No se cuestiona el cine ni su valor cultural, sino qué papel debe desempeñar el Estado y hasta dónde resulta ético utilizar recursos públicos para favorecer una actividad privada
¿Por qué no apoyar al cine guatemalteco? ¿Qué tiene de malo que el Estado contribuya a desarrollar una industria, atraer inversiones, generar empleo y promover el talento? Preguntas razonables, particularmente en un país donde la producción cinematográfica es escasa y poco competitiva.
El Congreso acaba de aprobar la Ley de Cine, precisamente con esos propósitos. La norma contempla la creación de una estructura burocrática, además de ayudas e incentivos fiscales para determinadas aportaciones. Una iniciativa destinada a estimular una actividad económica y cultural. ¿Por qué oponerse?
Desde una perspectiva liberal, no se cuestiona el cine ni su valor cultural, sino qué papel debe desempeñar el Estado y hasta dónde resulta ético utilizar recursos públicos para favorecer una actividad privada.
La ley crea un fondo destinado a apoyar proyectos cinematográficos, con recursos procedentes, entre otras fuentes, del presupuesto nacional. Esto significa que una parte del riesgo económico de producir una película se traslada a los contribuyentes, con independencia de que tengan interés en ella o consideren conveniente financiarla. Es decir, le cobran la entrada antes de iniciar el rodaje.
La ley también establece créditos fiscales, deducciones y devoluciones tributarias para determinadas inversiones cinematográficas. Los incentivos pueden atraer capital, ciertamente, pero plantean otra pregunta: ¿por qué una empresa cinematográfica debe disfrutar de ventajas que no reciben, en condiciones equivalentes, una empresa agrícola, una fábrica de muebles o un emprendimiento tecnológico?
Una economía de mercado necesita reglas generales y previsibles, y cuando el Estado concede beneficios selectivos, comienza a distinguir entre actividades que merecen un tratamiento privilegiado, por parte del gobernante, y otras que deben competir sin él. El resultado termina siendo una asignación de recursos determinada más por presiones, incentivos fiscales, capricho o ideológica que por las preferencias de los consumidores que deberían libremente poder elegir el destino de su dinero.
Si el Estado concede subvenciones y privilegios tributarios a ciertas actividades, ¿por qué no habrían de reclamarlos también los agricultores, los transportistas, los comerciantes o cualquier otro sector? La lógica termina siendo perversa, y no se compite por ofrecer mejores productos y servicios, sino que ciertos grupos encuentran incentivos para competir por favores políticos. Gordon Tullock estudió este fenómeno. El problema no es que los sectores defiendan sus intereses, sino que el éxito empresarial pueda depender más de su influencia sobre el gobierno que de su capacidad para satisfacer la demanda.
Los legisladores, curiosamente, incluso han establecido que los recursos del Fondo de Fomento deben ser iguales o superiores a los destinados al funcionamiento del Instituto. La precaución resulta reveladora: los diseñadores de la institución han considerado necesario evitar que administrar las ayudas termine consumiendo más dinero que las propias ayudas ¿Por qué y para qué esa precisión no vista en otras normas?
Hay, no obstante, argumentos atendibles, como el de que otros países ofrecen incentivos cinematográficos, algunas producciones generan actividad económica local y determinadas obras poseen un valor cultural que no se refleja enteramente en su rentabilidad comercial. Pero esas posibilidades no sustentan por sí mismas que el mecanismo elegido sea el adecuado. Se puede acudir a los préstamos con devolución o a inversores.
Guatemala tiene necesidades públicas cuya atención resulta difícilmente postergable, y cada privilegio tributario representa una decisión sobre a quién se favorece y quién recibe un tratamiento diferente.
Por eso, ante la pregunta inicial, «¿por qué no apoyar al cine?», se puede responder con otra: ¿por qué tiene que hacerlo el contribuyente? No es una objeción contra la cultura. Es una pregunta sobre los límites del poder público, la igualdad ante la ley y el respeto al dinero de los demás.