Entre gorgojos y ladillas

Es hora de decir la verdad sobre la corrupción de los sindicatos de empleados públicos

Puedo comprender la existencia de sindicatos de empleados públicos, especialmente en lugares que carecen de una ley de servicio civil y es necesario “defenderse” de un sistema que cambia a los funcionarios con discreción autoritaria del que llega por turno a depredar. Lo que no entiendo, ni siquiera proponiéndomelo, es el rumbo cuasidelictivo que hace tiempo tomaron esos gremios.

De entrada, es inadmisible -e ilógico- promover la no reelección presidencial, cuestionar la de diputados y alcaldes y no discutir la permanencia por lustros de los mismos dirigentes sindicales. El “liderazgo” sindical (autoritarismo mejor) se ha dedicado a extorsionar a los gobernantes de turno en todos los ámbitos de la administración. La “negociación” de los pactos correspondientes ha sido la imposición y el chantaje por colaborar con el dirigente político o no crearle problemas durante su mandato.

Especialmente virulentos y hasta mafiosos han sido los de puertos, migración, salud y educación; sustancialmente voraces los del Congreso, y no hay que olvidar que todos están unidos y redactan sus pliegos de reclamos de idéntica forma. Unos, cobran peaje por pasar aduanas o introducir personas al país. Otros, presionan con paros y manifestaciones que han incidido gravemente en la salud de las personas y en la educación de los niños. Todos, embaucan y extorsionan a la ciudadanía.

En la marcha de hace de dos semanas, algunos “maestros” pedían cosas tan relacionadas con la educación, como la nacionalización de la energía eléctrica. En 2014, sindicatos de salud elaboraron el documento: “Ley Robin Hood”, que contemplaba gravar la telefonía para recaudar dinero y hacer frente a compromisos previamente impuestos por ellos. Dicho plan, en forma de impuesto, fue incluido en el presupuesto 2015 y posteriormente anulado por la CC. La idea de ahora es nacionalizar la energía eléctrica y mangonear el dinero de esa forma peculiar con que lo hacen activistas y políticos sin escrúpulos, y así cobrar peaje a quienes sean electos. Ya sabemos las generosas cantidades que cobran los abogados por esas negociaciones. No hace mucho, el hermano de la postulante Torres se embolsó una cifra millonaria. Más recientemente el abogado Landeiro.

De nada servirá la revolución ciudadana que hizo dimitir a la pareja presidencial y encarcelarla (además de procesar a varios diputados) si no se aprovecha la oportunidad para declarar lesivos todos los pactos sindicales, sin excepción. No podemos pagarles carros, computadoras, extras por ferias, artículos escolares o dejar que los puestos sean hereditarios (entre otros), a quienes además no han trabajado en su vida. Ni tampoco consentir que presionen a trabajadores para incluirlos en listados y descontarle de su salario dinero que engrosa los fondos de esos clubes de rentistas. Es momento de salir de todo lo que apesta a corrupción, y los sindicatos, junto con otros colectivos similares, hieden hasta Tierra de Fuego.

Los candidatos (contrariamente a lo manifestado por Sandra Torres) deben confrontar, con apoyo ciudadano, a esa partida de negociantes serviles y autoritarios, y dejarles claro que hasta aquí han llegado. La Contraloría debe fiscalizar hasta el último centavo, y la población no dejarse amedrentar. Por cada sindicalista de salud hay 100 enfermos para enfrentarlo y por cada uno de educación otros tantos niños y padres -ciudadanos honrados de este país- hartos de gorgojos y ladillas.

¡Se acabo el chollo de esa casta!, y ese mensaje les debe de llegar fuerte y claro.