Ese jueguecito al “teléfono
descompuesto” no es aceptable ni admisible la militancia deliberante
Un juez solicitó al Ministerio de la Defensa que le hiciera llegar una orden de comparecencia al general Melgar Padilla. Algunos consideran que la policía debería haberlo arrestado en la base militar -tenía orden
de aprehensión- sin
embargo, al ser la máxima autoridad y por tanto a quien había que solicitarle permiso
para ingresar a las instalaciones, ya suponía un hándicap -además de otros riesgos- lo que,
a mi entender, torna la
decisión adoptada por el juzgador como la más sensata.
El ministro del ramo manifestó en diversas comparecencias que cursó la orden el viernes por la tarde, cuando el
general ya se había
retirado y que presumiblemente el martes a mediodía cuando regresara -¡en
el Ejército la semana tiene 5 días y medio!- tomaría la decisión más oportuna, puesto que es al acusado a quien
corresponde resolver. Intentó hablar
con el general pero no le respondió, agregó. El militar no se incorporó y presentó
un amparo porque dijo ser juez militar y contar con antejuicio. El
miércoles apareció y casualmente su orden de captura fue suspendida por la jueza
Domínguez. Días después difundía un video cuestionando instituciones
del Estado.
El ministro no puede “obligar” al
general a que se presente al
juzgado porque la
responsabilidad penal es individual, pero lo puede cesar de su cargo por razones suficientemente justificadas. Una, por desobedecer y menoscabar el honor
de la institución con su conducta; otra, por “desaparecer” durante cuatro días (apareció al quinto), algo insólito en un jefe de unidad militar que debe estar localizado y presto 24/7 para emergencias, valor primordial de la institución; la tercera por emitir
declaraciones públicas. Esas situaciones fueron ignoradas por el ministro y su omisión es censurable. Debería saber que la inacción es
incompatible con el ejercicio del mando y el general conocer que las órdenes no se comentan ni
se discuten sino que se cumplen. Ese jueguecito al “teléfono descompuesto” no es aceptable ni admisible la militancia deliberante en una
institución jerarquizada como la militar, brazo armado del Estado.
Ese punto de ineptitud y/o complicidad
hubiese requerido la
actuación superior: la del Presidente, a la sazón
comandante supremo del Ejército. Él nombró al ministro ineficiente y ascendió al general que abandonó su puesto, responsables de dejar en evidencia a la institución y a muchos veteranos que
sufren pasivamente ese descrédito en el que se cuestiona el honor, la lealtad, la disciplina y la
subordinación. El ministro no
ha ejercido el liderazgo esperado y el Presidente tampoco, ya que
debería haberlo cesarlo al tiempo que al otro. Vergonzoso que esto ocurra cuando se
pretende otorgar mayores poderes al Ejército en material de inteligencia y se hace un llamado a las armas por
energúmenos y sicópatas, además de la detención de un coronel en un operativo antidrogas, la
captura de otro teniente coronel -guardaespaldas de un narcotraficante
extraditado- y los Q50,000
mensuales que recibía el Presidente como bono extraordinario.
No se aborda el tema de los delitos que le endilgan al general relacionados con el asesinato de su padre y el robo de propiedades. Enfocar exclusivamente el tema desde el punto de vista militar es suficiente para poner en evidencia el cúmulo de marrullerías. Una oportunidad perdida para recuperar el demérito que padece la
institución armada y que afecta el prestigio y honor de quienes sirvieron en sus
filas sin servirse de ella y dejaron su vida, sus ilusiones, su
nobleza. Y es que al unir política con milicia, ésta deja de ser esa religión de hombres honrados que
preconizó Calderón de la Barca.
