“El Estado es esa
gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás”
Un interesante y documentado
informe de FUNDESA/CACIF -ignorado por quienes gustan de la emotividad frente a
la lógica de los datos- explica quiénes
pagan ISR en Guatemala. Solamente somos 1,5 millones de ciudadanos, lo que
representa el 10% de la población total y el 25% de la población económicamente
activa. Por tanto, el 75% restante está en la informalidad o desempleado -improbable-
y no pagan impuestos. Algo más trascendente muestra el estudio: el 98% de la
recaudación de ISR es pagada únicamente por 133,608 personas -físicas o
jurídicas- (0,8% de la población), que son las que sustancialmente sostienen
este país. Respecto de las tasas a empresas centroamericanas, la guatemalteca
ha sido, con el 31%, la mayor de todas ellas. Sin embargo, en el debate
político y social no se comenta seriamente sobre evasión, contrabando o
defraudación aduanera, menos se exploran vías para que todos seamos
corresponsables con los gastos estatales.
Voces nacionales e
internacionales abogan frecuentemente por incrementar la tasa impositiva, lo
que traducido quiere decir que ese reducidísimo porcentaje de personas/empresas
que pagan, sean quienes asuman el aumento que se proponga, agrandando la injusticia fiscal existente
basada en los datos indicados que no son producto de imaginación perversa. Quienes
eluden pagar no están dispuestos a hacerlo, a pesar de reclamar -directamente o
por medio de columnistas afines- ventajas, derechos y mayor inversión pública ¡Que otros paguen mis reclamos y mis derechos constitucionales!, pareciera ser el mensaje resumido, difundido y amplificado -incluso- por
organismos internacionales.
Ningún partido político ha
planteado seriamente ampliar la base de contribuyentes, forma mucho más
sensata, racional y justa de incrementar los ingresos. La razón sustancial es
el enorme costo político que representa por la consecuente perdida de votos
populares, optando por promover el alza sobre la nomina de quienes ya son
responsables con sus deberes o promoviendo un endeudamiento que pagarán futuras
generaciones. Un montón de vividores ha asumido el reclamo de indemnizaciones y
la exigencia de derechos, pero permanecen fuera de ese porcentaje pequeño de
cumplidores del deber fiscal. Parece muy oportuno que quienes contribuimos con
el pago de impuestos exijamos que para votar o ser atendido en cualquier
servicio público se exija la solvencia fiscal de la SAT o documento similar -no
el DPI- y demuestre que tiene derecho al servicio que reclama.
De no tomarse en serio
esta cuestión cada vez será mayor el número de personas que migren a la
informalidad por dificultad para formalizarse o inacción gubernamental a la
hora de exigir la correspondiente contribución a todo ciudadano que quiera
ejercer sus derechos. La sanción fiscal debe de adquirir la importancia que
tiene, de lo contrario continuará el chantaje, la coacción, la irresponsabilidad
y la falta de colaboración con el resto de la ciudadanía cumplidora. Si la vida
en común representa un costo, es imperativo que todos seamos sujetos de una
parte de aquel. Eso de exigir y no dar, en la medida que corresponda, es una burla
al sistema de quienes solicitan privilegios y exigen servicios de calidad y una
mofa en el reparto de las obligaciones.
Si usted paga ISR forma
parte de ese grupo sobre el que recae el peso de las finanzas públicas del
país, eso le otorga el derecho a exigir que el resto contribuya por igual y sea
coparticipe del futuro. Si queremos mejorar, comencemos por asumir compromisos para posteriormente
exigir derechos, y no a la inversa como es la costumbre.
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