"Nuestras acciones hablan sobre nosotros
tanto como nosotros sobre ellas."
Somos una sociedad en permanente dilema. En elecciones se
trata de votar por “el menos malo”; en viajes hacia Occidente de elegir la
carretera “menos pior”; en el sistema impositivo adscribirte al que
tengas más facilidad para incluir factura, no siempre propias…, y así
sucesivamente. Pareciera no haber alternativas que realmente satisfagan
-suficientemente- ciertas expectativas de vida. La búsqueda de la felicidad se
traduce en evitar desgracias mayores, conformándonos con aquello que perturbe
lo menos posible, fórmula aceptada como la única posible.
La discusión predominante en el ambiente se asocia a la
anterior idea. Algunos abogan porque la CC retrotraiga el proceso de selección
de magistrados a su fase inicial para poder hacer “una buena selección” o
designar “a los buenos” para ocupar los puestos disponibles. La idea, en
general, es vendible y con positiva percepción, salvo cuando uno pregunta
¿quiénes son los buenos? o ¿quiénes deben de elegirlos? Entonces se “descubre”
que se trata realmente de que cada cual tenga su cuota de poder para nominar a
sus candidatos con criterios de amistad, afinidad político-ideológica, motivos
económicos o cualquier otro. En definitiva, no se apuesta por procesos
objetivos -o lo más neutros posibles- para evitar un permanente dilema, sino de
tener la mayor capacidad de incidencia. Esto encajar en la teoría de Public
Choice; maximizar ganancia personal o de grupos de interés.
La pasada selección de magistrados para la CSJ, incluyó 74%
de profesionales con experiencia judicial -jueces y magistrados de carrera- y
el 26% restante, de la nómina que se entregó al Congreso, juristas de prestigio
que ocuparon puestos de alto nivel (quizá una excepción). La selección
pareciera no haber sido “tan nefasta” como algunos dicen, aunque no incluya a
“sus” amigos o conocidos. Desconozco que tan dispuestos estarían quienes
reclaman justicia a que una vez seleccionado el personal que superase la marca
impuesta, se hiciese un sorteo, así nadie estaría sujeto a interés alguno.
Posiblemente lo referido al azar no sea aceptado por esos
grupos del “no al justicidio”. De hecho, no encuentro esa objetiva neutralidad
entre sus propuestas. En el fondo cometen el mismo error que critican al
solicitar cambiar el sistema, aunque protesten con razón. Quieren modificar las
normas, pero no para debatir en ese espacio del “velo de la ignorancia”
propuesto por John Rawls, sino para diseñar un modelo “más participativo,
incluyente y hasta de cuotas” en el que puedan meter la mano, lo que ahora les
dificulta la mala legislación vigente. He leído criticas de cómo los
postuladores son influenciados por grupos de presión; por personajes
tradicionales; por operadores de gobierno; por diputados, etc. No he leído, ni
escuchado, acusaciones contra ONG que hacen exactamente la misma presión;
organizaciones sociales que pretenden tener injerencia o personas públicas que
se apersonan en el proceso para poner -o imponer- sus puntos de vista.
Si se quisiera verdaderamente cambiar el sistema y que
funcionara sin manoseos, se debería -se debe- aprovechar el espacio de cinco
años que media entre una y otra selección y durante ese tiempo proponer,
debatir, meditar y aprobar normativa lo más objetiva posible. En muchos
lugares, para incrementar precisamente la neutralidad, se reforman las normas
en un determinado momento, pero no entran en vigor si no hasta el proceso
siguiente, así el legislador y sus asesores quedan fuera del interés inmediato
de la reforma ¿Estarán dispuestos esos grupos a actuar de tal forma? Ahí se
vería si realmente desean salir del dilema o se trata de manejarse más
acertadamente en el caos.
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