¿Ascensos militares legales?

Hace años que los militares guatemaltecos dejaron de pensar en “golpes”, como algunos malinformados o malintencionados sugieren

La obediencia y la subordinación son virtudes fundamentales de la condición militar. Sin ellas es imposible conformar una institución como la castrense. La primera tiene límites impuestos por la legislación que desterró la obediencia debida como una eximente en la línea de mando; la segunda no representa, en modo alguno, la sumisión al superior, sino la aceptación voluntaria y graciable de una dependencia virtuosa.

Hace años que los militares guatemaltecos dejaron de pensar en “golpes”, como algunos malinformados o malintencionados sugieren; caso contrario,  hubiésemos visto muchos por los innegables malos sabores de gobiernos pasados. Hay demasiada calidad humana, moral, ética y académica entre sus integrantes para perder el tiempo en mezquindades, aunque ninguna institución es perfecta y encontramos granujas en todas partes. Son más numerosos -e infinitamente más peligrosos- los abogados, agrupados en torno a lideres mafiosos y corruptos, que todo el Ejército de Guatemala. En cambio, votan y eligen magistrados, mientras los militares son ignorados en su participación política como ciudadanos ¡Otra vileza que no superamos!

Pero por ideología o falta de conocimiento, algunos continúan rechazando al ejército, a pesar de ser la institución que interviene en mayor cantidad de situaciones peligrosas, plus del que la mayoría de los ciudadanos rehúye. Somos una sociedad hipócrita, incapaces de reconocer virtudes de las que demasiados carecen, pero si utilizar tiempo para desmeritar la labor de los uniformados ¡Nada nuevo aquí o en otras partes!

Los políticos tienden a rodearse de militares afines, producto de su capacidad debido a una vasta preparación, y este gobierno no ha sido la excepción, pero no es de recibo ascender al grado superior sin contar con los requisitos legales interpretando perversamente la claridad de la letra, porque se quiebra la institucionalidad y se demerita el trabajo de quienes si cumplen. No es un tema de mujeres promovidas o de machismo -como ciertos amarillistas comentan- sino del incumplimiento de lo que la ley constitutiva señala palmariamente, y eso es muy grave. Tampoco es de recibo que una promoción ocupe la mayor parte de los puestos de comando y dirección, sobre todo cuando no todos cuentan con las competencias requeridas, porque además del riesgo que representa, incide gravemente en la jerarquía, en el equilibrio de poder institucional y en la meritocracia, que dicho sea de paso este gobierno se jacta de aplicar.

El ejército ha sido políticamente mangoneado. Lo han puesto a fabricar pupitres, plantar árboles, repartir bolsas solidarias o atender las emergencias que los políticos han considerado, al carecer de las instituciones pertinentes para ello, y haciendo el trabajo de todos. Tampoco, como comentó el diputado Samuel Pérez, está encargado de generar inteligencia estratégica para cuestiones de narcotráfico, para eso, según la ley vigente, está la DIGICI y la SIE, claro que criticar a esas instituciones sería tirar piedras sobre su propio tejado.

Es una lástima que la ciudadanía no se acerque a conocer a sus ejércitos, su doctrina y filosofía, aunque por principio de defensa nacional estemos obligados, y se difundan comentarios carentes de sustento y objetividad. Demasiados frustrados y escocidos que continuamente arremeten contra una institución que salva decenas de vidas cada año, saca las castañas del fuego y es empleada en aquellas ocasiones de especial riesgo y fatiga, de las que otros huyen.

Los oficiales que se sientan vulnerados en sus derechos están obligados a reclamar judicialmente para que se observen las leyes establecidas, porque la corrupción que dice el gobierno combatir es algo que tiene que aplicarse a sí mismo, y no justificar la inobservancia de principios legales porque “el momento” así lo aconseja, que es como se justifican las mayores aberraciones.