¡A las barricadas!

Cualquier acto delictivo de un funcionario público debe representarle un altísimo costo

Se ha desatado, no sin razón, un movimiento que solicita “la depuración del Congreso”, sin dejar claro de qué trata tal cosa ni mucho menos las acciones a tomar. Esperemos que no sea como aquello de “cooptar el Estado” que ya es un eslogan útil para casi todo.

Los diputados -antes se hablaba de honorables diputados- se han situado en el punto de mira de la ciudadanía por motivos diversos. Unos están huidos como vulgares criminales; otros perseguidos por la justicia y encarcelados; algunos más pendientes de que se les levante el antejuicio para ser procesados o a punto de que ocurra y, la mayoría, absolutamente desacreditados. El que se salva es por eso de que la esperanza es lo último que se pierde, pero poca cosa más.

Depurar para sustituir a uno por otro -igual de corrupto o inepto- no es solución. Los suplentes adolecen de idénticos defectos que los titulares, por la sencilla razón que fueron propuestos -en las mismas condiciones nefastas- por partidos políticos mayoritariamente suspendidos por el Tribunal Supremo Electoral. No debería tomar ese rumbo la idea de cambio que se pretende, más bien se tendría que implementar un sistema de normas claras que promoviese una institucionalidad inmune a las personas que lleguen y no facilite la corrupción, el mangoneo, el trapicheo o el uso de la función pública para cuestiones personales. Si eso llegara a ocurrir, la norma debe castigar al infractor tan gravemente que quede civil y políticamente marcado de por vida. Cualquier acto delictivo de un funcionario público debe representarle un altísimo costo.

Como no se puede -ni se debe- limpiar el Congreso “a la brava”, es preciso tomar nota del margen legal existente para ello, y actuar en consecuencia. El artículo 174 de la Constitución permite que promuevan iniciativas de ley los diputados, la USAC y el Organismo Ejecutivo, entre otros.  El artículo 277 del mismo texto faculta al Presidente, a diez o más diputados y a cinco mil ciudadanos a promover reformas constitucionales. Es decir, hay diversas vías para dejar de echarle la culpa “a todos o a otros” y plantear respuestas inmediatas a desvaríos de ciertos diputados que se duermen en la curul, no tienen el carácter para dar un golpe en la mesa y denunciar a sus pares o son incapaces de movilizar a su bancada y promover cambios. También hay que señalar al Ejecutivo de no tomar acción, a la universidad estatal que reclama privilegios y no honra sus obligaciones, pero sobre todo a cada uno de los ciudadanos empadronados que, en número de cinco mil, podrían proponer soluciones.

Seguimos mirándonos al espejo y advirtiendo que el sistema, en cierta medida, refleja nuestra pasividad, complacencia, dejadez, falta de preocupación por los asuntos públicos, incapacidad para tener una ley de servicio civil que seleccione por méritos y no por dedo, burocracia profesional que aleje los jugosos puestos de la administración del capricho de amigos contaminados y los deje a los más capaces, y otras cuestiones de costumbre que no son más que defectos de una sociedad permisiva, acobardada, conformista y tolerante. La nuestra.

Debemos crear un hashtag que abarque realmente el problema de fondo que no queremos aceptar: #DepuremosElCongresoYNosotrosTambien. El sistema colapsó hace tiempo pero a algunos le sigue yendo bien. Cuando no hay voluntad de cambio, nada cambia y el gatopardismo hace de las suyas ¿De verdad queremos #DepurarElCongreso? ¡Anda ya!