Hacer lo mismo y cambiar es imposible

Si el delincuente, disfrazado de político, nombra interesadamente a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente.

Aunque la bulla está centrada en la segunda vuelta electoral, lo realmente trascendente se cocina a fuego lento. Las Comisiones de Postulación (CP) están en marcha y los intereses sectoriales se han desatado. Cada grupo tiene su planilla, promueve a quienes desean ocupen cargos judiciales y en unos días sentiremos la alineación de decanos, abogados y magistrados en defensa de intereses grupales.

El proceso que siguen las CP tiene un elevado grado de absurdo y ridiculez. El Colegio de Abogados elige a las planillas por medio de campañas costosas que satisfacen el apetito voraz de los votantes o entre edecanes animan al dios Baco a manifestarse, ¿quién paga todo eso? Ciertas universidades nombran decanos para la ocasión y votan o rechazan a quienes se les ordena. La tabla de méritos se elabora tardíamente con lo que el opositor no sabe previamente cual será el baremo que aplicarán al evaluarlo. Y tras todos esas patochadas, confeccionan listados con los aspirantes por orden de puntuación, aunque los postuladores eligen a quienes integrarán las listas definitivas sin tener que respetarlo; el orden no sirve para nada. Por último, de los seleccionados por la CP, el Congreso designa arbitrariamente a los jueces/magistrados siguiendo criterios políticos o de intereses de partidos. Es decir: el proceso de postulación es baldío y está manoseado desde el principio por grupos que pretenden direccionar la elaboración de un listado que llega al Congreso -según los gustos de los promotores- y allí se termina de legalizar el timo. Por su parte, los postulantes visitan a los postuladores y a diputados para hacerles ver “su valía personal” y negociar, si se da la ocasión -que se suele dar- cómo responderán, de ser elegidos, a quienes los apoyen. Todo un espectáculo de vicios que permitimos y repetimos cada cierto tiempo para luego quejarnos de que jueces y magistrados no cuentan con la calidad técnica ni ética deseada ¡Pero por supuesto que no!, todo está hecho para que quienes son independientes no puedan salvar esos obstáculos.

El colegio de abogados debería seleccionar a sus representantes por sorteo entre quienes deseen participar, así se acaba el servilismo, las carnitas, los chicharrones y las edecanes. La lista de méritos debería elaborarse un año antes o definirse permanentemente, de forma que se conozcan con antelación las cualidades a puntuar. Los decanos que no lleven uno o dos años en el ejercicio de su cargo no podrían participar en la CP, así se reducen los nombrados para la ocasión. El listado por puntuación que se elabora en las CP debería ser la base exclusiva para, por orden de méritos, enviar el número de aspirantes requeridos al Congreso. Finalmente, en el Legislativo, se haría un sorteo para designar a los futuros jueces y magistrados, tal y como ahora hace el propio Congreso para elegir a sus representantes en comisiones pesquisidoras. 

Siguiendo lo indicado, se acabarían las mañas y los designados obedecerían exclusivamente a razones de mérito y no a quienes los nombran o interceden ¿Cree usted que se implementará un sistema así de aséptico?, por supuesto que no. Los vicios deben seguir para que todo siga igual y la justicia no funcione más que al ritmo marcado por quienes controlan esos procesos. Tenemos un sistema ineficiente y conscientemente lo permitimos, así que no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Si dejamos que el delincuente disfrazado de político nombre a los jueces, el sistema judicial se prostituye y se torna ineficiente, incapaz y corrompido, que es lo que tenemos. No sea ingenuo, ¿acaso espera que cambien las cosas haciendo lo mismo siempre?

La encuesta y el video de La Pulla

Estas elecciones son atípicas. Los candidatos a la vicepresidencia tienen mejor imagen que los presidenciables

Dos hechos agitaron las redes la pasada semana: la encuesta elaborada por Cid Gallup y presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo y un video sobre la situación guatemalteca, divulgado por el espacio de opinión colombiano La Pulla.

La encuesta venía a explicar, resumidamente, que el candidato Giammattei cuenta con mayor intención de voto que Sandra Torres, pero los votantes de ella son más fieles -tiene más voto duro- y consecuentemente los resultados le favorecerían en tanto la afluencia a las urnas, como es previsible, sea baja. Una especie de “si pero no” que hizo dudar a algunos no familiarizados con interpretación de encuestas. Otros, en cambio, vieron una oportunidad para revertir los resultados de la primera vuelta como casi pasó en 2014 en El Salvador y ocurrió en Costa Rica en 2018 en el balotaje: el segundo superó al primero.

Estas elecciones son atípicas. Los candidatos a la vicepresidencia tienen mejor imagen y aceptación que los presidenciables y si hubiese que votarlos seguramente no habría que elegir el menos malo sino que, por primera vez, se podría seleccionar al mejor. Ambos cuentan con simpatías y apoyos, caen bien, son afables, exhiben alto grado de preparación, transmiten honradez y son aceptados. Sin embargo, tanto Giammattei como Torres cuentan con alto porcentaje de rechazo -más ella que él- que viene a refrendar ese tradicional estribillo nacional de: “votemos por el menos peor”.

Por su parte, el video de La Pulla desató reacciones diversas y fue comentado y rechazado por algunos con patrio ardimiento, porque exponía -de una forma muy particular de hacer humor y relato a la vez- una realidad que muchos todavía osan ocultar o negar: estamos bien fregados y no se atisba una solución después del 11 de agosto. María Paulina, la presentadora, describe y critica lo mal que está el país y se centra en la enorme corrupción existente y cómo no somos capaces de erradicarla, lo que molesta a ciertos pobres de espíritu que anteponen el nacionalismo ciego -y cómplice en ocasiones- a una realidad de la que pareciera no queremos escapar. Aunque neguemos lo evidente, así nos ven inversionistas y turistas, entre otros, quienes excluyen al país como lugar atractivo para visitar o invertir. En una palabra: no somos objeto de atención comercial para quienes nos leen allende las fronteras aunque nos queramos ver impolutos y convencerles de que aquí hay “eterna primavera y muchas oportunidades”.

Y para muestra un botón. Coincidiendo con esas dos publicaciones el MP/CICIG evidencia un nuevo caso en el que imputa a más de 120 personas, entre ellas expolíticos y diputados. En época reciente -relata el expediente judicial- situaciones de calamidad fueron aprovechas por personajes inescrupulosos para hacer dinero fácil. Mientras para muchos guatemaltecos las erupciones volcánicas, las lluvias copiosas o los terremotos conllevan destrucción y perdidas humanas y económicas, para otros son oportunidades de negocios sucios en los que se reparte no menos del 20% de comisión sobre los millonarios gastos autorizados de urgencia nacional. Una especie de lucro sobre la desgracia ajena que no deja de ser la tónica empleada por diputados como el tal Galdámez que es la segunda vez que sale a relucir en un caso similar, aunque hay otros colegas suyos con idénticos sentimientos “patrios” y viles.

¿De que extrañarse cuando La Pulla hace su crítica o enojarse cuando las encuestas muestran lo malamente que estamos? Seguimos cerrando los ojos a una realidad que nos supera y no queremos ni verla ni aceptarla, mucho menos cambiarla ¡Eso si, la culpa no es nuestra, que conste!

La conspiración y sus escenarios

El tiempo que queda hasta el 11 de agosto es crítico y representa la mejor oportunidad para cualquier plan infame

En ambiente de incertidumbre y zozobra -como el que vivimos permanentemente- las hipótesis de estudio que se elaboran se basan en probabilidades. Sobre la base de lo más factible, se proyectan supuestos que se convierten en teorías de trabajo o análisis. En ese penoso y enrevesado escenario nacional encontramos a un vicepresidente mentiroso, un ministro de la defensa manipulador y mendaz, un ministro de finanzas incapaz de explicar una burda e ilegal maniobra financiera, ministros que han dilapidado fondos públicos, contratado a las madres de sus hijos -en plural- o un viceministro de gobernación huido y otro detenido por asesinato, sin que su superior -el ministro- haya dimitido o explicado tal situación aunque solo sea por vergüenza. El jefe de todos ellos -el presidente- incapaz, inoperante, contumaz y atolondrado. 

Y es que el principal problema de este país es justamente su gobierno. Promotor del fraude electoral -a través de sus afines o por achichincles contratados para tal efecto- es capaz de muchas más barbaridades y seguramente están pensando en medidas al margen del orden legal. Cualquiera que quede como presidente en la siguiente vuelta no condenará a la actual administración pero tampoco hará ningún esfuerzo para protegerla, así que ciertos diputados, señalados de cometer graves delitos, se unen a ese proyecto perverso para ampliar el margen de impunidad más allá de mitad de Enero próximo en qué quedarán desprotegidos y detenidos o imputados, juzgados y condenados. El tiempo que resta hasta el 11 de agosto es crítico y representa la mejor oportunidad para cualquier plan infame que justificarían de forma peculiar -como el intento de adquisición de los Pampa III- y así cambiar situaciones que le son desfavorables a quienes están en esa cuerda floja y necesitan urgentemente encontrar una salida -¿Nicaragua o Panamá?- a su difícil situación.

Algunos escenarios son posibles y merecen considerarse: Escenario 1, peligroso y poco probable. El gobierno actual buscará impedir el recambio democrático producto de las elecciones en curso a través de reformas constitucionales urgentes, declaración de estados especiales, anulación electoral, cese de magistrados molestos o cualquier otro imposible -que intentarían hacer viable- para perpetuar la situación actual y ralentizar la acción de la justicia. Escenario 2, probable y de alto impacto. La iniciada elección de jueces y magistrados -por un Congreso absolutamente desacreditado- puede conformar un Organismo Judicial ad hoc para salvarles la cara -en Salas de Apelaciones o en la CSJ- a quienes sean juzgados o condenados. De esa cuenta, la magistratura entrante devolverá el favor a sus electores. De hecho y por primera vez, los magistrados de las Salas de Apelaciones eligieron casi unánimemente a sus representantes -planilla única sin competencia- que integrarán la comisión de postulación para la CSJ, lo que causó sorpresa y preocupación en ciertos sectores que ven una maniobra pactada. Escenario 3, improbable y soñador. Se hace una transición ordenada y se eligen los jueces apropiados. Este escenario, además de producirme hilaridad, me cuesta trabajo desarrollarlo aún en teoría de probabilidades.

¿Qué ocurrirá? Es difícil saberlo, pero aceptando que las probabilidades son el principal sustento de estas elucubraciones, todo es posible. El ciudadano, atónito e impávido, debate sobre si quedará Torres o Giammattei -como si importara- y se preocupa más por el tráfico o las lluvias que por el futuro del país. Mientras, aviones con droga aterrizan impunemente, narco alcaldes retoman el poder que nunca dejaron y el presidente “desiste” de firma en Washington eso de “tercer país seguro”, tras las mentiras y la torpeza del intento de compra -perdón adquisición- de aviones en Argentina. 

¡Elige a un payaso y tendrás un circo!

Los aviones Pampa en las pompis

No tengo dudas de que falta material militar adecuado y moderno para tener un ejército con capacidades suficientes

La “adquisición” -a la fecha no se sabe como denominarlo- de dos aviones Pampa III, ha desatado una polémica que mantiene agitada la dinámica nacional y refleja un autoritarismo visto en otras actuaciones de este infausto gobierno.

No tengo dudas de que falta material militar adecuado y moderno para tener un ejército con capacidades suficientes y que pueda cumplir las misiones que se le asignen. No es cierto que dejando de comprar aviones, barcos o armas, invirtamos más en salud o educación. De hecho, el presupuesto nunca se gasta y cuando se incrementan esos dos rubros termina siendo devorado por sindicatos voraces e irresponsables en incrementos salariales, tal y como ocurre cada año. Tampoco tengo claro que se deba promover un concurso abierto para comprar esos sistemas de armas porque no se ajusta a la exigencias de la seguridad, la defensa y la lógica de adquisición. Por tanto, los discursos de las prioridades nacionales, lo innecesario del material militar o no haberlo hecho conforme a la Ley de Compras y Contrataciones, me parecen tangenciales, oportunistas o no ajustados a la realidad ¡No desviemos la atención ni seamos positivistas jurídicos enfermizos!

Lo que en política no debe hacerse jamás, ni perdonan los votantes, es mentir, justamente lo reprochable a este inútil gobierno. Un Presidente y un Ministro de la Defensa no pueden ir de compras sin explicar en qué van a gastar dinero público y por qué adquirir ese modelo de avión -jamás vendido- y no otro. Mucho menos negarlo repetidamente a través del vocero del ejército o del propio Vicepresidente -Presidente en funciones- y, a estas alturas, no haberlo explicado todavía. Tampoco es de recibo escudarse en un convenio de cooperación técnico-científico -preconstitucional y firmado en 1980 entre las dictaduras argentina y guatemalteca: Lucas y Videla, y, al parecer, modificado silenciosamente antes de la compra- para saltarse las trancas jurídico-políticas y hacer lo que les venga en gana. Muestran descaro, desfachatez, analfabetismo político y un peligroso autoritarismo que desconoce principios elementales de democracia, gestión pública y administración del estado ¡Ese es el verdadero problema de lo que ocurre con esta compra. Y apesta!

En muchos lugares -este es uno de ellos- el político no entiende que es empleado público, gestor de cosas comunes y no autoridad propietaria de lo que administra. La diferencia entre dictadura y democracia, arbitrariedad y gestión transparente, estriba justamente en comprender sobre qué principios rectores se construyen lo valores republicanos. Por circunstancias del momento, elegimos a un personaje que ha batido el record de peor Presidente de la era democrática -aunque mejor pagado- y mira que los ha habido malos. No sabe, no entiende y lo peor: no quiere aprender ni lee una cuartilla sobre democracia. Ha sido capaz de llevar al país, junto con ineptos, narcos y delincuentes, al borde del precipicio y pretende explicar, cuando esporádicamente se lo permite la lucidez, aquello que hace rematadamente mal. En países desarrollados, donde el ciudadano se ilustra y exige sus derechos, estos casos terminan en tribunales o en solicitud de dimisión de quienes así manejan las cosas, pero sobre todo en lecciones aprendidas para no volver a elegir a semejantes incompetentes. Aquí, sin embargo, no se entiende ni se le presta la debida atención y se sigue votando por los mismos. La práctica se ha tornado costumbre y cómo tampoco se lee mucho, se exigen derechos ni se practican principios éticos elementales, disfrazamos el debate con tonteras o asumimos resignadamente las inevitables consecuencias de vivir en el universo alterno del realismo mágico. Y felices nos dirigimos hacia 2023, con lo mismo.

El inseguro tercer “país seguro”

El gobierno decide huir hacia delante y comprometerse a asumir responsabilidades para las que no está preparado el país

En silencio, con premeditación y alevosía, como se ha acostumbrado este inútil gobierno a hacer las cosas, siguen las negociaciones sobre esa idea de convertir a Guatemala en “tercer país seguro”. Ya olvidamos las conversaciones mantenidas por el embajador de Guatemala en USA -reveladas por un congresista a través de una carta al Presidente Trump- y nunca explicadas, por cierto, por el gobierno, como si la gestión pública fuese patrimonio de políticos incapaces que pactan a sus anchas como les viene en gana ¡Pero claro, de una ciudadanía desinformada, políticamente analfabeta e incapaz de exigir sus derechos, tampoco se puede esperar mucho!

El caso -y las consecuencias- es que por incapacidad, interés, sumisión o ineptitud, la frontera guatemalteco-mexicana en su zona occidental terminaría colapsada de migrantes que no podrían continuar hacia México -porque aquel gobierno ha desplazado efectivos policiales y militares para impedir migración ilegal- y de este lado nada se puede hacer porque no hay capacidad para ello, aunque no se quiere admitir. De ahí la frase que el congresista norteamericano Vicente González incluía en la carta antes citada: “El presidente guatemalteco Jimmy Morales ha indicado que agradecería la introducción de tropas estadounidenses en la frontera norte de Guatemala”, y que recogía palabras del recientemente condecorado embajador guatemalteco.

Un país con altísimo índice de inseguridad, significativos niveles de pobreza y otros indicadores sociales y económicos paupérrimos, no puede ser un “país seguro”. De ser así, habría que cumplir con lo establecido en los correspondientes convenios internacionales y los migrantes que pidan asilo en USA deberían permanecer en Guatemala hasta que el proceso concluya en el país del norte. No podrían ser devueltos a sus lugares de origen y deberían contar con la atención pertinente. Si somos “exportadores” de migrantes justamente por no reunir condiciones de desarrollo y seguridad suficientes, ¿qué podemos hacer con cientos o miles de personas esperando una respuesta de meses o años del gobierno norteamericano? Si la policía no es capaz de hacer cumplir la ley, ¿cómo esperar que proteja la integridad de esos migrantes y garantice la seguridad? Si la economía no puede absorber a decenas de miles de ciudadanos porque está estancada producto de una nefasta gestión política, ¿qué esperar cuando tenga que integrar a otras personas? Y si el narcotráfico campa a sus anchas por estos lugares, ¿qué se puede hacer cuando alcance a miles de migrantes desesperados y detenidos en su paso hacia USA?, por no hablar de condiciones humanitarias relacionadas con el alojamiento, la alimentación o la atención médica.

Podríamos hacer cientos de preguntas y no tener seguramente repuesta para la mayoría. El gobierno, en su desesperación y salida pronta del poder -con las consecuencias legales que deberá afrontar- decide huir hacia delante y comprometerse a asumir responsabilidades para las que no está preparado el país. Dejar firmado un acuerdo de ese tipo para salvar la cara frente a unos USA que parecen haber descubierto tarde quienes están aquí investidos de autoridad, únicamente compromete el futuro y complica la gobernabilidad de quienes ganen las elecciones en agosto. Tanto Torres como Giammattei deberían asumir una postura común relacionada con este tema que genera dinámicas muy perversas en materia de policía exterior -esa que algunos candidatos desconocen- y compromete gravemente la institucionalidad.

Cuando no se puede hacer lo propio es inútil comprometerse en asumir responsabilidades del vecino. Si se quiere enfrentar realmente el problema es muy sencillo: negociemos con USA un cupo de migración controlada y que el conflicto de ellos se convierta en una oportunidad para nosotros ¡Corta y escasa visión la de estos políticos “nuestros”!