Entradas populares

lunes, 13 de mayo de 2024

Israel y la política exterior nacional

Guatemala debió de abstenerse en esta ocasión, y no porque Palestina no merezca un Estado propio, sino porque Hamas mantiene secuestrados a ciudadanos israelíes

Hace pocos días, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución por la que exhorta a la plena incorporación del Estado de Palestina. Si bien hubo una mayoría de 143 votos favorables, no es menos cierto que países como Alemania, Canadá, Reino Unido, Suecia o Suiza integraron el grupo de los 25 que se abstuvieron. Guatemala formó parte de aquellos que aprobaron la resolución, después de que, días antes, se decidirá en el Consejo de Seguridad -por el veto norteamericano- no otorgar el estatus de miembro de pleno derecho. Esta decisión de la política exterior guatemalteca puede provocar cierta incomodidad con sus principales aliados ¿Qué se pudo -o debió- haber hecho y por qué?

El conflicto actual de Israel no lo es contra Palestina, sino que enfrenta a Hamas, un grupo terrorista yihadista que “escapa al control de la Autoridad palestina” y que tiene claro que la acción violenta contra el Estado judío y la desaparición de aquel son dos de sus principales objetivos. Meses atrás, mostró precisamente esa forma extremadamente violenta de actuar, con el brutal asesinato y el secuestro de decenas de personas.

Aunque la resolución 181 de la ONU divide el territorio en dos estados y una zona bajo régimen internacional particular -lo que otorga un derecho histórico a los palestinos- el actual momento no es adecuado para resolver lo que no ha sido posible desde hace décadas. No parece prudente debatir sobre un problema de esa magnitud mientras se mantienen secuestrados a ciudadanos israelíes, lo que representa una amenaza y la consecuente coerción de los terroristas para generar una respuesta internacional. Quizá por eso, países como los antes citados, decidieron abstenerse de la votación, al tener presente el ambiente actual más que los derechos históricos que habrá que respetar cuando el conflicto concluya, algo posible si el grupo terrorista Hamas liberase a los rehenes. Israel tiene una memoria histórica muy presente sobre los asesinatos llevados a cabo por un comando del grupo palestino Septiembre Negro, cuando asaltó la Villa Olímpica de Múnich 72, y hará todos sus esfuerzos por liberarlos. 

Un país debe de dar varios mensajes con sus políticas. Uno, que no se negocia con terroristas bajo ningún concepto. Otro, que está dispuesto a liberar a sus ciudadanos de cualquier injusticia independientemente del lugar en el que ocurra. Pocos lo hacen, y eso no es otra cosa que proyectar capacidad de disuasión y generar confianza en el Estado al que se pertenece.

Guatemala debió de abstenerse en esta ocasión, y no porque Palestina no merezca un Estado propio, sino porque Hamas mantiene secuestrados a ciudadanos israelíes, y en esas condiciones no se puede negociar ni conceder ventaja. Sin embargo, se dejó llevar por esa dinámica internacional que juega con ciertos sentimientos y valores progresistas, mientras obvia los principales que no son otros que defender los intereses de sus ciudadanos, especialmente la vida. Además, sus principales socios en América -los USA- y algunos de la UE votaron de forma diferente, por lo que posiblemente hubiese sido de mayor interés nacional pensar el voto emitido, para el que no había presión interna.

En el escenario internacional estas “pequeñas” cosas son las importantes a la hora de ser considerado socio fiable, lejos de las visitas de cortesía con las que dicen que se generan mejores dinámicas de percepción y se fomenta la multilateralidad. En estos momentos es cuando hay que demostrar con quien se está y el grado de coherencia de la política exterior, pero cuando la interna no termina de arrancar, parece que la otra sigue sin diseñarse.

lunes, 6 de mayo de 2024

El Congreso a los leones

Clavaron la estaca y se sentaron en ella, y aquella aberración jurídica la padecemos hoy, pero hay miedo a identificar quienes tienen realmente la culpa

En su mensaje a la nación, el Presidente anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de remoción del Fiscal General. Está en su derecho constitucional de hacerlo y la confrontación que mantiene con el Ministerio Público ahí lo conduce.

Reconoce el Presidente, implícitamente, que la modificación que se hiciera para proteger a Thelma Aldana -con presión de CICIG, parte de la comunidad internacional y la aquiescencia de los congresistas- fue una absoluta y condenable equivocación, aunque no se atrevió a decirlo, para no quedar mal con los promotores, pero las razones que expuso para la actuación que justificó son exactamente las opuestas a las utilizadas por la anterior FG para cambiar la ley en su momento. Clavaron la estaca y se sentaron en ella, y aquella aberración jurídica la padecemos hoy, pero hay miedo a identificar quienes tienen realmente la culpa ¡Se tenía que decir…!

Así las cosas, aún queda mucho camino por recorrer. De entrada, el receso en el que entrará el Congreso en unos diez días aumenta la presión sobre los legisladores, o puede dilatar la decisión. Después, habrá que debatirse y conseguir los votos necesarios y, finalmente, ver si la norma puede ser aplicada retroactivamente. Eso por no contar los amparos, inconstitucionalidades y otros artilugios legales que pueden plantearse en el camino. No lo veo fácil, pero si una vez fueron capaces de retirar más de cien visas, pueden volver a hacer otra intervención parecida. El Presidente ha echado a los leones a los diputados, y desistido de aquella otra vía de legalidad cuestionable que era la consulta popular.

Lo cierto es que hay una crisis institucional y debe de resolverse institucionalmente, y la guerra ya se ha declarado ¿Qué vendrá a partir de ahora?, pues está por ver porque seguramente la FG no se quedará de brazos cruzados, de hecho ya emprendió acciones ante la CC contra lo que intuyó se le venía encima. 

El tiempo corre respecto de la configuración del poder en el Congreso y va paralelo al proceso electoral norteamericano. No es lo mismo un gobierno USA de demócratas, Biden en concreto, que uno de republicanos, Trump en particular. La actual administración sabe que le puede quedar poco y, junto con la diáspora nacional, planifican una serie de acciones con el objetivo de cambiar las cosas, aunque realmente -tampoco nos engañemos- el fin es controlar el poder desde el MP, cosa que hicieron por años y de pronto se les volteó la tortilla. Los mismos de antes, ahora con diferentes estrategias.

En la propuesta, se introduce un párrafo -el b)3- que permite la discrecionalidad presidencial en la apreciación de lo que en el mismo se indica, lo que retornará el debate, nuevamente, a 2015, y permitirá la discrecionalidad porque únicamente hay que justificar -y eso se hace rápidamente- lo dice la norma: “… denote falta de debida diligencia, o incumplimiento de las funciones y atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes le establecen para el ejercicio de la acción penal pública…” Aprendimos poco, y seguimos arreglando los asuntos legales en función del momento, el gusto o las necesidades, jamás de forma objetiva, coherente y racional.

Lo que ocurrirá a partir de ahora es impredecible. La propuesta puede no ser aprobada por el Congreso y el Ejecutivo perderá más popularidad, y si ocurre lo contrario, vendrá una lucha legal en la CC. O quizá una tercera vía, de esas sorpresivas con las que acostumbran a doblegarnos, aunque aplaudimos o condenamos según nos venga.