El Estado de Derecho parece que también “se construye” en las
alcantarillas
Increíble lo ocurrido con
el Sistema Penitenciario (SP), aunque comprensible. La detención de la cúpula de
dicha institución por cobrar peaje para trasladar reclusos de una a otra
prisión, evidencia una permisividad que no puede adjetivarse de sorpresiva.
Esto se sabía -o debía saber- y fue permitido ¡Es el segundo director de esta
administración que sale por graves tropelías!
Llama la atención y no pasan
desapercibidas varias cosas. La primera, las declaraciones del Ministro de
Gobernación comentando que no estaba enterado del operativo y que se sorprendió
al recibir una llamada cuando se inició. La segunda, un correo
electrónico filtrado por Lima en el que se dirige a un tal “Don Damián” recomendándole
personas para que fueran nombradas en el SP, y fotos de un chat del ex capitán que
dejan entrever como López Bonilla estaba, desde antes del inicio de este
gobierno, en comunicación con el recluso.
Del análisis de la
información disponible, se deduce que esto es un entramado consentido. Una
especie de política de laissez faire que mantenía el estatus quo de los negocios en prisiones y de paso generaba
ingresos extras para algunos que se muestran políticamente correctos. El
problema estalla al concurrir, en algún momento, dos acciones. Una, cuando quien
lo permite desde afuera pretende cobrar más de la comisión que recibe o bien desea
imponer sus condiciones, saltándose la “autoridad” conferida y ejercida a quien,
desde adentro, gestiona la situación. El motivo aparente: trasladar al Zope -u
otros- a Pavoncito. Una especie de “golpe de estado” -producto de la avaricia-
que aspiraba a arrebatar el poder real y gestionar millones de quetzales. La
otra, porque CICIG quiso posiblemente picar demasiado alto y enjuiciar a un
político de alto nivel, pero requería la colaboración “eficaz” de Lima y aquel,
como buen kaibil, no cruzó la línea de la delación. Con ello la Comisión
Internacional hubiese contado con un caso emblemático que la posicionaría para
pelear con más argumentos su permanencia en el país -jugada política y no
necesariamente de justicia, como es habitual-. Como el soplo no se dio, se
produjeron las detenciones y acusaciones, antes de la fecha -prevista en días
próximos- en que se iba a analizar la libertad condicional de Lima. Ello evidenció
casi toda la estructura y se dejó entrever -de ahí la sorpresa del Ministro de
Gobernación cuando lo llaman- que este caso esta amarrado con alguien de mayor
nivel, cuya identidad se conocerá si la disputa se torna más cruenta.
Por ahora Lima juega sus
cartas publicando información a medias. El mensaje y la estrategia es muy
clara: ¡sáquenme de esta o remuevo el lodazal! ¿Cuál será el final del cuento?
La historia del país revela que varias hipótesis se pueden manejar. 1) Nada, ¡aquí
nunca pasa nada! 2) La vida de algunos corre peligro. 3) Hay que callar a Lima
a como de lugar. 4) El escandalo tomará tal magnitud que puede sorprender
cuando se sepa quien está detrás de todo o los nexos con carteles o personajes
del crimen organizado. 5) CICIG prorroga su mandato; un éxito para algunos.
Quizá hasta se produzca la defenestración de algún aspirante perpetuo al poder
y se reacomoden las mafias institucionales. Esto no es tan simple como parece.
El caso Lima no requería de tal escándalo, salvo que no veamos lo que hay detrás.
La mala noticia es que lo que viene, aunque parezca un contrasentido, puede ser
mucho peor que la que vivimos.
¡En QAP!
¡En QAP!
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