La persona prefiere
la dependencia y la protección a la libertad
Llevamos unos días -muy interesantes por
cierto- debatiendo en clase con alumnos sobre los dos grandes pilares que
sustentan las políticas públicas: el asistencialismo y la responsabilidad. El
primero, sostiene aquellas en las que el gobierno apoya, dona u ofrece ayuda,
generalmente permanente, a personas, organizaciones o instituciones. El segundo,
se refiere a la observancia de la máxima de que cada acción tiene consecuencias
y es preciso asumir las responsabilidades derivadas.
Ejemplo sobran, y el análisis de ellos sirve
para concretar ideas. Si tiene un accidente y es culpa suya por conducir bajo
efectos del alcohol o drogas o del vehículo por no estar en condiciones, deberían
cobrarle el servicio prestado quienes le ayuden: bomberos, hospital, policía,
etc., porque usted fue el responsable de lo que ocurrió. Con idéntico criterio,
tendría que asumir los daños del desastre que ocasione y que probablemente otros
paguen. Si choca su carro y tiene seguro, la entidad contratada tendría que
entenderse con el contrario que no lo tiene y no, como ahora ocurre, que si no
hay acuerdo consignan ambos vehículos sin distinguir quien asume su
responsabilidad con el seguro y quien la evade. Finalmente, ayudas recibidas a través
de becas, con apoyo a estudios, a transporte, etc., tendrían que devolverse a
lo largo de la vida profesional de quien las recibió, asumiendo el compromiso frente
a los prestamista que con sus impuestos lo hicieron posible ¡Hay muchos más!
Sin embargo, las políticas plasmadas en
legislación, suelen ser de corte asistencialista y terminan por “premiar” al
irresponsable además de acostumbran a otros a que no es necesario correr con
los costos de los errores de cada quien porque el gobierno se hace cargo de
acciones equivocadas o dolosamente ejecutadas. El resultado es que quienes
actúan responsablemente terminan asumiendo los costos de esos otros imprudentes.
Y es que la persona prefiere la dependencia y la protección a la libertad, nada
nuevo lamentablemente.
De esa forma, se promueve una cultura de irresponsabilidad
o si se quiere, no se promueve la toma de conciencia de que cada quien debe
asumir las consecuencias de su actuar. Surge así la idea -aceptada y difundida-
de salud, educación y transporte colectivo gratis o a bajo costo, amén de otros
servicios que el Estado “debe prestar” para el desarrollo personal, pero de los
que cada quien intenta zafarme en la medida que no contribuye al pago impuestos
-informalidad- o se responsabiliza de sus acciones. El ejemplo mas evidente que
se reproduce cada año es el perdón de las multas e intereses que hace el
Presidente a particulares e instituciones o la reducción del pago de las
sanciones de tránsito que promueven los alcaldes ¡Los irresponsables, salen
siempre ganando!
Eludimos el debate sobre los costos de los
servicios “sociales” y nos hemos acostumbramos a que los paguen quienes
denominamos “ricos” y que -indefinidos- asumen una carga mayor que el resto
quienes tenemos “el derecho” de disfrutarlos. Así es difícil generar progreso
porque muchos dejan a un lado el ejercicio de la responsabilidad y ponen por
delante el “derecho” al asistencialismo, desplazando la preeminencia que deben
tener las acciones responsables de cada quien.
Curiosamente es en la vida en sociedad donde
se dan esos fenómenos fomentados por el gobierno. En el resto de las relaciones
humanas no ocurren así, y en comunidades cerradas -familia, condominio empresa,
vecindario, etc.- queda claro, y se exige, que cada quien asuma su
responsabilidad.
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¡Increíble que lo tengamos tan claro en
algunos círculos y tan interesadamente difuminado una vez salimos de casa!