Vemos como llega desde lejos, con tiempo. Sin embargo, descuidamos la atención y termina por mojarnos los pies y, si nos dejamos, hasta nos jala a lo más profundo y oscuro del abismo. Cada vez se repite con más fuerza y frecuencia y terminará por salpicarnos, o arrastrarnos al fondo. No podemos cerrar los ojos ante lo que ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países ni permitir que se pisotee y ataque permanentemente la libertad. Algunos socios, como Mel en Honduras, han intentado dar pasos torcidos en esa dirección, creyendo estar por encima de la ley y, a su capricho y antojo, modificar la constitución para continuar en el poder, propósito y fin último de todos esos tiranos y sus representantes.
Aquí, en casa, las cosas no van mejor. La pareja presidencial desdeña las críticas, menosprecia las opiniones de otros y hasta se permiten la grosería de insultar a quienes no comparten sus arbitrariedades ni los despilfarros que generan programas inútiles, por muy sociales que los quieran presentar. La jauría que los circunda aprovecha la situación para hacerse con la mayor cantidad de dinero y contratos posibles y así multiplica sustancialmente las inversiones de la campaña. Se nos avecina, y solo es cuestión de tiempo, una mojada como la hondureña, pero sin los errores burdos de aquella porque aprenden y se sofistican con el tiempo. Promoverán una consulta popular donde se mezclen peras con manzanas y terminaremos por aprobar un montón de cosas y, entre ellas, la perpetuación de la yunta y su inútil y torpe filosofía socialdemócrata.
Por aparte, los “intelectuales” afines machacan a través de medios y columnas de opinión el “no cambio”. Prefieren el status quo que les permite seguir cobrando de onegés internacionales que se prestan a este tipo de burlas. Cuando un representativo grupo de ciudadanos decide apoyar Pro Reforma, visceralmente se retuercen porque defienden su forma de vida. De cambiar las normas, dejarán de seguir viviendo de la sopa boba como han venido haciendo toda su vida. Critican, calumnian y derraman bilis, pero son incapaces de generar una alternativa de cambio. Su falta de honestidad les impide reconocer, al menos, el esfuerzo económico, intelectual y de difusión que han hecho aquellos, algo que ellos, “los demócratas” del diálogo y el consenso, no han sido capaces ni de promover ni de impulsar. Únicamente están por esos regímenes absolutistas, donde ellos dirijan o sean amigos de los dirigentes. Necesitan contar con un sistema autoritario con cuotas y privilegios que les permita seguir, como al dirigente magisterial, viviendo del aire. No están dispuestos a trabajar y no saben hacer otra cosa, por muy simpáticos y bufones que parezcan.
Se apoderaron del discurso de los derechos humanos y de los pobres, pero son quienes más lo vulneran; rechazan el militarismo y todos se denominan “comandantes”, paradojas de los regímenes políticos de izquierda en América Latina. Mientras, la ciudadanía aprende a surfear en ese agitado y artificial oleaje que provoca el extremismo de esos iluminados. A fin de cuentas luchan por su supervivencia dentro del único sistema que les permite vivir: el de las subvenciones, la ayuda internacional, las limosnas y el reparto de lo que no producen. No quieren cambiar, no sabrían vivir en un mundo de competencia, porque las concesiones ocultas y el mercantilismo es lo suyo. Necesitan cuotas para todo, porcentajes fijos de presupuesto, representación de género y muchas más patrañas, producto de la mediocridad de quienes no sabe competir ni tiene voluntad ni coraje para ello. Actúan cada vez con más descaro, como en Honduras. ¿Quiénes son los golpistas?.
Este es un blog personal donde se editan las columnas de opinion (y otras) que semanalmente publico en el diario PRENSA LIBRE de Guatemala. La idea es generar un espacio de debate y opinión con los lectores, de forma que la libertad de expresión sea en doble sentido.
lunes, 29 de junio de 2009
lunes, 22 de junio de 2009
Fuleros
Este es el gobierno más patrañero de cuantos hemos tenido. Embaucaban antes de llegar al poder. Decían contar con planes, estrategias y políticas sectoriales, sin que a la fecha se haya visto alguno salvo el despilfarro descontrolado y enfermizo, además de no fiscalizable, de los programas de la señora.
Hablaron de un inexistente plan de seguridad para reducir el número de víctimas que, por asombrosa metamorfosis, se transmutó en una hoja de ruta que no apoyan ni quienes la propusieron y como la hoja de parra que tapaba las vergüenzas de Adán y Eva, esta viene a ocultar la incapacidad, la falta de ideas y la voluntad en materia de seguridad. Como remate, piden seis meses más para tener una “nación segura”, sin sensibilidad ni respeto a los cerca de nueve mil ciudadanos asesinados en lo que llevan de gestión pública. Con la prórroga, habrá 3 mil nuevos cadáveres. ¡Vaya plan magistral!.
Oímos también, no ha mucho, sobre la capacidad y planes para prevenir el virus AH1N1. Declararon estado de calamidad y propagandearon tener todo bajo control. Hoy, cuestionamos si tenemos medicinas para enfrentarlo, adelantan las vacaciones escolares porque no saben hacer otra cosa, desconocemos el número de afectados y resulta ser culpa de los ricos que viajan. El plan es: ¡quédese en casa y no salga!. ¡Inteligente política pública!.
Se les llenó la boca de predicar transparencia y vemos corrupción por doquier. Los proveedores de medicamentos son los de siempre y esperemos al mes de agosto para ver si, como declaró el vice, licitan en esta ocasión o ponen otra escusa para seguir igual. Tampoco las comunicaciones han mejorado y se eluden los concursos públicos. Roban fusiles al Ejército y aquí no pasa nada y el ministerio de educación es un fiasco dominado por un sentenciado que mantiene el control por medios oscuros. Del agro y los fertilizante, ¡para qué hablar!. Regulan para beneficiar a los financistas que amenazan e insultan a honestas periodistas que los denuncian. ¡Toma desfachatez, atrevimiento y cara dura!.
Nos torearon con el tema de las escuchas telefónicas y acuñaron la teoría de la desestabilización. Al final resultó ser una maniobra, orquestada por el entorno próximo, de la que no hemos vuelto a saber. La última, sin explicaciones y después de un año de silencio, es que nos meten de cabeza en Petrocaribe. Fácil adivinar la razón: el dinero del que presumiblemente dispondrán para dilapidar con la quimera de la cohesión social. Mientras, el Presidente, como dijera algún presentador de TV, tiene cara ‘especial’. El Vice sigue igual: impávido.
Cada cuatro meses cambian de ministros, de directores, de jefes de guarnición militar, de comisarios y posiblemente también de ropa interior, por el olor a pútrido. Recolocan a la vieja guardia de la izquierda más violenta y pusilánime del conflicto armado. Aquella que no se atrevió a batallar y vivió en el extranjero con becas y ayuda internacional, aunque alentó a otros para que dieran su vida por una causa que ellos no creían y mucho menos practicaban. Ocupan puestos de poder y contratan a sus amigos, hijos, esposa, cuñadas y parientes y, tal cueva de Alí Baba, depredan lo poco que nos queda.
La mentira es una forma de eludir la realidad y, por tanto, la responsabilidad. En palabras de un poeta inglés, "el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera". Comenzaron y ahora es una cada vez que abren la boca. Si a Pinocho le crecía la nariz, ¿qué le crecerá a estos?.
Hablaron de un inexistente plan de seguridad para reducir el número de víctimas que, por asombrosa metamorfosis, se transmutó en una hoja de ruta que no apoyan ni quienes la propusieron y como la hoja de parra que tapaba las vergüenzas de Adán y Eva, esta viene a ocultar la incapacidad, la falta de ideas y la voluntad en materia de seguridad. Como remate, piden seis meses más para tener una “nación segura”, sin sensibilidad ni respeto a los cerca de nueve mil ciudadanos asesinados en lo que llevan de gestión pública. Con la prórroga, habrá 3 mil nuevos cadáveres. ¡Vaya plan magistral!.
Oímos también, no ha mucho, sobre la capacidad y planes para prevenir el virus AH1N1. Declararon estado de calamidad y propagandearon tener todo bajo control. Hoy, cuestionamos si tenemos medicinas para enfrentarlo, adelantan las vacaciones escolares porque no saben hacer otra cosa, desconocemos el número de afectados y resulta ser culpa de los ricos que viajan. El plan es: ¡quédese en casa y no salga!. ¡Inteligente política pública!.
Se les llenó la boca de predicar transparencia y vemos corrupción por doquier. Los proveedores de medicamentos son los de siempre y esperemos al mes de agosto para ver si, como declaró el vice, licitan en esta ocasión o ponen otra escusa para seguir igual. Tampoco las comunicaciones han mejorado y se eluden los concursos públicos. Roban fusiles al Ejército y aquí no pasa nada y el ministerio de educación es un fiasco dominado por un sentenciado que mantiene el control por medios oscuros. Del agro y los fertilizante, ¡para qué hablar!. Regulan para beneficiar a los financistas que amenazan e insultan a honestas periodistas que los denuncian. ¡Toma desfachatez, atrevimiento y cara dura!.
Nos torearon con el tema de las escuchas telefónicas y acuñaron la teoría de la desestabilización. Al final resultó ser una maniobra, orquestada por el entorno próximo, de la que no hemos vuelto a saber. La última, sin explicaciones y después de un año de silencio, es que nos meten de cabeza en Petrocaribe. Fácil adivinar la razón: el dinero del que presumiblemente dispondrán para dilapidar con la quimera de la cohesión social. Mientras, el Presidente, como dijera algún presentador de TV, tiene cara ‘especial’. El Vice sigue igual: impávido.
Cada cuatro meses cambian de ministros, de directores, de jefes de guarnición militar, de comisarios y posiblemente también de ropa interior, por el olor a pútrido. Recolocan a la vieja guardia de la izquierda más violenta y pusilánime del conflicto armado. Aquella que no se atrevió a batallar y vivió en el extranjero con becas y ayuda internacional, aunque alentó a otros para que dieran su vida por una causa que ellos no creían y mucho menos practicaban. Ocupan puestos de poder y contratan a sus amigos, hijos, esposa, cuñadas y parientes y, tal cueva de Alí Baba, depredan lo poco que nos queda.
La mentira es una forma de eludir la realidad y, por tanto, la responsabilidad. En palabras de un poeta inglés, "el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera". Comenzaron y ahora es una cada vez que abren la boca. Si a Pinocho le crecía la nariz, ¿qué le crecerá a estos?.
lunes, 15 de junio de 2009
Eléctricos
Así se encuentran los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) después de que una jueza admitiera el recurso de amparo presentado por la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) ante la inobservancia, por parte de la primera, de los marcos legales vigentes en el proceso de fijación de las tarifas de distribución. Un tema que trae cola desde que el pasado año la Comisión decidiera, contra lo que indica el reglamento, prescindir del informe pericial y arbitral y, por su cuenta y riesgo, fijar unas tarifas por debajo de las que, salvo ellos, todos presentaron en sus estudios como idóneas y ajustadas.
El discurso social imperante y la protección de los “más pobres” como telón de fondo, terminaron por opacar una realidad, como fue la violación del debido procedimiento y la observancia de la legalidad. Hoy se debate públicamente el tema en la Corte de Constitucionalidad y parece necesario prestarle atención y detenerse a meditar sobre ello.
La violación del marco legal, sea cual sea la razón por la que se hace o justifica, no tiene razón ni puede ser objeto de justificación y beneplácito de ningún sector. Por el contrario, un conjunto de leyes generales y que se apliquen por igual, son pilares del necesario Estado de Derecho que un país necesita para poder atraer inversiones, pero también para consolidarse y desarrollarse internamente. Si cada gobierno o cada ente estatal pueden modificar caprichosamente criterios ya preestablecidos, el imperio de la ley se transforma en el señorío del de turno, algo muy común en nuestra política.
Por otra parte, hay que enfatizar, y dejar bien claro, que del total de la factura que se paga por consumo de electricidad, un 65% obedece a la generación de energía, un 20% son impuestos y, el resto, un 15%, es lo que realmente le cobra la EEGSA. Puestos a exigir eficiencia empresarial habría que comenzar cuestionando la razón del alto porcentaje en la generación. Ello es debido a que no hay garantías jurídicas en los contratos, la energía se produce mayormente sobre la base de derivados del petróleo y persisten malas prácticas monopolísticas de antaño. Por tanto, ¿por qué no se liberaliza el mercado de forma que podamos generar por medios más económicos y se fomenta la competencia?. Ahí tiene la pregunta que enmarca las innumerables manifestaciones contra las hidroeléctricas y otras prácticas que lideran ciertos grupos de presión que no quieren perder privilegios, por cierto, también habituales en la política.
Si seguimos, podríamos exigir a las autoridades, las mismas que desean ayudar a los más necesitados, que anulen o disminuyan la carga impositiva que aplican a la factura (20% del total), con ello se le reduciría la tarifa final en más de lo que puede subir, caso de que finalmente se modifiquen las actuales.
La conclusión no es otra que la voluntad de que prevalezcan intereses de terceros y prácticas frecuentes de nepotismo que pretenden seguir haciendo lo que quieren y saltarse las leyes en su propio interés. La reacción no puede ser otra que aceptar y observar el Estado de Derecho y comprender que si se permite que hoy sea violado en una empresa o en lo individual, es posible que mañana ocurra lo mismo en otras. Parece ser que, especialmente muchos del sector industrial, no han llegado a entender este punto. Miremos al Sur y quizás comprendamos mejor las cosas.
Es momento de, en lugar de querer matar al mensajero, sentarse con él a dialogar, única vía de buscar la verdad y aproximar intereses comunes. Estamos a tiempo, a pesar de lo complejo delo momento.
El discurso social imperante y la protección de los “más pobres” como telón de fondo, terminaron por opacar una realidad, como fue la violación del debido procedimiento y la observancia de la legalidad. Hoy se debate públicamente el tema en la Corte de Constitucionalidad y parece necesario prestarle atención y detenerse a meditar sobre ello.
La violación del marco legal, sea cual sea la razón por la que se hace o justifica, no tiene razón ni puede ser objeto de justificación y beneplácito de ningún sector. Por el contrario, un conjunto de leyes generales y que se apliquen por igual, son pilares del necesario Estado de Derecho que un país necesita para poder atraer inversiones, pero también para consolidarse y desarrollarse internamente. Si cada gobierno o cada ente estatal pueden modificar caprichosamente criterios ya preestablecidos, el imperio de la ley se transforma en el señorío del de turno, algo muy común en nuestra política.
Por otra parte, hay que enfatizar, y dejar bien claro, que del total de la factura que se paga por consumo de electricidad, un 65% obedece a la generación de energía, un 20% son impuestos y, el resto, un 15%, es lo que realmente le cobra la EEGSA. Puestos a exigir eficiencia empresarial habría que comenzar cuestionando la razón del alto porcentaje en la generación. Ello es debido a que no hay garantías jurídicas en los contratos, la energía se produce mayormente sobre la base de derivados del petróleo y persisten malas prácticas monopolísticas de antaño. Por tanto, ¿por qué no se liberaliza el mercado de forma que podamos generar por medios más económicos y se fomenta la competencia?. Ahí tiene la pregunta que enmarca las innumerables manifestaciones contra las hidroeléctricas y otras prácticas que lideran ciertos grupos de presión que no quieren perder privilegios, por cierto, también habituales en la política.
Si seguimos, podríamos exigir a las autoridades, las mismas que desean ayudar a los más necesitados, que anulen o disminuyan la carga impositiva que aplican a la factura (20% del total), con ello se le reduciría la tarifa final en más de lo que puede subir, caso de que finalmente se modifiquen las actuales.
La conclusión no es otra que la voluntad de que prevalezcan intereses de terceros y prácticas frecuentes de nepotismo que pretenden seguir haciendo lo que quieren y saltarse las leyes en su propio interés. La reacción no puede ser otra que aceptar y observar el Estado de Derecho y comprender que si se permite que hoy sea violado en una empresa o en lo individual, es posible que mañana ocurra lo mismo en otras. Parece ser que, especialmente muchos del sector industrial, no han llegado a entender este punto. Miremos al Sur y quizás comprendamos mejor las cosas.
Es momento de, en lugar de querer matar al mensajero, sentarse con él a dialogar, única vía de buscar la verdad y aproximar intereses comunes. Estamos a tiempo, a pesar de lo complejo delo momento.
lunes, 8 de junio de 2009
Psicokiller
Cuando don Portillo declaró que no había matado a una sino a dos personas, muchos rieron la gracia. Vimos paredes pintadas con aquello de “Portillo macho”, como si se tratara de un héroe huevudo arrastrando su masculinidad. ¡Por fin un candidato con “arrestos”!, se oía. No quisimos darnos cuenta de que un matón auto reconocido se proclamaba Presidente de una República que era vista como bananera, o ¿había otra forma de verla?.
En el mundo civilizado, al que queremos pertenecer, los asesinos están excluidos de los puestos públicos, al igual que los narcos, los ladrones, los que carecen de la más elemental ética y otros delincuentes, criminales y corruptos. Aquí, como éramos (o somos) diferentes, nos gustaba tener un Presidente que luego resultó ser, por las causas judiciales abiertas y los informes de prensa, no solo un pistolero de pueblo sino un avispadillo que hundió el país.
Poco después, estamos en otra encrucijada. Un difunto inculpa de asesinato, a través de un video, al Presidente, a su esposa y a otras personas. Pareciera que la historia se repite. A lo interno, seguimos con reflexiones y discusiones sobre la institucionalidad política y la preservación de la democracia. A lo externo, excepto la OEA, nos siguen viendo como un país desastroso. Al igual que esas puntuaciones que dan las calificadoras de riesgo, hemos pasado de bananero a bananero plus, con vocación de seguir escalando puestos y mejorar en ese ranking infame, donde estamos destacados.
Con nula capacidad de visión global, nos encerramos en nuestro diminuto espacio sin comprender el significado que tiene para el resto del mundo, por cierto con el que convivimos, comerciamos e interactuamos, que hayamos tenido en corto tiempo dos Presidentes acusados de asesinato y que la ética y la justicia, algo que se observa en otros países, no haya prevalecido sobre intereses espurios. Somos el hazmerreir, o la vergüenza, de las democracias occidentales. No conozco otro lugar que tenga ese triste record, lo que nos catapulta al primer puesto del Guiness de la ineficiencia política y de la calamidad democrática. Nada de Estado fallido, mejor hablar de un Estado que continuamente falla porque no terminamos de entender ni exigimos contundentemente transparencia, honradez e integridad al sistema y, lo mismo que en su momento apostamos por un criminal confeso y lo soportamos con todo el daño que hizo, ahora no tenemos los bemoles de pedir, de una jodida vez, que un juez llame a declarar a los imputados para ver que tienen que decir a esas acusaciones, aunque solo sea desmentirlas.
Somos unos cobardes que permitimos que otros escriban los episodios nacionales por nosotros. Nos tratan como a lacayos, anulan nuestra libertad y seguimos riéndoles las estupideces y soportándolos patéticamente, sin percatarnos cómo nos matan poco a poco. Nos comportarnos como esclavos, porque asumimos que no tenemos nada por lo que pelear; nos dejamos comprar con gorritas, comidas de a Q3, alguna que otra playera con el logo del grupo delictivo y una forzada e hipócrita sonrisa del que manda o de quienes le acompañan.
¡Levantemos la cabeza y seamos dignos, aunque sea una vez en toda nuestra historia!. Dejemos de soportar burlas y exijamos la justicia que debe imperar. Nuestra dejadez y conformismo solo servirá para que dentro de algunos años cualquier otro matón, de los que aspira a dominarnos, esté en el poder. ¡Valiente ejemplo de ciudadanos que somos!, ¿o seguimos siendo súbditos?.
En el mundo civilizado, al que queremos pertenecer, los asesinos están excluidos de los puestos públicos, al igual que los narcos, los ladrones, los que carecen de la más elemental ética y otros delincuentes, criminales y corruptos. Aquí, como éramos (o somos) diferentes, nos gustaba tener un Presidente que luego resultó ser, por las causas judiciales abiertas y los informes de prensa, no solo un pistolero de pueblo sino un avispadillo que hundió el país.
Poco después, estamos en otra encrucijada. Un difunto inculpa de asesinato, a través de un video, al Presidente, a su esposa y a otras personas. Pareciera que la historia se repite. A lo interno, seguimos con reflexiones y discusiones sobre la institucionalidad política y la preservación de la democracia. A lo externo, excepto la OEA, nos siguen viendo como un país desastroso. Al igual que esas puntuaciones que dan las calificadoras de riesgo, hemos pasado de bananero a bananero plus, con vocación de seguir escalando puestos y mejorar en ese ranking infame, donde estamos destacados.
Con nula capacidad de visión global, nos encerramos en nuestro diminuto espacio sin comprender el significado que tiene para el resto del mundo, por cierto con el que convivimos, comerciamos e interactuamos, que hayamos tenido en corto tiempo dos Presidentes acusados de asesinato y que la ética y la justicia, algo que se observa en otros países, no haya prevalecido sobre intereses espurios. Somos el hazmerreir, o la vergüenza, de las democracias occidentales. No conozco otro lugar que tenga ese triste record, lo que nos catapulta al primer puesto del Guiness de la ineficiencia política y de la calamidad democrática. Nada de Estado fallido, mejor hablar de un Estado que continuamente falla porque no terminamos de entender ni exigimos contundentemente transparencia, honradez e integridad al sistema y, lo mismo que en su momento apostamos por un criminal confeso y lo soportamos con todo el daño que hizo, ahora no tenemos los bemoles de pedir, de una jodida vez, que un juez llame a declarar a los imputados para ver que tienen que decir a esas acusaciones, aunque solo sea desmentirlas.
Somos unos cobardes que permitimos que otros escriban los episodios nacionales por nosotros. Nos tratan como a lacayos, anulan nuestra libertad y seguimos riéndoles las estupideces y soportándolos patéticamente, sin percatarnos cómo nos matan poco a poco. Nos comportarnos como esclavos, porque asumimos que no tenemos nada por lo que pelear; nos dejamos comprar con gorritas, comidas de a Q3, alguna que otra playera con el logo del grupo delictivo y una forzada e hipócrita sonrisa del que manda o de quienes le acompañan.
¡Levantemos la cabeza y seamos dignos, aunque sea una vez en toda nuestra historia!. Dejemos de soportar burlas y exijamos la justicia que debe imperar. Nuestra dejadez y conformismo solo servirá para que dentro de algunos años cualquier otro matón, de los que aspira a dominarnos, esté en el poder. ¡Valiente ejemplo de ciudadanos que somos!, ¿o seguimos siendo súbditos?.
lunes, 1 de junio de 2009
Amores y desencuentros
Casi dos años llevamos discutiendo sobre la CICIG. Perdemos más tiempo en el debate ideologizado que en el análisis real y el tema se ha sesgado de tal forma que ya no hay reacción que no deje a un lado la racionalidad y se apuntale en el ímpetu. Por cierto, algo muy común en el debate de otros aspectos de la vida nacional, como si interesadamente algunos recurrieran a la artimaña para diluir el fondo de los problemas.
Nunca he dudado, y lo digo contundentemente, de la capacidad y del profesionalismo de cuantos integran la comisión de marras, que forman parte de un selecto grupo de investigadores de diferentes países. Así que, desde esa perspectiva, todos mis respetos y consideraciones. Si he dicho, y sustento, que no es la forma de potenciar y promover la institucionalidad del poder judicial ni del proceso de investigación. La razón es tan simple que puede ser rápidamente comprendida. Cualquier actuación de la CICIG en investigaciones sobre el terreno, intervención de teléfonos o de correspondencia, allanamientos, aspectos del proceso judicial desde que el juez decide qué hacer con un expediente y otros, pasan necesaria e inexcusablemente por el canal nacional que es, efectivamente, el que no funciona o está permeado de corrupción. Por tanto, la conclusión es clara: la CICIG no tiene libertad de acción ni de actuación y las intervenciones que realiza requieren del concurso del sistema nacional, justo el que se quiere cambiar porque ha demostrado inoperancia. La dependencia puede condicionar los resultados; la independencia es ilegal.
Las pruebas que demuestran tal afirmación son varias: la no aceptación de un juez de que sea querellante adhesivo en una causa de alto impacto como es el caso Portillo, la decisión judicial de no encarcelar a un ex fiscal que era acusado de obstrucción, la obligación de pedir autorización para los últimos allanamientos realizados con motivo del caso Rosenberg o, finalmente, la necesidad de emplear policías locales dependientes, en última instancia, del gobierno, entre otros. Eso de la independencia, que no de la imparcialidad, me lo sigo cuestionando y es la piedra angular de mi discrepancia.
No he visto a la CICIG pronunciarse sobre la falta de apertura de una investigación y la no toma de declaración a los imputados por el abogado Rosenberg en el video de todos conocido. La esposa del presidente, un banquero y algunas personas más, son sindicados de asesinato y lo menos que podría, y debería haber hecho cualquier juez, y por supuesto exigido cualquier comisión internación y la PDH, era que se tomasen inmediatamente declaraciones indagatorias a los señalados. No digo que se les procese, ¡no!, pero sí que se les investigue. ¿O, acaso no actúan así con otros ciudadanos corrientes?.
También me preocupa que muchos de esos colectivos de la sociedad civil, ciertas embajadas y siempre el PDH, que levantan la voz cuando quieren demostrar la necesidad de la CICIG, no hayan reaccionado contundentemente contra las declaraciones de la e(x)sposa de este último que dijo no querer que esa comisión se haga cargo de su caso porque la versión la contradice y evidencia, aunque disponibles en el INACIF podrían aclarar muchas cosas. ¿Qué pasó con quienes apoyan a la CICIG que no cuestionan a esa señora cuya versión se revela ahora manipulada e interesada?. Espero que no pase como en MINUGUA, donde un policía español fue expulsado de la misión porque no sostenía la versión oficial de la muerte del Obispo Gerardi. ¡Ay, la hipocresía de siempre y su doble discurso!.
Nunca he dudado, y lo digo contundentemente, de la capacidad y del profesionalismo de cuantos integran la comisión de marras, que forman parte de un selecto grupo de investigadores de diferentes países. Así que, desde esa perspectiva, todos mis respetos y consideraciones. Si he dicho, y sustento, que no es la forma de potenciar y promover la institucionalidad del poder judicial ni del proceso de investigación. La razón es tan simple que puede ser rápidamente comprendida. Cualquier actuación de la CICIG en investigaciones sobre el terreno, intervención de teléfonos o de correspondencia, allanamientos, aspectos del proceso judicial desde que el juez decide qué hacer con un expediente y otros, pasan necesaria e inexcusablemente por el canal nacional que es, efectivamente, el que no funciona o está permeado de corrupción. Por tanto, la conclusión es clara: la CICIG no tiene libertad de acción ni de actuación y las intervenciones que realiza requieren del concurso del sistema nacional, justo el que se quiere cambiar porque ha demostrado inoperancia. La dependencia puede condicionar los resultados; la independencia es ilegal.
Las pruebas que demuestran tal afirmación son varias: la no aceptación de un juez de que sea querellante adhesivo en una causa de alto impacto como es el caso Portillo, la decisión judicial de no encarcelar a un ex fiscal que era acusado de obstrucción, la obligación de pedir autorización para los últimos allanamientos realizados con motivo del caso Rosenberg o, finalmente, la necesidad de emplear policías locales dependientes, en última instancia, del gobierno, entre otros. Eso de la independencia, que no de la imparcialidad, me lo sigo cuestionando y es la piedra angular de mi discrepancia.
No he visto a la CICIG pronunciarse sobre la falta de apertura de una investigación y la no toma de declaración a los imputados por el abogado Rosenberg en el video de todos conocido. La esposa del presidente, un banquero y algunas personas más, son sindicados de asesinato y lo menos que podría, y debería haber hecho cualquier juez, y por supuesto exigido cualquier comisión internación y la PDH, era que se tomasen inmediatamente declaraciones indagatorias a los señalados. No digo que se les procese, ¡no!, pero sí que se les investigue. ¿O, acaso no actúan así con otros ciudadanos corrientes?.
También me preocupa que muchos de esos colectivos de la sociedad civil, ciertas embajadas y siempre el PDH, que levantan la voz cuando quieren demostrar la necesidad de la CICIG, no hayan reaccionado contundentemente contra las declaraciones de la e(x)sposa de este último que dijo no querer que esa comisión se haga cargo de su caso porque la versión la contradice y evidencia, aunque disponibles en el INACIF podrían aclarar muchas cosas. ¿Qué pasó con quienes apoyan a la CICIG que no cuestionan a esa señora cuya versión se revela ahora manipulada e interesada?. Espero que no pase como en MINUGUA, donde un policía español fue expulsado de la misión porque no sostenía la versión oficial de la muerte del Obispo Gerardi. ¡Ay, la hipocresía de siempre y su doble discurso!.