de años de gobiernos chantajistas y permisivos, son algunas de las “acciones políticas” de la pasada semana.

Lo que se cuece realmente, es un pacto de esos que suelen hacer quienes transan particulares beneficios. Detrás de bambalinas, como suele ocurrir, no solamente está el presupuesto anual, ciertos intereses políticos y la depredación de lo público; también la presidencia del Congreso para el año próximo, la batalla campal entre diferentes “liderazgos” en la UNE, la supervivencia del actual presidente del Congreso y sus particularidades, la reivindicación de muchos diputados que llevan callados meses y otras cuestiones que se cocinan a fuego lento.

Finalmente, y eso es lo preocupante, todo seguirá igual, o muy similar a como estaba. Acuérdense de aquel dipukit y sus adláteres que fueron denunciados por acoso, y de los que no se sabe nada; de otros honorables con antejuicio, que tampoco; de los acuerdos sindicales que la PGN informó eran lesivos para el Estado, y están parados sin denuncia presidencial como correspondería; de los pactos de salud y educación que se comen cualquier presupuesto sectorial, etc. ¡Que pronto olvidamos!

El mentiroso del Presidente (en dos programas de TV dijo que no iba a subir impuestos) navega con bandera de “yo no fui” y pareciera que mientras nadie le acuse de corrupto o ladrón, el resto le viene del norte, expresión más enfática en esta administración que en cualquier otra. Falta visión, ideas claras, proyecto de país, carácter y sobre todo neuronas, cuando no un poquito más de testosterona, para hacer los cambios que la ciudadanía reclama. Aunque eso si, nada como orar mansamente y “subir” a Dios a la tribuna pública para implorar, lastimeramente, lo que como humanos son incapaces de hacer. Teatralidad estilo Boabdil, allá por 1492, que su madre aclaró contundentemente.

Esto es lo más parecido a un circo y en la pista coinciden los sindicatos y sus malabarismos, las fieras que cortan carreteras e impiden que el ciudadano honesto pueda trabajar, el mago que te quita el billete del bolsillo en forma de impuestos, los ciudadanos equilibristas que hacen maravillas para llegar a fin de mes y…., los payasos que no pueden faltar en toda buena representación. Se sabía que se lee poco y se asimila menos, pero no era de esperar que las autoridades electas olvidaran lo que pasó hace menos de un año.

La revolución no se ha terminado, si se pensó que había ocurrido. Están en prisión muchos sinvergüenzas, pero ni la forma ni el fondo político ha cambiado. Hay que podar las ramas que quedan y que siguen haciendo sombra a la democracia, a los derechos individuales y a la libertad. Seguimos en un estado mangoneado, manipulado y ensombrecido por personajes y grupos que han vivido demasiado tiempo de quienes trabajan honradamente y no se van a dejar desplazar tan fácilmente.

Aquí se sigue cociendo un puchero explosivo que seguramente terminará, siguiendo el símil circense, con ruido estridente, destello de luz y confetis mientras desaparece el mago del poder y el de la segunda fila se queda con todo porque estuvo atento al truco ¡Al tanto si no!

¡Justicia indígena!

 La mejor justicia no siempre es la mejor política (Abraham Lincoln)

No estoy en contra de un sistema consuetudinario de justicia. Si se cree en la descentralización político-administrativa -y yo creo en ella- se debe ser consecuente y no desechar esto otro que también es autogestión.

La discusión -equivocada y persistente a mi entender- se ha focalizado en incluir, sin mayor explicación, el “derecho a la justicia indígena” en la reforma constitucional que se prevé realizar. Dicho así, sin precisión, es abrir una puerta a lo desconocido, pero también a lo incierto. Hay que escuchar el detalle de esa reforma: cuáles son los supuestos que castigaría y cómo serían las penas/castigos previstos y la forma de administrarlos. No hay nada pormenorizado que pueda evaluarse de una propuesta que permite la discrecionalidad del ponente en todo aquello que interese a algún sector o en determinado momento.

No es adecuado tampoco hablar de “justicia” sino más bien de “justicias”, habida cuenta que hay una diversidad de pueblos -pluriculturalidad- que no tienen idéntica forma histórico-cultural de solucionar diferendos. El proyecto parece tener como objetivo añadir algo indefinido en la constitución para posteriormente -una vez “el pie en la puerta”- desarrollar un plan acomodado para aplicar una justicia propia y excluyente, elemento unificador de una idea que se viene consolidando: el exclusivista indigenismo maya.

Es fácil caer en la demagogia, y en este caso pareciera estar ocurriendo. Hablar de incluir tal o cual modificación constitucional, debería suponer, para el legislador, pero sobre todo para el votante, conocer con precisión qué es lo que se quiere hacer y cuál es el alcance de su implementación. No vale pedir un cheque en blanco para que, tal y como ocurre ahora, tengamos azotados en la plaza del pueblo, desnudos que pasean su penitencia, costales con piedrín cargados por penados o personas sometidas a vergüenza pública, prácticas propias de la Edad Media con las que “el vulgo” se distraía, pero muy distantes de los derechos humanos que comunidades y organismos internacionales reclaman ¡Dese una vuelta por youtube y verá la variedad filmográfica existente!

Si los ancestros dejaron ese legado, es fácil compilarlo y darlo a conocer para que se pueda evaluar y, si procede, adoptar un sistema de pluralidad jurídica, no monolítica. De momento, lo que subyace es un reclamo impreciso y confuso en el que todo cabe.

En un país en el que se debate aplicar la pena de muerte con muchos sectores en contra -algo legitimo-, no se escucha, sin embargo, solicitar con igual intensidad claridad en los castigos de “las justicias indígenas” y, sobre todo y más importante, condenar contundentemente formas de penalizar que conllevan violencia física -como los azotes-, cuando no la degradación humana ¡Absurda incongruencia que impide abordar el debate con la seriedad requerida!

Superar prácticas deleznables, humillantes y arcaicas ha costado siglos a la humanidad. Hoy existe un marco suficiente de protección y garantía de derechos humanos que, curiosamente, quieren capitalizar grupos que actúan paradójicamente de forma inconsistente. De esa cuenta, es preciso que la ciudadanía conozca, antes de decidir, qué “costo” tiene que asumir en materia de derechos humanos, al implementar “las justicias indígenas”. Otros aspectos cuestionados de forma vaga son: a quienes se aplicaría, con qué criterio, en qué lugar o territorio, el conflicto de jurisdicción y diferentes temas “menores”, especialmente si se relacionan con el principal a debatir: el ser humano y sus inalienables derechos.

¡Entrémosle al tema, pero seriamente!

¿Más? ¿Para qué?

“Impuestos: desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor ruido”

El actual gobierno, es producto de un rechazo al “viejo sistema” más que una apuesta por un programa político, salvedad hecha de vagas referencias al “Plan de Nación K´atun 2032” o al lacónico Plan Visión 20/20. La falta de un proyecto y la dificultad para conformar un gabinete ministerial cohesionado, dejaron pasar el primer semestre del año. Se habló de reformas políticas, judiciales y fiscales, cambios constitucionales y cuestiones similares que impiden que el clima de incertidumbre heredado de la pasada administración supere cuotas de baja credibilidad.

El aludido Plan Visión 20/20, tiene un apartado dedicado al “Fomento de las MIPYMES”. En el mismo se recoge textualmente: “Según datos estadísticos, más del 70% de la economía del país es informal. ¿Qué pasaría si este gran segmento de producción accediera a la economía formal por medio de un programa de desarrollo financiero, basado en créditos y micro créditos a tasas razonables? Sencillo, estas condiciones les permitirán superarse y pasar a un nivel empresarial superior”. Es decir, aspira a rescatar potenciales contribuyentes que están en la economía informal y, consecuente, no tributan ISR, lo que genera baja recaudación, presupuesto desfinanciado, desigual e injusta contribución y dificulta la prestación de servicios públicos de calidad.

A pesar de ello, el ejecutivo toma el rumbo fácil que antes emprendiera -equivocadamente y con impacto negativo- el gobierno del partido patriota. La propuesta que elabora pretende elevar el IVA y al parecer el ISR. Podría ser aceptable -en una discusión amplia de reforma fiscal- si se produjeran al menos tres condiciones, ausentes al momento. La primera, que se revisen la exenciones fiscales que privilegian a ciertos sectores. La segunda, que se amplie la base tributaria y se ataque conduntendemente ese 70% que no tributan ISR. La última, que el dinero que se pueda recaudar no sirva para pagar pactos colectivos espurios o mafiosos permanentes del sistema. La experiencia, sin embargo, apunta a que no ocurrirá nada de lo indicado. Habrá, seguramente, más dinero para salubristas y maestros pero no para salud y educación, sino que servirá para callar a sindicatos chantajistas. Prueba de ello, además de las conversaciones y pactos con sindicatos del pasado mes de mayo, fue aquel “Plan Robin Hood”, elaborado por sindicalistas de salud e incluido en los presupuestos generales, con el fin de recaudar dinero para hacer frente al costo del pacto colectivo signado entonces. Ello se reflejo en la subida del cemento e impuestos extras a la telefonía, entre otros, luego descartados por la Corte de Constitucionalidad.

A la fecha, el ejecutivo sigue en deuda. Se desconoce la planilla de los distintos ministerios y qué función desempeña cada empleado público. Baste una cifra para evidenciar ese caos y el correspondiente costo económico: en los últimos años, se ha pasado de unos 30.000 empleados en el sector salud a mas de 55.000, sin que se haya notado mejoría en el servicio, pero si incremento del costo.

En esas condiciones, oponerse a reformas fiscales no es apostar por el subdesarrollo o negar mejores condiciones de vida para determinados sectores, más bien supone emplear la razón y exigir criterios de eficiencia y trasparencia antes de continuar presionando a quienes pagan, y someterse al chantaje de violentos sectores sindicales. Antes de reformar hay que declarar lesivos pactos colectivos tramposos, conocer cuantos empleados públicos tiene el estado y dejar de gastar inútilmente cantidades desorbitantes de dinero.

Proceso de etnificación

“El nacionalismo, centralista o periférico, es una catástrofe en todas sus manifestaciones”

  

Para estudiar fenómenos nacionalistas -el indigenista lo es- hay dos ideas preconcebidas que es preciso descartar. Una, que las naciones son comunidades naturales, algo que es falso. La segunda, que el nacionalismo no es expresión de la nación sino la ideología que la construye. El indigenismo no es la ideología que expresa los valores de la comunidad, sino que construye a la propia comunidad indígena, seleccionando los elementos que la definen. Ejemplo: el “exclusivo” reclamo del culto a la madre tierra y respeto a la naturaleza, aunque el entorno donde se difundan tales ideas esté descuidado y lleno de basura o el sistemático “no a las explotaciones mineras” por afectar al medioambiente mientras se silencia, sin justificación, la descomunal tala de arboles o la contaminación de aguas por arrojo de desperdicios en ciertos municipios, etc. ¡Contrasentidos que confrontan realidad y discurso!

El estudio de procesos similares en otros lugares, apunta claramente a una agenda que pretende consolidar, inicialmente, el concepto “nación histórica” o “comunidad tradicional”, tan ancestral como sea posible, para continuar definiendo un espacio (territorio) y concluir con la emisión de normas propias que refuercen “soberanía”. Se trata de edificar sobre los tres pilares del estado tradicional, al que se le agregan posteriormente símbolos que lo identifiquen: bandera, idioma, etc.

El caso guatemalteco que sigue ese modelo desde la firma de los Acuerdos de Paz, fomentan este tipo de actitudes críticas y tensiones centrifugas que pueden llegar a modificar sustancialmente la naturaleza del estado. Inicialmente, lo indígena-maya se adscribió a un espacio étnico-cultural reclamado como propio y anclado en la tradición milenaria explicada de diversas formas. Años después, la “lucha por el territorio” inició su andadura y las exigencias -a veces improcedentes- de aplicar el Convenio 169 de la OIT sirven sistemáticamente para delimitar ese espacio físico en el que no se puede actuar sin permiso de ese colectivo étnico-cultura previamente aceptado. Se pasa de la reclamación de la tierra histórica para vivir en libertad a la del territorio con autonomía, algo impuesto por la fuerza en el Occidente del país por movimientos que reclaman ese espacio -formalmente no reconocido- de autonomía y autogestión y en el que operan grupos que coaccionan a la justicia, queman comisarías de policía, impiden ordenes de captura o hurtan y toman el control del cobro de la energía eléctrica.

El proceso “finaliza” con la reclamación de normas jurídicas propias. Leyes como la de lugares sagrados y prácticas de espiritualidad, televisión maya, radios comunitarias o más recientemente la justicia específica (indígena), sirven para construir en el futuro un espacio de soberanía que significaría el tercer soporte de un estado-nación propio. En la evolución se trasciende de un estadio de identificación de aspectos identitarios a otro de definición política, lo que se traduce en “reemplazar el concepto de `grupo étnico´ por el de `nacionalidad´ y postular la creación de un `estado multinacional´” (Ramón Maiz).

La victimización, la criminalización, la exclusión, el racismo, la opresión histórica y cuestiones similares, sirven como niebla artificial que impida visualizar el horizonte al que desean llegar. Ahora que el estado se reconfigura, refunda o reconstruye -según la versión- es preciso tener claro hacia donde pueden conducir determinadas fuerzas que etnifican la política ¡No nos engañemos!, las últimas manifestaciones de CODECA y sus reclamos lo dejan nítido.