Q19 mil millones más… ¿para qué?

La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.

Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.

Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.

Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.

Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.

Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…

Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.

Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.

La democracia de las esquinas

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos

América Latina parece haber entrado en una etapa donde la política dejó de ser un espacio para construir acuerdos y cada vez más funciona como un mecanismo permanente de confrontación. Las elecciones ya no terminan cuando se cuentan los votos, continúan después en redes sociales, en los medios y en las calles, alimentando una sensación constante de división nacional.

El problema no es que existan diferencias ideológicas porque las democracias viven precisamente de la pluralidad, del debate y de la confrontación de ideas. El verdadero problema aparece cuando la lucha política desplaza a sociedades enteras a dos bloques irreconciliables, emocionalmente enfrentados y convencidos de que el otro representa no una opinión distinta, sino un enemigo al que debe derrotarse o excluirse.

En muchos países de la región, las últimas elecciones presidenciales muestran exactamente esa realidad. Perú está partido entre Castillo y Fujimori. Colombia acaba de padecer algo similar con Cepeda y de la Espriella, y lo mismo, en una u otra vuelta, se pudo ver en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina o en procesos políticos recientes en Centroamérica.

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos, y ahí aparece uno de los grandes riesgos contemporáneos. Cuando un candidato gana, aunque sea con mínima mayoría, el resultado se suele interpretar como un mandato absoluto para imponer un proyecto político completo, mientras la oposición actúa como si tuviera la obligación moral de impedir cualquier iniciativa del gobierno. El resultado es una dinámica destructiva donde nadie cede, nadie dialoga ni construye consensos mínimos.

La polarización produce además una distorsión peligrosa: transforma cualquier debate público en un conflicto moral. No se discuten políticas públicas, eficiencia estatal o soluciones técnicas, sino quién es “el bueno” y quién “el malo”. Los adversarios dejan de ser ciudadanos con diferencias legítimas y pasan a convertirse en amenazas existenciales para el país, y las redes sociales han acelerado todavía más esa lógica, porque los algoritmos premian el conflicto, la indignación y el ataque permanente. La moderación no genera clics, y el insulto, la descalificación y el escándalo terminan teniendo más alcance que cualquier discusión seria sobre educación, salud o desarrollo económico.

Y mientras se permanece atrapado en esa dinámica emocional, los grandes problemas continúan intactos. La pobreza sigue creciendo en amplios sectores de la región, la desnutrición infantil sentencia el futuro de millones de niños, el crimen destruye comunidades enteras, los sistemas de salud pública siguen siendo ineficientes, la educación carece de calidad y cobertura, y el empleo informal la única salida para buena parte de la población.

La polarización tiene otro efecto silencioso: agota emocionalmente a las sociedades. Las personas viven en estado permanente de tensión: familias divididas, amistades rotas, espacios laborales contaminados y ciudadanos incapaces de escuchar argumentos distintos sin reaccionar desde el resentimiento o la desconfianza. Lo más preocupante es que esa dinámica se normaliza, y las nuevas generaciones crecen viendo la política como un espacio donde odiar al adversario es más importante que resolver problemas. Y sin consensos mínimos, ninguna democracia puede sostenerse de manera saludable.

En democracia no se trata de empujar a unos ciudadanos hacia una esquina mientras los otros celebran desde la opuesta, sino de encontrar espacios donde quienes piensa diferente puedan convivir, negociar y construir objetivos comunes. 

Trasladar el fracaso

Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan

La inauguración de la autopista privada Xochi volvió a dejar una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: el Estado parece haber renunciado no solo a hacer bien las cosas, sino incluso a intentarlo. Y lo más preocupante no es únicamente su incapacidad para construir infraestructura, gestionar salud pública o resolver problemas básicos, sino la normalización de una peligrosa dejadez institucional: un gobierno que cada vez delega más funciones esenciales mientras mantiene intacta una enorme estructura burocrática, costosa y políticamente protegida.

El caso de Xochi es revelador. La iniciativa privada logró construir una obra que el Estado fue incapaz de sacar adelante durante años, y no es la única. Pero ni siquiera eso ocurrió fácilmente. Hubo retrasos, obstáculos administrativos, presiones y todo tipo de trabas para un proyecto que vino, precisamente, a resolver una carencia histórica del propio gobierno. Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.

La misma lógica se repite en casi todos los ámbitos. El Ministerio de Comunicaciones ha terminado dependiendo de ingenieros militares para ejecutar proyectos que debería administrar la institucionalidad civil. El Ministerio de Salud compra medicamentos a través de organismos internacionales como UNOPS porque tampoco logra garantizar procesos eficientes por sí mismo. Y hasta la construcción del hospital contra el cáncer descansa en la cooperación taiwanesa. El mensaje que transmite el propio Estado es devastador: el gobierno acepta abiertamente que no puede cumplir adecuadamente las funciones para las cuales existe.

Y aun así, los ministerios continúan operando con presupuestos millonarios, estructuras sobredimensionadas y funcionarios con salarios elevados. Se terceriza la ejecución, pero no desaparece el aparato político. El Estado mantiene el gasto, conserva el poder y delega la responsabilidad.

Pero hay funciones que difícilmente pueden subcontratarse. La seguridad es una de ellas. Y justamente ahí comienzan a aparecer nuevamente señales preocupantes. Durante abril y mayo los homicidios con arma de fuego volvieron a superar los registros del año pasado, rompiendo la tendencia relativamente positiva del primer trimestre. Los enfrentamientos con narcotraficantes, grupos armados y estructuras criminales urbanas son cada vez más visibles, más violentos e impactantes para la percepción ciudadana.

El problema ya no es únicamente criminal, es institucional. Cuando un Estado transmite incapacidad permanente para construir infraestructura, gestionar hospitales, controlar el territorio o garantizar seguridad, también comienza a perder algo mucho más importante: la confianza de la población. Y sin confianza, ningún gobierno mantiene legitimidad durante demasiado tiempo.

Eso ayuda a explicar por qué las últimas encuestas reflejan niveles de aprobación presidencial cada vez más bajos y una creciente sensación de frustración nacional. El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa. Lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono; la sensación de que el gobierno simplemente dejó de gobernar.

Porque al final, un Estado que renuncia progresivamente a cumplir sus funciones esenciales corre el riesgo de convertirse en algo mucho más peligroso que un gobierno ineficiente: una estructura que consume recursos concentra poder político y exige obediencia, pero que deja de servir realmente a la sociedad a la que pertenece, de la que depende y cobra.

Ataúdes sobre ruedas

Todos los días se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

En Guatemala los buses extraurbanos no transportan pasajeros, sino altas probabilidades de muerte. Cada viaje es una ruleta rusa con música ranchera o reguetón, pero siempre con llantas lisas, pilotos agotados, bebidos o sin carné, y empresas que consideran las leyes una simpática sugerencia opcional.

Pero no seamos injustos, las autoridades actúan. Siempre actúan, aunque tarde, cuando hay cadáveres o la presión mediática acosa. Cuando los familiares lloran frente a un ataúd y algún funcionario comparece solemnemente para anunciar investigaciones, condolencias, indemnizaciones con dinero público y, por supuesto, indignación y una multa de Q5 mil. Porque la vida humana parece cotizarse a precio de electrodoméstico usado: “La vida vale lo que vale la muerte”, sentencio aquel premio Nobel de literatura.

El último accidente, el pasdo fin de semana, vuelve a desnudar la obscena normalidad del sistema. Según se supo, el bus no contaba con limitador de velocidad registrado ante Provial, incumpliendo el Acuerdo Gubernativo 38-2024, y tampoco tenía piloto autorizado ante la DGT. Es decir: el vehículo circulaba fuera de norma, sin controles y sin supervisión efectiva. Y aun así operaba tranquilamente como lo hacen cientos todos los días ante la mirada indiferente de municipalidades, ministerios, inspectores y policías que parecen no advertir lo que el resto de ciudadanos ven desde el miedo.

Lo verdaderamente insultante vino después. La DGT y Provial emitieron su acostumbrado comunicado pedagógico: “conducir con responsabilidad salva vidas”. Gracias por la revelación. El país entero creía que los buses extraurbanos debían conducirse a alta velocidad, sin frenos, sin registros y con pilotos improvisados. La frase parece redactada por alguien que jamás ha viajado en esos ataúdes sobre ruedas donde adelantar en curva es deporte nacional y el pasajero aprende a rezar antes que a reclamar.

Aquí nadie controla nada porque supervisar implica trabajo, confrontar mafias del transporte y asumir costos políticos. Mucho más cómodo es administrar tragedias, publicar condolencias, esperar el siguiente accidente o excusarse con una interpretación extensiva de la ley que siempre encuentra responsable a otro.

La irresponsabilidad empresarial es evidente, y disputa el primer lugar con la irresponsabilidad pública. Porque el funcionario está para evitar accidentes no para lamentarse de ellos accidentes; para impedir que unidades ilegales circulen antes de que maten y no para aparecer en conferencias después de la tragedia. Su deber no es repartir frases de autoayuda vial, sino hacer cumplir la ley, sancionar, retirar permisos, inmovilizar buses y cerrar el paso a quienes han convertido el transporte público en negocio de riesgo mortal.

Todos saben, aunque nadie firma, nadie ve, nadie detiene. La municipalidad culpa al ministerio; el ministerio al reglamento; el reglamento espera presupuesto; el presupuesto espera voluntad; y la voluntad, como siempre, no llegó al lugar del accidente. Esa es la desidia que mata, la del abandono sistemático no la del olvido inocente. Todos los dias se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

El drama no es solamente la irresponsabilidad, sino la normalización colectiva del desastre. El conformismo resignado de un país que ya asume como inevitable que subir a un bus extraurbano pueda equivaler a firmar un testamento.

Y así seguimos: empresarios jugando a la impunidad, autoridades jugando a la supervisión y ciudadanos jugando a sobrevivir. Porque aquí el problema no es que las leyes no existan, sino que nadie piensa cumplirlas… hasta que hay muertos. Y aun con muertos, tristemente, tampoco se cumplen.

La velocidad posible de cambio

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer.

La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo situaba al presidente Arévalo con una de las peores valoraciones de la historia democrática reciente, apenas superado, en el mismo período de tiempo, por Giammattei. La comparación no deja de ser preocupante, sobre todo porque llegó envuelto en promesas de renovación moral cuando el otro terminó convertido en símbolo de hartazgo e inmoralidad.

Me he preguntado varias veces por qué un presidente cuya gestión no está marcada por la corruptela clásica puede ser percibido de manera tan desfavorable, y encuentro, al menos, dos razones. La primera: que no ha hecho casi nada. La segunda: que generó una frustración enorme en quienes imaginaron que el país cambiaría en días. Esta última hipótesis dice mucho del presidente, pero bastante más de sus votantes.

Una sociedad cambia a la velocidad que los ciudadanos permiten y soportan. Lo demás son aspiraciones de optimistas enfermizos, discursos de campaña o literatura de autoayuda. Arévalo tendrá defectos evidentes: falta de carácter, prudencia excesiva, lentitud, cálculo o miedo. Pero también parece entender muy bien que hay decisiones que una sociedad como la guatemalteca no está dispuesta a aceptar, aunque las reclame todos los días en redes sociales.

El ejemplo más cercano lo tuvo con su vicepresidenta, a quien le costó más de un año rebajarse el sueldo, y no precisamente entre aplausos espontáneos de austeridad. Si algo tan elemental genera resistencia, conviene imaginar lo que ocurriría con reformas más profundas, como aquellas que tocan privilegios, contratos, plazas, sindicatos, negocios protegidos, aduanas, cortes, USAC, municipalidades y otras prebendas habituales. Ahí el entusiasmo reformista suele perder velocidad, tono y convicción.

No se puede pedir peras al olmo, aunque quizá el problema no sea solo del olmo, sino de una sociedad que se queja de casi todo, pero no quiere cambiar casi nada. Queremos un Estado honrado, pero nos saltamos el semáforo. Pedimos transparencia, pero buscamos facturas ajenas para declarar menos impuestos. Exigimos méritos, pero llamamos al amigo para colocar al sobrino. Reclamamos justicia, pero elegimos libremente a diputados, alcaldes y autoridades de reconocida indecencia pública y privada. Luego fingimos sorpresa cuando gobiernan como lo que son.

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer. Lo probable, si algo ocurre, serán modificaciones progresivas, lentas, parciales y políticamente costosas. Y solo funcionarán si son socialmente asimiladas, punto importante que casi nunca se discute. Preferimos creer que el cambio depende de un nombre, de una persona o de una épica momentánea, y nos cuesta aceptar que las instituciones no se modifican por inspiración, sino por acumulación de decisiones sostenidas.

Convivimos, además, generaciones que vivieron activamente el conflicto armado y enterraron sus esperanzas juveniles con la caída del comunismo soviético, y otras nacidas en plena era tecnológica, sin memoria ni interés por lo anterior. A esa mezcla añadimos corrupción, desconfianza, informalidad, resentimiento, miedo y una ética pública bastante flexible. El resultado no es precisamente una sociedad preparada para cambios veloces, sino una comunidad que exige reformas siempre que no empiecen por su casa, oficina, gremio, municipalidad o factura.

El problema quizá no sea tener un presidente lento, indeciso o falto de carácter. La mala noticia es peor: somos nosotros, cada uno desde su pequeño reino de conveniencia, quienes no aceptamos la velocidad real de cambio que nos imponemos. Aunque, como deporte nacional, siempre resulte más cómodo encontrar al culpable en el otro.

La moral de quita y pon

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada

Vivimos otra euforia nacional. Esta vez por el cambio de fiscal general. Un Red Bull espiritual muy parecido al que experimentamos en enero de 2024, cuando buena parte del país decidió que bastaba con cambiar rostros para transformar instituciones. Esperemos que el desinfle sea menor, porque de aquella primera emoción apenas queda la resaca.

Seguimos sin superar el personalismo. No apostamos por reglas, instituciones ni principios generales, sino por personas. Y ni siquiera por quienes conocemos, sino por aquellas que, al menos de entrada, “no caen tan mal”. Tan jodidamente mal estamos que un nombre que no genere rechazo inmediato parece suficiente. Luego llega la decepción, se instala cómodamente en el sofá de la frustración y reiniciamos de nuevo el lamento. El problema es cultural. Nos emociona el nombramiento, no el diseño institucional. 

Celebramos el rostro, no la norma. Nos centramos en las personas como sujetos concretos, con emoción y subjetivismo, e ignoramos las leyes como hechos abstractos y generales. Aplaudimos al funcionario que nos gusta y lo señalamos cuando cae mal. Así seguimos construyendo un Estado a la medida del humor del día.

El caso del Ministerio Público es un buen ejemplo. En su momento, para proteger a Thelma Aldana, se modificó la ley del MP. La intención era impedir que el presidente de turno pudiera removerla. Muchos lo celebraron porque el objetivo político les parecía correcto. Después cambió la fiscal, el presidente y el ambiente, pero no cambió la norma. Y entonces aquella ley diseñada para proteger a una fiscal sirvió para impedir el cese de otra. Lo que antes fue garantía se convirtió en obstáculo.

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada. Ahora se nombra a un nuevo fiscal, se recupera la ilusión y, nuevamente, nadie parece demasiado interesado en revisar el problema de fondo. Como el nuevo “no cae mal”, el diseño institucional puede esperar. Hasta que deje de caer bien. Entonces volveremos a descubrir, con fingida sorpresa, que las reglas importan.

Algo parecido ocurre con la modificación que en su momento permitió cesar fiscales al considerarlos personal de confianza y no miembros de carrera protegidos. Aquello fue duramente criticado por los círculos afectados. Se habló de arbitrariedad, depuración interesada y destrucción institucional. Pero ahora, que esa misma herramienta la utiliza un fiscal que goza de simpatía, el juicio cambia. La norma que parecía escandalosa se presenta como útil. La diferencia no está en el principio, sino en quién sostiene el lapicero.

Ese es nuestro drama: no nos movemos por principios generales, sino por preferencias. No defendemos normas abstractas e impersonales, sino instrumentos convenientes para el momento. Queremos leyes flexibles, moldeables, serviciales, listas para ser usadas contra los otros y desactivadas cuando nos alcanzan. Lo público queda reducido a una mesa de autoservicio moral: tomo lo que me conviene, dejo lo que me incomoda, y llamo “Estado de derecho” al resultado, e inventamos bolsas mentales amplias donde meter a quienes hacen exactamente lo mismo que nosotros cuando les toca. 

La generalización conveniente es la manera favorita de quienes no quieren enfrentar hechos concretos. La etiqueta depende menos del acto que del bando; y así vamos, repartiendo absoluciones y condenas según simpatías. 

Una sociedad que funciona de ese modo tiene poco futuro. El Estado de derecho consiste en aceptar principios generales, derechos individuales, límites al poder y normas abstractas aunque momentáneamente nos perjudiquen. Hace tiempo enterramos sin avisar a John Rawls, porque preferimos el espacio pequeño, cómodo y miserable del interés inmediato.

Los intocables de la palabra

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso

La semana pasada pudimos observar ese espectáculo tan nacional en el que quienes viven de exigir cuentas a los demás olvidan rendir cuentas sobre sí mismos. Insultos, descalificaciones y señalamientos cruzados entre medios de comunicación, periodistas y acusaciones entre diputados; como telón de fondo, la trágica melodía de la superioridad moral. Todos ejerciendo “la libertad de expresión”, aunque la defienden igual que los privilegios: con entusiasmo cuando protege lo propio y con silencio cuando exige responsabilidad.

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso. Señalan, insinúan, difaman, calumnian y destruyen reputaciones, pero cuando alguien les recuerda que todo derecho tiene límites, entonces se activa el drama: “ataque a la prensa”, “censura”, “autoritarismo”. La fórmula es fatal, aunque bastante cómoda: libertad para mí, responsabilidad para los demás.

La Constitución protege la libre emisión del pensamiento, sin censura ni licencia previa, pero eso no elimina la responsabilidad posterior cuando se afecta la vida privada, la moral o los derechos de terceros. También reconoce el derecho de defensa, aclaración y rectificación de quienes se consideren ofendidos. La crítica pública está protegida; el linchamiento irresponsable, no. Algunos parecen haber asimilado solo la parte que les conviene.

Y ahí empieza la hipocresía. El gremio periodístico y el político suelen ser implacables al denunciar privilegios ajenos. Señalan a cualquier grupo que resulte útil para la indignación del día. Sin embargo, cuando se trata de revisar sus propios fueros, protecciones, espacios de impunidad práctica y esa peculiar costumbre de exigir derechos sin aceptar deberes, entonces la conversación se les vuelve muy incómoda. 

La Ley de Emisión del Pensamiento, de 1966, parte de esa misma lógica: nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero existen responsabilidades cuando se incurre en calumnia, injuria o ataques a la honra y reputación. Además, establece que expresiones como “se dice”, “se asegura” o “se sabe” equivalen a afirmación de los hechos a los que se refieren. Ese detalle debería estar grabado en la pared de más de una redacción, de más de una curul, de muchas cuentas en redes sociales y de pasquines dominicales, entre otros.

El problema adicional es que esa ley es preconstitucional, nació en otro país histórico y tecnológico, y no fue pensada para redes sociales, cuentas anónimas, campañas digitales, difamación viral ni linchamientos coordinados. Una mentira hoy puede viajar más rápido que cualquier rectificación. Y, sin embargo, seguimos con una normativa cuya capacidad sancionadora resulta casi simbólica: apenas veinticinco quetzales en ciertos supuestos. Casi una propina legal para el daño reputacional.

Eso, al igual que tribunal de imprenta, no puede presentarse como defensa moderna de la libertad de expresión, sino como arqueología normativa. Un fósil jurídico que algunos veneran porque les resulta extraordinariamente cómodo. Un bálsamo perfecto para quienes exigen transparencia, ética y rendición de cuentas, siempre que la factura moral la pague otro. La prensa libre es indispensable para la democracia, pero una que se siente inimputable deja de ser contrapeso y empieza a comportarse como poder sin control. 

La libertad de expresión merece defensa firme. Precisamente por eso no puede ser secuestrada por quienes la usan como privilegio corporativo o licencia para destruir. Guatemala necesita menos victimismo gremial y más responsabilidad pública; menos sermones sobre abusos ajenos y más honestidad sobre los propios.  Resulta demasiado fácil señalar la paja en el ojo de todos los demás mientras se protege la viga enorme del privilegio propio, la publicación de chismes o de libelos anónimos -o firmados- donde todo vale.

Presidentes de paso, políticos eternos

Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal.

Sin querer queriendo, hemos logrado una hazaña intelectual extraordinaria: convertir la reelección presidencial en una especie de apocalipsis democrático, mientras reelegimos absolutamente todo lo demás. Diputados eternos, alcaldes vitalicios o dirigentes sindicales que parecen patrimonio histórico y que deberían declararse monumentos nacionales. Pero el verdadero peligro para la República —dicen con dramatismo casi litúrgico— sería permitir que un presidente pueda optar a un período más.

La lógica nacional es fascinante. Si la reelección fuera intrínsecamente mala, entonces habría que prohibirla para todos, sin excepción. Porque cuesta entender que un alcalde pueda gobernar veinte años el mismo municipio sin que nadie hable de “dictadura municipal”, mientras un presidente cuando apenas empieza a entender dónde están las llaves del despacho ya debe ir empacando sus cosas. Un diputado puede pasar décadas sobreviviendo varias legislaturas sin producir una ley memorable, pero el Ejecutivo tiene prohibido siquiera imaginar continuidad administrativa ¿Y nos preguntamos por qué el Estado vive atrapado?

La realidad es que cuatro años —o menos, si descontamos aprendizaje y bloqueo político— apenas alcanzan para entender cómo funciona la administración pública. Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal. El incentivo natural que produce la no reelección es pensar en el corto plazo, administrar encuestas y sobrevivir políticamente. La planificación de mediano plazo se vuelve casi un lujo. Francis Fukuyama ha insistido en que la fortaleza institucional depende, entre otras cosas, de capacidad estatal, continuidad administrativa y gobernanza eficaz. Pero aquí seguimos creyendo que cambiar constantemente de conductor fortalece el vehículo, aunque el carro lleve décadas sin alineación, sin frenos y con tres llantas pinchadas.

En el sector privado, curiosamente, ocurre todo lo contrario. Ninguna empresa sería cambia de CEO cada cuatro años “por salud democrática”. Más bien sucede lo inverso: cuando una organización encuentra liderazgo efectivo, capacidad de ejecución y resultados, busca continuidad. Los mercados valoran estabilidad estratégica. Las corporaciones entienden que los proyectos complejos requieren tiempo, consolidación y seguimiento. Por algo los grandes grupos empresariales mantienen liderazgos largos cuando funcionan. Nadie en una junta directiva dice: “Este gerente duplicó utilidades, expandió operaciones y estabilizó la empresa. Hay que sacarlo urgentemente antes de que se vuelva peligroso”. Pero en la política latinoamericana se ha romantizado la rotación constante, aunque produzca improvisación permanente.

El argumento histórico contra la reelección presidencial tiene fundamento: evitar caudillismos, concentración de poder y tentaciones autoritarias. El problema es que convertimos una medida preventiva en dogma religioso. No discutimos mecanismos, límites o modelos comparados; simplemente repetimos consignas. La sola palabra “reelección” provoca en algunos sectores una reacción casi exorcista, como si estuviéramos invocando simultáneamente a Ubico, Estrada Cabrera y otros males de la historia nacional.

Sin embargo, las democracias modernas más sólidas no necesariamente prohíben la reelección. Estados Unidos permite dos períodos presidenciales, y países europeos han tenido cancilleres durante más de una década o reyes al frente de las jefaturas del Estado. En muchos sistemas parlamentarios, la continuidad depende del desempeño y de los contrapesos institucionales, no del terror automático a la permanencia.

Quizá el verdadero problema no sea la reelección, sino la debilidad institucional. Porque una democracia fuerte controla al gobernante, aunque permanezca más tiempo, mientras una democracia débil, como la nuestra, fracasa incluso cambiándolo cada cuatro años. ¡Para meditar, aunque sea mucho pedir!

Algoritmos reemplazan ciudadanos

Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir.

La tentación de delegar en máquinas lo que antes exigía coraje humano crece al ritmo que mejora la tecnología. En un debate con alumnos del curso “Seguridad internacional” apareció, inevitablemente, la inteligencia artificial. No como una curiosidad, sino como un actor que empieza a ocupar espacios en la toma de decisiones en seguridad, defensa y el ámbito jurídico.

La IA analiza grandes volúmenes de datos, detecta patrones invisibles para el ojo humano, anticipa riesgos y propone cursos de acción con una rapidez imposible para una persona, y sin que afecten los sentimientos. En entornos operativos —desde el control fronterizo hasta la ciberdefensa— puede identificar amenazas, discriminar objetivos y optimizar respuestas en segundos. En el ámbito jurídico, su capacidad para ordenar precedentes, evaluar consistencia y reducir sesgos abre la puerta a decisiones más previsibles y, en ciertos casos, más justas. Sería conveniente que se empiecen a integrar modelos híbridos: juicios humanos contrastados con algoritmos.

Pero hay una paradoja incómoda: cuanto más eficaz es la herramienta, mayor es la tentación de abdicar responsabilidad. La cultura de defensa —que hace a los ciudadanos conscientes de que la libertad no es un estado natural sino una conquista frágil— se debilita cuando se asume que “otros” resolverán las amenazas. La globalización ha diluido fronteras físicas, pero no ha eliminado riesgos. Sin embargo, la disposición a asumir costes —especialmente el de la propia vida— es cada vez menor. 

La historia reciente de las democracias muestra una brecha creciente entre quienes deciden y quienes combaten. Esa distancia —que algunos autores describieron como un “gran divorcio”— erosiona la comprensión social de la seguridad. Si la política y la academia se alejan de la realidad operativa, y la ciudadanía se desentiende, la delegación tecnológica se vuelve casi automática. La máquina no duda, no teme, no se fatiga. Decide según parámetros. Y, precisamente por eso, resulta tan atractiva.

Pensemos en un policía o un militar ante una decisión inminente, en un entorno caótico. Debe ponderar múltiples variables bajo presión extrema, pero hoy puede apoyarse en sistemas que integran información en tiempo real y sugieren la respuesta óptima. Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir. La IA elimina emociones, pero también puede desactivar la deliberación que nos obliga a justificar por qué actuamos como actuamos.

Algo similar ocurre en el terreno jurídico. La idea de contrastar decisiones —un dictamen asistido por IA frente a un jurado— no es ciencia ficción. Bien usada, la tecnología puede mejorar coherencia y transparencia; mal usada, puede desplazar la carga de la decisión hacia una “caja negra” cómoda para el humano: “lo dijo el sistema”. Y con ello, diluir la rendición de cuentas.

Sería absurdo y contraproducente oponerse a la IA, pero el punto es entender que su avance no es neutro: ocupará los espacios que dejemos vacíos. Si renunciamos a la cultura de defensa, a la participación cívica y a la exigencia de responsabilidad, la tecnología no sólo nos asistirá, sino que nos reemplazará en las funciones más exigentes. La libertad, entonces, se convertirá en un resultado técnico más, optimizado por parámetros, pero desconectado del compromiso humano que la hace posible.

Defender la libertad implica algo más que beneficiarse de ella. Entraña asumir costes, exigir cuentas y sostener instituciones con criterio propio. La IA puede —y debe— ser una aliada poderosa para decidir mejor en seguridad, defensa y justicia. Pero no puede ser el refugio donde esconder nuestra renuncia a decidir. Porque cuando eso ocurre, no es la máquina la que nos quita la libertad, somos nosotros quienes dejamos de defenderla.

Unos debaten; otros transforman

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado

La lucha contra la desnutrición sigue atrapada en un círculo repetitivo e ineficiente, cuya historia es sobradamente conocida: diagnósticos reiterados, promesas de campaña que se diluyen y debates ideológicos que rara vez se traducen en resultados concretos. Mientras el Estado discute cómo hacerlo —o no logra ponerse de acuerdo—, la realidad en muchas comunidades no espera, y es ahí donde el contraste es evidente y el impacto sangrante. Lo verdaderamente inaceptable, lo profundamente inhumano, es que en medio de esa inacción hay niños que mueren de hambre o que quedan marcados de por vida por una mala nutrición.

Frente a esa inercia, hay actores que han decidido actuar. Un ejemplo es Castillo Hermanos, que ha demostrado que la acción humanitaria efectiva no depende exclusivamente del gobierno. Con una inversión sostenida y una visión integral, su intervención no se limita a entregar ayuda puntual, sino que aborda las raíces del problema: combina atención médica, nutrición, educación, desarrollo productivo y cambio de hábitos. No es asistencialismo; es transformación estructural.

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado. A este esfuerzo se ha sumado el Grupo Financiero G&T Continental, apostando por ampliar su alcance en direferentes aldeas de Huehuetenango. A diferencia de esquemas tradicionales, este modelo integra liderazgo empresarial, financiamiento directo y ejecución en territorio, respaldado además por validación académica internacional. El resultado es una propuesta organizada, medible y, sobre todo, replicable.

Pero este tipo de iniciativas no surge por generación espontánea. A su alrededor se articula un ecosistema de colaboración en el que participan personas, fundaciones empresariales, organizaciones sociales y aliados técnicos. Esta red permite que los esfuerzos no sean esporádicos, sino sostenidos en el tiempo, multiplicando su impacto y fortaleciendo su alcance en las comunidades.

Los resultados, a pesar del poco tiempo transcurrido, empiezan a reflejarse con claridad: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento, reducción importante en la desnutrición aguda, mejoras en la desnutrición crónica, menos enfermedades y un mayor consumo de alimentos en las familias. Sin embargo, más allá de los indicadores, lo verdaderamente relevante es que estos cambios son medibles, auditados y replicables. No se trata de un esfuerzo excepcional aislado, sino de un modelo que puede escalarse y, sobre todo, ser asumido también por otros actores y por entidades públicas cuyo mandato es precisamente combatir la desnutrición.

Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada —y cómoda para muchos—: que los grandes problemas sociales dependen únicamente del Estado. La evidencia muestra que el sector privado puede convertirse en un motor real de cambio y, sin sustituir al gobierno, avanzar donde la política se detiene, con visión, recursos, responsabilidad y alianzas estratégicas. Y ahí emerge un punto incómodo pero necesario: mientras algunas empresas —junto a sus fundaciones y aliados— están generando soluciones reales en el terreno, buena parte de la dirigencia política continúa atrapada en discusiones que no alimentan a nadie. Se habla de planes y de voluntad, pero lo que transforma comunidades es la ejecución constante.

No es necesario, en este tema en particular, elegir entre Estado o sector privado. Se necesita reconocer, fortalecer y replicar aquello que está funcionando bien. Porque, al final, la diferencia entre el estancamiento y el progreso no radica en quién tiene la responsabilidad, sino en aquellos que deciden actuar y en los resultados que logran con ello.