Comentario improcedente

Afirmar que el neoliberalismo es asesino y predador es más falaz que osado

El martes pasado leí los artículos de mis pares en estas páginas y me asombró el de Jonathan Menkos. Abordaba un viejos asuntos debatidos más profundamente entre Keynes y Hayek en su momento, y hubiera pasado desapercibido de no ser por la perversidad, resentimiento o mala intención del autor que acusa al “neoliberalismo” -término acuñado por esa confusa nuevalengua orweliana- de “asesino y predador”.

El columnista, economista y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), no es neófito ni desconoce seguramente el significado de las palabras, algo que por otra parte se puede soslayar fácilmente con el uso de cualquier diccionario en línea. Podría incluirse, si se desea, en el grupo de profesionales que practican aquello de “la falta arrogancia”, una mezcla de narcisismo profesional -si tal cosa existe- con insolente superioridad moral y alguna falsedad de por medio.

Recordémosle al señor Menkos que la Historia atribuye al nacionalsocialismo -nazismo- la masacre de unos 6 millones de judíos, al comunismo soviético -desde 1917 a 1990- de una grosera cifra de muertes en torno a los 60 millones de personas, a la revolución cubana -esa “democracia” que no cambia de dirigentes- de una cantidad indeterminada de crímenes que conoceremos cuando desaparezca el dictador hermano del dictador y, más modernamente, podemos contar diariamente los asesinados por la dictadura venezolana. Sobre predar y robar baste evocar aquel chavismo de: “exprópiese” o la ausencia de propiedad privada -por confiscación gubernamental- en esos calamitosos lugares de pobreza y muerte, ninguno de ellos con principios liberales o “neoliberales”. Algo más fresco y moderno -como ejemplo antiliberal- fue la debacle socio-económica de la política promovida por la coalición radical griega Syriza, aunque igual de ineficiente y depredadora.

Habrá quien diga -hago una procatalepsis- que el liberalismo “mata de hambre” con sus “políticas capitalistas”. Podemos, si hay interés, dedicar otra columna a esos parlanchines contumaces y hacer números de cómo salieron de la pobreza los países del Este de Europa o millones de chinos, gracias a la apertura de los mercados  ¡Por cierto!, los muertos de esa revolución comunista oriental -y los de Corea del Norte- no están sumados en el párrafo anterior.

Hay, sin embargo, tres actuaciones liberales que pueden tomarse como referencia de los “crímenes y el afán predador” aludido: la de Margaret Thatcher, que no mató a ningún británico aunque “se asesinaron” muchos privilegios sindicales -que aquí nos ahogan-; la de Ronald Reagan que propició el derribo del Muro de Berlín -nunca me gustó hablar de caída- y la desaparición de la Unión Soviética y los campos de exterminio siberianos o la política económica del Chile de Pinochet que contribuyó, aunque duela oírlo, a que sea el país más desarrollado de América Latina según todos los indicadores sociales.

Jonathan Menkos podría haberse ahorrado los insultos o utilizar el espacio para despedirse cortésmente, pero optó por una innecesaria -y espuria- descalificación. Quizá deban justificar el intervencionismo estatal, especialmente cuando se reciben millones de dólares -como ocurre con ICEFI- por parte, entre otros, de la cooperación sueca y tengan que promover el discurso antiliberal en favor del donante, aunque pagado con impuestos de contribuyentes. La opinión es siempre debatible, pero la honestidad intelectual, la militancia ideológica y la pleitesía al financista parecen no conocer principios de moderación y decencia ¡Allá ustedes!, pero gastar dinero público para decir que hay poco dinero público destinado a temas sociales es una frivolidad y un despilfarro. Mentir o confundir es, además, poco serio y profesional.

¡Ahora es terrorismo!

Aquí no hay criminalización alguna, aunque si señalamiento de crímenes

Que el país está experimentando cambios significativos -no con la velocidad y profundidad deseadas-es algo innegable que se muestra a diario de diferentes formas. Llama la atención la interpretación mediática de ciertos hechos ocurridos la pasada semana, como la extorsión a Telefónica/Movistar -y el asesinato de cuatro de sus colaboradores-, los sucesos de San Mateo Ixtatán -hidroeléctrica- o la postura sobre la dificultad de operar de la minera San Rafael, a pesar de contar con mandato judicial que lo autoriza.

La indignación y el rechazo que actualmente se genera contra quienes promueven, participan o sustentan esas delictivas actuaciones, contrasta con la opinión que no hace mucho tiempo se tenía de casi todas ellas. Recuerdo que algunas personas y organizaciones defendían “el derecho de las comunidades” a oponerse a la minería o a las hidroeléctricas, cuando ahora se evidencia que aquello que era presentado como “lucha social”, respondía realmente a actuaciones de delincuentes armados que se autodenominaban líderes locales aun sin tener representación alguna o ni siquiera vivir en la zona, como ocurrió con uno de ellos posteriormente en busca y captura.

En el pasado reciente hubo quema y destrucción de maquinaria propiedad de empresas extractivas o que construían/operaban hidroeléctricas, amén de asesinatos, agresiones y ataques armados contra personas que allí trabajaban o simpatizaban con esos proyectos. También manifestaciones públicas -incluso de ciertas iglesias- a favor del “derecho a decidir de las comunidades”. Curiosa pero afortunadamente, muchos de los que antes justificaban o promovían esos discursos, hablan ahora de criminalidad organizada, agresión, extorsión, ataques armados y delitos que impiden el desarrollo ¡Tarde, pero se dieron cuenta!

Aquellas acciones que desde el inicio algunos condenamos como delictivas, eran presentadas por ciertos medios como “criminalización de la protesta social”, una suerte de subterfugio semántico-cuentista que camufla violencia, autoritarismo, desprecio por la libertad y condena del empresariado. Algunos de aquellos protagonistas que lideraron huestes armadas, fueron detenidos y enjuiciados -Rigoberto Juárez, por ejemplo- y ahora, curiosamente, son nuevamente identificados por verdaderos líderes de comunidades como quienes siguen encabezan grupos agresivos armados que actúan al margen de la ley o provocan daños irreparables en bienes e infraestructura.

Aquí no hay criminalización alguna, aunque si señalamiento de crímenes diversos. El manipulador cuento discursivo carece de credibilidad, otro de esos avances que está experimentando el país. Quienes luchan contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico condenan a los que operan con violencia en beneficio de espurios intereses propios. El verdadero liderazgo social -que lo hay- no solo rechaza esas prácticas sino que admite la libre empresa como el mejor vector de desarrollo local. Claro está, con participación comunitaria e incidencia en toda la zona; reclamo legítimo.

¿Cuántas grandes y medianas empresas -o tiendas de barrio- pagan extorsiones y difieren los costos a los productos? ¿Qué imagen de país se transmite cuando delincuentes armados disparan contra ciudadanos desarmados, instalaciones mineras o hidroeléctricas? ¿Por qué no se ha aplicado la ley por parte de los sucesivos gobiernos que han tolerado estas situaciones? ¿Hasta cuando se va a “permitir” la extorsión, el crimen contra ciertas empresas y la agresión a trabajadores de las mismas? Esas y otras cuestiones quedan por resolver. Ahora que ya tomaron conciencia algunos, es momento de emprender acciones contundentes contra esos desalmados.

Indolencia judicial

Hay que diseñar un proceso debido para poder exigir el “debido proceso” 

Un informe reciente de Human Rigths Watch titulado “Carrera contra el tiempo”, presenta un interesante análisis de casos judiciales emblemáticos: Blanco Lapola, La Línea, Plazas Fantasmas o Bufete de la Impunidad, entre otros, y detalla la razón del retraso por años de muchos de ellos.

Las recomendaciones del estudio -a veces hay que comenzar por el final- se reducen a dos: 1) hay que modificar la ley de amparo -recomendado por la CIDH en 2009- y 2) la CC y la CSJ deben cumplir los plazos establecidos y aplicar sanciones a jueces y abogados que dilaten indebidamente los procesos judiciales ¡Sencillo verdad, pues no se hace!

Para cumplir con el “debido proceso” hay que diseñarlo “debidamente”. Si el amparo no se regula y se sigue jugando interesadamente con el tiempo para resolver actuaciones, “lo debido” deja de ser tal, y no se cumple el derecho de toda persona a que se aplique escrupulosamente lo que la ley dice, puesto que, a pesar de la observancia legal, aquella no está adecuadamente definida y su incumplimiento se justifica y acepta. En ese momento se entra en un circulo nocivo que el sistema permite y no modifica porque requeriría de más eficiencia, trabajo, dedicación y reduciría la interesada manipulación. A fin de cuentas, está diseñado para que pícaros togados puedan hacer de las suyas y ampliar o interpretar -a gusto del consumidor o de si mismos- ciertos párrafos legales.

Los jueces aducen que “carecen de medios”, algo que, de ser así, conocen al optar al puesto que cuenta con jugoso salario, aunque de esto último no se quejan más que para aumentarlo. Pero si sabes a lo que te metes -y lo aceptas- asumes el deber de cumplir con los cometidos asignados -lo que no hacen-. En 2016, según el informe, se iniciaron contra jueces, por dilaciones indebidas, cien procesos disciplinarios. Solo en tres de ellos se determinó irregularidad y la sanción que recibieron fue una amonestación escrita. ¡Vergonzosa impunidad del 97% acorde con los estándares nacionales!

Los abogados, por su parte, entorpecen con amparos, recusaciones y apelaciones sin que los jueces los resuelvan a tiempo o los rechacen por no observar siquiera la forma. Cuando son sancionados por los tribunales, la cantidad no supera los Q1,000 y la relación costo-beneficio es significativamente rentable. Además, a la fecha, hay como 3,000 abogados con multas impagadas por lo que efecto disuasorio no cumple en absoluto su cometido.

Se le olvidó a Human Rigths Watch incluir en el estudio el caso “Coronel Chiroy y sus soldados” en el que hay una confrontación manifiesta entre la jueza que no modifica la calificación de delito y el MP que recurre constantemente. El coronel lleva en prisión dos años más de los que le correspondería por lo que se le imputa -sin que haya entorpecido jamás el proceso- y mientras la administración de justicia resuelve sus pleitos, traslada el costo a los detenidos. Un punto que fue soslayado en el informe y que representa otra piedra en el zapato de la “justicia” nacional ¡Tomen nota!

Reformar no consiste en maquillar normas sino en asumir seriamente problemas. El Colegio de Abogados es culpable de la parte que le corresponde, al igual que la CSJ y la CC. Hay que diseñar un proceso debido para poder exigir el “debido proceso”. De lo contrario, las argucias, mañas, desidia y conveniencia, serán pilares sobre los que se siga “impartiendo justicia” o jugando con el sistema a capricho.

Estudios sobran; voluntad no se ve ninguna.