¡Dame pan, y dime tonto!

Si la clase política determina el famoso salario mínimo, parece oportuno que cada puesto público este pagado en función de una cantidad de esos salarios

Tenemos a los funcionarios mejor pagados de parte del mundo. Algunos, como el binomio presidencial, están situados el top de los que más cobran, igual que los magistrados de las altas cortes. Esto no sería una queja -y vergüenza- de no ser porque en el país hay personas que se mueren de hambre, un altísimo porcentaje de desnutrición crónica y pobreza, además de no haber proporción entre lo que el político considera que debe de percibir un trabajador como salario mínimo y lo que él se receta.

Alcaldes, jueces, registrador de la propiedad, mesa directiva del Congreso, y otros personajes, devengan excesivo dinero público y no siempre con el salario nominal que declaran, también con diferentes prebendas: gastos de representación, vehículos oficiales, escoltas, servicio doméstico, seguros médicos, teléfonos, aparatos electrónicos, antejuicios, fondos privativos, bonos y un etcétera inimaginable. La mayoría declara impuestos por el salario que suele ser pequeño, el resto son beneficios extraordinarios disfrazados de distintas formas. Al pelo aquella frase de El Padrino: “Nuestros hombres están bien pagados. Su lealtad se basa esto”.

Esta moral pública podrida, promueve una cultura que llega a los más recóndito de la organización ¿Por qué no robar una medicina del hospital, o pelear por un bono extraordinario, utilizar el vehículo oficial para llevar a los hijos al colegio, si todos los hacen? O genera un cierto conformismo: “no fui yo quien diseñó así las cosas”, y olvida que las puede corregir y nada hace por cambiarlo.

Si la clase política determina el famoso salario mínimo, parece oportuno que cada puesto público este pagado en función de una cantidad de esos salarios, y no de otra forma. Se puede entender que haya pluses por responsabilidad o riesgo (policía, ejercito o instituciones penitenciarias), por especial responsabilidad (ministros o cargos similares), pero han hecho de la excepción la regla en la fijación de los emolumentos. Basta con analizar pactos sindicales y ver la cantidad de extras y bonos gremiales, amén de otras prebendas.

Los cambios importantes se hacen al llegar, y ahora que inicia una nueva administración es un buen momento para poner sobre la mesa el debate nacional del salario del funcionario, y del resto de privilegios asociados. No podemos quedarnos en lo “anecdótico” del almuerzo en el Congreso -que se arregla parando una hora para almorzar, como el resto de los trabajadores, o poniendo una cafetería- sino que se debe de profundizar en esas prácticas mañosas de dietas, viáticos,  gastos varios y privilegios.

En lo que respecta el seguro médico, también es muy simple: el que lo desee -como hacemos quienes les pagamos su salario- lo cubre con sus ingresos, o ahí está el IGSS, ese que ofrecen al resto de trabajadores privados y públicos, aunque tampoco paguen la cuota correspondiente.

En relación con los vehículos oficiales, no hay pierde: cuando se vean transportando güiros al colegio, en supermercados, con luces detrás del funcionario va en bicicleta pedaleando o en lugares que no son de trabajo, se les quita y sanciona, porque gastan recursos públicos que deberían utilizarse en otras cosas. Es más, hay que suprimir el famoso vehículo oficial a la mayoría y que vayan en carro particular -como el resto- y verán como eso es un incentivo para promover el transporte colectivo. De la protección que reciben por parte de policía, mejor dedicarle otro capítulo.

La ética -Savater- inicia por uno mismo y no hay que esperar a que otros lo sean que uno comience. Y es muy sencillo: solo hay que dar ejemplo, y exigirlo.

Bandidos, pero con principios

La mitad de la actual junta directiva nunca hubiese sido considerada hace días, pero cuando el poder toca la puerta los principios éticos se esconden en el closet

“La vida es demasiado corta para jugar limpio”, parece ser el lema del “honorable” Congreso y de sus ocupantes. Elegida una nueva junta directica -algo previsible porque se saltaron las trancas legales que los salientes impusieron y el ardor de los entrantes impidió desactivar- el análisis de sus integrantes no genera la esperanza prometida, sino la desconfianza habitual.

Por arte de birlibirloque, muchos malvados pasaron a ser buenos. Quienes hace unas semanas los rechazaban y nunca hubieran apostado un len por ellos, son ahora sus admiradores y fanáticos seguidores. Pregonan que el problema de la corruptela y la inmoralidad en este país es culpa de los políticos, pero muchos ciudadanos utilizan ese rasero de doble moral con el que separan a “sus amigos y consentidos”, en el cajón de los buenos, y los “enemigos” sufren la condena más vil. Parecidos a quienes creaban sospechas sobre el ejército y la policía en la transición de mando y son incapaces de reconocer lo modélico de ambas instituciones.

De los nueve integrantes de la junta “del cambio”, ovacionados por la “floreciente primavera”, tres -Lucas Paz, Solorzano Quevedo y Paz Rosales- hacen que la “esperanza” siga siendo verde, porque han sido diputados electos -o reelectos- por la UNE. Si, la de Sandra Torres, a quien defendían, aplaudían y financiaban hasta hace unas semanas. Los que salieron de la anterior junta, también reunían tan exquisito currículo. Ahora que han sido expulsados de aquel partido -aunque quienes los vitorean aseguran que la señora no puede expulsarlos- resulta que han renacido y purificado en las aguas del Jordán, para grandeza patria. Un cuarto -Dávila Córdova, de BIEN- es expuesto por las hemerotecas de dos medios nacionales. En uno se le describe como “Cesar Roberto Dávila Córdoba, retrato de un corrupto”. En el otro se alude al insigne diputado en los siguiente términos “…, el señor Ministro a través de su asesor, César Roberto Dávila Córdova, amenazó con destituirme si me negaba a firmar las facturas para autorizar pagos a favor de …”, palabras de la exviceministra Rosa María Pacheco. Un quinto, pertenece al cuate-familiar partido VICTORIA ¿Será este el famoso pacto de corruptos?

La mitad de la actual junta directiva nunca hubiese sido considerada hace apenas días, pero cuando el poder toca la puerta los principios éticos se esconden en el closet. Muchos de los que antes peleaban, insultaban, descalificaban y criticaban a esos personajes, se han tornado payasos de circo de esos que aplauden cualquier babosada sin sentido para que los espectadores sigan una ovación que nunca se hubiera generado por sí sola.

Tres grupos han quedado en el Congreso: pocos buenos -que los hay-, los malvados -que no faltan- y un montón de indecisos que buscan como rentabilizar esta legislatura que parece que no ofrecerá dinero, plazas fantasmas, obras ni parcelas de poder público, y se acoplan. Los viejos de la UNE -y sus mejores alumnos- saben cómo lidiar con esas tempestades -lo llevan haciendo por años- y serán quienes en nombre de la patria, la salvación o cualquier otro mensaje que la masa compre, reactiven la casta a la que siempre han pertenecido: la de la corruptela. La doble moral vuelve a triunfar, la ética tiene que volver a exiliarse, y los resultados se verán en el medio plazo, cuando se estabilice esta convulsa situación nacional, y la tormenta permita ver el destrozo. Será entonces cuando se vuelvan a discutir los intereses.

Mientras, los ciudadanos se distraen imitando a las focas del parque acuático, y aplauden cegados por la estupidez, el realismo mágico y lo que mejor nos caracteriza: el efecto Lampedusa

Un marco de gobernanza deseable

En el gabinete anunciado hay técnicos de demostrada capacidad, y especialmente ninguno de reprochable actitud, lo que es un mérito en este país

La presentación del actual gobierno generó comentarios diversos. Somos una sociedad muy crítica, pero poco autocrítica; vemos la paja en el ojo ajeno y obviamos la viga en el propio. Si el designado estuvo en tal o cual organización u ocupó un cargo en lugar que no gusta, sencillamente se le censura o cancela, en lugar de ver si la persona da los resultados esperados. Falta inteligencia emocional, empatía, comprensión, algo de piedad y mucho de razón, y olvidamos que lo bueno es enemigo de lo perfecto. 

En el gabinete anunciado hay técnicos de demostrada capacidad, y especialmente ninguno de reprochable actitud, lo que es un mérito en este país. Habría que ver la lista de quienes no han aceptado cargos para entender la dificultad de formar gobierno en un partido sin cuadros y que llega al poder con altísimas dosis de casualidad. 

El nuevo gobierno no podrá, evidentemente, arreglarlo todo. Así que debe definir sus prioridades en objetivos medibles al final de su gestión, y tener como lema ese de: “quien mucho abarca, poco aprieta”. Hay espacios para comenzar a trabajar, y otros que es mejor que sigan la dinámica que llevan. Es preciso enfocarse en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, fundamental para atraer inversiones, promover desarrollo y contentar a la población que padece las consecuencias de los desfalcos históricos de esa cartera. Dignificar los centros educativos públicos y dotarlos de presupuesto para mantenimiento, además de delegar en las asociaciones de padres el control de asuntos como la alimentación, la limpieza, el adecentamiento e incluso el visto bueno de los maestros que en cada uno impartan sus clases. Es momento de quitarle el poder al depredador y mafioso sindicato mayoritario magisterial. En salud hay que hacer cuatro cosas, y no da tiempo a mucho más: eliminar la desnutrición; cambiar radicalmente la forma y las personas del registro y autorización de medicamentos, para evitar las mafias existente; abrir el mercado de proveeduría, y liberalizarlo; consolidar el sistema hospitalario existente y crear centros de atención primaria. El servicio civil debe contemplar un nivel directivo, otro ejecutivo y un tercero operativo, e incluir en ellos a todos los funcionarios de gobierno, de forma que tengo un salario según el que ocupen y las correspondientes gratificaciones en función de responsabilidad, especialización, dedicación y otros aspectos. Esos niveles deben sujetarse a una oposición de todos -incluidos lo ya nombrados- que deben de superar para permanecer, y siempre a los de nuevo ingreso. El total del salario de cada uno contribuirá al IGSS, único seguro que deben de tener los funcionarios -ninguno privado contratado con fondos públicos- y el Estado cotizar por ello como empleador ¡Se acabaron las plazas y los bonos fantasma y los chantajes sindicales!

Hay que entrarle con determinación, al reglamento del Convenio 169, a la ley electoral y de partidos políticos, a la de compras y contrataciones, a la reforma judicial, y ampliar la base tributaria. Toda ayuda del Estado: beca, subvención, préstamo, etc., debe de solicitarse con el número del NIT y quien no lo tenga, que lo saque. Además, hay que promulgar una ley de administración pública donde el silencio administrativo sea positivo -no negativo- y el funcionario responsable de sus decisiones, con sanciones frente a la omisión, la lentitud o la arbitrariedad. 

Lo demás, puede esperar, aunque se puede pensar cómo abordarlo en la medida que se soluciona lo urgente. Dignificar mínimamente el país es lo más importante, especialmente después de ver el nivel de tropicalismo barroco protagonizado el domingo por el “Honorable Congreso”. Vivimos en un circo y no vemos la carpa, los payasos ni muchos leones.

Rescoldos de un incendio

En unos meses conoceremos lo que este gobierno basura que termina ha dejado en pie, si todavía hay algo erguido, o escarbaremos en las ruinas

No termina el drama, sino que comienza a percibirse el impacto real de lo que han hecho -y dejado de hacer- esta caterva de sinvergüenzas. La cartera de Educación se entrega en las peores condiciones que la memoria histórica recuerda. Una ministra anodina y absolutamente inútil ha sentenciado el futuro de centenares de miles de alumnos que se han quedado atorados en 2020, y en unos años padecerán -padeceremos- su falta de competencias, producto de su corrompida gestión. La salud sigue como inició: sin avances perceptibles y con estancamientos organizativos. Miles de millones gastados en medicamentos, inútiles muchos de ellos, pero con protección judicial o favores del registro sanitario. La infraestructura del país está hecha un desastre, y únicamente es aplaudida por los dueños de talleres mecánicos porque el vehículo se va quedando -cuando no el físico- en agujeros, rajaduras, baches o deslaves. La estatización de la autopista al puerto, solo hay que verla para sacar conclusiones de lo que significa la depredación pública y -tragándose la ideologización- la ventaja que representa la acción privada. De la justicia se ha dicho casi todo, y es difícil escribir una frase original. El sistema se ha venido manoseando -desde hace años aunque a algunos les duela reconocerlo- y con este gobierno se ha perfeccionado el pillaje, la venganza y continuado la aplicación interesada y vengativa.

Con todo, el ciudadano -libre y democráticamente- ha elegido un Congreso muy parecido al actual que consolidará un poder judicial muy similar al existente, con lo que parece no querer muchos cambios o desearlos sin tomar las acciones pertinentes. El Ejecutivo será muy diferente y es de esperar que trace un rumbo de cambio o por lo menos de contraste con esa otra realidad que ofrecerán diputados y alcaldes.

En unos meses conoceremos lo que este gobierno basura que termina ha dejado en pie, si todavía hay algo erguido, o escarbaremos en las ruinas que ya se miran por doquier. Giammattei ha resultado ser “un hijo de fruta más”, o quizá el mayor de todos los que han pasado por casa presidencial -que no han sido pocos- y dejado que su pareja -como hizo Colom o Pérez Molina con las suyas- sea quien mangonee y manosee el Estado. Con lo que no contaban todos esos delincuentes -y políticos narcos- es con el cambio de tiempos, en el que todo es más visible ni tampoco que el hartazgo ciudadano y la perdida parcial del miedo los confrontara. Por ello, decretaron una impresentable e inadmisible protección a sus ministros con policías y vehículos, algo que también hizo Thelma Aldana con su persona, y que seguramente sus adoradores verán “como algo diferente”. El miedo a ser abucheados, apedreados, señalados, zarandeados, insultados y vilipendiados, lo tiene acojonados, y requieren de dispositivos que los protejan. Creo que hay que ser más fino, planificar venganza silenciosa, y sencillamente despreciarlos. Si los ve en un restaurante señálelos y dígale el dueño que lo saque a salgan de allí; si coincide con ellos en cualquier lugar, haga lo mismo; si se los cruza por la calle cámbiese de acera o mejor ocúpela toda para que salgan ellos. 

No tengo muy claro que vayamos a cambiar sustancialmente, para eso está el gatopardismo, pero sí que se ha tomado una cierta conciencia de que no podemos seguir manteniendo vagos, concubinos o dejando el país en manos de criminales organizados disfrazados de políticos.

Se termina un periodo, no una era -para eso falta-, y hay que alegrarse de que ciertos malditos dejen el poder, aunque no hay que ponerle fácil su pinche existencia postgubernamental.

2024: ¿año de inflexión?

Las pasadas elecciones han sido una protesta -aunque sólo parcialmente- contra la corrupción política que azota el país de forma grave y costosa

La mayoría de los países pasan por un periodo de inflexión -y reflexión- en sus cambios políticos. La dictadura española tomó su tiempo con la UCD, antes de entrar al periodo bipartidista dominante PSOE-PP; el uribismo tornó al petrismo mediante la amortiguación de las administraciones de Santos y Duque; los periodos de gobierno del FMLN sirvieron de cochón entre ARENA y el autoritario Bukele; y el kirchnerismo-peronista no cedió su espacio a Milei sin antes pasar por Macri y Fernández. Dicho de otra forma: las transiciones -excepción de las dictaduras- no suelen ser bruscas, sino que tienen su corto, pero necesario, periodo de adaptación a los cambios.

Desde el inicio de la era democracia, Guatemala ha padecido gobiernos -y gobernantes- cada vez más delincuentes. El debate no ha sido ideológico, aunque algunos lo hayan pretendido, más bien sobre la depredación de recursos del Estado, la gestión ineficiente y el dominio de la delincuencia organizada. En cada nueva administración, el desfalco económico, las malas prácticas, las decisiones interesadas y las mafias depredadoras de recursos se fueron perfeccionando.

Las pasadas elecciones han sido una protesta -aunque sólo parcialmente- contra la corrupción política que azota el país de forma grave y costosa. Un Congreso similar, los alcaldes habituales, pero una presidencia diferente, responden al sentir popular que rechaza la corrupción y apuesta por un cambio. Desconozco si el ciudadano ha entendido -y la comunidad internacional aceptado- que las cosas se modificarán a la velocidad posible que sea capaz de soportar la sociedad “sin marearse”. De esa cuenta, es posible que este no sea el periodo del cambio, sino de inicio de una transformación más profunda y de fondo que se vendrá, no ahora, sino posiblemente en 2027, cuando vuelvan a convocarse elecciones.

Lo que debería de quedar claro, en este escenario de medio plazo, es que las mutaciones en los procesos políticos suelen ser irreversibles, y las modificaciones que se produzcan darán lugar a otra forma de hacer las cosas. Aquellos que insisten firmemente -y pasó en los casos antes indicados- en retornar la situación actual a la pasada -por añoranza ideológica o interés económico- terminan por salir de la ecuación del poder.

Por lo tanto, el nuevo gobierno no es “un problema”, será el panorama nacional que se presente en el 2027, año electoral. No son las figuras Arévalo-Herrera las que deberían preocupar a quienes siguen rechazando los resultados electorales, es el ambiente político-social venidero -sin esos personajes- el que tendría que estar presente en la mente de aquellos que se distraen con la coyuntura mientras olvidan el medio y el largo plazo.

Todavía hay muchos comodines en la baraja que no se ha mezclado con las cartas principales: el papel del MP y el organismo judicial en los años venideros, las candidaturas posibles -y factibles- para las próximas elecciones, la reacción del crimen organizado al cambio, el impacto social de la nueva administración, el rol de los USA según lo que ocurra en noviembre, las pugnas internas en el partido Semilla -y en otros, como la UNE-, la capacidad de negociación de las fuerzas vivas del país, la fuerza real de la comunidad indígena o la resistencia político-social a cambios inevitables que se irán produciendo con -y sin- apoyo extranjero, son algunos de los aspectos a considerar.

Construir el país pasa por aceptar los tiempos y ser capaces de tomar el mejor rumbo posible. Resistirse a cambios ya iniciados genera frustración y conduce a escenarios más drásticos. Elegir la coyuntura desgastante y distractora o apostar por una estrategia planificada y consensuada son las vías alternativas posibles.