Legalidad y legitimidad de las normas

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos

Tanto la legalidad como la legitimidad, etimológicamente hablando, están en el entorno de la ley, en la conformidad con el mandato legal. En ciencia política, además, el concepto se refiere a la capacidad de un poder de ser obedecido o ejercer su acción sin tener que recurrir a la coacción, a la amenaza de la fuerza, lo que presupone una aceptación social mayoritaria de lo que aquel hará y de su autoridad. Lo ideal, por consiguiente, es que las leyes cuenten con ambas calidades: legalidad y legitimidad, así serán observadas por la mayoría de los ciudadanos que verán en ellas algo aceptable y respetable sin necesidad de aplicar la fuerza, salvo excepciones que seguro habría.

Sin embargo, cuando la teoría predominante es el iuspositivimo o positivismo jurídico, se suele desdoblar el derecho y la moral, y la norma no necesariamente pasa esos dos filtros, que se corresponden -en cierta forma- con los primeros mencionados. Se lo pongo fácil: el positivismo jurídico plantea que el derecho es un conjunto de normas dictadas -por los legisladores estatales- mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas. La ley se elabora y acata, independientemente de su valor moral o aceptación social, que suelen coincidir. Así las cosas, la legitimidad se reduce o desaparece y la letra de la norma -carente de espíritu- predomina en la interpretación de los hechos ¿Le suena? 

La ley seca, es un buen ejemplo de regla no aceptada, y por lo tanto continuamente incumplida con la aquiescencia de casi todos. Otro ejemplo se observa en el actual debate sobre la elección de magistrado a la CC, donde también se aprecia el divorcio conceptual. Las normas fijan las condiciones, pero socialmente queremos hacer algo más. A los poderes que deben designar magistrados, les pedimos que apliquen filtros o establezcan procesos que nos gustaría figuraran como requisitos (legitimidad) pero que no se contemplan en la normativa (legalidad). La consecuencia inmediata es una frustración y el rechazo ciudadano a lo que no se hace, aunque el poder cumple con lo que la ley marca. Uno más se puede ver en el reciente acoso a una menor. Socialmente condenado y rechazado -como no puede ser de otra forma- se levantaron muchas voces para que el supuesto agresor sea condenado (legitimidad). Sin embargo, el delito de acoso (legalidad) no está tipificado en el código penal y, nuevamente, la legitimidad choca -en este caso- con la ausencia de legalidad. No hay tipo penal específico que se le pueda aplicar, más que buscar la forma de ajustar su conducta a delitos existentes, con el riesgo de que el juez no aprecie tal relación y lo declare inocente. Seguimos confrontando el “ser” y el “deber ser”, pero no damos los pasos necesarios para hacerlos coincidir, y nos frustramos. 

No hay de otra que cambiar el sistema que no sirve, legislar sobre lo que socialmente estamos de acuerdo y dejar de pelear normas redactadas sin legitimidad o ni siquiera existentes. Nos acostumbramos a vivir en un “No Estado de Derecho”, en el que prima la visceralidad y el calor del momento y pretendemos adaptar la ley a nuestros intereses en lugar de debatir seriamente las modificaciones pertinentes, y reflejarlas por escrito en los códigos correspondientes. Nos hemos acostumbrado a acomodar las normas a nuestras necesidades, y continuamente nos confrontamos con la realidad por querer hacer las cosas como nos gustaría (legitimidad) olvidando que lo legal termina imponiéndose por nuestra constante pasividad al cambio real.

Orwell 2021: entre chairos y corruptos

Es frecuente que nos preguntemos por qué estamos como estamos, sin advertir que la respuesta es porque somos como somos

Cuando una sociedad no es capaz de promover y sostener un debate mínimamente coherente y racional, y se despacha con descalificaciones, insultos o crea imaginarios ideológicos para incluir a personas según su parecer, está muy lejos de alcanzar un mínimo y suficiente nivel de madurez emocional. Expresiones como “pacto de corruptos” o “chairos” son profusamente usadas en redes o manifestaciones públicas para incluir a personas de las que no se habla con criterios objetivos. Ese tipo de acusaciones se ven en redes y si las responde, puede ser incluido inmediatamente en cualquiera de esos paquetes orwellianos que han venido a sustituir aquellos “dos minutos del oído” que alimentaban el espíritu de los súbditos del sistema. Todos los totalitarismos empiezan por la descalificación radical del adversario, porque el ruido social impide atender razones de fondo.

Esos bolsones prejuiciosos ni siquiera están definidos, pero se utilizan peyorativamente por algunos para descalificar. El debate nacional se mantiene tristemente en ese nivel de “calidad”, incluso aquellos de los que se esperaría una reflexión más madura, se quedan en ese ámbito de la entelequia y lo abstracto porque como decía un jefe que tuve: es más fácil y menos comprometido generalizar y descalificar a todos que confrontar a quien realmente falla. 

Todo eso, además de mostrar un significativo analfabetismo funcional y una incapacidad de abordar con racionalidad temas que afectan la vida pública y el futuro nacional, lleva a elegir a personas en función de cómo nos caen o son percibidas por otros, porque la mayoría no los conoce y se deja llevar por el criterio de aquellos que hacen más ruido. De esa cuenta, la cualificación profesional, la experiencia en el cargo, el currículo del candidato o las explicaciones que pueda dar, valen madre frente a valoraciones personalistas, subjetivas y banalizadas de quienes no tienen más que hacer que comentar en redes sociales o cuentan con dinero para pagar a otros que lo hagan por ellos. 

Ese es el nivel actual del “debate” público sobre quienes integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad. Se habla mucho más de quien cae bien o mal que del expediente que presenta o de la capacidad que tendría -al menos teóricamente- para resolver asuntos relacionados con su cargo de magistrado, lo que terminará por afectarnos a todos. Se aprecia más a quienes están cerca de preferencias personales -normalmente basadas en percepciones- y de ahí se generan los comentarios positivos o negativos, loables o condenables. 

Es frecuente que nos preguntemos por qué estamos como estamos, sin advertir que la respuesta es porque somos como somos: despreocupados, influenciables, poco preparados para debatir racionalmente o analizar críticamente, y viscerales, sumamente viscerales. 

La razón parece que huyó hace tiempo del país y no desea regresar. Migró a otros lugares donde apreciamos discusiones profundas y aprendizaje de los errores, además de que son capaces de cambiar aquello que no les funciona, y nos fascina que otros vengan a explicarnos lo que sabemos pero no queremos asumir la responsabilidad de dialogarlo, presentarlo y finalmente adoptarlo.

Hemos creado y promovemos una guerra fría entre chairos y corruptos, al mejor estilo de aquella otra que también fue producto de la ideología. No queremos superar ciertos obstáculos porque falta capacidad para alcanzar acuerdos mínimos -finalmente es lo que se llama democracia- y seguimos enfrascados en una confrontación permanente y hepática. Parece que la “sangre llama” y me da la impresión de que si pudiéramos matarnos “un poquito más” prolongaríamos el conflicto hasta que nos duela el alma, por ahora ausente, perdida, etérea e insensible ¡Vaya desastre que somos tras 200 años de independencia!

Roma traditoribus non praemiat

Ese entramado se ha tejido dentro de una universidad privada y otra pública o en determinadas facultades o departamentos de aquellas

La historia del huido juez Moto, y su periplo por llegar a la CC, debe hacernos reflexionar nuevamente sobre el sistema de elección de jueces y magistrados. Hubo, hay y esperemos que no haya, personajes dedicados a conformar redes de apoyo y promoción a abogados, jueces y magistrados para procurarles un ascenso ordenado, y luego, como no podía ser de otra forma, cobrarles el puesto en función del valor agregado que les generaron. De esa cuenta, muchos de los leguleyos que ocupan cargos de responsabilidad fueron beneficiados con estudios de postgrado fuera del país, a donde los llevaron a pasear -no a estudiar- y les otorgaron títulos de maestría o doctorado para engordar artificialmente sus historiales de vida, consiguiendo así esos puntos necesarios para superar los filtros que establecen las comisiones de postulación. También les eximen de cumplir con las normas vigentes o les crean revistas -académicamente insostenibles- en las que publican artículos patitos para que cuenten con puntuación en las calificaciones antes citadas, o los invitan a impartir “magistrales conferencias” que podrán anotar en sus currículos. En una palabra: una maquinaria de producir valor agregado a personajes de la judicatura para promoverlos en puestos de interés, y cobrarles el servicio más tarde.

Ese entramado se ha tejido, por lo menos, en una universidad privada y en la única pública -o en determinadas facultades o departamentos de aquellas- cuyos directivos participan en esas comisiones de postulación seleccionadoras del personal, con lo que cierran el círculo. Esa es la razón por la que ciertas tesis -Baldizón o exrector Gálvez- desaparecen de la biblioteca virtual o no están disponibles para consulta pública, vaya a ser que se termine descubriendo -como ya ocurrió- que son copias burdas de trabajos de otros, no cuentan con la calidad académica necesaria o se saltaron las trancas de la normativa, como la publicación de dos artículos académicos en revista de prestigio que, al menos, cuenten con consejo editorial, lo que representa un filtro de calidad para el trabajo.

El juez Moto puede ser un subproducto de todo ese proceso. Fue muy mal evaluado por el departamento correspondiente del OJ en aspectos como redacción, razonamiento y parte resolutiva de sus sentencias, y pobremente en parte introductoria de las sentencias, precisión en los hechos, objeto sobre lo que versa el proceso, determinación de los hechos que el juez estima probados, materia probatoria y empleo de disposiciones legales. También obtuvo esa mediocridad en competencias respecto de la profundidad de sus respuestas y convicción de justicia. No comprendo como con esa puntuación se le renovó el puesto en su juzgado y no fue inmediatamente cesado, mucho menos que sea juramentado por el Congreso para la CC, especialmente cuando los honorables diputados se ufanan de cumplir con la fiscalización de actuaciones de los otros poderes del estado ¡Ja!

Si usted evalúa su expediente académico, que es lo que hay que analizar objetivamente de un profesional, también deja mucho que desear. No se le conocen trabajos académicos publicados, -salvo un par de páginas en una revista local de Izabal- y ni siquiera cuenta con el reglamentario que le debería haber exigido la USAC para graduarlo de doctorado, entre otras cuestiones que no cabe explicar aquí por su extensión.

El juez ha sido abandonado por aquellos que le apoyaron. Nadie, ni siquiera el privilegiado durante el COVID-19 presidente del Congreso, quiere echarle una mano. “Roma no paga traidores”, y cuando te tienen que sacrificar quienes te adulan, no dudan en hacerlo. Es lo que no entienden algunos tontos útiles que se prestan a esas cosas, y tanto daño hacen el país.

El que paga al músico elige la canción

Esta situación solo conduce a tres lugares: un narcoestado, una revolución o un cambio traumático que puede llegar

En 2015, un informe de CICIG puso de manifiesto que “las élites empresariales”, junto con financistas individuales,  aportaban el 25% del dinero para las campañas electorales. El otro 75% se distribuía entre el crimen organizado, el narcotráfico y apropiaciones que los políticos hacían, de diferentes formas, de las arcas públicas. El tiempo transcurrido desde entonces ha cambiado los porcentajes, y es fácil intuir que el financiamiento político actual se sustenta en comisiones obtenidas de contratos del Estado, del narcotráfico y del crimen organizado. Al sector privado tradicional simplemente lo han sacado de la ecuación, y tiene su explicación. 
La delincuencia organizada no necesita acción sino indiferencia. Es decir, no requieren de leyes o arreglos de cualquier tipo, que es lo que la “voz popular” dice que reclaman algunos financistas. Aquellos necesitan una policía y una justicia que cierre los ojos, no haga detenciones y las acusaciones desaparezcan de los juzgados, pero ninguna acción positiva a su favor. De esa cuenta es más cómodo para un gobierno recibir dinero por ser inactivo a ser financiado por quienes reclaman algún tipo de privilegio, que seguramente obliga a pactar con otros y genera más desgaste. Actualmente se observa esa situación, de ahí la preocupación manifestada en redes sociales por diversas autoridades norteamericanas, porque ello afecta a su agenda de seguridad nacional. 
El líder del partido UCN -ahora cancelado- condenado por narcotráfico en Estados Unidos, dos hermanos de diputados del mismo partido capturados por idénticos delitos, otro legislador sancionado por narcoactividad en 2015 en USA está al frente de comisión de Defensa del Congreso y muchos más pendientes de antejuicios congelados o señalados de graves delitos, amén de un etcétera más que conocido, evidencia lo dicho. A lo anterior, súmele las instituciones cedidas a partidos políticos y diputados como pago de favores, como el INSIMUVEH al partido Prosperidad Ciudadana y concretamente al diputado García Silva o los contratos de familiares, amigos e hijos de otros diputados en diferentes lugares. Un reparto de plazas públicas como pago de favores -habidos o por recibir- y que no requiere de empresarios financistas. Esta situación solo conduce a tres lugares: un narcoestado, una revolución o un cambio traumático -económico e ideológico, especialmente- que puede llegar y que seguramente radicalizará determinadas cuestiones ¡Ah, y no hay de otra!, no sigamos apostando por un salvador inexistente o por un estatus quo que se quedó rezagado en esta marcha veloz hacia no se sabe muy bien dónde.
El sector privado tiene la oportunidad -y el deber- de recuperar un tradicional papel en el liderazgo perdido, tanto en incidencia política como social. Es necesario, eso si, elaborar una agenda novedosa que incluya ciertos temas con propuestas concretas y viables: la reforma al sector justicia, la fiscalidad, el desarrollo social y especialmente la lucha contra la corrupción, y tiene que presentarse de forma diferente a como se ha venido haciendo, además de contundentemente. Es preciso salir del discurso tradicional y ponderado, y comprometerse más con ciertas dinámicas que van a una velocidad mayor que las reacciones formales. No hacerlo significará, en el corto plazo, perder la oportunidad, quedar rezagado, asumir el costo que ello supondrá y tener que reorganizarse en peores condiciones que las actuales, además de otras cuestiones no menores.
La inacción es incompatible con el ejercicio de mando, y aquel que desea incidir -y tiene la obligación de hacerlo- no puede callar o guardar silencio que pueda interpretarse -con razón o sin ella- como cómplice o apático, especialmente en un más que evidente cambio de época.