¿Usted contribuye?

“El Estado es esa gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás”

Un interesante y documentado informe de FUNDESA/CACIF -ignorado por quienes gustan de la emotividad frente a la lógica de los datos- explica quiénes pagan ISR en Guatemala. Solamente somos 1,5 millones de ciudadanos, lo que representa el 10% de la población total y el 25% de la población económicamente activa. Por tanto, el 75% restante está en la informalidad o desempleado -improbable- y no pagan impuestos. Algo más trascendente muestra el estudio: el 98% de la recaudación de ISR es pagada únicamente por 133,608 personas -físicas o jurídicas- (0,8% de la población), que son las que sustancialmente sostienen este país. Respecto de las tasas a empresas centroamericanas, la guatemalteca ha sido, con el 31%, la mayor de todas ellas. Sin embargo, en el debate político y social no se comenta seriamente sobre evasión, contrabando o defraudación aduanera, menos se exploran vías para que todos seamos corresponsables con los gastos estatales.

Voces nacionales e internacionales abogan frecuentemente por incrementar la tasa impositiva, lo que traducido quiere decir que ese reducidísimo porcentaje de personas/empresas que pagan, sean quienes asuman el aumento que se proponga, agrandando la injusticia fiscal existente basada en los datos indicados que no son producto de imaginación perversa. Quienes eluden pagar no están dispuestos a hacerlo, a pesar de reclamar -directamente o por medio de columnistas afines- ventajas, derechos y mayor inversión pública ¡Que otros paguen mis reclamos y mis derechos constitucionales!, pareciera ser el mensaje resumido, difundido y amplificado -incluso- por organismos internacionales.

Ningún partido político ha planteado seriamente ampliar la base de contribuyentes, forma mucho más sensata, racional y justa de incrementar los ingresos. La razón sustancial es el enorme costo político que representa por la consecuente perdida de votos populares, optando por promover el alza sobre la nomina de quienes ya son responsables con sus deberes o promoviendo un endeudamiento que pagarán futuras generaciones. Un montón de vividores ha asumido el reclamo de indemnizaciones y la exigencia de derechos, pero permanecen fuera de ese porcentaje pequeño de cumplidores del deber fiscal. Parece muy oportuno que quienes contribuimos con el pago de impuestos exijamos que para votar o ser atendido en cualquier servicio público se exija la solvencia fiscal de la SAT o documento similar -no el DPI- y demuestre que tiene derecho al servicio que reclama.

De no tomarse en serio esta cuestión cada vez será mayor el número de personas que migren a la informalidad por dificultad para formalizarse o inacción gubernamental a la hora de exigir la correspondiente contribución a todo ciudadano que quiera ejercer sus derechos. La sanción fiscal debe de adquirir la importancia que tiene, de lo contrario continuará el chantaje, la coacción, la irresponsabilidad y la falta de colaboración con el resto de la ciudadanía cumplidora. Si la vida en común representa un costo, es imperativo que todos seamos sujetos de una parte de aquel. Eso de exigir y no dar, en la medida que corresponda, es una burla al sistema de quienes solicitan privilegios y exigen servicios de calidad y una mofa en el reparto de las obligaciones.

Si usted paga ISR forma parte de ese grupo sobre el que recae el peso de las finanzas públicas del país, eso le otorga el derecho a exigir que el resto contribuya por igual y sea coparticipe del futuro. Si queremos mejorar, comencemos por asumir compromisos para posteriormente exigir derechos, y no a la inversa como es la costumbre.