Contumacia y comisiones de postulación

El sentido común, la razón y el buen proceder deberían ser suficientes para arreglar las cosas ¿Por qué no se hace?

Repetimos periódicamente un insustancial debate sobre cómo mejorar las comisiones de postulación, pero nada se concreta. Un vez tras otra se cometen los mismos “errores” que ya son familiares, y se insiste en idéntica actuación: amparos, críticas, señalamientos, reproches…, ineficacia finalmente. Ya sabemos qué significa aquello de “querer cambiar las cosas haciendo lo mismo” y cómo nos convierte, cuento menos, en inútiles. Los hechos parecen indicar que no queremos renovarnos, porque mientras haya un margen de subjetividad en los procesos se podrán acomodar a criterios particulares, y así elegir a conveniencia a jueces, magistrados, fiscales o contralor.

Hay cuestiones tan racionales que parece imposible que no sean incorporadas a la legislación, lo que abona la teoría anterior del interés particular y del manoseo. Una se refiere a la tabla de gradación, que debería estar publicada con años de antelación, de forma que los aspirantes sepan cuáles son las condiciones y no elaborarse al inicio del proceso, con el riesgo de adaptar las condiciones a los postulantes, al saberse quienes podrían ser. Otra es el voto, porque teniendo en cuenta que hay suficiente literatura en relación con el voto secreto -el que más libertad ofrece al votante- parece contraproducente que se exija público y comentado, lo que implica que quien lo haga tenga que enfrentar el rechazo, la crítica o el ruidoso y mediático castigo de aquellos que consideran que no eligió como ellos querían; una suerte de moderna inquisición. Una tercera se refiere a los decanos que participan. Algunos son nombrados días antes de que de inicio el proceso, con lo que se corre el riesgo de que puedan designarse para un fin específico y no para ocupar la dirección de la facultad, que debería ser el objetivo principal. Es sencillo arreglar este problema para evitar la picaresca: impedir la participación de decanos que no lleven, al menos, uno o dos años en el correspondiente cargo. Otra cuestión son las universidades que tienen únicamente una o dos facultades: derecho o economía, porque se organizaron precisamente para participar en estas comisiones. Sencillo: una universidad que no cuente con cierto tiempo de antigüedad y haya egresado al menos una promoción o carezca de cinco o seis facultades activas, no debería de participar en estas comisiones. 

Por último, es un sinsentido, una perdida de tiempo y de esfuerzos, además de una somera estupidez -salvo que el interés sea el de darle forma a un proceso para después hacer lo que se quiera- que tras arduo trabajo de clasificación de los aspirantes para colocarlos por orden de puntuación, se vote para seleccionar a otros diferentes. No creo que haya, en todo el proceso, hago más mentecato. Si establecer un orden por puntuación se puede considerar objetivo, ¿qué sentido tiene elegir después? Se puede, incluso y como parámetro neutral, agregar el sorteo como método de selección en caso de empate o para la designación definitiva.

En conclusión, la racionalidad es lo que menos impera en estos procesos y debería ser justamente lo que primara. John Rawls dio pistas hace muchos años con aquello del “velo de la ignorancia”, pero para quien no lo haya leído, el sentido común, la razón y el buen proceder deberían ser suficientes para arreglar las cosas ¿Por qué no se hace? La respuesta es muy simple: cada cual jala para su lado y no hay intención alguna de diseñar procesos impersonales y neutros ¡Miente quien diga lo contrario!, aunque se de golpes de pecho queriendo presentar modelos que dicen dejar a un lado la subjetividad pero permiten señalar con el dedo a su preferido.