La Superconsultora

“Las mentiras más crueles son dichas en silencio”

La sorpresiva salida de la CICIG de los abogados Ulate y Gamboa, ha desatado comentarios diversos. Uno, estuvo cinco años al frente de la Sección de información y análisis. El otro, laboró por ocho como coordinador legal en múltiples casos de alto impacto. Los dos conocen absolutamente toda la información que se maneja en la Comisión y cuentan, seguramente, con la más amplia red de contactos institucionales, sociales, jurídicos y policiales, amén de otras muchas cosas, como acceso a bases de datos restringidas.

Que se retiren de la CICIG y funden una empresa de servicios no debe de ser, por si mismo, motivo de escándalo ni crítica; es un trabajo privado más. El problema no radica ahí. La cuestión es si dos personas con amplio y detallado conocimiento de información sensible de seguridad y justicia pueden, de un día para otro y sin que medie un tiempo prudencial, constituir una consultora para atender o asesorar, precisamente, a quienes podrían ser (o eran) investigados por tal entidad. Otra razón de ser no cabe, por mucho que quieran justificarlo.

Varias hipótesis subyacen: La primera, que dejaron la CICIG porque externamente rentabilizan mejor sus conocimientos y capacidades, sin más consideraciones. La segunda, que fueron sacados de forma “políticamente correcta” (tal y como sucedió con Castresana, Dall´Anese y otros) al descubrirse algo que no gustó, como pudo ser la negociación mantenida por tiempo previa a la conformación de la sociedad actual o fuga de información, entre otras muchas cosas. La tercera, porque las investigaciones y acusaciones que mantienen en prisión a muchos políticos/funcionarios no se han hecho con la rigurosidad (o la legalidad) requerida y peligran los casos judiciales. En todas ellas subyace, al menos, algo común: la falta de ética; en algunas, además, pudiera visualizarse un delito. Sea como fuere, la crisis está planteada y la nueva “salida del tiesto” (del guacal en buen chapín) de personeros de la Comisión puede hacer temblar lo conseguido hasta la fecha y debilitar el maltrecho sistema judicial, dando pie a los jueces corruptos para que las decisiones se vuelvan a prostituir. Hay, sin embargo, quienes opinan que se elevará el nivel de discusión y acusación en tribunales ¡Ojalá así sea!

Sumado a la anterior, crece el rumor de que el propio Iván Velázquez abandonará la Comisión antes de la Semana Santa, lo que dejaría “huérfano” a un MP cuyas capacidades, después de años de CICIG, no se han incrementado al nivel deseado, quizá porque, como se aprecia en este caso, quedan retenidas para disfrute y beneficio personal o las adquieren fiscales que abandonan el cargo y se integran en esas empresas consultoras. El modelo de CICIG debe de replantearse y posiblemente tiene que dejar de ser un organismo autónomo y pasar a ser una Comisión asesora del MP, única forma de que realmente las capacidades permeen la estructuras del ente investigador, fin último del esfuerzo.

Es imposible pensar que los nuevos consultores, asociados con un empresario que evidentemente piensa rentabilizar su inversión, ignoren cuanto conocen o no utilicen su amplia red de contactos para asesorar a sus clientes. Además, su “especialidad estratégica” responde justamente con los temas que llevaban en la CICIG y eso representa una auténtica crisis para la Comisión Internacional. 

Aquí hay un problema sustancial y evidente -al menos- de falta de ética, muy probablemente una maniobra -aun sin complicidad de Ulate y Gamboa- de hundir el barco y/o un escándalo tapado al modo “internacional”, es decir, sin ruido ¡Al tiempo!