Presidentes de paso, políticos eternos

Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal.

Sin querer queriendo, hemos logrado una hazaña intelectual extraordinaria: convertir la reelección presidencial en una especie de apocalipsis democrático, mientras reelegimos absolutamente todo lo demás. Diputados eternos, alcaldes vitalicios o dirigentes sindicales que parecen patrimonio histórico y que deberían declararse monumentos nacionales. Pero el verdadero peligro para la República —dicen con dramatismo casi litúrgico— sería permitir que un presidente pueda optar a un período más.

La lógica nacional es fascinante. Si la reelección fuera intrínsecamente mala, entonces habría que prohibirla para todos, sin excepción. Porque cuesta entender que un alcalde pueda gobernar veinte años el mismo municipio sin que nadie hable de “dictadura municipal”, mientras un presidente cuando apenas empieza a entender dónde están las llaves del despacho ya debe ir empacando sus cosas. Un diputado puede pasar décadas sobreviviendo varias legislaturas sin producir una ley memorable, pero el Ejecutivo tiene prohibido siquiera imaginar continuidad administrativa ¿Y nos preguntamos por qué el Estado vive atrapado?

La realidad es que cuatro años —o menos, si descontamos aprendizaje y bloqueo político— apenas alcanzan para entender cómo funciona la administración pública. Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal. El incentivo natural que produce la no reelección es pensar en el corto plazo, administrar encuestas y sobrevivir políticamente. La planificación de mediano plazo se vuelve casi un lujo. Francis Fukuyama ha insistido en que la fortaleza institucional depende, entre otras cosas, de capacidad estatal, continuidad administrativa y gobernanza eficaz. Pero aquí seguimos creyendo que cambiar constantemente de conductor fortalece el vehículo, aunque el carro lleve décadas sin alineación, sin frenos y con tres llantas pinchadas.

En el sector privado, curiosamente, ocurre todo lo contrario. Ninguna empresa sería cambia de CEO cada cuatro años “por salud democrática”. Más bien sucede lo inverso: cuando una organización encuentra liderazgo efectivo, capacidad de ejecución y resultados, busca continuidad. Los mercados valoran estabilidad estratégica. Las corporaciones entienden que los proyectos complejos requieren tiempo, consolidación y seguimiento. Por algo los grandes grupos empresariales mantienen liderazgos largos cuando funcionan. Nadie en una junta directiva dice: “Este gerente duplicó utilidades, expandió operaciones y estabilizó la empresa. Hay que sacarlo urgentemente antes de que se vuelva peligroso”. Pero en la política latinoamericana se ha romantizado la rotación constante, aunque produzca improvisación permanente.

El argumento histórico contra la reelección presidencial tiene fundamento: evitar caudillismos, concentración de poder y tentaciones autoritarias. El problema es que convertimos una medida preventiva en dogma religioso. No discutimos mecanismos, límites o modelos comparados; simplemente repetimos consignas. La sola palabra “reelección” provoca en algunos sectores una reacción casi exorcista, como si estuviéramos invocando simultáneamente a Ubico, Estrada Cabrera y otros males de la historia nacional.

Sin embargo, las democracias modernas más sólidas no necesariamente prohíben la reelección. Estados Unidos permite dos períodos presidenciales, y países europeos han tenido cancilleres durante más de una década o reyes al frente de las jefaturas del Estado. En muchos sistemas parlamentarios, la continuidad depende del desempeño y de los contrapesos institucionales, no del terror automático a la permanencia.

Quizá el verdadero problema no sea la reelección, sino la debilidad institucional. Porque una democracia fuerte controla al gobernante, aunque permanezca más tiempo, mientras una democracia débil, como la nuestra, fracasa incluso cambiándolo cada cuatro años. ¡Para meditar, aunque sea mucho pedir!

Algoritmos reemplazan ciudadanos

Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir.

La tentación de delegar en máquinas lo que antes exigía coraje humano crece al ritmo que mejora la tecnología. En un debate con alumnos del curso “Seguridad internacional” apareció, inevitablemente, la inteligencia artificial. No como una curiosidad, sino como un actor que empieza a ocupar espacios en la toma de decisiones en seguridad, defensa y el ámbito jurídico.

La IA analiza grandes volúmenes de datos, detecta patrones invisibles para el ojo humano, anticipa riesgos y propone cursos de acción con una rapidez imposible para una persona, y sin que afecten los sentimientos. En entornos operativos —desde el control fronterizo hasta la ciberdefensa— puede identificar amenazas, discriminar objetivos y optimizar respuestas en segundos. En el ámbito jurídico, su capacidad para ordenar precedentes, evaluar consistencia y reducir sesgos abre la puerta a decisiones más previsibles y, en ciertos casos, más justas. Sería conveniente que se empiecen a integrar modelos híbridos: juicios humanos contrastados con algoritmos.

Pero hay una paradoja incómoda: cuanto más eficaz es la herramienta, mayor es la tentación de abdicar responsabilidad. La cultura de defensa —que hace a los ciudadanos conscientes de que la libertad no es un estado natural sino una conquista frágil— se debilita cuando se asume que “otros” resolverán las amenazas. La globalización ha diluido fronteras físicas, pero no ha eliminado riesgos. Sin embargo, la disposición a asumir costes —especialmente el de la propia vida— es cada vez menor. 

La historia reciente de las democracias muestra una brecha creciente entre quienes deciden y quienes combaten. Esa distancia —que algunos autores describieron como un “gran divorcio”— erosiona la comprensión social de la seguridad. Si la política y la academia se alejan de la realidad operativa, y la ciudadanía se desentiende, la delegación tecnológica se vuelve casi automática. La máquina no duda, no teme, no se fatiga. Decide según parámetros. Y, precisamente por eso, resulta tan atractiva.

Pensemos en un policía o un militar ante una decisión inminente, en un entorno caótico. Debe ponderar múltiples variables bajo presión extrema, pero hoy puede apoyarse en sistemas que integran información en tiempo real y sugieren la respuesta óptima. Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir. La IA elimina emociones, pero también puede desactivar la deliberación que nos obliga a justificar por qué actuamos como actuamos.

Algo similar ocurre en el terreno jurídico. La idea de contrastar decisiones —un dictamen asistido por IA frente a un jurado— no es ciencia ficción. Bien usada, la tecnología puede mejorar coherencia y transparencia; mal usada, puede desplazar la carga de la decisión hacia una “caja negra” cómoda para el humano: “lo dijo el sistema”. Y con ello, diluir la rendición de cuentas.

Sería absurdo y contraproducente oponerse a la IA, pero el punto es entender que su avance no es neutro: ocupará los espacios que dejemos vacíos. Si renunciamos a la cultura de defensa, a la participación cívica y a la exigencia de responsabilidad, la tecnología no sólo nos asistirá, sino que nos reemplazará en las funciones más exigentes. La libertad, entonces, se convertirá en un resultado técnico más, optimizado por parámetros, pero desconectado del compromiso humano que la hace posible.

Defender la libertad implica algo más que beneficiarse de ella. Entraña asumir costes, exigir cuentas y sostener instituciones con criterio propio. La IA puede —y debe— ser una aliada poderosa para decidir mejor en seguridad, defensa y justicia. Pero no puede ser el refugio donde esconder nuestra renuncia a decidir. Porque cuando eso ocurre, no es la máquina la que nos quita la libertad, somos nosotros quienes dejamos de defenderla.

Unos debaten; otros transforman

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado

La lucha contra la desnutrición sigue atrapada en un círculo repetitivo e ineficiente, cuya historia es sobradamente conocida: diagnósticos reiterados, promesas de campaña que se diluyen y debates ideológicos que rara vez se traducen en resultados concretos. Mientras el Estado discute cómo hacerlo —o no logra ponerse de acuerdo—, la realidad en muchas comunidades no espera, y es ahí donde el contraste es evidente y el impacto sangrante. Lo verdaderamente inaceptable, lo profundamente inhumano, es que en medio de esa inacción hay niños que mueren de hambre o que quedan marcados de por vida por una mala nutrición.

Frente a esa inercia, hay actores que han decidido actuar. Un ejemplo es Castillo Hermanos, que ha demostrado que la acción humanitaria efectiva no depende exclusivamente del gobierno. Con una inversión sostenida y una visión integral, su intervención no se limita a entregar ayuda puntual, sino que aborda las raíces del problema: combina atención médica, nutrición, educación, desarrollo productivo y cambio de hábitos. No es asistencialismo; es transformación estructural.

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado. A este esfuerzo se ha sumado el Grupo Financiero G&T Continental, apostando por ampliar su alcance en direferentes aldeas de Huehuetenango. A diferencia de esquemas tradicionales, este modelo integra liderazgo empresarial, financiamiento directo y ejecución en territorio, respaldado además por validación académica internacional. El resultado es una propuesta organizada, medible y, sobre todo, replicable.

Pero este tipo de iniciativas no surge por generación espontánea. A su alrededor se articula un ecosistema de colaboración en el que participan personas, fundaciones empresariales, organizaciones sociales y aliados técnicos. Esta red permite que los esfuerzos no sean esporádicos, sino sostenidos en el tiempo, multiplicando su impacto y fortaleciendo su alcance en las comunidades.

Los resultados, a pesar del poco tiempo transcurrido, empiezan a reflejarse con claridad: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento, reducción importante en la desnutrición aguda, mejoras en la desnutrición crónica, menos enfermedades y un mayor consumo de alimentos en las familias. Sin embargo, más allá de los indicadores, lo verdaderamente relevante es que estos cambios son medibles, auditados y replicables. No se trata de un esfuerzo excepcional aislado, sino de un modelo que puede escalarse y, sobre todo, ser asumido también por otros actores y por entidades públicas cuyo mandato es precisamente combatir la desnutrición.

Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada —y cómoda para muchos—: que los grandes problemas sociales dependen únicamente del Estado. La evidencia muestra que el sector privado puede convertirse en un motor real de cambio y, sin sustituir al gobierno, avanzar donde la política se detiene, con visión, recursos, responsabilidad y alianzas estratégicas. Y ahí emerge un punto incómodo pero necesario: mientras algunas empresas —junto a sus fundaciones y aliados— están generando soluciones reales en el terreno, buena parte de la dirigencia política continúa atrapada en discusiones que no alimentan a nadie. Se habla de planes y de voluntad, pero lo que transforma comunidades es la ejecución constante.

No es necesario, en este tema en particular, elegir entre Estado o sector privado. Se necesita reconocer, fortalecer y replicar aquello que está funcionando bien. Porque, al final, la diferencia entre el estancamiento y el progreso no radica en quién tiene la responsabilidad, sino en aquellos que deciden actuar y en los resultados que logran con ello.

La coartada del experto

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad.

No dejo de recordar aquel juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Sí, aquel que fue anulado porque a la jueza Yassmín Barrios le pudieron las prisas por concluirlo en lugar de atender un amparo pendiente. Quedó la impresión de que lo esencial era celebrar el triunfo de su propia sentencia, aunque la satisfacción duró poco. Después, fallecido el general, se confirmó una condena por genocidio, pero no contra él; el desenlace supo a poco, casi a nada, y dejó la sensación de que lo verdaderamente relevante —y en lo que se había invertido— fue el primero.

Algo parecido ocurrió con el caso de Erwin Sperisen. Tres absoluciones —en distintos países— a sus compañeros de gobierno, por tribunales que coincidían en sus conclusiones, frente a una condena celebrada con entusiasmo, hasta que las apelaciones evidenciaron vicios, fallas y presiones. Un resultado, de nuevo, incompleto para ciertos “inversionistas” y militantes de la cooperación internacional.

Hoy asistimos a un escenario similar, ahora en torno a la fiscal general. Se ha construido un entramado de presión, tanto interna como externa, para impedir que la actual fiscal siquiera figure en una lista de la que, en última instancia, el presidente puede elegir libremente. Incluso un comité de expertos de la ONU ha señalado y publicado recientemente una carta que me he permitido —para evitar sesgos— someter a la IA con una pregunta simple: ¿es esto una investigación propia de un comité de expertos o adolece de carencias relevantes? Y la IA —que no tiene sensibilidad política ni puede ser acusada de pertenecer a ningún “pacto de corruptos”— responde: “El documento proyecta una conclusión contundente, pero lo hace sin el rigor que cabría esperar de un trabajo verdaderamente experto, lo que termina generando más dudas que certezas. Bajo una apariencia de análisis sólido —apoyado en referencias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico— se ocultan vacíos metodológicos difíciles de justificar: uso reiterado de fórmulas imprecisas (“según información recibida”), ausencia de fuentes verificables, falta de trazabilidad documental y empleo de cifras sin respaldo claro. Más preocupante aún es la formulación de imputaciones sensibles sin delimitar adecuadamente entre indicios, evidencia y conclusiones, así como la mezcla de análisis con posicionamientos que parecen preconfigurados.

A ello se suman aspectos relevantes que los autores omiten o desarrollan insuficientemente: la ausencia de contraste con archivos judiciales, registros civiles y documentación administrativa; la falta de análisis del marco legal vigente en cada período; la inexistencia de comparación con patrones regionales o internacionales; y la omisión de posibles explicaciones alternativas o contextuales. En lugar de un trabajo exhaustivo, crítico y cuidadosamente documentado —como sería exigible a un comité de expertos—, el texto ofrece una narrativa que sugiere conclusiones antes que demostrarlas. 

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad y deja abierta la impresión de que no se ha realizado el esfuerzo analítico ni probatorio que la gravedad del tema exige”.

Sospecho que esa valoración difícilmente convencerá a quienes, por falta de rigor, terminan instalándose en un terreno donde la honestidad intelectual se vuelve secundaria en beneficio de la narrativa. La estrategia de “acoso y derribo” que algunos actores, incluidos determinados internacionales, intentan impulsar suele sostenerse sobre una maquinaria bien aceitada y alineada con intereses concretos. Pero cuando el relato sustituye a la prueba, lo que emerge no es justicia, sino propaganda; no es evidencia, sino construcción narrativa-. ¡Todo un intento por figurar!

Y al final queda una pregunta incómoda e ineludible: tanto escándalo por el copy-paste de tesis doctorales… ¿y nadie cuestiona cuando los “expertos” reciclan argumentos sin el más mínimo estándar de exigencia?

El dinosaurio siempre estuvo ahí

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses.

No es el brote repentino de una crisis coyuntural ni producto exclusivo de un gobierno. Ha crecido en silencio durante décadas, alimentado por muchos que señalan con ferocidad en las redes sociales, pero que no se reconocen como parte del problema, porque vivimos en una sociedad donde la culpa se reparte con ligereza, pero nadie la asume. En esta sociedad el error siempre es ajeno: del político, del burócrata, del empresario o del adversario ideológico, y con ese ejercicio de evasión hemos construido el hábitat perfecto para la impunidad, donde la ausencia de autocrítica termina por normalizar lo inaceptable.

Y en este caldo de cultivo ególatra nos movemos a diario, aunque con indignación selectiva, porque olvidamos rápido y justificamos con facilidad. Es así como, casi sin percibirlo, seguimos alimentando a la bestia. A muchos revolucionarios de salón les incomoda reconocer hechos como el monopolio estatal que apoyan en una institución “educativa” manoseada. Prefieren sostener un relato antes que confrontar la evidencia, porque hacerlo implicaría desmontar años de complacencia ideologizada.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses. Su condición constitucional de monopolio estatal de la educación superior le otorga, además, una influencia política decisiva —y anómala a nivel global— que carece de los contrapesos adecuados. La USAC lleva décadas sumida en la descomposición, aunque ha sido preservada artificialmente porque representa un recurso de poder y presión para ciertos grupos. Ahora que la izquierda acaricia el poder, y pretende radicalizarse más, es cuando comienza a estorbar: las mismas prácticas que antes eran silenciadas, toleradas o encubiertas se vuelven incómodas porque dejan de servir como instrumento útil y afectan a quienes antes callaban.

Estamos ante un sistema tradicionalmente perverso. Los nombres de exrectores sancarlistas hablan por sí solos: Eduardo Meyer, condenado en su etapa como diputado; Murphy Paiz, capturado en 2021 por el caso “Comisiones Paralelas”; Jafeth Cabrera, señalado durante su vicepresidencia; Estuardo Gálvez, incluido en la Lista Engel; y Walter Ramiro Mazariegos, electo fraudulentamente en dos ocasiones, no son los únicos.

Además, la memoria institucional es convenientemente selectiva. Se minimizan episodios como el ilegal nombramiento de Gloria Porras, la fullera aceptación de las tesis de Baldizón o los bautismos delincuenciales, que laceran continuamente estándares mínimos. Lo irregular se normalizó hasta la indiferencia, y lo que aún cuesta entender y parece no aceptarse es que el sistema no está roto; por el contrario, ha sido perfeccionado para la opacidad.

Investigaciones realizadas por la extinta CICIG habían identificado estructuras relacionadas con contrataciones irregulares, proyectos de “obra gris” millonarios —algunos pagados, pero no ejecutados— y redes de influencia que capturaron las comisiones de postulación. A pesar de la evidencia presentada, y sobradamente conocida, los cambios fueron inexistentes.

La autonomía universitaria, principio vital para la libertad de cátedra, ha sido pervertida para funcionar como un escudo frente a la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de control y transparencia refleja la tensión entre autonomía y supervisión, lo que permite al dinosaurio prosperar en estas áreas ambiguas. Sería un error complaciente pensar que este es un problema exclusivo de la USAC. La universidad refleja una cultura nacional donde la responsabilidad se dispersa y las exigencias se diluyen. 

El dinosaurio sigue ahí, y no porque sea invencible, sino porque lo alimentamos con silencio, indiferencia y memoria corta. Mientras no estemos dispuestos a reconocer nuestra propia cuota de responsabilidad, la bestia seguirá creciendo y evolucionando.

Llegó La Hora

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. 

En su obra La espiral del silencio, Noelle-Neumann advierte que la mayoría de las personas prefiere callar antes que exponerse al escarnio público. Lo escribió en una época en la que no existían redes sociales ni linchamientos digitales, y sin esa maquinaria de amplificación emocional que ahora convierte cualquier disenso en anatema. ¿Qué diría hoy, cuando opinar distinto se reprime activamente?

Bajo esta premisa, la reacción por la reciente publicación de un reportaje sobre el diputado Samuel Pérez y su confrontación con el Ejecutivo no debería sorprender. El análisis evidencia una realidad: la fractura interna del partido SEMILLA y la polarización creciente con impacto directo en la gobernabilidad. Es periodismo de fiscalización y se aplaudía, aunque cuando resulta incómodo, algunos condenan y descalifican.

Lo revelador, sin embargo, no es el contenido, sino la respuesta. Al diputado se le señala de mentir, conspirar y tejer alianzas cuestionables; conductas que forman parte del debate público, pero el énfasis de sus defensores no está en esclarecer los hechos, sino en utilizarlos como mecanismo de desacreditación contra quienes los difunden. El statu quo opinador, que por años ha pretendido arrogarse la guardianía de la ética pública, ha respondido con virulencia. Se deslegitima al medio, se denigra al mensajero y se evita discutir el fondo del asunto. Nada nuevo, es de manual: cuando los sucesos desmienten el guión, se ataca a quien lo expone, con insultos y sin argumentos. El radicalismo de izquierda ha demostrado ser eficaz en la construcción de narrativas, pero profundamente intolerante y agresivo cuando emergen verdades que lo contradicen.

A esto se suma otro fenómeno igualmente inquietante: la activación automática de la marea informativa, una suerte de mara digital organizada con disciplina coreografiada que opera bajo la lógica de un tribunal sumario, convirtiendo cualquier discrepancia en delito moral. Crean una auténtica cárcel mediática de redes sociales, donde la condena precede a la evidencia y la sanción es inmediata. La pluralidad —ese pilar que dicen defender— es sustituida por el linchamiento autoritario. Quien disiente es etiquetado, aislado y expuesto mediante prácticas deleznables e intimidatorias. Impiden así el contraste de ideas, la discusión y la tolerancia, sustituyéndolos por ruido, consignas y agresión. Son auténticos perroflautas de la desinformación, criminales de la construcción discursiva y profesionales de la manipulación.

La paradoja resulta más grotesca cuando los mismos que antaño celebraban la intervención de sus aliados internacionales, actualmente denuncian injerencias porque no favorecen su discurso. Antes exigían transparencia, ahora administran el silencio; y quienes hablaban de democracia, en estos momentos exhiben reflejos autoritarios: para los amigos, indulgencia; para los críticos, escarnio. Han construido, durante años, una opinión publicada y artificial que generan, amplifican y presentan como un falso consenso social. Las redes han sido su herramienta más eficaz, donde la disidencia queda sistemáticamente invisibilizada.

La indignación actual resulta tan poco creíble porque no responde a la defensa de la verdad, sino a la incomodidad de verla emerger fuera del guión establecido. No es el reportaje lo que molesta, sino lo que revela: el poder —incluso el progre y “renovador”— también se fragmenta, se contradice y se erosiona.

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. Sin embargo, cada vez que alguien rompe ese silencio, se abre una grieta en el relato uniforme que pretenden imponer. La pregunta es simple: ¿queremos una democracia de convicciones, principios y cuestionamientos o una de consignas, amigos y “héroes” que publican chismes en fin de semana?. Mientras el disenso siga siendo castigado, la respuesta ya está dada.

La izquierda que no vive en Cuba

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres

No es en nombre de la libertad —ni mucho menos de la democracia, claramente ausente en la isla— que se construyen ciertos relatos, sino como un mecanismo para evitar reconocer el fracaso rotundo de un modelo ideológico que algunos se resisten a dar por agotado. Ese discurso ha servido, además, como sustento para quienes viven de la retórica, de la cooperación internacional y, en no pocos casos, del aprovechamiento de recursos públicos bajo justificaciones políticas cada vez menos sostenibles.

Uno de los argumentos más reiterados es el del “bloqueo”, presentado como causa casi exclusiva de todos los males. Sin embargo, conviene matizar: Cuba mantiene relaciones comerciales con decenas de países y no está aislada del sistema internacional. El problema de fondo no es la imposibilidad de comerciar, sino la ausencia de una economía productiva, competitiva y capaz de generar bienes y servicios con valor. Sin capacidad de producir de forma rentable, ningún país —con o sin restricciones— puede sostener niveles adecuados de desarrollo. Reducir la complejidad del fracaso económico cubano a un único factor externo no solo es impreciso, sino intelectualmente deshonesto e ideológicamente manipulador.

En este contexto, iniciativas como Humanidad con América Latina se insertan en un entramado narrativo más amplio al que contribuyen también actores políticos y mediáticos que, desde distintas latitudes, reproducen una imagen distorsionada de la realidad cubana. En el ámbito local, figuras como Sonia Gutiérrez (diputada por WINAQ) han llegado a difundir contenidos en redes sociales que muestran una Habana desolada, mientras disfrutan de condiciones —conectividad, hospedaje, movilidad y trato— muy alejadas de las que enfrenta cotidianamente la mayoría de los cubanos.

Algo similar ocurre con el respaldo internacional de ciertos dirigentes. El caso de Pablo Iglesias, quien viajó a la isla para entrevistar al dictado Díaz-Canel, sin abordar temas esenciales como los presos políticos, la falta de libertades o la represión sistemática, ilustra claramente esa actitud complaciente y servil. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a pesar de sus intentos por justificar el régimen, terminó reconociendo implícitamente lo que intentaba matizar en el discurso: la naturaleza dictatorial del sistema.

Muchos de estos defensores tardíos de un modelo agotado no anticipaban un cambio en el tono internacional, especialmente desde Estados Unidos, donde cada vez se es menos tolerante con las ambigüedades. Este giro introduce una dosis de realismo político que desmonta narrativas sostenidas durante años y deja al descubierto sus inconsistencias. En ese contexto, insistir en explicaciones simplistas no solo resulta insuficiente, sino cada vez menos creíble.

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres, lejos de la opresión que padecen quienes viven en la isla. El modelo se ha convertido en una bandera ideológica útil para justificar prácticas que, allí donde se han aplicado, han derivado en pobreza, represión y ausencia sistemática de libertades.

Lo verdaderamente preocupante es que esta narrativa no solo busca justificar el pasado, sino también influir en el presente de sociedades democráticas. Se utiliza como referencia —explícita o implícita— para promover agendas que, bajo distintas denominaciones, reproducir esquemas de control, concentración de poder y debilitamiento institucional. En ese sentido, el caso cubano deja de ser una excepción para convertirse en una advertencia permanente.

Al final, la cuestión no es Cuba como símbolo, sino la verdad como principio. Porque cuando la política se construye sobre relatos falsos, no solo se erosiona la credibilidad de quienes los sostienen, sino también la calidad de la vida pública y la confianza en la propia idea de tolerancia.

La Ronda: mensajes sin estrategia

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia

Hablar no es comunicar, y mucho menos es equivalente a promover una comunicación estratégica. Emitir mensajes de forma constante —aunque sea a diario y con abundancia de palabras— no garantiza que exista claridad, coherencia ni propósito, y se corre el riesgo de caer en una suerte de cháchara continuada. La comunicación estratégica exige algo más que presencia: requiere definir objetivos, identificar audiencias, construir narrativas consistentes y alinear lo que se dice con lo que se hace. Cuando eso no ocurre, la palabra se vacía de contenido y se convierte en simple ruido; se habla mucho, pero se informa poco, se explica menos y, sobre todo, no se logra incidir en la percepción ni generar confianza, o todavía peor: la locuacidad termina por cansar al receptor.

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia. Tres cambios en la dirección encargada del área no han servido para corregir el problema, sino más bien para perfeccionar una versión bastante tropical del gatopardismo: cambiar responsables para que todo siga exactamente igual. La comunicación oficial parece reducirse a la liturgia diaria de “La Ronda”, ese espacio donde, cada mañana durante unos minutos, se anuncian deseos, se improvisan explicaciones y se ensayan relatos que difícilmente pueden confundirse con una estrategia. Y es que repetir mensajes políticos no equivale a comunicar, y mucho menos a construir una narrativa pública consistente, y aceptada por el ciudadano.

Mientras tanto, los vacíos informativos se acumulan con una contumacia que resulta admirable. Siguen sin explicarse con claridad las salidas —voluntarias o no— de ministros, viceministros y directores; la fuga de reos que evidenció fallas estructurales en el sistema penitenciario; los incidentes en la frontera, donde el crimen organizado mexicano parece encontrar más incentivos para ingresar al país que para evitarlo; o la falta de arreglo de las carreteras, con la ya conocida excusa de “esto es un problema de años”. A ello se suman, entre otras muchas cosas, contrataciones discrecionales en distintas dependencias, que aparecen y desaparecen del radar público con una facilidad que solamente es posible porque no se explica.

Y cuando uno pensaría que la lista de pendientes ya es suficientemente larga, se agregan nuevos capítulos: la imposición a contratuerca del uso del etanol bajo el eufemismo técnico de E10 —quizá con la esperanza de que el nombre suene menos controversial—; la prometida recuperación de pozos petroleros en Petén, de lo que hace rato que ni se habla; el “cierre” de vertederos de basura al descubierto que arden y contaminan, y que nunca termina de concretarse; el incremento en los precios de los combustibles, hoy administrado con una tolerancia que contrasta significativamente con la indignación que provocaba en tiempos pasados cuando los que ahora gobiernan eran oposición; o el ya casi mítico tema de los seguros para motocicletas, que tras un año de aprobación e inmediata derogación, sigue en el limbo de las buenas intenciones.

El problema de fondo no es sólo la ausencia de información oportuna, sino la inexistencia de una lógica estratégica que ordene priorice y dé sentido a la comunicación gubernamental. En ese vacío, cada tema se gestiona como puede —o como no puede—, y la narrativa pública termina siendo definida por terceros. El resultado es previsible: desgaste, pérdida de credibilidad y una sensación creciente de improvisación que, lejos de corregirse, parece haberse institucionalizado.

¿Será que alguien, a estas alturas, escucha realmente las comparecencias diarias del presidente y de ministros a quienes cualquier coyuntura parece tomar por sorpresa? Lo que parece claro es que no se resuelve con otra “Ronda”.

La normalización de lo intolerable

Con el paso del tiempo se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. 

La mayoría de los habitantes del planeta nacieron después de la Revolución Cubana. Para generaciones enteras, no es una anomalía histórica que Cuba sea un régimen comunista donde una élite criminal controla el poder, limita la libertad y administra la vida de los ciudadanos. Es, simplemente, «lo que siempre ha sido».

La costumbre tiene una extraordinaria capacidad para anestesiar la conciencia crítica, y cuando una situación se prolonga durante décadas, termina perdiendo su carácter excepcional, deja de ser objeto de debate y pasa a formar parte del paisaje político mundial, como si fuera un fenómeno natural y no el resultado de decisiones humanas y estructuras de poder.

Algo similar ocurre con la memoria de la antigua Unión Soviética. Millones de personas nacieron después de su desaparición y jamás vivieron directamente la Guerra Fría ni conocieron el sistema de control político, represión, campos de trabajo forzado y exterminio que caracterizó tal experimento totalitario. Para muchos, aquel horror pertenece a un pasado remoto. Sin embargo, parte de ese legado autoritario ha resurgido bajo el liderazgo de Putin, consolidando un sistema donde el poder se concentra, la oposición se margina o asesina y el Estado vuelve a convertirse en un instrumento de control político.

En China, el régimen comunista ha estado presente durante más de siete décadas. Para muchas personas, no obstante, la existencia de una potencia económica gobernada por un partido único, con un control político férreo y escaso margen para las libertades civiles, forma parte del orden normal de las cosas. El debate sobre el carácter dictatorial del sistema chino suele quedar diluido bajo argumentos que resaltan logros económicos o estabilidad política ¡Como si el crecimiento material fuese suficiente para neutralizar cualquier cuestionamiento sobre la libertad!

A esa normalización de los autoritarismos se suma otra igualmente llamativa: la del sistema internacional vigente. La arquitectura global dominada por la ONU, donde cinco potencias concentran poder de veto, suele presentarse como una estructura inevitable. Pocos reflexionan sobre si un sistema diseñado en 1945 sigue siendo el mecanismo más adecuado para gestionar el equilibrio de poder del siglo XXI.

Así, con el paso del tiempo, se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. Dictaduras longevas, sistemas autoritarios y estructuras internacionales poco representativas se han integrado en el paisaje mental del mundo contemporáneo, pero llegamos al momento histórico en el que ese aparente equilibrio empieza a ser cuestionado. Algunas potencias, líderes y movimientos políticos están desafiando reglas, instituciones y consensos que durante décadas parecían inamovibles. Ese cuestionamiento no siempre adopta formas ordenadas ni necesariamente virtuosas, pero tiene al menos una consecuencia saludable: obliga a revisar lo que durante demasiado tiempo se había aceptado sin discusión.

Lo preocupante no es solo la existencia de sistemas autoritarios o instituciones imperfectas; lo verdaderamente inquietante es la creciente falta de cuestionamiento hacia ellos. En ese proceso, la ciudadanía corre el riesgo de perder su principal atributo político: la capacidad de pensar críticamente. Cuando el debate público se reduce a dogmas y la curiosidad intelectual se debilita, la sociedad deja de ser una comunidad deliberativa para convertirse en lo que Ortega y Gasset describió como la «masa»: un conjunto humano que participa en la vida pública sin cuestionarla realmente.

Porque cuando lo anormal se vuelve rutina, el mayor peligro no es que el autoritarismo resurja, sino que dejemos de verlo y de preocuparnos por él.

La foto en la que Guatemala no salió

Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados.

Se ha conformado la Coalición Americana contra los Cárteles, una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que reúne a líderes militares y representantes de 17 países con el objetivo de coordinar esfuerzos y utilizar capacidades de poder duro para enfrentar las amenazas que representan los carteles criminales y las organizaciones consideradas terroristas en el hemisferio occidental.

El lanzamiento del mecanismo tuvo dos momentos simbólicos. Uno, de carácter institucional, encabezado por el secretario de Guerra; otro, de naturaleza política, liderado por el propio presidente Donald Trump. A la primera convocatoria fuimos invitados. A la segunda, sencillamente no. Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados. La coincidencia resulta difícil de pasar por alto: entre los ausentes predominaban gobiernos de izquierda o administraciones no alineadas plenamente con Washington.

El refrán popular dice que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, aludiendo a que el mayor daño o decepción suele provenir de quienes se consideran cercanos. Algo de eso parece reflejar la relación actual. Guatemala ha sido, históricamente, uno de los países más dispuestos a acomodar sus decisiones estratégicas a las prioridades norteamericanas: cooperación en seguridad, cesión del control en puertos, aeropuertos e infraestructura crítica y, más recientemente, un claro distanciamiento de China. Sin embargo, ese esfuerzo no parece haberse traducido en una relación política de mayor consideración o respeto, a pesar de haberse vendido por el gobierno de forma diferente.

El episodio resulta revelador porque expone una realidad incómoda: la política exterior de las grandes potencias rara vez se basa en gratitudes o afinidades permanentes. Se rige, más bien, por intereses cambiantes. Lo que ayer era útil, hoy puede ser prescindible. Y lo que antes se celebraba como una relación privilegiada termina mostrando una cercanía más instrumental de lo que algunos quisieron creer.

También deja al descubierto cierta ingenuidad e hipocresía en el debate interno. Quienes aplaudieron hasta el cansancio la abierta y evidente injerencia internacional en 2023 hoy denuncian con la misma intensidad el intervencionismo extranjero. Una suerte de moderno neocolonialismo que algunos nostálgicos ignoran y otros, más modernos, no diferencian. El problema no es que exista influencia externa —siempre ha ocurrido—, sino que muchos prefieren verla solamente cuando no coincide con sus preferencias políticas. Se apuesta por personas, grupos o coyunturas ideológicas, pero raramente por principios o por una estrategia nacional coherente, y cuando cambian los actores o las circunstancias, llega inevitablemente el desencanto.

La lección es vieja, aunque con frecuencia se olvide. Las relaciones internacionales no se construyen sobre simpatías momentáneas ni sobre la ilusión de pertenecer al grupo correcto, sino sobre intereses permanentes y posiciones claras. Mientras no se entienda eso, seguiremos moviéndonos entre entusiasmos ingenuos y decepciones previsibles.

Porque al final, más que el viejo cliché del “patio trasero”, la realidad puede ser aún más cruda: para muchos actores globales, países como el nuestro no pasan de ser piezas menores dentro de un tablero mayor. Y cuando uno acepta jugar ese papel sin una estrategia propia, no debería sorprenderse si termina absolutamente ignorado, o peor: utilizado. 

El problema —como decía alguien con ironía— no es que te tomen por ingenuo. El verdadero problema es cuando ya ni siquiera se molestan en disimularlo, y es por eso que, abiertamente, nos dejaron fuera de la foto oficial de amigos.