¡Triste época la nuestra! Es más
fácil desintegrar un átomo que un prejuicio (Einstein)
Con inusual y preocupante silencio se desarrolla el
juicio por genocidio contra dos inculpados. El tribunal decidió inicialmente no
permitir la entrada de medios de comunicación y llevarlo a cabo “a puerta
cerrada”, aunque la dejó entreabierta y permitió el ingreso de “observadores
internacionales” a varias sesiones. Tras un recurso de la defensa -y también de
la acusación- la vista dejó de ser semipública. El tribunal cometió dos faltas.
La primera, ser parcialmente benevolente con “observadores extranjeros” y
limitar el derecho a informar de los medios. La segunda, condenar el derecho de
uno de los acusados (Rodríguez Sánchez) a que se conozca el proceso sobre la
base de guardar la privacidad de otro (Ríos Mont).
Llama la atención que el general Ríos Montt fue
declarado incapaz mentalmente y a pesar de ello, está siendo juzgado sin que
pueda siquiera argumentar, dirigir a sus abogados o contradecir cuanto de él o
su conducta se pudiera decir. Es como si alguien implicado en una colisión vehicular
se le enjuicia mientras se encuentra en estado de coma ¡Inaudito!, pero sobre
todo preocupante en lo que concierne a observar el Estado de Derecho que,
paradójicamente, se argumenta defender.
Reitero mi rechazo -ya manifestado- a la tesis de
que hubo genocidio durante el conflicto armado interno. Sin embargo, esa no es
ahora la discusión ni el motivo de debate. El fondo del problema es si se puede
proseguir con un juicio absoluta y absurdamente desviado del marco referencial de
principios generales de Derecho. Seamos empáticos por un momento y presupongamos
que la defensa del general Ríos fuese ineficiente, incapaz o renunciara.
Sencillamente sería imposible que el “defendido” prescindiera de ellos o
designara a otros porque está mentalmente imposibilitado. Es decir, no es
consciente de lo que está ocurriendo ni tiene la capacidad de comprender lo que
se hace, mucho menos evaluar si está acorde con sus intereses.
Con malabarismos legales, indican a la tutora que tome
decisiones que corresponderían a su progenitor o que se siente en el banquillo
por él. Un absurdo mayor, porque la responsabilidad penal no puede trasladarse
a terceros, como pareciera interpretarse en un ejercicio fantasioso por
comprender esas decisiones judiciales.
No existe la voluntad de buscar la verdad, algo
respetable y aceptable, sino la intención de politizarla con planteamientos que
generan grandes réditos a algunas organizaciones y personas. Este juicio adoptó
un rumbo extraño desde el inicio. Se reveló cuando se promovió con prisas;
continuó con la farsa del anterior tribunal y las salidas de tono y aspavientos
de una particular jueza al leer la sentencia y finalizó con la decisión de la
CC -no aceptada por los manipuladores de la historia- de invalidar las
actuaciones por no observarse el debido proceso. Ahora, nuevamente, se producen
actuaciones -calladas y sin fotografías- que puedan desenmascarar algo ya antes
visto y cuyas formas serían cuestionadas en cualquier marco jurídico nacional o
internacional. Una pantomima caribeña para justificar lo que ya está cocinado:
la necesidad de obtener una sentencia condenatoria, al precio que sea. No será extraño
que todo se invalide por procesar a alguien judicialmente declarado incapaz. Me
parece que es primera vez que ocurre y en nada se enmarca en principios universales
de Derecho. Lo que hace el dinero, la maldad, la ideología y, sobre todo, la
venganza. Luego, si todo vuelve a ser nulo, no nos lamentemos ni rasguemos las
vestiduras cuando el dinero no venga porque no hay sentencia válida.