¿Privatizar como solución?

La privatización o concesión de ciertos sectores consigue reducir precios e incrementar la calidad

Las empresas privadas exitosas lo son porque además de eficaces son eficientes. En cualquier negocio, los beneficios económicos, producto de una buena gestión empresarial, constituyen el principal estimulo para continuar. Sin son escasos, reducen el interés; las perdidas lo hacen insostenible; no proveer un buen servicio -bien recibido por los consumidores- o no hacerlo al mejor precio posible, hace que el negocio quiebra inevitablemente en el corto plazo.

La gestión de lo público -contrariamente a lo privado- no genera normalmente utilidades. El burócrata gestor -independientemente de la gestión que haga- no cuenta con el aliciente de ganar más porque tiene un salario predeterminado y, consecuentemente, la búsqueda de la eficiencia no suele estar entre sus objetivos. Respecto a la eficacia -caso de un servicio público monopólico-  puede que tampoco la persiga ya que el cliente (ciudadano) deberá necesariamente que remitirse al único servicio existente: el estatal. La USAC o el IGSS, son ejemplos nacionales que muestran lo dicho.

Entre las dos opciones citadas, existe un modelo intermedio: la gestión publico-privada, en la que el Estado privatiza o, junto con la empresa, gestiona diferentes partes de un todo. En esos casos se concesionan ciertos servicios a lo privado y se dejan otros a lo público.

Además de la rentabilidad económica, puede haber, en ambos sectores, otras motivaciones: voluntad de servicio, cumplimiento del trabajo, satisfacción propia e incluso ascensos o mejoras. En la medida que se exige y los estímulos se incrementan se puede hablar, en el sector público, de funcionario más competente, dedicado, probo, etc., aunque nunca existirá el ánimo de lucro y el reparto de beneficio que siempre es un horizonte superior en el negocio privado. Ese inexistente objetivo en lo público -el lucro- es una diferencia sustantiva que hace que la gestión tienda a ser siempre mejor -al tener más alicientes- en lo privado y que un restaurante, un hospital, un servicio de transporte, etc., gestionado privadamente sea sustancialmente mejor que uno público, la experiencia lo demuestra y es un hecho generalizado con escasas excepciones.

Por tanto, la discusión sobre privatización -o concesión- de ciertos servicios debería partir de ese marco conceptual perceptible y buscar permanentemente la reducción de costos y la mejora de la calidad. Una línea aérea nacional, por ejemplo, suele tener un precio fijo y una atención que difícilmente mejora si no hay competencia o se gestiona de forma privada; el servicio público de transporte, entre otros, tiene perdidas por la inexistente gestión económica y se presta sin ajustarlo al costo real. La privatización o la concesión -no la mercantilización- de ciertos sectores consigue siempre reducir precios e incrementar la calidad, de lo contrario deberán cerrar por ser mejor la competencia. Sostener conceptualmente otro argumento es apoyarlo en una ciega base ideología sin racionalidad ni cálculo económico.

Muchos estatistas convencidos citan ejemplos de servicios públicos que “funcionan” en países desarrollados, y llevan razón. Son eficaces porque satisfacen la demanda ciudadana, pero en modo alguno está demostrado -porque no hay estudios- que sean eficientes, es decir se presten el mínimo costo. El motivo: no hay gestión económica con ánimo de lucro y de esa forma nadie gestiona de forma que se mejoren los números fiscales ni muchos menos la demanda ciudadana.

Ahora que el debate se reactiva, piense en todo esto antes de decidir ciegamente. Podemos seguir con servicios públicos de tercera o dar un paso gigantesco, pero no alegar ignorancia de cómo se pueden mejorar las cosas.

¿Duele Nicaragua a todos?

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Ortega siempre fue un déspota, un autoritario y un violador sexual, no se haga el ignaro

El dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, permiten que la policía nicaragüense y grupos paramilitares asesinen brutal y vilmente a ciudadanos cansados de represión que confrontan el régimen del FSLN y piden elecciones prontas como salida a la crisis. Es inconcebible que en pleno siglo XXI sucedan todavía esas cosas, y no solamente ahí.

Mientras la UE y los EE.UU. han pedido insistentemente el cese de la violencia, la OEA ha llegado tarde, como suele ser habitual, aunque con idéntica solicitud. Lamentablemente los gobiernos latinoamericanos de izquierda y aquellos subvencionados con dinero o petróleo venezolano, votaron en contra o sencillamente se ausentaron o abstuvieron: Venezuela, El Salvador, Bolivia, Belice y la mayoría de países caribeños ¿Cómo que no tiene sentido hablar de ideologías? En determinados momentos y para algunos, son más importantes que la vida humana.

Los gobiernos mencionados no han sido los únicos que se han solidarizado -directa o indirectamente- con la dictadura nicaragüense. El grupo parlamentario de izquierda del PARLACEN hizo una bochornosa declaración que alienta, apoya y reconoce el actuar sandinista; el resto de grupos guardó silencio complaciente. El partido político guatemalteco URNG-Maíz tuiteó que reconoce “el legítimo derecho a la defensa, ejercido por el gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su contra por los lacayos del imperio”, y justifica miserablemente la represión desde el Estado que es lo que condenan, precisamente, del actuar del ejército durante el conflicto armado interno ¡Enmarquemos el tuit, para recordarle esa contradicción cuando pidan el voto en 2019!

El Congreso de la República, por su parte, tampoco aprobó un comunicado de rechazo ¿La razón?, los votos en contra de la UNE y CREO, la ausencia de los partidos de izquierda: Convergencia, Winaq y URNG y el voto en contra de otros “honorables” congresistas ¡Ahí quiero ver a los “diputados de la dignidad” emitiendo un comunicado que echo en falta! Las iglesias, también están ausentes en esta necesaria condena fratricida.

Entre los aduladores del régimen asesino de Nicaragua, sorprende el presidente de la fundación contra el terrorismo quien escribió en su Twitter: “Hubo un tiempo en el que Ortega orientó de manera correcta a Nicagua (sic) y le aplaudí…”. Darle ese benéfico de la duda -como hizo en varias ocasiones y declaraciones de adulación al tirano- deja claro que cuando conviene se relativizan valores democráticos y principios éticos. No señor, Daniel Ortega siempre fue un déspota, un autoritario y un violador sexual, no se haga el ignaro ni utilice lisonjas que contrastan hipócritamente con diatribas permanentes: vamos camino a ser como Venezuela o la constante fustigación a la izquierda guatemalteca, mientras reconoce cándidamente haber aprobado, elogiado y agradecido a ese otro revolucionario, sobradamente autoritario y delincuente. Mucha inmadurez, incongruencia o intereses, suelen ser razones suficientes para no haber condenado desde el principio las actitudes criminales del nicaragüense. Personajes “gallo-gallina” -más de lo segundo que de lo primero- que cacarean permanente en medios pero terminan mostrando su naturaleza totalitaria. De ser candidato en 2019, habrá que tener en cuenta también su debilidad por el despotismo y la tiranía, como la de URNG-Maíz y otros del mismo hato.

No olvidemos que en Nicaragua muchas personas son asesinadas con el beneplácito, el silencio o la aquiescencia de quienes desprecian la vida. Lo descrito arriba, no son más que distintas formas de expresión de un fenómeno desideologizado: el autoritarismo ¡Vergonzosos y canallas esos extremistas!

10 sombras de Jimmy Grey

Puede haber una manifiesta voluntad para ponerle punto y final a esta penosa situación política

La denuncia pública realizada por el excanciller Edgar Gutiérrez sobre abusos sexuales, presuntamente cometidos por el Presidente Morales, ha puesto en guardia al MP, a la opinión pública, a variopintos personajes y a órganos de gobierno. La reacción de los netcenters oficiales -que los hay- se han centrado en desacreditar al denunciante y a los mensajeros, de esa guisa rústica y pueril con la que suelen hacer las cosas los “expertos” bachilleres en nómina del Ejecutivo bajo reglón 029.

Unos pocos comentarios encendieron las redes sociales con argumentos de defensa de una presidencia “acosada por la izquierda que desea tomar el poder sin haber sido elegidos en popular votación”; otros, atacaron a un gobernante desprestigiado por innumerables desaciertos y omisiones desde que llegó al poder. Se extraña -habitual en ambiente polarizado- la posición intermedia que reconozca y deje claro que cualquiera que sea el resultado de la investigación, hay graves delitos -de abuso sexual o de difamación- y que es preciso promover la persecución penal de oficio para evitar que esos hechos, como otros, queden en anécdota mediática o intrascendente señalamiento.

Si la denuncia es cierta, habría que procesar a un recalcitrante acosador presidencial porque eso de que haya -según cuentan- varios casos, lo convertiría en un depredador sexual de la más baja calaña; si es falsa, el escenario sería el de un difamador oportunista que pretende atentar contra la figura presidencial, y eso también es muy grave. Contemplando ambas posibilidades hay, al menos, un grave delito que perseguir por el MP, lo que representa un reto que la ciudadanía espera sea pronta y correctamente resuelto y no el silencio en qué se ha convertido.

Que el excanciller Gutiérrez haya dado el paso para denunciar lo que puede acabar con la destitución presidencial y/o la cárcel para Jimmy Morales, significa que cuenta con “el beneplácito” de ciertos organismos internacionales y quizá de algún gobierno, porque el riesgo que asume no es habitual hacerlo sin fuerte y seguro respaldo. Por otra parte, continuar por más tiempo con el actual Ejecutivo, sostenido por uno de los partidos más corruptos de la era democrática y con un gobierno cuyo objetivo es ocultar descaradamente barbaridades y delitos de algunos de sus integrantes o del partido que lo promovió, tampoco es de recibo. Por ello, y teniendo en cuenta lo estratégico por venir en los próximos meses, se concluye que puede haber una manifiesta voluntad, reforzada con suficientes razones, para ponerle punto y final a esta penosa situación política que decidimos emprender en enero de 2016. Una fallida apuesta por la regeneración del clima político de 2015 que a la postre ha sido igual de mala que lo diagnosticado en aquel entonces ¡Para mi que la orden está dada!

El Presidente que se dice “correcto, respetuoso y caballeroso” ha dado muestras suficientes de que desconoce una palabra más simple y del género opuesto: la ética. Su gestión es a todos luces una de las más nefasta y descarada de la era democrática, y la presión judicial, familiar y de mafias que tiene es de tal dimensión que se embrolla en una maraña impenetrable mientras somete a los ciudadanos a una suerte de masoquismo político aberrante, soportado con el estoicismo propio de quienes aceptan amigablemente el síndrome de Estocolmo.

Se avizora una “guerra” dura, sucia, intensa y agresiva. No perder el norte ni la razón es fundamental para evitar extraviarse entre el insulto y la descalificación. Aquí puede ocurrir algo grave antes del finales de septiembre y hay que ir elaborando el mejor escenario posible, y el más legal.