Privados de las vacunas públicas

Los de mentalidad empresarial generan recursos; los funcionarios/políticos consumen los generados por otros o los distribuyen a conveniencia

Es frecuente escuchar insistentemente el discurso sobre la desigualdad económica. Como dice un amigo economista, más parece envidia que preocupación por arreglar el problema de fondo al que no se suelen referir: la pobreza. El debate sobre las vacunas parece haberse revestido de igual costra.

En la vida, y de forma general, se puede tener mentalidad de empresario o de funcionario/político. Los primeros, independientemente de su actividad: arquitectos, panaderos, taxistas, doctores, etc., buscan permanentemente ser más competitivos y prestar el mejor servicio, porque de lo contrario fracasan, son expulsados del mercado y quedan desempleados. En la esfera del sector privado funciona la mayoría de la relaciones humanas. Los segundos, por su parte, lo que necesitan para permanecer en el poder es el voto popular o ganar una oposición -cuello en algunos lugares-. Su trabajo consiste en detectar y ofrecer lo que el votante desea escuchar, y luchar por permanecer en el poder, con las consiguientes prebendas que se suelen recetar. La mentalidad empresarial busca ofrecer bienes y servicios de calidad y generar innovaciones y soluciones a problemas sociales; la de los políticos suele ser la de crearlos para decir que tienen las solucionan o utilizar la verborrea para justificar ciertas actuaciones. Los de mentalidad empresarial generan recursos; los funcionarios/políticos consumen los generados por otros o los distribuyen a su conveniencia.

En el tema de las vacunas contra el COVID-19, subyace todo lo anterior. Los gobiernos no quieren que sean entidades privadas quienes las suministren, y la razón es que seguramente evidenciarían la incapacidad, burocracia o chapucería de los gobernantes. Así, si todo se estatiza, igualamos el desastre, tal y como ocurre en casi todos los países del mundo que no han podido inmunizar a la mayoría de sus ciudadanos. 

Imaginemos cualquier país pequeño que tenga varias empresas grandes: supermercados, bancos, bebidas, comidas rápidas, etc. Seguramente sus empleados sumarán 30 o 40 mil y como 150 mil con sus familias. Si a esas empresas privadas se les permite negociar e importar la vacuna, y ponerla gratis o cobrarla fraccionadamente a sus colaboradores, el Estado se quitaría una parte importante de personas a vacunar, y el sector productivo se vería menos dañado. Si alguien piensa que se hará negocio o promoverá lucro mal habido, siempre caben variantes de la solución indicada, como que el Estado las compre y se las done -o venda- a las empresas, o incluso que fije un precio máximo para evitar sobrecostos o especulación. Es decir, parece haber interés manifiesto para no encontrar una solución de colaboración público-privada eficiente que agregue ventajas a la necesidad de ser vacunado cuanto antes.

Además, si los hospitales privados quisieran hacer lo mismo, debería permitirse que las importaran o que se las vendiera o donara el Estado, cobrando una pequeña cantidad por el gasto de administrarla o estableciendo un porcentaje máximo de beneficio para evitar la especulación en los precios. Aquel que desee, pueda pagarla o le de la real gana -que también el ejercicio de la libertad debe estar presente- que lo haga, el que no tenga recursos o prefiera que sea el Estado quien lo vacune, está en su derecho y así debe exigirlo, pero eso no implica que pueda o deba frenar la posibilidad de que hacerlo de otras formas.

Una sociedad más preocupada de la envidia o de que otros no lucren -cuando ellos mismos lucran en sus actividades- está totalmente desenfocada. La mayoría de los Estados han mostrado ineficiencia, y la vacuna cuesta dinero, aunque algunos lo ignoren, sin embargo podemos seguir engañándonos porque es eso si es realmente gratis.