¿De origen o nacionalizado?

Tras la aprobación por el Parlamento Europeo de la ley contra la migración ilegal, muchas voces se han oído en el mundo y, cómo no, en el escenario nacional.
Algunas de ellas, de personajes tan notorios como Hugo Chávez o Evo Morales que, más sutiles en su proceder, no expulsan a migrantes sino que desalojan a empresas completas y, por supuesto, a los trabajadores extranjeros que en ellas laboran. Ni seguridad jurídica, ni derecho de propiedad, ni de trabajo. Ante la razón de Estado, esos colectivos, nada que objetar.
En el ruedo nacional, no podía ser menos. Organizaciones pro derechos humanos, el propio procurador y hasta la iglesia católica, condenan la discriminación y la vulneración de que son objeto los supuestos destinatarios de ese decreto.
No voy a analizar la norma, no es el caso, pero sí quiero reflexionar sobre la situación nacional que nadie se cuestiona y es el reflejo interno del asunto, especialmente ahora que las autoridades encargadas de velar por esos derechos se preocupan de lo pasa afuera, sin haberse detenido, ni por un instante, en mirar hacia adentro. Fácil eso de ver la paja y obviar la viga.
Los ilegales, que es el fondo de la norma de la UE, no solo son expulsados de otros lugares, sino también de Guatemala, en virtud de la aplicación de la ley vigente (Decreto 95-98), por tanto parece muy aventurado criticar si antes no somos capaces de cambiar nuestra igual postura. Añadido al tema, la Constitución en el artículo 107, da preferencia, en igualdad de condiciones, a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros y no permite que los últimos ganen más salario que los nacionales, sin que nadie haya hecho nada por modificarlo. El 122 y 123, limitan las propiedades a extranjeros. Y el 146, aún más espinoso, permite que, a pesar de estar nacionalizado, el extranjero sea considerado perpetuamente un ciudadano de segunda clase, ya que aunque cumpla con sus deberes, sus derechos estén vulnerados en otros artículos que le impiden, al no ser de origen, el acceso a determinados cargos. En las constituciones española y francesa, la palabra extranjero aparece una vez en cada una de ellas y es para privilegiar. En la guatemalteca, hasta cinco, para limitar. No he visto ninguna crítica interna por parte de esos personajes o colectivos que ahora, estentóreamente, se escandalizan. Pareciera que los europeos o norteamericanos son unos salvajes y resulta que allí, al adquirir la nacionalidad, se está en igualdad de condiciones que el de nacimiento. Aquí, por el contrario, no se pasa de ser vecino de segunda. Incluso se habla de guatemaltecos y pocas o ninguna vez, se oye la palabra ciudadano. ¿Por qué no promueven que cambie la ley nacional?. ¿Cuál es la razón de tan hipócrita conducta?. ¿Realmente defienden lo que predican o se hacen oír según el interés del momento?.
Ver lo mal que lo hacen los demás y olvidarse que en casa estamos peor, parece una conducta interesada y siempre hipócrita. Hay que ser consecuente con lo que se pregona. Los derechos humanos no es un tema de cantidad, sino de calidad. Es más fácil lanzar una acusación contra los cuatrocientos millones de europeos o norteamericanos por su escasa sensibilidad, que presentarle la misma propuesta al vecino de escaño o al representante político.
Sean religiosos, abogados o activistas, ¡lastimosa e interesada su forma de proceder!.

Previsibilidad

Por segunda vez, en poco tiempo, el presidente de la República decidió dar marcha atrás en una decisión. En este caso, en relación con la reactivación de una ley de hace más de treinta años que obliga a cultivar determinados productos agrícolas cuando se dispone de cierta superficie en propiedad rural. En otra ocasión, al poco de aprobar un decreto gubernativo por el que su señora esposa podría ser designada para formar parte del gabinete socio ambiental, consideró, igualmente, que no era lo apropiado y lo modificó.
Esas señales indican varias cosas. La primera, es que hace parecer las decisiones de gobierno como insuficientemente meditadas y, por eso, luego de tomarse se derogan, desaprueban o desdicen. La segunda, que el elenco de asesores está muy disperso en su pensamiento ideológico y concepción estratégica o sus intereses no encuentran punto de convergencia ni de coordinación, lo que permite que el presidente cometa esos errores más de lo deseable.
Cualquier país, para desarrollarse y prosperar, requiere de ciertas condiciones básicas. Entre ellas, la seguridad es la primera, luego podríamos seguir por la justicia y la infraestructura y, posiblemente, alguno añadiría otras. En cualquier caso, hay una tan fundamental como las anteriores y esa es la previsibilidad. Se refiere esa característica a la actuación predecible de autoridades e instituciones, de forma que cualquier proyecto que se acometa pueda ser planificado en el mediano y largo plazo porque las condiciones generales sobre las que se basa la estructura de razonamiento de quien planifica, no cambian de forma abrupta ni sorpresiva. Sin ello, es presumible que muchos de los inversores potenciales terminen por preferir otros lugares donde la normalidad en la actuación del gobierno sea una característica y un plus agregado a la oferta que el país puede hacer como atractivo financiero, de inversiones o de desarrollo de proyectos.
No se puede generar ese clima de confianza si un día se decide una cosa y, al pronto, se da marcha atrás. Mucho menos, si la contumacia es la norma que preside este tipo de resoluciones políticas pendulares.
Un mandatario no puede darse el lujo de cambiar frecuentemente de opinión en temas, siempre sensibles, porque refleja mala asesoría o incapacidad de tomar decisiones meditadas, ponderadas y discutidas. Eso de ir resolviendo en tal o cual dirección para, al poco tiempo, mudar de sentido, se traduce en una mala percepción y proyecta una serie de sensaciones con impacto negativo. Es necesario que se tome un poco más de tiempo para que cuando acuerde avanzar en tal o cual dirección, no sea necesario, al poco tiempo, volver la vista hacia atrás o en otra dirección, con el consiguiente desgaste interno y externo que ello representa.
Puede que alguien, en su benevolencia, vea una virtud en esto de rectificar. Ya se sabe que rectificar es de sabios, sin embargo, generalmente, los sabios se toman mucho más tiempo para hacer las cosas y, por tanto, no es preciso que luego rectifiquen. ¿O conoce usted a alguno que lo haya hecho?.

PD. El Congreso, ni abordarlo. Sencillamente, da vergüenza. Ahora que están de “vacaciones”, ¿por qué no reflexionan, en su soledad, sobre el daño que todos, con sus acciones u omisiones, le hacen al país?.

La IV Flota

El gobierno de los Estados Unidos activará próximamente la IV Flota, cuya área de actuación se centra, principalmente, en el Caribe.
En tiempo electoral donde se están cuestionando los gastos militares norteamericanos y como salir de la crisis de Irak (y Afganistán), así como ofreciéndose un supuesto cambio desde el lado demócrata, la activación de una nueva flota naval es un hecho muy significativo, quizás, uno de los más trascendentes, desde el fin de la segunda guerra mundial. La estrategia militar norteamericana pareciera haber influido en la decisión político-estratégica de enfrentar contundente una serie de amenazas patentes y otros riesgos y vulnerabilidades previsibles en la región, focalizados en un espacio geopolítico: el Caribe.
De un lado, está el rearme de Venezuela, cuyo presidente ha invertido sumas superiores a los 5 mil millones de dólares en compra de armamento muy diverso y propiciado una escalada regional. De otro, el consorcio del ALBA que pretende conformar un espacio totalitario cuya trascendencia no puede imaginarse sino multiplicando hasta el infinito la miseria, represión, falta de libertades y ausencia de garantías jurídicas que vive el pueblo de Cuba desde que Castro llegó al poder. El círculo se cierra con el apoyo venezolano y ecuatoriano a las FARC,s y algunos nexos con el grupo terrorista español ETA, generando un caldo de cultivo para la difusión del terrorismo de cualquier clase, potenciado, además, por vínculos iraníes a través de Nicaragua.
Por si lo anterior no fuera suficiente, la ruta del narcotráfico más insidiosa para USA pasa por el Caribe. La ausencia de tecnología (y de voluntad política), impide a muchos países ribereños seguir vuelos provienen de Colombia o Venezuela, lo que acrecienta el problema en países como Guatemala o Belice, donde se suelen perder las trazas de cargamentos aéreos de droga o de armas. A ello, sumar que muchos de los países isleños están próximos a la órbita venezolana y algunos son usados, para blanqueo de dinero, almacenamiento temporal de droga, tráfico de personas u otros hechos no lícitos o relacionados con el narcoterrorismo.
La guinda del pastel la pone la actual situación cubana. Los USA no pueden permitirse que, una vez fallezca el dictador, un sin número de cubanos abandonen la isla y lleguen a las costas de Miami. No sería soportable otro “Mariel”.
En definitiva, la decisión político-estratégica de activar la IV Flota es un acierto desde la perspectiva de la seguridad, potenciada tras la no aprobación por Mexico del Plan Mérida. Las críticas que reciba por parte de movimientos interesados no pone sino al descubierto el interés de que se deje el Caribe como área de pirateo al servicio de dictaduras como la venezolana o la cubana y la incapacidad de los gobiernos ribereños de adoptar una política clara y contundente que conforme un espacio de seguridad regional. De otra forma, la tibieza gubernamental, algo a lo que nos tienen acostumbrados los políticos latinoamericanos, pareciera haber alentado la decisión norteamericana.
La iniciativa, lejos de ser una militarización o intervención en la zona, debe interpretarse y valorarse desde la voluntad de asumir la responsabilidad, exclusiva de los Estados, en materia de seguridad. Algunos, si hacen sus deberes.

De bolos, balas y bolas

Leíamos hace unos días que el Legislativo ha adquirido un alcoholímetro para los “empleados” del Congreso. No sabemos si lo hizo por Guatecompras, en pro de la transparencia, o fue de urgencia nacional, para incidir contundentemente en el número de beodos.
La operación, coincidentemente, se hizo después de la onomástica de aquel diputado que paralizó el Congreso a mediodía para comenzar a festejar su piñata. Digo yo que ¡saber qué pasó! para que poco después se comprara el dichoso artefacto. Está más claro ahora por qué se contaban en las votaciones mas manos alzadas que diputados había presentes o no se ponía en marcha el voto electrónico. Y es que acertar con el dedo índice en un botón diminuto tiene su punto de equilibrio.
Seguro que algunos legisladores probos y aplicados presentarán una iniciativa de ley que regule el uso del ingenio. Es muy probable que veamos un articulado que contemple cuándo y cómo deben de soplar los “empleados”. Se podría redactar así: Se hace acreedor a soplar por la canícula del alcoholímetro todo aquel individuo que tenga acentuado el color rojo en sus mejillas y, además, luzca un peinado desajustado o peluquín descolocado en el momento de ingresar al edificio; o, también: Si el trabajador no puede pronunciar correctamente la letra “erre” y lleva la bragueta desabrochada, es motivo suficiente para que se le practique la prueba. En el caso de las mujeres se aconseja poner atención en la conjunción de la pintura facial o la de ojos.
La idea es que los bolillos puedan ser cachados antes de que contaminen el ambiente de tan notoria institución. Además, yo propondría que aquel que chupe cusha se le sancione doblemente y con dureza, pero por cholero. Un Congreso que encarga la comida en restaurantes gourmet y toma café del bueno, no puede permitirse ese tipo de ignominias con la bebida.
Se podría extender, incluso, la obligatoriedad del uso de tan revolucionario artilugio al Ejecutivo. Ahí la cosa va peor. Recordemos que ya hubo un viceministro que no llegó a tomar posesión porque estaba bolo el día en cuestión y otros que salen fuera y la goma les hace olvidar la hora de la reunión.
No sé muy bien quien se dedica a la adquisición de esos inusuales utensilios. Aconsejo la inmediata compra, ahora sí, con carácter de urgencia nacional, de algunos detectores de humo, para evidenciar fumadas como esta que no se dan todos los días.
Somos un país único, distinto, diferente. Estamos experimentando la CICIG, para decirle al mundo que la soberanía no sirve para nada y, ahora, experimentaremos el alcoholímetro para extraer lecciones, esta vez, de soberana estupidez. ¡La gran!, como nos perfeccionamos.
Comenzamos, por aquel magistrado de la Corte Suprema que se resiste a marcharse, a pesar de haber cumplido la edad reglamentaria y más, poniendo en evidencia la nulidad del sistema. Seguimos, por contratar en el Ejecutivo a amigos, parientes y otros personajes cercanos como esposa y cuñada. Finalmente, el Legislativo se dedica a compra un alcoholímetro para ver quien llega abombado al trabajo. ¿De verdad creen ustedes que nos pueden tomar en serio en el exterior?. ¡Vamos por el rumbo correcto!, bueno, si el camino es al circo o a la banana republic, efectivamente, ¡qué bien vamos!.