Cadena de patochadas

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló

¡Vaya con la semana pasada! Difícil hacer coincidir tantas barbaridades, despropósitos, chaladuras o estupideces en tan corto espacio de tiempo. La primera, para que el Presidente pudiera decir algo en el foro de NN.UU, fue la promulgación del Acuerdo Gubernativo que prohíbe los plásticos de un solo uso. Es una soberana estupidez impedir utilizar pajillas o bolsas del super sin actuar primero sobre el humo que emiten las camionetas, los basureros al aire libre o el manejo de residuos sólidos. En lugar de obligar a la municipalidades -cómplices de esta situación- a que tomen severas medidas, decidieron emitir una fútil norma que seguramente será incumplida y olvidada en el corto plazo ¿Por qué no lo hizo durante el primer año de su gobierno?

Hablando de majaderías, es necesario evocar el discurso presidencial en la ONU, donde mintió más que habló. Eso de que se ha aumentado a 193 los días de escolaridad, incrementado la calidad educativa, fortalecido la transparencia gubernamental y la buena gobernanza, se van a reforestar 1.2 millones de hectáreas para 2032 -cuando para esa fecha, con suerte, será abuelo pensionista del IGSS- o se cuadriplicó la inversión diaria para alimentación escolar, es una ficción o describe otro país, además no lo cree ni quien se lo escribió, mucho menos aquellos que vivimos una realidad absolutamente distinta y diametralmente opuesta. Eso si: seguramente prestaron atención a su arenga las delegaciones de Salchichonia, Lobaronia, los Verdes o los Colorados.

No contentos con lo anterior -o para competir con las chaladuras descritas, el Congreso se despachó en una sentada dos normas impresentables. Una, exonera a quienes no hayan pagado impuestos en el sector agropecuario y les crea un marco de privilegios impositivos. Otra, conforma una comisión de investigación sobre las actividades de la CICIG. La primera, teniendo en cuenta que hay como 50 diputados ganaderos o asociados/financiados por ellos, era de esperar. Aducen los del sector agropecuario que “nos le da el negocio”, aunque siguen en él. Recordémosle que tampoco es rentable, por ejemplo, la fabricación de vehículos, de computadoras, la exportación de dátiles, y lo que se hace es importar esos productos porque otros lo hacen mejor y son más competitivos. Pura teoría económica que ignoran mientras nos trasladan los costos de su ineficiencia. Si en Guatemala no se puede producir carne en las condiciones impositivas existentes, solo quedan dos soluciones racionales, igualitarias y ajustadas a derecho: importar el producto o bajar los impuestos para todos, porque el resto estamos en idéntica situación ¡No jodamos a estas alturas con teorías mercantilistas ni asustemos con desempleo! 

Con la comisión investigadora, puedo estar de acuerdo ya que toda averiguación que permita transparentar es bienvenida. Lo que no es de recibo, es que lo haga este Congreso con más de un tercio de diputados señalados, investigados, procesados, huidos y hasta condenados por homicidio, además de un alto número de cómplices que encubren al resto con su silencio. Un montón de sinvergüenzas, canallas o delincuentes investigarán a la Comisión que los puso en evidencia o los acusó ¿Puede encontrar algo más kafkiano o tortrix?

Mientras, dos nuevos derrumbes en el libramiento de Chimaltenango cierran la carretera y parece que ni el Presidente ni el Congreso toman acciones. Y es que la República de los Cocos -conocida por el cine- parece ser una realidad en la geográfica centroamericana. Los de aquí superaron al maestro y destronaron a “Su Excelencia” -Cantinflas- aunque es necesario decir, en su descargo, que aquel era consciente de que actuaba en un mundo ficticio, de chiste y broma, no como estos otros.

Retos al Estado tradicional

Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista

De un tiempo para acá, hay un encendido debate sobre temas que inciden en la estructura recaudadora estatal. La tecnología permite que ya no sea preciso llamar a un taxi o a un hotel para transportarse o alojarse rápida o cómodamente. Con Uber o Arnbnb puede, desde su celular, contar con múltiples opciones a precios reducidos. El “grito en el cielo” no ha dejado de escucharse porque quienes tienen una licencia oficial de taxi o de hotelería ven como sus precios no son competitivos con los de esos nacientes hijos de la tecnología. Son más caros por los altos impuestos que los gobiernos -centrales o municipales- aplican a sus tarifas producto -digámoslo también- del privilegio que les otorgan para transportar o alojar personas. Un pacto tácito en el que unos pagan y otros certifican y conceden beneficios exclusivos mientras trasladan los costos a usuarios que no tenían alternativas. Las Apps han arreglado en poco tiempo el gravoso problema y hecho tambalear al sistema.

Pero no es únicamente en esos sectores que los privilegios estatales se ven amenazados tras años de condenar al ciudadano a pagar más por menos. Otro sector afectado es el de la educación. Visiones decimonónicas permean todavía la forma de operar de escuelas y universidades en las que el cuerpo de profesores y la dirección siguen con formalismos y desincentivos como tesis, privados, sesiones magistrales, colegiaturas obligatorias, etc. La enseñanza en línea, los MOOC, el autoaprendizaje, el uso de la tecnología para múltiples aplicaciones o los diplomas en artes liberales -liberal arts- amplían los espacios educativos aunque no sean reconocidos por un estatus conformista anclado en procesos tradicionales que reducen la competitividad respecto de quienes han abrazado esas nuevas formas de aprendizaje.

Algo similar ocurre con la justicia, y animo a leer el libro “Justicia sin Jueces” para entenderlo mejor. Su autor -un juez con amplia experiencia- pone sobre la mesa y a debate un añejo problema. Tradicionalmente tres personas: el juez, el defensor y el acusador, han resuelto los litigios dejando al margen al protagonista. Tres expertos jurídicos en cómo aplicar formalmente justicia -no necesariamente atender el fondo del problema- se juntan a discutir sobre un tema y, siguiendo procedimientos reglados, toman una decisión. En el proceso, el sindicado o reclamante es un personaje pasivo representado o señalado por uno de los expertos sin que cuente con el derecho de autorepresentación porque la mayoría de sistemas judiciales lo impiden con diferentes excusas, tendientes a mantener el monopolio de aplicación de la justicia en un cuerpo colegiado sometidos a reglas y formas precisas y peculiares.

La tecnología -continúa diciendo el autor del libro- viene a dinamitar el sistema. Ahora, el litigante tiene acceso a información, puede conocer y aprender las formas, defender el fondo del asunto que siente como propio y sin interlocutor intermedio, además de otras cuestiones que cambiarán seguramente los procesos. En definitiva: se pasará de un papel pasivo a uno activo en el que los expertos serán, únicamente, asesores y complementos pero no actores principales del sistema. El arbitraje se pone de moda y, como en otras cosas, el Estado tiene que reconfigurarse y los colectivos privilegiados deberían pensar en el futuro que no será como hasta ahora, y buscar la reconversión.

Me da la impresión de que llegaremos tarde por lentos, pero quienes primero se organicen para servir mejor y a más bajo precio, lograrán ventajas competitivas en un mundo plural, globalizado e innovador. El Estado debe hacer su catarsis en temas como la certificación de grupos y la captación de impuestos en lugar de querer seguir aplicando modelos superados.

La fútil cantaleta anual

Intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”

Por estas fechas se activan anualmente grupos de presión que patrocinan el incremento de bonos, mejoras en pactos colectivos y subida del salario mínimo. Saben que pueden incluir en el presupuesto estatal montos a repartir durante el año siguiente, y la agenda buitre de sus liderazgos les recuerda la fecha. En esta ocasión, además, hay cambio de gobierno y es el momento preciso para negociar y presionar a salientes y entrantes, “liberarlos” del bochinche en las calles y conseguir el aumento deseado que dilapidarán en pago de planilla o en abogados sindicalistas. Ni el colegial ni el enfermo reciben mejor atención -a la pruebas me remito con esos ejemplos- aunque las penas se extienden al Congreso, al Organismo Judicial, al MP, a puertos, municipalidades y muchas otras instituciones públicas ¡Otra vez la depredación y el reparto de los recursos públicos!

Sobre el salario mínimo veo argumentos contrapuestos. Uno, el del asalariado que pide más dinero y busca la justificación oportuna: inflación, precio de la canasta básica, etc. Otro, el del empresario que argumenta no poder sostener un incremento por ley que descabala el cálculo económico necesario para sostener su negocio. Propongo empatía, uso de parámetros objetivos y reflexión sería sobre la postura contraria.

Realmente hay inflación anual y por tanto incremento de precios, lo que reduce el poder adquisitivo de quien gana lo mismo de un año a otro. Por otra parte, no es menos cierto que un empresario con diez o veinte empleados -las PYMES son mayoría en el país- quizá no pueda soportar un incremento anual porque sólo le queda reducir beneficios -muy difícil en un mercado abierto- despedir trabajadores o incrementar los precios de sus productos y dejar de ser competitivo ¿Cuál es la solución?

Cuando nos basamos en premisas falsas, distorsionamos o falseamos las conclusiones. Nadie se contrata por debajo de su (precio de) costo. Es absurdo, por tanto, decir que alguien trabaja por “una miseria”. Esa cantidad -recordemos que todos somos diferentes- es sencillamente la “adecuada”, puede que no sea la que le guste a la persona pero la acepta porque es mayor que su costo de oportunidad. Vaya a un mercado e intente pagar menos del precio mínimo que el vendedor tiene fijado y le dirá aquello de: “fíjese que no me sale”. Lo segundo, considerar que la canasta básica es igual para todos y tiene el mismo precio en todas partes, lo que de nuevo conduce a conclusiones inválidas. Lo tercero, aceptar que todos estamos en idénticas condiciones de capacidad y formación y, consecuentemente, hay que unificar el salario. Lo último, pensar que los beneficios empresariales son ilimitados y siempre sacrificables. Al final, lo “mínimo legal” termina siendo lo “máximo” y todos perdemos: trabajador, consumidor y empresario. Ganan politiqueros o sindicalistas inescrupulosos a quienes usted y yo les importamos un soberano pepino.

Que cada quien contrate libremente y trabaje por lo que desee y su capacidad y cualificación le permitan. Los profesionales liberales: médicos, abogados, lavadores de carros, jardineros, fisioterapistas, albañiles, fijan libremente sus honorarios y usted decide si los contrata, y ellos si le prestan el servicio ¡Así, sin salario mínimo ni agenda dictadas por gobiernos o grupos de presión! 

Cuando se entiende que la matemática es ciencia exacta y la política ciencia social -en la que sentimientos, poder, ambición, ideología sobre “igualdad social” y cuestiones similares, terminan por retorcer principios- se entiende perfectamente. No hay que perder el norte en discusiones bizantinas que impidan ver el fondo ideologizado. En cambio, más razón que emoción, suele ser la fórmula para entender muchos problemas. 

Esto de “los asuntos militares”

El panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible

En estos días se cumple el 21º aniversario de la reducción de los efectivos del ejército al 33% que determinaban los Acuerdos de Paz. La fuerza armada quedó con algo más de treinta mil soldados sin que ese número estuviera basado en estudio de necesidad, capacidad y compromisos. Los Acuerdos lo fijaron arbitraria o caprichosamente; y así se hizo. Personalmente pasé la firma del documento conclusivo al entonces jefe de la MINUGUA y al Presidente Arzú.

Desde entonces no ha habido discusión sería y pública sobre el futuro del ejército como una institución que debe asumir cometidos constituciones modificados por los Acuerdos; si la hubo no tuvo la transcendencia debida. Todas las instituciones públicas deben renovarse constantemente y los ejércitos no han escapado a esa necesidad de innovación tecnológica, organización, despliegue, procedimientos, etc. Incluso se podría afirmar que con la fuerza armada el ciudadano ha sido más exigente ya que tras la Guerra Fría muchos pensaron que la reconversión militar -incluso la desaparición de los ejércitos- era una necesidad para reducir los gastos en defensa y seguridad.

Seguimos con un despliegue militar más territorial que operativo porque no se ha perdido la fea costumbre de “vigilar al ciudadano” y porque además -no nos engañemos- es más rentable, especialmente en un país en el que el crimen organizado y el narcotráfico campan a sus anchas. En lo que va de año, han sido procesados o arrestados varios oficiales, entre ellos dos coroneles: uno -asignado a la dirección de personal del ejército- en el Petén, por hechos relacionados con el narcotráfico, y el otro acusado de blanquear dinero de la mara Salvatrucha.

Sin ejército efectivo para cumplir las misiones constitucionales, con un presupuesto mayormente gastado en personal y mantenimiento (sostenimiento), con menos del 5% para inversión, un despliegue territorial, sin medios apropiados y con parte de sus efectivos confabulados con el crimen organizado, el panorama de narcoestado que dibujan algunas agencias norteamericanas es un hecho poco discutible.

En ese marco, la pasada semana se agredió a una patrulla militar y fueron asesinados tres de sus integrantes y heridos otros tantos. Además de condecorar a los supervivientes, promover videos en los que los heridos relatan su versión de los hechos y declarar el estado de sitio en la zona y alrededores, seguimos sin saber qué hacía ahí esa unidad y, sobre todo e importantísimo, por qué no fue auxiliada inmediatamente por su base con quien debería haber tenido comunicación permanente ¿Cómo actúo -o dejó de hacerlo- el comandante en jefe? ¿Por qué no se enviaron refuerzos aéreos o terrestres si contamos con helicópteros y más de cien vehículos especiales J8 donados por USA para esos menesteres, aunque el secretario de la SIE quiso devolverlos? ¿Por qué una patrulla tan pequeña acometió ese desafío si los procedimientos operativos aconsejan pedir refuerzos? ¿Por qué no usaron sus armas si fueron primeramente agredidos? ¿Por qué se silencian las heridas de los lugareños hospitalizados para así conocer que tipo de armas se utilizaron en la agresión? En resumen: una operación militar pobre en planificación, ejecución, empleo de tácticas apropiadas, con silencio del mando a cargo, torpemente manejada en comunicación y en lugar de aclarar las dudas emplean operaciones de desinformación y contrainteligencia. No quiero pensar que la patrulla estaba ahí para otro propósito, aunque es una posibilidad que el estado de sitio quizá dificulte verificar. Veintiún años después estamos peor que cuando se pedía insistentemente que se redujera el ejército del conflicto.

Hay que tomarse más en serio eso de “los asuntos militares”, de lo contrario el naciente narcoestado guatemalteco seguirá fortaleciéndose.

Entre el paroxismo y el rechazo

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas y corrompida en otras

En dos ensayos académicos sobre CICIG -uno en coautoría y por publicarse- reflexioné sobre lo que considero un importante problema de cualquier nueva institución autónoma: debe generar su propia dinámica de relaciones interinstitucionales con el Estado y otras instancias políticas y sociales. En el caso de la Comisión ocurrió eso. Hubo grupos que interesadamente tejieron sus redes porque pensaron aprovechar el jalón, la publicidad, la incidencia, la influencia o posibles donaciones y consultorías. Se agregaron a la discusión ejes transversales presentes en la dinámica nacional: el ideológico y el nacionalista, fundamentalmente, y el todo conformó una compleja matriz de intereses polarizados que puede responder a la pregunta: ¿Quiénes rodearon a CICIG, y por qué?

La matriz indicada permite construir cualquier respuesta, pero tomar partido encasillaría la reflexión que pretendo. De lo que es difícil escapar -salvo manifiesta negación- es de ciertas cuestiones visibilizadas. Una, que la corrupción es galopante y permea casi todo. Otra, que el abuso de la prisión preventiva no puede continuar, como tampoco la costumbre de fiscales y jueces de recurrir a ella o concederla sistemáticamente, como tampoco la dejadez del Congreso en legislar sobre el uso de brazaletes electrónicos. Una tercera, que los allanamientos deben realizarse cuando realmente se de el riesgo que la ley prevé y lo habitual debería ser citar al señalado y evitar trucos para que no se presente. La última, que las conferencias de prensa -útiles para la transparencia, la garantía de los detenidos y la información pública- se ofrezcan después de haber sido conocida la acusación por el juez y suministrando solamente datos necesarios para informar y así evitar la judicialización en redes o por algunos medios de comunicación y/o ser juzgados por ciudadanos llenos de venganza, odio o rechazo que condenan a quien es presentado como imputado. Es decir, administrar aquella bíblica y pasional “hambre y sed de justicia”. Es hora de responsabilizarnos y continuar la lucha frontal contra la incorrección con la que se han venido haciendo ciertas cosas, así como con la manipulación política y judicial de otras. La corrupción hay que descartarla, y no puede seguir siendo un normal proceder.

CICIG ha contribuido a desnudar una realidad nacional, inoperante en muchas cosas, corrompida en otras y con el hábito social de “así se hacían las cosas”, y ha dejado sobre la mesa interesantes elementos de debate y discusión que es necesario retomar. También ha cometido errores. El último, la presentación el pasado jueves de casos en investigación. No es ético difundir información detallada de investigaciones sin judicializar. Expuso a las víctimas, dañó el proceso y el Estado de Derecho, dificulta continuar con la investigación al prevenir a los investigados y posible implicados y posibilita entrampar el proceso. El “peladero judicial” no es forma de hacer las cosas porque fomenta la desconfianza institucional y exalta los ánimos. Dejar una patata caliente al MP y la equivocada impresión de que esos casos deben resolverse pronto está muy mal hecho, pero sobre todo perversa e interesadamente presentado, además de ser sumamente irresponsable.

Toda crisis es una oportunidad y aunque algunos consideran que nada se podrá hacer sin CICIG -con ella hay cosas que no se han podido hacer- queda el reto al ciudadano de asumir su responsabilidad y reclamar las políticas públicas necesarias para acometer la transformación con prontitud, contundencia y con el presupuesto indicado. Ahí está el desafío porque no se puede volver atrás ni avanzar más rápido de lo posible. Ni venganza ni impunidad, simplemente certeza jurídica para activar valores sobre los que construir y reconducir un país que tiene suficiente lastre para hundirse.