Las manchas del tigre

El 27 de agosto de 2017 representó un punto de inflexión en la agitada vida nacional

Hace un año, un domingo muy temprano mientras la mayoría de la población aun dormía, el Presidente Morales activó una bomba de relojería que terminó estallándole en las manos. Declaró persona no grata al Comisionado jefe de la CICIG y ordenó su expulsión del país. Las razones aducidas terminaron mostrándose como el escaparate de una realidad subyacente, diferente y compleja. El MP, con apoyo de la CICIG, había procesado a su hijo y a su hermano, perseguía a fundadores del partido FCN, como el prófugo diputado Ovalle, y tenía en el punto de mira a políticos -ahora ya sabemos quienes eran- además de otro asunto legal que todavía importuna al mandatario: el delito de financiamiento electoral ilícito, en tanto era secretario general del FCN.

No es posible, según la CC, expulsar al Comisionado porque el Estado de Guatemala tiene suscrito un convenio en el que se especifican las formas de resolver las diferencias. De esa cuenta, el Ejecutivo quedó en entredicho y prevaleció la percepción de que detrás de esa exigencia de salida del país existe un interés personal del Presidente producto de la situación legal de sus familiares pero también de un complejo entorno de persecución judicial contra el FCN, diferentes partidos políticos y variopintos actores que lo apoyan y sostienen. La estrategia es clara y persistente: silenciar a toda costa a un Comisionado que, a diferencia de sus antecesores, promueve la persecución penal contra la corrupción.

El 27 de agosto de 2017 representó un punto de inflexión en la agitada vida nacional. Además de desvelar el interés de personas y grupos por deshacerse de CICIG, promovió, quizá sin querer, una división entre los que aplauden la actuación del ente internacional y quienes lo confrontan, unos y otros integrados por convencidos racionales, viscerales hepáticos y pasivos ruidosos.

Desde aquella fecha se intensificó la campaña contra la CIGIG con acciones y manifestaciones diversas que han jalonado el último año: aquellos decretos funestos aprobados por el Congreso en tiempo récord y anulados bajo presión ciudadana, la irrupción del difundo alcalde capitalino en la conferencia del MP en la que se le señalaba y solicitaba levantar su antejuicio, la campaña de bienvenida al embajador Arreaga, ahora “condenado” por los mismos que lo ensalzaron, la elección del junior Arzú como presidente del Congreso -hecho insólito por ser el único diputado de un partido-, el nombramiento del nuevo ministro de gobernación -exasesor de la Muni- quien alienta la falta de colaboración entre la policía y la justicia, el caso Bitkov, palanca internacional para congelar parte del dinero con el que USA apoya a CICIG -otra estrategia fallida-, la solicitud de “cambio” de los embajadores de Venezuela y Suecia, pactado según dicen pero fracasado en su ejecución por no haberse hecho según la Convención de Viena, el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén, sin ventaja alguna pero asumiendo altos riesgos, el señalamiento contra el Presidente -aun por demostrar- de abusos sexuales contra empleadas de cierto ministerio cuyo ministro debería estar cesado hace tiempo, la protección descarada a un general señalado de parricidio, la reducción de la seguridad a la sede de la CICIC, etc.

En definitiva, una escalada de la crisis, sin un solo éxito gubernamental, que seguramente se reactivará en pocos días como remedio a la decadente acción de una administración que desea mantenerse en pie a toda costa por los problemas judiciales de quienes la integran o apoyan. Otra vergüenza nacional de la era “democrática” que anima a salir de una vez por todas de mafiosos enquistados en las instituciones públicas que solo saben agregarle manchas al tigre.

El camino hacia Venezuela

Son visceralmente agresivos e incomprensiblemente hay incautos que les siguen y respaldan

  

Se ha convertido en costumbre -mala, por cierto- que grupos minoritarios o insignificantes se adjudiquen la potestad de representar “a la mayoría de guatemaltecos” y de esa manera justifiquen sus reivindicaciones de forma violenta, soez, autoritaria o fuera de lugar, cuando no de ley. CODECA y sus adláteres desean nacionalizar la energía eléctrica, quedarse con un trozo del territorio nacional y otras veleidades que pregonan cuando deciden, sin oposición gubernamental, paralizar el país. Del otro lado del espectro, la Fundación contra el terrorismo y sus secuaces hacen lo propio defendiendo a corruptos, boicoteando actos públicos o poniendo amparos sin éxito para socavar la lucha contra la corrupción. Unos, impiden el ejercicio de derechos individuales; otros, desde el Congreso o el Ejecutivo, norman a favor de delincuentes. Los primeros roban luz; los segundos justifican sobresueldos en la cúpula militar.  Ninguno es republicano, demócrata ni respetuosos de los derechos ajenos y ambos pretenden imponer sus formas, reglas y caprichos. Distinto fondo, pero idénticos modos y fines.

En Venezuela, un grupo de militares, aliados con el narcotrmblea constitusambleacticizoppt´irlas entre sus amigos. Su sucesos, Maduro, toma de lugar.áfico y el crimen organizado, controlan el país. Desde el poder, Chávez nacionalizó empresas, expropió bienes y los distribuyó entre sus amigos. Su sucesor, Maduro, tomó al asalto el Congreso, copó el poder judicial, activó una ilegal asamblea constituyente y repartió la patria junto a otros delincuentes. En Guatemala, grupos extremistas -como los citados- siguen idéntico proceder, aunque descoordinados porque son ideológicamente opuestos. Los primeros desean nacionalizar casi todo; los segundos apuestan por subvertir el orden legal con el apoyo de políticos corruptos. Sume las acciones de unos y otros y obtendrá el “monto total” de lo que pasa en Venezuela, porque los radicales utilizan idénticas formas y medios para acceder al poder: el autoritarismo, la intimidación y la violación de los derechos individuales. Sobran ejemplos de populismo o dictaduras en la historia regional y hemisférica para comprender cómo operan, qué pretenden y las secuelas que por años padecen los países en los que tienen éxito.

Los recientes sucesos en la sede del TSE protagonizados por instigadores trastornados, entre otros: el director de un cuestionado medio televisivo quien alardea tener una fotografía con el dictador venezolano -mucho más alto que él, por cierto-, una cubana residente en Miami de oficio activista rabanera en redes -que curiosamente abuchea la “injerencia extranjera”- y el vocinglero abogado de la Fundación contra el terrorismo, muestran cómo operan esos desestabilizadores que pretenden imponer sus posturas desde la exigencia de sus derechos, además de buscar reacciones violentas -como hace CODECA- para victimizarse, justificar más alharaca y arremeter contra quienes “les agreden”. Una continua provocación que ensayan hasta conseguir resultados que les sirvan. De la dupla enemiga tradicional Robinson-Aldana pasan ahora a censurar la de Arreaga-Porras, pero será con cualesquiera que no se les plieguen o sirvan sus espurios intereses, porque no gustan del orden, de la legalidad ni mucho menos del Estado de Derecho. Son visceralmente agresivos y entre ellos hay, incompresiblemente, incautos que les siguen y respaldan.

Estamos ante una cruzada declarada por extremistas antagónicos. La reflexión, la serenidad, el buen juicio, el respeto por los derechos individuales, el Estado de Derecho y la consolidación de las instituciones, son, entre otros, el remedio más eficaz para terminar con ellos. El socialismo del siglo XXI pretende invadirnos, pero el añejo fascismo del XX hace lo propio desde la orilla opuesta.

¡Al carajo con ambos! No permitamos que hundan más al país ni que impongan sus tiranos métodos.

Armemos el rompecabezas

La diputada Montenegro, en el Congreso, era un referente que comienza a evaporarse

¡Vaya semana la pasada! Insight Crime publicó un reportaje titulado “El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala”, en el que relata cómo la UNE recibió la nada despreciable suma de 11.5 millones de dólares del grupo de narco depredadores “los Zetas”, para financiamiento electoral de su campaña política. Un día después, el MP solicitó levantar el antejuicio al Presidente Morales y a la diputada Nineth Montenegro por financiamiento electoral ilícito de los partidos FCN y EG, de los que ambos fueron secretarios generales y responsables, según la ley.

Varios interrogantes se plantean con esos nuevos sucesos. El primero es cómo Insight Crime cuenta con datos, fechas y cantidades sobre el financiamiento de un partido tan cuestionado como la UNE y la fiscalía correspondiente no, más allá estar investigando al diputado Orlando Blanco aunque no por los hechos que describe el medio digital, más graves por provenir de fondos ilícitos. El segundo es el nuevo antejuicio al Presidente que lo sitúa, otra vez, en la picota del debate político, al igual que al Congreso que seguramente no reunirá los votos necesarios para levantarle la inmunidad, como ocurrió en pasadas ocasiones. De nuevo mostrarán el descarado pacto entre personajes oscuros -y corruptos- que prefieren soslayar el delito y crear un de club de tramposos que sirva para acogerse cuando la justicia los aborde, como sucede con el diputado Alejos, entre otros. Lo tercero es la caída de un símbolo -Nineth- y su partido -Encuentro por Guatemala- ya que, cómo todos, sucumbieron en el lodazal del financiamiento ilícito, no reportado, incorrecto o como se le quiera denominar y también por actos tendientes a obstaculizar el control de fiscalización. La diputada Montenegro, en el Congreso, era un referente que comienza a evaporarse. El hecho de ser señalada, independientemente del monto económico o de las personas que llevaron a cabo la actividad ilegal en el partido, la apea de la tribuna de credibilidad en la que se mantenía. Finalmente, debe reflexionarse sobre la candidatura de Thelma Aldana y los contactos establecidos con ciertos grupos políticos para formar una coalición, entre ellos Encuentro por Guatemala ¿No sabía la exfiscal general que el partido con el que mantuvo acercamientos era investigado desde diciembre de 2016 por una de sus fiscalías o lo ignoró? Hay que recordar que la ahora presidenciable Aldana comentó públicamente -sin que nadie le mencionará nombre alguno- que con CREO nunca establecería un acuerdo ¿Por qué no fue tan contundente con Encuentro por Guatemala si estaba siendo investigado y había indicios de delito? Finalmente y quizá lo más trascendente, es que la nueva Fiscal General ha dado la cara y tomado postura, algo que ha enojado a golpistas y extremistas -a veces coinciden- que hubiesen preferido una fiscal más cordial con sus descarados actos de apoyo a mafias, delincuentes, crimen organizado y narcotraficantes.

El ambiente queda sumamente enrarecido y evidenciada la forma de financiamiento político que utilizaban los partidos -sin excepciones- tal y como se viene confirmando, de ahí el mutismo guardado por todos ellos. El proceso electoral que se avecina será diferente y con un parteaguas entre la vieja y la nueva forma de hacer política, sin muchas esperanzas de que la última esté libre de virus. La mala noticia es que hay grupos que siguen intentando ese golpe de estado que el vicepresidente Cabrera irresponsablemente comentó, aunque no por parte de los que él nunca señaló, sino por quienes están cerca del poder y seguramente conoce y escucha.  

¡Y es que la batalla final se avecina!