Las Cortes, el Congreso y sus pleitos

Las clasificadoras de riesgos nos bajarán la credibilidad, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán

Este rifirrafe entre algunos diputados del Congreso, la CSJ y la CC pareciera tender a la polarización tradicional que permea normalmente la dinámica nacional. “Superada” aquella otra de “CICIG-Si o CICIG-No”, y no contentos con la experiencia desgastante que ocasionó, nos enfrascamos en esta nueva. O quizá, y justamente por lo antes comentado, se genera esta otra; más bien pareciera que no podemos vivir sin estar continuamente polarizados, peleados, enojados o agrediéndonos. En el fondo, lo habitual: la falta de respeto al otro, a las instituciones, a la autoridad y, sobre todo, a las normas.

El debate que veo en redes -cuando no la bronca- se circunscribe a señalar a unos de sinvergüenzas porque atacan a otros -se entiende que estos últimos no lo son- o viceversa. Los menos comprometidos abogan porque todo está hecho un desastre estructural -aunque lo dicen con palabras mucho más contundentes- y así se lavan las manos de la responsabilidad de tomar partido o acción. Una especie de “ponciopilataje” muy usual en el país y consistente en echarle siempre la culpa a otro de no hacer lo que debe o no arreglar el problema, mientras uno se distancia prudentemente y se excluye cómodamente del caos que denuncia.

En esas situaciones, en las que seguramente encontrará razones para llamar sinvergüenzas a ciertos diputados, desgraciados a determinados magistrados e ineptos a otros, lo mejor, en mi opinión, es huir de los personalismos que obligan, necesariamente, a apostar por unos y desechar a otros, haciéndole el juego, justamente, a quienes desean presentar todo como una polarización permanente.

Esta claro que en esas circunstancias -quien sea que tenga razón- las inversiones en el país se verán resentidas porque se proyecta una enorme falta de certeza jurídica, al no conocerse cuándo se nombrarán jueces, cómo se hará y especialmente, quiénes incidirán en el nombramiento. Nadie, con dos dedos de frente, querrá invertir su dinero en este país -necesitado de inversión- porque no existen las condiciones político-jurídicas para que el cálculo económico se sustente en suficiente previsibilidad. Además, tampoco interesa al inversor local que según apueste le puede ir bien o mal y eso no es opción en negocios de largo plazo, aunque si en capitales golondrinas que aprovechan tales situaciones para sacar tajada.

Los principios universales de respeto a las normas, eficacia de la justicia y observancia de contratos y derechos, están, en estos momentos, muy cuestionados en el país y eso tendrá el costo propio de la coyuntura. Las clasificadoras de riesgos bajarán la confianza, los créditos serán más caros y las inversiones se contraerán. Es una pena que quienes ocupan puestos de responsabilidad no se den cuenta del daño que hacen al país, pero es mucho más penoso e irresponsable que quienes hemos elegido a esos representantes nos quedemos callados, pasivos y expectantes de lo que ocurre, mientras destrozan el futuro inmediato y de corto plazo para salvar sus espurios intereses del momento.

Si las Cortes, el Congreso o ciertos diputados delincuentes quieren matarse que lo hagan, pero como ciudadanos responsables debemos apremiar a que se haga la elección de jueces y magistrados conforme dictó la CC y aprobó el Congreso, algo que tenemos pendiente desde hace meses. Lo contrario es apostar por ese río revuelto que termina por darle ganancias a algunos, pero que hunde el país, destruye riqueza y no genera ningún progreso. Dejemos la polarización y pasemos a la acción constructiva y responsable porque es hora de tomarse en serio a Guatemala y dejar de pregonar amor al país o servicio al ciudadano cuando las acciones no reflejan un ápice de coherencia.