“Las palabras elegantes no son sinceras; las
palabras sinceras no son elegantes”
Los hechos acaecidos en San Juan Sacatepéquez
evidencian la prefabricada y tolerada conflictividad. La “criminalización” de
la protesta social se metamorfosea “criminalización” de la empresa privada. Alborotadores
profesionales -anti todo- boicotean cualquier actividad que signifique progreso
porque desean someter a la población más pobre. Las empresas promueven desarrollo,
mejoran las condiciones de vida, crean puesto de trabajo alternativos a los
tradicionales -que no han sacado de la miseria al país- y contratan a muchas
mujeres, generando un sustancial grado de independencia frente a la tradicional
subordinación machista. Ese grupito de terroristas, incrustado en movimientos
que monopolizan “la lucha social y campesina”, decidió matar -otra vez- a
varios miembros de una familia y amenazar a muchas personas, bajo la “gravísima
acusación” de estar relacionados con cierta empresa. En la reunión de junio
pasado con el Presidente, el CUC solicitó el listado de propiedades voluntariamente
negociadas para construir la carretera, información que también buscó
insistentemente el diputado Amílcar Pop. La familia masacrada era una de las
que había vendido; don Marcelo Pajoc, además, testificó en un juicio en el que
condenaron a 50 años a otro asesino comunitario.
Parte del dinero que reciben esos
bandoleros es donado por países “amigos” que directa o indirectamente financian
esas actividades criminales, aunque desde lo políticamente correcto hablen de
cooperación para el desarrollo y maquillen lo que ocurre con la clásica verborrea discusiva. Más de cincuenta denuncias y veinte órdenes de captura estuvieron
silenciadas “por órdenes superiores” en el MP durante la pasada administración.
Detrás de esas violaciones está la complicidad de grupos liderados por
militantes activos de ORPA, EGP o FAR que en su momento realizaron o consintieron
crímenes similares, sin que hayan pedido las disculpas que exigen a otros. Utilizan
las mismas tácticas; llegan durante la noche al lugar, impiden el acceso de la PNC
y asesinan brutalmente a quienes consideran colaboradores de la oligarquía. Aunque
con suficiente información y múltiples llamadas telefónicas pidiendo auxilio, el
gobierno irresponsable y cobardemente no actuó, a pesar de que preservar la
vida humana es su razón de existir. Reaccionó tarde -CICIG nunca, ni Rigoberta
Menchú ni la iglesia ni otros/as-, y murieron ocho personas. La inacción
permitió, además, que la escena del crimen fuese alterada a conveniencia. Los asesinatos
también fueron invisibilizados por ese grupito de habituales columnistas retozonas
y ágiles en otros momentos pero insensibles y olvidadizas en este. Pareciera
que los cachiqueles masacrados no eran de los mayas por los que suelen abogar
ni de las mujeres y niñas que dicen defender, a pesar de que les cortaron el
pelo y desnudaron. Ustedes: terroristas disfrazados; matones profesionales que
se dicen líderes comunales; violadores permanentes de derechos humanos que
monopolizan; columnistas que apoyan esas acciones o no las condenan; políticos
incapaces o cómplices. Ustedes, destruyen este país que dicen suyo con cínico
nacionalismo. Tienen manchadas las manos -y la pluma- de sangre, el alma repleta
de odio y los bolsillos de intereses. La mayoría son chusma fratricida fracasada
que militó en movimientos revolucionarios del pasado, cuyo objetivo sigue
siendo mantener mísera a la población y que el liderazgo -como en Cuba- tenga
privilegios a expensas de los demás.
Mientras enterraban a los masacrados,
damas relacionadas con la prensa tuitearon
críticas a la actuación policial o daban crédito a palabras de Daniel Pascual,
sin condenar la brutalidad de los homicidas. Displicencia que contrasta con esa
sensibilidad femenina con que se indigna y de la pasión con la que se muestran
en otros momentos.