La resolución representaba
un desenlace políticamente correcto que se congraciaba con el Gobierno
El pasado domingo 16, la Corte de Constitucionalidad con nocturnidad -no se
si con alevosía- emitió una resolución por unanimidad en relación con amparos interpuestos
contra el veto del Gobierno al
ingreso a Guatemala del Comisionado de la CICIG. En una entrevista televisada
pregunté a una magistrada
cómo deberían
interpretarse los dos puntos sustanciales del fallo: ingreso del Comisionado y auspicio de negociaciones ONU-Gobierno. Me contestó que eran hechos independientes,
es decir, que el Comisionado podía ingresar en
cualquier momento y, además, debía impulsarse la voluntad negociadora. Una
cosa no estaba encadenada a la otra.
El lunes,
a las pocas horas, el Gobierno interpretó que ambas acciones estaban supeditadas, justamente lo que la magistrada negó el día
anterior: había que negociar y proponer candidatos para dirigir la
CICIG; el Gobierno debería estar de acuerdo con quien finalmente se designase y conminaba a la ONU a presentar en 48 horas el listado de
candidatos. Era evidente que ante dos conjeturas había
que esclarecer el “dudoso” comunicado de la Corte, por lo que solicitaron la aclaración.
El miércoles, Naciones Unidas
confirmaba al actual Comisionado y aceptaba el diálogo planteado, además
de instruir para que se nombrase un Comisionado
Adjunto. Por la noche, la CC ratificaba la teoría expuesta
por la magistrada Porras en TV, pero en
esta ocasión el voto no fue unánime sino tres a dos ¿Cómo pudo adoptarse una
resolución y a la hora de explicarla en detalle se dividiese el “unánime” criterio? No creo que un grupo “engañara” al otro sino que ambos
aceptaron -sin debatir- el documento que posiblemente alguien externo elaboró
como solución de compromiso. La resolución representaba
un desenlace
políticamente correcto que
se congraciaba -sin
compromiso explícito- con
el Gobierno y dejaba puertas de salida que
inmediatamente -y con manifiesta torpeza- el Presidente cerró. La pimienta la puso la actual magistrada-presidenta
que tardó dos días en redactar e intentar explicar su
razonamiento -a mi entender sin conseguirlo- con divagaciones jurídicas y variadas citas de apoyo.
Aclarada nítidamente la situación por parte de la CC
y con el trabajo hecho por
la ONU, el Gobierno se tomó apenas unas horas -otra inmadurez política- para emitir un comunicado en el que
manifestó su voluntad de
hacer “uso de las
facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución….”, algo que podía haber dicho cualquier día desde enero de 2016
porque no deja de ser su principal cometido, salvo que pretenda, con lenguaje deslucido y encriptado, advertir que no acatará
lo ordenado por la CC ¡De nuevo hay que andar descifrando jeroglíficos!
Esta pugna trasciende al
Comisionado, a la CICIG y al propio Presidente. Lo dejó claro uno de los abogados defensores en el juicio del “agua mágica”: desconocido el Comisionado por el Gobierno,
no hay autoridad delegada válida que represente a CICIG en los juicios y
consecuentemente, las pruebas, testimonios, investigaciones y debates de
abogados del ente internacional, no tienen validez.
Conclusión: se caen todos los casos en tribunales y
quienes están procesados, encausados, encarcelados o pendientes, quedan sin cargos y libres ¡Esa es la grosera estrategia que realmente
persiguen los mafiosos!
No es momento de tibiezas
políticas ni mucho menos jurídicas. No nos jugamos el favor de una persona o el
futuro de la CICIG, lo que
realmente está en peligro
es Guatemala y su esencia misma. O superamos el punto en el que podemos recaer en un narco-estado o vamos a estar lamentándonos por algunas decenas de años, si es que seguimos vivos ¡Elija reflexivamente el bando y construya país!
Totalmente de acuerdo con usted, por favor seguir escribiendo. Gracias
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