Chusma homicida

 “Las palabras elegantes no son sinceras; las palabras sinceras no son elegantes”

Los hechos acaecidos en San Juan Sacatepéquez evidencian la prefabricada y tolerada conflictividad. La “criminalización” de la protesta social se metamorfosea “criminalización” de la empresa privada. Alborotadores profesionales -anti todo- boicotean cualquier actividad que signifique progreso porque desean someter a la población más pobre. Las empresas promueven desarrollo, mejoran las condiciones de vida, crean puesto de trabajo alternativos a los tradicionales -que no han sacado de la miseria al país- y contratan a muchas mujeres, generando un sustancial grado de independencia frente a la tradicional subordinación machista. Ese grupito de terroristas, incrustado en movimientos que monopolizan “la lucha social y campesina”, decidió matar -otra vez- a varios miembros de una familia y amenazar a muchas personas, bajo la “gravísima acusación” de estar relacionados con cierta empresa. En la reunión de junio pasado con el Presidente, el CUC solicitó el listado de propiedades voluntariamente negociadas para construir la carretera, información que también buscó insistentemente el diputado Amílcar Pop. La familia masacrada era una de las que había vendido; don Marcelo Pajoc, además, testificó en un juicio en el que condenaron a 50 años a otro asesino comunitario.

Parte del dinero que reciben esos bandoleros es donado por países “amigos” que directa o indirectamente financian esas actividades criminales, aunque desde lo políticamente correcto hablen de cooperación para el desarrollo y maquillen lo que ocurre con la clásica verborrea discusiva. Más de cincuenta denuncias y veinte órdenes de captura estuvieron silenciadas “por órdenes superiores” en el MP durante la pasada administración. Detrás de esas violaciones está la complicidad de grupos liderados por militantes activos de ORPA, EGP o FAR que en su momento realizaron o consintieron crímenes similares, sin que hayan pedido las disculpas que exigen a otros. Utilizan las mismas tácticas; llegan durante la noche al lugar, impiden el acceso de la PNC y asesinan brutalmente a quienes consideran colaboradores de la oligarquía. Aunque con suficiente información y múltiples llamadas telefónicas pidiendo auxilio, el gobierno irresponsable y cobardemente no actuó, a pesar de que preservar la vida humana es su razón de existir. Reaccionó tarde -CICIG nunca, ni Rigoberta Menchú ni la iglesia ni otros/as-, y murieron ocho personas. La inacción permitió, además, que la escena del crimen fuese alterada a conveniencia. Los asesinatos también fueron invisibilizados por ese grupito de habituales columnistas retozonas y ágiles en otros momentos pero insensibles y olvidadizas en este. Pareciera que los cachiqueles masacrados no eran de los mayas por los que suelen abogar ni de las mujeres y niñas que dicen defender, a pesar de que les cortaron el pelo y desnudaron. Ustedes: terroristas disfrazados; matones profesionales que se dicen líderes comunales; violadores permanentes de derechos humanos que monopolizan; columnistas que apoyan esas acciones o no las condenan; políticos incapaces o cómplices. Ustedes, destruyen este país que dicen suyo con cínico nacionalismo. Tienen manchadas las manos -y la pluma- de sangre, el alma repleta de odio y los bolsillos de intereses. La mayoría son chusma fratricida fracasada que militó en movimientos revolucionarios del pasado, cuyo objetivo sigue siendo mantener mísera a la población y que el liderazgo -como en Cuba- tenga privilegios a expensas de los demás.

Mientras enterraban a los masacrados, damas relacionadas con la prensa tuitearon críticas a la actuación policial o daban crédito a palabras de Daniel Pascual, sin condenar la brutalidad de los homicidas. Displicencia que contrasta con esa sensibilidad femenina con que se indigna y de la pasión con la que se muestran en otros momentos.

Desigualdad y pobreza

 Nació pobre, murió rico y nunca dañó a nadie por el camino (Duke Ellington)

Cierta moda anima a muchos analistas, columnistas, profesores e instituciones a centrar sus trabajos y discursos en temas relacionados con la desigualdad. Menos, focalizan su análisis en la pobreza, que constituye el auténtico problema de algunas sociedades. Al respecto, el profesor Martín Krauser explica magistralmente en un video -en apenas tres minutos- ese desenfoque. Aquellos, abogan por reducir la diferencia entre quienes más tienen y menos poseen, callando que se puede vivir en una sociedad próspera con grandes desigualdades, sin que ello represente problema alguno que no sea producto de la envidia. En contraposición, es posible vivir en una sociedad muy igualitaria en la que todos sean pobres -unos más que otros- y promover la igualdad no resolvería el problema principal. La discusión, por tanto, debe centrarse en la pobreza y cómo enriquecer a ese grupo que no alcanza condiciones suficientes para subsistir, lo que genera pensamiento y políticas públicas muy diferentes de aquellas que promueven el reparto o la distribución arbitraria y forzada por ley.

Escuché recientemente al profesor Adam Przeworski decir que le era muy fácil comprender cualquier sistema de redistribución de la renta por parte de un gobierno, pero no alcanzaba a entender cómo se podría lograr la redistribución de las capacidades del ser humano de mantener la riqueza repartida lo que lleva a concluir que en el medio plazo la situación final sería exactamente igual que la que se pretendió corregir.  Los seres humanos -iguales en derechos y obligaciones- somos, sin embargo, diferentes en capacidades, voluntad, espíritu emprendedor, deseos, aspiraciones y otras características que hacen que cada quien tenga un horizonte distinto y que pretenda alcanzarlo a una velocidad diferente. La forzada igualdad fue considerada por Tocqueville como “una nueva forma de servidumbre”.

Mises, en su libro "La acción humana", deja muy claro cómo y por qué actúan las personas y ese "pequeño detalle" pasa desapercibidos por muchos de los que abordan la desigualdad pero disimulan la parte cualitativa del problema. Tampoco es lo mismo una sociedad pobre, producto de marcos legales de privilegios a determinados grupos que otra que puede serlo por motivos diferentes. La acción estatal puede ser culpable de la pobreza que asole a determinados grupos, normalmente generada por descarado mercantilismo, autoritarismo impuesto o falta de condiciones relacionadas con la seguridad y la justicia. Ejemplos sobran en el continente. Redistribuir supone generar legislación particular y desigual para promover igualdad, lo que se traduce en una contradicción en sí misma y promueve la corrupción, la violación de derechos individuales o la arbitrariedad, cuanto menos. Preocuparse por la pobreza, como algunos señalan, permiten visualizar con exactitud cuál debe ser un rol fundamental del gobierno en una sociedad moderna: promover el Estado de Derecho y garantizar certeza jurídica. Cuando ese principio básico se olvida, se desvía la atención para satisfacer las ambiciones de grupos de poder que no se reducen a los clásicos de corte empresarial, sino que cada vez más afloran a través de organizaciones muy diversas.

Krauser tiene toda la razón -y claridad- al abordar el problema de la pobreza y dejar en entredicho a quienes abogan por la igualdad y enlaza con el cuestionamiento de fondo propuesto por Przeworski de cómo mantener la misma una vez alcanza, si es que se logra. Tampoco se comenta si ese procedimiento redistributivo tiene algún límite temporal o es eterno. Generalizaciones y discursos poco sostenibles, menos sustentables y, sobre todo, que reflejan escaso interés por el problema de fondo: la pobreza.  

Fábricas de mentiras

Aunque muchos difundan una mentira aquella no se convierte en verdad

En junio pasado, la CICIG elaboró un informe titulado Estado de investigaciones sobre la muerte de sindicalistas en Guatemala. Responde, según se lee en "Antecedentes", a una solicitud que le hiciera el MP motivada por "la preocupación de [la] Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Guatemala y la Organización Internacional del Trabajo" que llevó a firmar un convenio -no publicado en la web- entre los entes investigadores. Se constata la influencia y el poder de ciertos organismos internacionales y desconozco en qué lugar del Convenio que da vida a CICIG figura esa peculiar misión de investigar agresiones a sindicalistas, actividad que detrae recursos y tiempo de su cometido real, pero eso -que es muy importante- ni siquiera es lo relevante de este análisis.

El Departamento de Investigaciones y Litigio de la CICG analizó (2004-2013) 58 denuncias de "homicidios de sindicalistas". El resultado del informe refleja que ÚNICAMENTE seis (6) -¡solamente el 10% de las denuncias!- están relacionadas con actividad sindical. De ellos, dos casos están concluidos y otros cuatro todavía en proceso. El 90% de los homicidios obedeció a motivos tan dispares como actos de pandillas, venganzas personales, asaltos, extorsiones y hasta crímenes pasionales -4 casos-. Sin embargo, durante ese tiempo se difundió el construido y falaz discurso de la "persecución y agresión" a sindicalistas, aunque se muestra falso tras esta investigación que, como el convenio, tampoco figura en la página web de CICIG, quizá porque no sea políticamente correcta y evidencia una realidad diferente a la promovida por ciertos colectivos, algo que no debe gustar a los y las cuentistas profesionales de este país.

Sin más fundamento que extrapolar lo comentado, me atrevo a pensar -y apostar- que es exactamente la misma proporción que se encontraría en denuncias de otros colectivos de quejumbrosos, como los/las "defensores/as de los derechos humanos", los/las "activistas medio ambientalistas", los/las "luchadores de causas sociales" y otros "los y las", plañideras profesionales que imponen trastocadas ideas de la realidad y cuando se investiga, resulta que apenas se corresponde con lo que recogen "prominentes informes" de organismos internacionales o difunden diferentes medios sin mínimo rigor ni suficiente investigación. Engañan frecuentemente con datos que fabrican en la medida que interesa para conseguir donaciones y continuar viviendo del cuento de la victimización. La "criminalización de la protesta social" es la falacia más reciente de esas orwelianas fábricas de "verdades". Algo parecido a esos números engrosados de las víctimas del conflicto armado interno que algunos sociólogos e historiadores cuestionan recientemente con estudios más precisos.

La particular investigación de CICIG refleja el alto grado de manipulación y el conjunto de falsedades sobre las que se construyen percepciones que la ciudadanía acepta y promueve, sin certeza de que aquello que gritan algunos -por necesidad ante la ausencia de razones- esté justificado. El informe deja claro que suele ser sustancialmente falso. La manipulación mediática y el lobby político es un vector eficiente de incidencia en sociedades poco informadas o conformistas, que validan discursos amañados y posibilitan la vida cómoda de ciertos grupos de presión con ayuda internacional o por medio del patrimonialismo estatal. Vivimos en un mar de bolas y falsedades construidas por los y las habituales que hacen converger sus utilitaristas esfuerzos para mantener privilegios y formas de vida parasitaria. CICIG debería publicar, difundir y, sobre todo, comentar este informe con idéntica pasión a como ha hecho con otros ¡Incluso podría hacer un video!

El brother don Damián

El Estado de Derecho parece que también “se construye” en las alcantarillas 

Increíble lo ocurrido con el Sistema Penitenciario (SP), aunque comprensible. La detención de la cúpula de dicha institución por cobrar peaje para trasladar reclusos de una a otra prisión, evidencia una permisividad que no puede adjetivarse de sorpresiva. Esto se sabía -o debía saber- y fue permitido ¡Es el segundo director de esta administración que sale por graves tropelías!

Llama la atención y no pasan desapercibidas varias cosas. La primera, las declaraciones del Ministro de Gobernación comentando que no estaba enterado del operativo y que se sorprendió al recibir una llamada cuando se inició. La segunda, un correo electrónico filtrado por Lima en el que se dirige a un tal “Don Damián” recomendándole personas para que fueran nombradas en el SP, y fotos de un chat del ex capitán que dejan entrever como López Bonilla estaba, desde antes del inicio de este gobierno, en comunicación con el recluso.

Del análisis de la información disponible, se deduce que esto es un entramado consentido. Una especie de política de laissez faire que mantenía el estatus quo de los negocios en prisiones y de paso generaba ingresos extras para algunos que se muestran políticamente correctos. El problema estalla al concurrir, en algún momento, dos acciones. Una, cuando quien lo permite desde afuera pretende cobrar más de la comisión que recibe o bien desea imponer sus condiciones, saltándose la “autoridad” conferida y ejercida a quien, desde adentro, gestiona la situación. El motivo aparente: trasladar al Zope -u otros- a Pavoncito. Una especie de “golpe de estado” -producto de la avaricia- que aspiraba a arrebatar el poder real y gestionar millones de quetzales. La otra, porque CICIG quiso posiblemente picar demasiado alto y enjuiciar a un político de alto nivel, pero requería la colaboración “eficaz” de Lima y aquel, como buen kaibil, no cruzó la línea de la delación. Con ello la Comisión Internacional hubiese contado con un caso emblemático que la posicionaría para pelear con más argumentos su permanencia en el país -jugada política y no necesariamente de justicia, como es habitual-. Como el soplo no se dio, se produjeron las detenciones y acusaciones, antes de la fecha -prevista en días próximos- en que se iba a analizar la libertad condicional de Lima. Ello evidenció casi toda la estructura y se dejó entrever -de ahí la sorpresa del Ministro de Gobernación cuando lo llaman- que este caso esta amarrado con alguien de mayor nivel, cuya identidad se conocerá si la disputa se torna más cruenta.

Por ahora Lima juega sus cartas publicando información a medias. El mensaje y la estrategia es muy clara: ¡sáquenme de esta o remuevo el lodazal! ¿Cuál será el final del cuento? La historia del país revela que varias hipótesis se pueden manejar. 1) Nada, ¡aquí nunca pasa nada! 2) La vida de algunos corre peligro. 3) Hay que callar a Lima a como de lugar. 4) El escandalo tomará tal magnitud que puede sorprender cuando se sepa quien está detrás de todo o los nexos con carteles o personajes del crimen organizado. 5) CICIG prorroga su mandato; un éxito para algunos. Quizá hasta se produzca la defenestración de algún aspirante perpetuo al poder y se reacomoden las mafias institucionales. Esto no es tan simple como parece. El caso Lima no requería de tal escándalo, salvo que no veamos lo que hay detrás. La mala noticia es que lo que viene, aunque parezca un contrasentido, puede ser mucho peor que la que vivimos.
¡En QAP!

¿Usted contribuye?

“El Estado es esa gran falacia que permite a muchos vivir a costa de todos los demás”

Un interesante y documentado informe de FUNDESA/CACIF -ignorado por quienes gustan de la emotividad frente a la lógica de los datos- explica quiénes pagan ISR en Guatemala. Solamente somos 1,5 millones de ciudadanos, lo que representa el 10% de la población total y el 25% de la población económicamente activa. Por tanto, el 75% restante está en la informalidad o desempleado -improbable- y no pagan impuestos. Algo más trascendente muestra el estudio: el 98% de la recaudación de ISR es pagada únicamente por 133,608 personas -físicas o jurídicas- (0,8% de la población), que son las que sustancialmente sostienen este país. Respecto de las tasas a empresas centroamericanas, la guatemalteca ha sido, con el 31%, la mayor de todas ellas. Sin embargo, en el debate político y social no se comenta seriamente sobre evasión, contrabando o defraudación aduanera, menos se exploran vías para que todos seamos corresponsables con los gastos estatales.

Voces nacionales e internacionales abogan frecuentemente por incrementar la tasa impositiva, lo que traducido quiere decir que ese reducidísimo porcentaje de personas/empresas que pagan, sean quienes asuman el aumento que se proponga, agrandando la injusticia fiscal existente basada en los datos indicados que no son producto de imaginación perversa. Quienes eluden pagar no están dispuestos a hacerlo, a pesar de reclamar -directamente o por medio de columnistas afines- ventajas, derechos y mayor inversión pública ¡Que otros paguen mis reclamos y mis derechos constitucionales!, pareciera ser el mensaje resumido, difundido y amplificado -incluso- por organismos internacionales.

Ningún partido político ha planteado seriamente ampliar la base de contribuyentes, forma mucho más sensata, racional y justa de incrementar los ingresos. La razón sustancial es el enorme costo político que representa por la consecuente perdida de votos populares, optando por promover el alza sobre la nomina de quienes ya son responsables con sus deberes o promoviendo un endeudamiento que pagarán futuras generaciones. Un montón de vividores ha asumido el reclamo de indemnizaciones y la exigencia de derechos, pero permanecen fuera de ese porcentaje pequeño de cumplidores del deber fiscal. Parece muy oportuno que quienes contribuimos con el pago de impuestos exijamos que para votar o ser atendido en cualquier servicio público se exija la solvencia fiscal de la SAT o documento similar -no el DPI- y demuestre que tiene derecho al servicio que reclama.

De no tomarse en serio esta cuestión cada vez será mayor el número de personas que migren a la informalidad por dificultad para formalizarse o inacción gubernamental a la hora de exigir la correspondiente contribución a todo ciudadano que quiera ejercer sus derechos. La sanción fiscal debe de adquirir la importancia que tiene, de lo contrario continuará el chantaje, la coacción, la irresponsabilidad y la falta de colaboración con el resto de la ciudadanía cumplidora. Si la vida en común representa un costo, es imperativo que todos seamos sujetos de una parte de aquel. Eso de exigir y no dar, en la medida que corresponda, es una burla al sistema de quienes solicitan privilegios y exigen servicios de calidad y una mofa en el reparto de las obligaciones.

Si usted paga ISR forma parte de ese grupo sobre el que recae el peso de las finanzas públicas del país, eso le otorga el derecho a exigir que el resto contribuya por igual y sea coparticipe del futuro. Si queremos mejorar, comencemos por asumir compromisos para posteriormente exigir derechos, y no a la inversa como es la costumbre.