Salud y educación

“Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela”

Salvo desinformados o contumaces ideologizados,     ¡que los hay! , es difícil negar que los sistemas estatales de salud y educación, entre otros, son un estrepitoso fracaso. Aquel modelo soñado de atención estatal “gratuita” para todos los ciudadanos -asumido erróneamente como derecho- quedó en el baúl de las utopías.

Sin embargo, a pesar del enorme déficit en educación y en salud, el gobierno no ha dejado de dilapidar anualmente miles de millones de quetzales en esos rubros. El dinero se destina para sostener inútiles y costosos sistemas, mantener infraestructura obsoleta, mediocre e ineficiente y pagar planillas abultadas que, por medio de los sindicatos, han sido un permanente grupo de poder al servicio de la dirigencia del momento, de sus amigos y familiares.

Observando los principios que sostienen ambas barbaridades, la constitución resalta, en salud, que el Estado debe de garantizarla y velar por ella (art. 51) y que tal cometido lo desarrollará a través de instituciones (art. 94), sin especificar que tengan necesariamente que ser estatales. En educación, el texto legal es más preciso e indica que hay que proporcionarla y facilitarla (art. 71) y que el fin de la misma es el desarrollo integral de la persona (art. 72).

Es decir, se destaca que la finalidad de esos servicios es promover el desarrollo de la persona, por lo que la atención tendría que enfocarse en el ser humano. De esa cuenta, el Estado debería de buscar la forma de satisfacer las necesidades de los individuos que lo necesiten y, consecuentemente, facilitarles dichos servicios, pero no es así. No hay obligación de crear un suministrador de salud (IGSS) sino ayudar o acompañar a las personas que lo requieran, utilizando, por ejemplo, métodos alternativos, como puede ser el váucher médico. De igual forma, el Estado podría becar a las personas que lo necesiten en los colegios o en las universidades (publicas incluidas) que deseen, fijando un monto a otorgar a cada uno en función de parámetros previamente determinados: váucher educativo.

Lamentablemente, el modelo político dista mucho de cumplir la finalidad que indica la constitución: favorecer al individuo. Lo que hace, en contraposición, es subvencionar dos estructuras que han resultado un fiasco: los modelos públicos de salud y de enseñanza. Se construyen colegios, se pagan salarios magisteriales negociados por sindicatos depredadores y voraces, se costea una monopólica universidad estatal o se destina un importante volumen de recursos a una inoperante sanidad pública. El presupuesto financia instituciones ineficientes en lugar de destinar esa cantidad a implementar un váucher (de salud o educación) para que el ciudadano pueda emplearlo en el lugar que considere satisface mejor sus expectativas y soluciona mejor sus necesidades. Eso si sería un sistema generador del desarrollo personal, pero requeriría competitividad -y transparencia-, algo que no están dispuestas a asumir las instituciones públicas.

Aun en momentos de cambio pareciera que no vemos los que tenemos frente a nuestros ojos. Más de un 30% del presupuesto 2016 está destinado a salud y educación, algo recurrente todos lo años. Analice en qué aspectos es más deficiente el país y saque sus propias conclusiones.

Es preciso dejar de subvencionar inútiles instituciones e implementar otra formas. Establezcamos el váucher y promovamos la competencia, ¡a ver cuantas subsisten! Lamentablemente quienes reciben subvenciones no están dispuestos a mejorar la calidad y prefieren seguir viviendo delictiva e ineficientemente a costa del contribuyente.