Dilemas

"Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas."

Somos una sociedad en permanente dilema. En elecciones se trata de votar por “el menos malo”; en viajes hacia Occidente de elegir la carretera “menos pior”; en el sistema impositivo adscribirte al que tengas más facilidad para incluir factura, no siempre propias…, y así sucesivamente. Pareciera no haber alternativas que realmente satisfagan -suficientemente- ciertas expectativas de vida. La búsqueda de la felicidad se traduce en evitar desgracias mayores, conformándonos con aquello que perturbe lo menos posible, fórmula aceptada como la única posible.

La discusión predominante en el ambiente se asocia a la anterior idea. Algunos abogan porque la CC retrotraiga el proceso de selección de magistrados a su fase inicial para poder hacer “una buena selección” o designar “a los buenos” para ocupar los puestos disponibles. La idea, en general, es vendible y con positiva percepción, salvo cuando uno pregunta ¿quiénes son los buenos? o ¿quiénes deben de elegirlos? Entonces se “descubre” que se trata realmente de que cada cual tenga su cuota de poder para nominar a sus candidatos con criterios de amistad, afinidad político-ideológica, motivos económicos o cualquier otro. En definitiva, no se apuesta por procesos objetivos -o lo más neutros posibles- para evitar un permanente dilema, sino de tener la mayor capacidad de incidencia. Esto encajar en la teoría de Public Choice; maximizar ganancia personal o de grupos de interés.

La pasada selección de magistrados para la CSJ, incluyó 74% de profesionales con experiencia judicial -jueces y magistrados de carrera- y el 26% restante, de la nómina que se entregó al Congreso, juristas de prestigio que ocuparon puestos de alto nivel (quizá una excepción). La selección pareciera no haber sido “tan nefasta” como algunos dicen, aunque no incluya a “sus” amigos o conocidos. Desconozco que tan dispuestos estarían quienes reclaman justicia a que una vez seleccionado el personal que superase la marca impuesta, se hiciese un sorteo, así nadie estaría sujeto a interés alguno.

Posiblemente lo referido al azar no sea aceptado por esos grupos del “no al justicidio”. De hecho, no encuentro esa objetiva neutralidad entre sus propuestas. En el fondo cometen el mismo error que critican al solicitar cambiar el sistema, aunque protesten con razón. Quieren modificar las normas, pero no para debatir en ese espacio del “velo de la ignorancia” propuesto por John Rawls, sino para diseñar un modelo “más participativo, incluyente y hasta de cuotas” en el que puedan meter la mano, lo que ahora les dificulta la mala legislación vigente. He leído criticas de cómo los postuladores son influenciados por grupos de presión; por personajes tradicionales; por operadores de gobierno; por diputados, etc. No he leído, ni escuchado, acusaciones contra ONG que hacen exactamente la misma presión; organizaciones sociales que pretenden tener injerencia o personas públicas que se apersonan en el proceso para poner -o imponer- sus puntos de vista.

Si se quisiera verdaderamente cambiar el sistema y que funcionara sin manoseos, se debería -se debe- aprovechar el espacio de cinco años que media entre una y otra selección y durante ese tiempo proponer, debatir, meditar y aprobar normativa lo más objetiva posible. En muchos lugares, para incrementar precisamente la neutralidad, se reforman las normas en un determinado momento, pero no entran en vigor si no hasta el proceso siguiente, así el legislador y sus asesores quedan fuera del interés inmediato de la reforma ¿Estarán dispuestos esos grupos a actuar de tal forma? Ahí se vería si realmente desean salir del dilema o se trata de manejarse más acertadamente en el caos.

Ética y estética

La dignidad no tiene sitio, ni colectivo, ni plural (Tasso)

  

Es preciso reconocer, admirar y respetar la renuncia de la jueza Claudia Escobar de su reelección como magistrada. El sistema de comisiones de postulación topó hace tiempo y cada vez es más compleja la lucha de poder de grupos que desean colocar jueces según sus fines o ideología. No obstante, el proceso que reclamaban repetir fue igual al que se aceptó cinco años atrás y en el que también primó la ley de Comisiones de Postulación sobre la de la Carrera Judicial -sea eso correcto o no-, discusión por dirimir  judicial y no mediáticamente o con vociferadas exigencias. El proceso observó sustancialmente la ley -y si no se está conforme se recurre-, otra cosa es que aquella sea tan nefasta que permita las negociaciones entre grupitos o la elección final por diputados sin obligación de observar parámetros éticos o de profesionalidad, entre otros. Promover amparos es contradictorio con la postura mantenida otras veces del uso dilatorio de los amparos y repetir la elección con idénticas reglas, llevaría a similar conclusión.

Detrás de la dignidad de la renuncia subyacen intereses de terceros. Uno, el reclamo de jueces que se han quedado sin chance, algo legítimo que pasó antes y pareció no importar. Otro, que sigue pendiente el juicio por “genocidio” -entre otros- y parece no haber juristas afines a ciertos grupitos para pilotar tales lides. La algarabía aglutina -¡no engañemos!- la dignidad, el desempleo y cierta ideología que no gana en las urnas ¿Cuál prima? Esa es la pregunta más allá del clamor sobre mejorar la justicia. La disputa es por privilegios de cuotas para incluir magistrados cercanos a grupos de presión y no fundamentalmente por perfeccionar el proceso. Se trata de limpiar la basura con lodo, de ahí que el pacto PP-LIDER molestase, al excluir del escenario a candidatos promovidos por diversos colectivos.

¿Poder o dignidad?, de eso debería tratar la discusión de fondo. Cambiar el sistema supone modificar la constitución y las leyes inservibles. Eso es mucho más que coyuntura. Al “dignificar la profesión” para incluir a “los buenos”, se corre el riesgo de que quien los elija sea de “otro bando” y, entonces -como ahora-, vendrá la aireada protesta, silenciada durante cinco años en que se pudieron realizar los cambios -entonces ya detectados- que ahora se reclaman enfáticamente. Hay una campaña de presión organizada para retrotraer las actuaciones, igual que se hizo para el nombramiento de la anterior Fiscal que tan buenos réditos produjo. Incluso la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados emitió su crítica, lo que lleva a preguntarse ¿cómo puede la ONU promover la independencia judicial si previamente a la resolución de la CC ya genera presión, crítica e injerencia en el sistema judicial nacional? Seguimos jugando a fracturar la ley a modo de piñata y no a respetar decisiones judiciales.

¡No nos engañemos! Hay que cambiar, y desde el fondo. Sin embargo, no es honesto ocultar intereses que florecen cada cinco años y generan ruidosos espectáculos, para luego quedarse aletargados sin que la dignidad aflore cuando no hay expectativa inmediata de botín. Somos una sociedad de grupos dominantes, cortoplacista, nada autocrítica y poco estratégica, y el tiempo absorbe cualquier tardía dignificación. Confundimos poder y prepotencia; ética con estética; cordura y paranoia. La dignidad está asociada al tiempo, no a la oportunidad. Una postura ética tardía, al menos, está profundamente mutilada. Dicho lo anterior, mi respeto y apoyo a los juristas honestos que son muchos.

La chispa y el fuego

“El terrorismo es, en el fondo, en su naturaleza maligna, una guerra sicológica”

Comenzó el juicio por lo que se ha denominado “la quema de la embajada de España”. Dos elementos de análisis y discusión convergen en aquellos sucesos. El primero, que un grupo de personas -¿campesinos, estudiantes, militantes guerrilleros…?- ingresaron a la embajada española y, por la fuerza y con armas, sometieron a quienes allí estaban. El segundo, consecuencia de aquel, el asalto de las fuerzas de orden público de una forma cuestionable respecto del uso excesivo de la fuerza y la violación de tratados internacionales.

Llama la atención que el juicio es contra las fuerzas que actuaron frente al secuestro, pero no contra los autores del mismo. Algo sesgado, porque se deja fuera de la investigación las causas que originaron el problema, claramente determinadas y definidas al escuchar la declaraciones -están en la web- del entonces embajador Máximo Cajal. El señor Cajal deja claro que quienes ingresaron cerraron las puertas y, por tanto, “ni podíamos salir ni nadie podía entrar”; posteriormente fueron trasladados -a la fuerza- y encerrados contra su voluntad (secuestro) en el despacho del diplomático. El embajador manifiesta que trataba de negociar con quienes procedían, desde afuera, a ingresar a la sede. Me pregunto cómo lo hacía o en qué términos cuando no era libre, sino reo de quienes ingresaron. También manifiesta en la entrevista que los ocupantes cortaron las comunicaciones y que sacaron cocteles molotov que él personalmente -y de forma ingenua, agrega- escondió detrás de unos libros en la biblioteca del despacho. Su relato, preciso y revelador en casi toda la declaración, se difumina cuando afirma “!de pronto se produjo un incendio!”, dejando sin aclarar, precisamente, la razón última de las muertes ¿Cómo se produjo un “imprevisto” incendio en un pequeño cuarto en el que todo era observable? En este punto pareciera no querer concretar lo que realmente pasó. Si se agregan las declaraciones aparecidas en prensa de la época -recogidas en varios libros- en las que el propio embajador manifestó que en un determinado momento ”uno de los ocupantes sacó la bomba y la lanzó hacia la puerta”, y que se zafó de “uno de los ocupantes que me amenazaba con una pistola”, se llega a la conclusión inequívoca de que allí se produjo un secuestro (delito) por personas armadas, que nada tiene que ver con esa cándida descripción de “campesinos o estudiantes” atribuida a los autores, como pretenden inocentemente difundir. Lo mismo sucedió hace poco con la matanza de Los Pajoques, a cargo de “pacíficos” manifestantes alentados por otros “pacíficos” provocadores.

Hasta aquí las evidencias de las declaraciones del diplomático que deja claro cual fue la causa de todo el drama. Ahora toca analizar las consecuencias y por eso se inicia el correspondiente juicio. Sin embargo, la discusión se focaliza primordialmente en lo último (el asalto), obviando la génesis del problema (el secuestro) que aunque no justifica la actuación, la enmarca y contextualiza. Recordemos aquello de “la causa de la causa es causa del mal causado”, que Humberto Preti nos recordó hace unos días muy acertadamente. Si nunca se hubiera ocupado a la fuerza la embajada, jamás habrían ocurrido los sucesos que ahora se lamentan.

Busquemos justicia, pero también apliquémosla a quienes, por la fuerza de las armas, cometieron delitos al querer imponer su voluntad por la fuerza. No fueron héroes aquellos “pacíficos ocupantes” mas bien actores macabros a quienes, a la par o antes que a otros, habría que juzgar ¡Dejemos a un lado la polarizadora hipocresía habitual!