Roma traditoribus non praemiat

Ese entramado se ha tejido dentro de una universidad privada y otra pública o en determinadas facultades o departamentos de aquellas

La historia del huido juez Moto, y su periplo por llegar a la CC, debe hacernos reflexionar nuevamente sobre el sistema de elección de jueces y magistrados. Hubo, hay y esperemos que no haya, personajes dedicados a conformar redes de apoyo y promoción a abogados, jueces y magistrados para procurarles un ascenso ordenado, y luego, como no podía ser de otra forma, cobrarles el puesto en función del valor agregado que les generaron. De esa cuenta, muchos de los leguleyos que ocupan cargos de responsabilidad fueron beneficiados con estudios de postgrado fuera del país, a donde los llevaron a pasear -no a estudiar- y les otorgaron títulos de maestría o doctorado para engordar artificialmente sus historiales de vida, consiguiendo así esos puntos necesarios para superar los filtros que establecen las comisiones de postulación. También les eximen de cumplir con las normas vigentes o les crean revistas -académicamente insostenibles- en las que publican artículos patitos para que cuenten con puntuación en las calificaciones antes citadas, o los invitan a impartir “magistrales conferencias” que podrán anotar en sus currículos. En una palabra: una maquinaria de producir valor agregado a personajes de la judicatura para promoverlos en puestos de interés, y cobrarles el servicio más tarde.

Ese entramado se ha tejido, por lo menos, en una universidad privada y en la única pública -o en determinadas facultades o departamentos de aquellas- cuyos directivos participan en esas comisiones de postulación seleccionadoras del personal, con lo que cierran el círculo. Esa es la razón por la que ciertas tesis -Baldizón o exrector Gálvez- desaparecen de la biblioteca virtual o no están disponibles para consulta pública, vaya a ser que se termine descubriendo -como ya ocurrió- que son copias burdas de trabajos de otros, no cuentan con la calidad académica necesaria o se saltaron las trancas de la normativa, como la publicación de dos artículos académicos en revista de prestigio que, al menos, cuenten con consejo editorial, lo que representa un filtro de calidad para el trabajo.

El juez Moto puede ser un subproducto de todo ese proceso. Fue muy mal evaluado por el departamento correspondiente del OJ en aspectos como redacción, razonamiento y parte resolutiva de sus sentencias, y pobremente en parte introductoria de las sentencias, precisión en los hechos, objeto sobre lo que versa el proceso, determinación de los hechos que el juez estima probados, materia probatoria y empleo de disposiciones legales. También obtuvo esa mediocridad en competencias respecto de la profundidad de sus respuestas y convicción de justicia. No comprendo como con esa puntuación se le renovó el puesto en su juzgado y no fue inmediatamente cesado, mucho menos que sea juramentado por el Congreso para la CC, especialmente cuando los honorables diputados se ufanan de cumplir con la fiscalización de actuaciones de los otros poderes del estado ¡Ja!

Si usted evalúa su expediente académico, que es lo que hay que analizar objetivamente de un profesional, también deja mucho que desear. No se le conocen trabajos académicos publicados, -salvo un par de páginas en una revista local de Izabal- y ni siquiera cuenta con el reglamentario que le debería haber exigido la USAC para graduarlo de doctorado, entre otras cuestiones que no cabe explicar aquí por su extensión.

El juez ha sido abandonado por aquellos que le apoyaron. Nadie, ni siquiera el privilegiado durante el COVID-19 presidente del Congreso, quiere echarle una mano. “Roma no paga traidores”, y cuando te tienen que sacrificar quienes te adulan, no dudan en hacerlo. Es lo que no entienden algunos tontos útiles que se prestan a esas cosas, y tanto daño hacen el país.