Eléctricos

Así se encuentran los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) después de que una jueza admitiera el recurso de amparo presentado por la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) ante la inobservancia, por parte de la primera, de los marcos legales vigentes en el proceso de fijación de las tarifas de distribución. Un tema que trae cola desde que el pasado año la Comisión decidiera, contra lo que indica el reglamento, prescindir del informe pericial y arbitral y, por su cuenta y riesgo, fijar unas tarifas por debajo de las que, salvo ellos, todos presentaron en sus estudios como idóneas y ajustadas.
El discurso social imperante y la protección de los “más pobres” como telón de fondo, terminaron por opacar una realidad, como fue la violación del debido procedimiento y la observancia de la legalidad. Hoy se debate públicamente el tema en la Corte de Constitucionalidad y parece necesario prestarle atención y detenerse a meditar sobre ello.
La violación del marco legal, sea cual sea la razón por la que se hace o justifica, no tiene razón ni puede ser objeto de justificación y beneplácito de ningún sector. Por el contrario, un conjunto de leyes generales y que se apliquen por igual, son pilares del necesario Estado de Derecho que un país necesita para poder atraer inversiones, pero también para consolidarse y desarrollarse internamente. Si cada gobierno o cada ente estatal pueden modificar caprichosamente criterios ya preestablecidos, el imperio de la ley se transforma en el señorío del de turno, algo muy común en nuestra política.
Por otra parte, hay que enfatizar, y dejar bien claro, que del total de la factura que se paga por consumo de electricidad, un 65% obedece a la generación de energía, un 20% son impuestos y, el resto, un 15%, es lo que realmente le cobra la EEGSA. Puestos a exigir eficiencia empresarial habría que comenzar cuestionando la razón del alto porcentaje en la generación. Ello es debido a que no hay garantías jurídicas en los contratos, la energía se produce mayormente sobre la base de derivados del petróleo y persisten malas prácticas monopolísticas de antaño. Por tanto, ¿por qué no se liberaliza el mercado de forma que podamos generar por medios más económicos y se fomenta la competencia?. Ahí tiene la pregunta que enmarca las innumerables manifestaciones contra las hidroeléctricas y otras prácticas que lideran ciertos grupos de presión que no quieren perder privilegios, por cierto, también habituales en la política.
Si seguimos, podríamos exigir a las autoridades, las mismas que desean ayudar a los más necesitados, que anulen o disminuyan la carga impositiva que aplican a la factura (20% del total), con ello se le reduciría la tarifa final en más de lo que puede subir, caso de que finalmente se modifiquen las actuales.
La conclusión no es otra que la voluntad de que prevalezcan intereses de terceros y prácticas frecuentes de nepotismo que pretenden seguir haciendo lo que quieren y saltarse las leyes en su propio interés. La reacción no puede ser otra que aceptar y observar el Estado de Derecho y comprender que si se permite que hoy sea violado en una empresa o en lo individual, es posible que mañana ocurra lo mismo en otras. Parece ser que, especialmente muchos del sector industrial, no han llegado a entender este punto. Miremos al Sur y quizás comprendamos mejor las cosas.
Es momento de, en lugar de querer matar al mensajero, sentarse con él a dialogar, única vía de buscar la verdad y aproximar intereses comunes. Estamos a tiempo, a pesar de lo complejo delo momento.