Se percibe que la corrupción permeó altas esferas y
la confiabilidad hay que cambiarla de lugar
El año inició con el anuncio de que acabarán
las patrullas combinadas que el Ejército realiza conjuntamente con la policía
(PNC) para mejorar la seguridad, lo que ha servido un debate polarizado.
En el mundo occidental -al que pertenecemos- la
seguridad interior está a cargo, indiscutiblemente, de la policía. Sin embargo,
los ejércitos colaboran, sobre todo en situaciones especiales, algo visto por
toda Europa cuando hay amenaza terrorista o desastres. No es por tanto
descabellado avanzar hacia esa dirección estratégica en que la PNC asume el rol
principal en seguridad ciudadana, y el Ejército la complemente en caso
necesario.
Desde 1996 se han dado cambios y resistencias.
La constitución todavía asigna la misión de la seguridad interior y exterior al
Ejército, la PNC no aparece en el texto legal y la reformas por implementar no
contemplan tal modificación. Por otra parte, las policías municipales se han
conformado y fortalecido en casi todos los municipios y actúan con importante
grado de eficacia, lo que refuerza el modelo local de seguridad y facilita el
estatal. También, la PNC ha alcanzado un número significativo de efectivos que
le permiten, cualitativa y cuantitativamente, acometer nuevos retos.
Finalmente, el Ejército tiene pendiente reflexionar, en profundidad, sobre los cometidos
a asumir en el siglo XXI, sean los clásicos, como fuerza de proyección, fuerza
intermedia, parte de un proyecto de seguridad colectiva regional o cualquiera
de las misiones que podría desempeñar -directa o indirectamente- de las
incluidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, especialmente las referidas a terrorismo,
narcotráfico, grupos armados ilegales o maras, bien como protección a fuerzas
actuantes de policía o con el empleo de fuerzas especiales. La desaparición de
las patrullas combinadas alentará, sin duda, la discusión aplazada sobre la
reforma de los asuntos militares.
A pesar de ser la institución castrense las más
valorada, la cúpula del anterior gobierno tiro por la borda años de trabajo y socavó
considerablemente su credibilidad. El hecho de que, entre otros, el expresidente,
un exministro de Gobernación, dos exministros de la Defensa y un exsecretario
de inteligencia estratégica (SIE) estén en prisión acusados de graves delitos -habiendo
sido altos cargos de las fuerzas armadas- ha acabado con todo el capital que la
institución militar, con mucho esfuerzo, forjó en los últimos veinte años. Se
percibe que la corrupción permeó altas esferas y la confiabilidad hay que
cambiarla de lugar.
La PNC ganará con esta nueva forma de operar,
sumando a ello sus logros; el Ejército irá perdiendo progresivamente la sensación
de institución fiable en tanto en cuanto desaparezca del posicionamiento con el
que ahora cuenta; el Sistema Nacional de Inteligencia se reconfigurará y
descansará más en inteligencia civil, con el ánimo de que la SIE sea quien de
verdad coordine el Sistema y defina los lineamientos estratégicos, y la
inteligencia militar, quedará relegada a su papel de recolectora de información
y análisis en temas exclusivos de Defensa, y poco más. Todo ello excluirá progresivamente
a los militares del poder tradicional en aduanas, antisecuestros, grupos
disidentes, información privativa y otras cuestiones. El panorama del poder se
reconfigurará.
Ahora queda el trabajo arduo de recomponer un
institución manchada y hundida por algunos que le juraron lealtad mientras
hipócritamente cantaban el himno nacional y esperar seguramente una decena de
años -o más- para que la integración civil-militar y el aprecio ciudadano por
sus fuerzas armadas adquiera nuevamente protagonismo.
No es una elucubración, es la historia
repetida de lo que ha ocurrido, en mayor o menor media, en muchos otros países.
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