Más allá de las formas de Trump

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla.

Muchos siguen sin entender a Trump, y probablemente no lo harán mientras continúen analizando su política desde la forma y no desde el fondo. Su porte, su manera de hablar, su estilo confrontativo y su desprecio por los códigos tradicionales generan un rechazo inmediato; sin embargo, ese rechazo suele nublar el análisis. Trump no es un político clásico: es un jugador, y uno bastante eficaz.

El error más común de sus críticos es asumir que todo lo que dice pretende cumplirlo de manera literal, pero Trump no habla para describir la realidad, sino para modificarla. Su discurso está plagado de advertencias, exageraciones y amenazas calculadas, aunque no siempre. Como en el póker: farolea, mide reacciones y sube la apuesta cuando el adversario duda. Interpretarlo exige un esfuerzo adicional: entender el tablero completo y no quedarse únicamente en el gesto.

Ese tablero se manifiesta con claridad en la National Security Strategy publicada a finales del año pasado. El documento no es un capricho personal, sino la expresión de una visión estratégica del pais norteamericano que trasciende al propio presidente. Las prioridades están claramente jerarquizadas: Asia ocupa el centro, con China como desafío principal; el hemisferio occidental recibe un tratamiento destacado; Europa aparece como socio acomodado, aunque necesario; Oriente Medio como zona de contención de Irán; y África apenas como apunte marginal. Es una jerarquización de intereses, realismo geopolítico, realpolitik.

En lo que respecta a América, Trump rescata sin complejos la Doctrina Monroe, rebautizada informalmente como “DonRoe”. El mensaje es inequívoco: ni Rusia ni China tienen espacio estratégico en el hemisferio occidental. No se trata de ideología, sino de control. Las inversiones chinas en infraestructura crítica, telecomunicaciones y minerales estratégicos son vistas como una amenaza directa, y hasta aquí llegaron.

Tampoco se tolerará que actores extrahemisféricos consoliden ventajas energéticas, como ocurrió en Venezuela. China y Rusia podrán importar petróleo caribeño, pero bajo las reglas impuestas desde Washington: cuánto, cuándo, cómo y, si es necesario, a qué precio. El mensaje es claro y demoledor: el desorden latinoamericano ha terminado.

Europa, por su parte, comienza a aprender la lección a marchas forzadas. El modelo de bienestar sostenido indirectamente por la seguridad estadounidense ha llegado a su límite. Incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB no es un capricho, sino la factura acumulada de décadas de comodidad estratégica. No es sostenible una vida plácida financiada por terceros a miles de kilómetros de distancia; y lleva razón.

Asimismo, Trump ha hecho lo que muchos gobiernos occidentales no se atrevieron a hacer en setenta años: llevar al régimen cubano al borde del colapso. Aun así, persisten defensores de dictaduras —disfrazados de demócratas— que justifican abusos o difunden supuestas virtudes del régimen bajo el paraguas de un derecho internacional estatocéntrico, diseñado para proteger Estados y no ciudadanos.

Conviene recordar aquí a la Escuela de Salamanca, que entendió tempranamente que el Derecho de Gentes debía situar al ser humano por encima de las estructuras de poder. Desde ese prisma, la intervención de Estados Unidos no es una herejía, sino una consecuencia lógica de priorizar a las personas sobre los regímenes que las oprimen.

El debate real, entonces, no es Trump. Es una cuestión mucho más incómoda: ¿qué debe prevalecer en las relaciones internacionales: los Estados o los individuos? Trump, con sus formas discutibles, ha obligado al mundo a enfrentar esa pregunta sin eufemismos. Quien siga tomando a Trump al pie de la letra seguirá perdiendo la partida. Porque a Trump no se le escucha: se le interpreta.

Respeto tardío, gratitud inexistente

Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito

Llevo mucho tiempo —no sé si demasiado— analizando temas relacionados con la seguridad y la defensa. Tanto es así que he participado frecuentemente en congresos, coloquios, ponencias y reuniones vinculadas a las misiones, el empleo, las capacidades y los marcos legales, tanto de la Policía como del Ejército.

Durante muchos años, he escuchado —y soportado— el desprecio sistemático que ciertas ONG y personajes de la izquierda de este país manifiestan hacia los agentes de policía y los militares. Se trata de una suerte de diatriba permanente de descalificación y menosprecio que, sin duda, ha incidido —aunque no lo reconozcan— en la moral de los integrantes de ambas instituciones; todo motivado por cuestiones personales e ideológicas mal digeridas.

Es posible que algunos hayan tenido malas experiencias con miembros de estas fuerzas; ocurre en cualquier colectivo, pero eso no autoriza a descalificar a la institución. Son policías y militares quienes, en situaciones de crisis y desastres naturales, están las 24 horas sirviendo al ciudadano con los medios limitados que les dejan presupuestos mutilados por la corrupción. A ellos se suman los bomberos, obligados la mayoría de las veces a mendigar recursos para poder salvar vidas.

Lo ocurrido hace unos días no tiene nombre. Salir a asesinar policías no admite una descripción sensata ni educada. Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito. Son los mismos que demonizan el patrullaje combinado y que, bajo una falsa fachada académica, esconden un activismo extremista que rechaza cualquier principio de autoridad.

Nunca salieron a condenar el asesinato de policías a manos del narcotráfico, ni mucho menos la muerte de varios agentes en los conflictos entre Nahualá e Ixtahuacán, vilmente asesinados por matones, ya sea que tengan tatuajes, transporten droga o blanqueen dinero. Esta sociedad hipócrita se rasga las vestiduras no por principios, sino cuando las muertes resultan políticamente útiles. Mi lamento es por todos ellos, sin distinción, y no sólo por aquellos que fueron víctimas bajo un determinado gobierno; como si todos no tuvieran familia o no hubieran cumplido fielmente con su deber.

La violencia se ceba con los uniformados y los legisladores regatean leyes con las que puedan defenderse legítimamente, así como armas, protección, vehículos y condiciones de vida dignas. No es justo el horario de patrullaje, ni la calidad de los dormitorios o las duchas, por no hablar de las deplorables condiciones de la mayoría de las comisarías. No es de recibo que no existan condiciones claras y sin manipulación en los ascensos y destinos, ni que el escalafón sea solo un referente y no una regla fija en la carrera. Se les maltrata en todos los sentidos, pero queremos que sean eficientes y resuelvan problemas; eso, sencillamente, no funciona.

Hay que crear una cultura ciudadana de defensa y seguridad en la que el uniformado —al que ni siquiera se le permite ejercer su derecho al voto— sea un ciudadano bien visto y distinguido, porque se juega permanentemente la vida. Es un buen momento para reflexionar y hacer a un lado esa militancia que envenena. No vale apenarse y llorar al difunto cuando en vida somos incapaces de rendirle el respeto y la consideración que merece.

Les propongo lo siguiente: cuando vean a un policía, no importa dónde, invítenlo a un café, a un sándwich o a almorzar; o simplemente deténganse y denle las gracias por lo que hace. No todo es dinero; el afecto, el cariño y el reconocimiento también forman parte de la consideración que les debemos.

El costo de gobernar con tibieza

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa

Se juntó el hambre con las ganas de comer, y el polvorín que sabíamos que representaban las prisiones terminó por estallar este fin de semana. Nada fue sorpresivo, salvo para las instituciones de inteligencia. Lo único “imprevisible” —si es que aún sorprende— fue la debilidad del Estado para anticipar y contener lo evidente.

El escenario se divide en tres frentes: de un lado, reclusos inconformes por la pérdida de privilegios y de poder que nunca debieron tener; del otro, una autoridad timorata y entumida, incapaz de ejercer la fuerza legítima que la ley y la Constitución le otorgan. En medio, personajes que azuzan el incendio sabiendo que la violencia es un instrumento eficaz para obtener réditos políticos, cuotas de poder o impunidad. Ese es el triángulo maldito: criminales, un Estado débil y oportunistas. 

Y, como siempre, el costo lo pagan los que sí cumplen con su deber: policías muertos, familias destrozadas y una ciudadanía rehén del miedo.

No tardaron en aparecer los gritos de pena de muerte, las manifestaciones de odio y la polarización visceral. Tampoco tardó el mensaje más peligroso de todos: los criminales lograron que el Estado suspendiera clases y se cerraran instituciones. Se podrá vender como prudencia, pero el mensaje es inequívoco: ellos demostraron que tienen capacidad de imponer condiciones. Eso no es prevención, sino rendición simbólica.

Hablamos mucho de la Constitución, pero parece que empezamos a leerla por la mitad. Los primeros artículos son clarísimos: la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas es un deber esencial del Estado. No es optativo. No es negociable. No está condicionado al clima político ni a la sensibilidad de las redes sociales.

Y, sin embargo, durante los últimos años la violencia no ha dejado de crecer. Más policías, más cámaras, más tecnología, más cooperación internacional —incluido el «apoyo» del FBI—, pero los asesinatos y las extorsiones siguen ahí, intactos. Porque el problema no es de recursos: es de voluntad y autoridad.

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa. Este gobierno lleva dos años en el poder, la mitad del mandato, y tampoco hace lo necesario. No se trata de copiar modelos extranjeros ni de caer en soluciones espectaculares, sino de algo mucho más básico: de ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley.

Cárcel significa encierro, celdas cerradas y control absoluto de ingresos. Nada de teléfonos, licor, televisores, microondas, privilegios ni comodidades que humillan a las víctimas y ridiculizan al sistema. Una hora diaria de patio, atención médica y alimentación; nada más. No es venganza, es orden. No es crueldad, es legalidad.

A los custodios que incumplen su deber no se les puede seguir tratando con indulgencia. Las penas por omisión y complicidad deben ser ejemplares, muy superiores a las del resto de los ciudadanos. Porque cuando un custodio falla, no comete un error, sino que abre la puerta a la muerte, al terror y al caos.

La seguridad nacional no puede ser un ejercicio de retórica ni un cálculo de conveniencia política, es el ejercicio irrenunciable de la autoridad en defensa del contrato social. Un Estado que dispone de tecnología y supuestamente de inteligencia, pero que fracasa en anticipar el caos o teme aplicar la fuerza legítima de la ley, termina por ceder su soberanía al terror. Si las instituciones no recuperan la iniciativa estratégica, el mensaje para la posteridad será devastador: el crimen organizado avanzó y se consolidó no por su propia fortaleza, sino porque el poder del Estado decidió retroceder.

El crepúsculo del chavismo

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él?

La madrugada del 3 de enero marcó la caída de Nicolás Maduro e inauguró una etapa de incertidumbre mayor. Se suele confundir el derrocamiento de un líder con el derrumbe del sistema; Venezuela muestra que no son lo mismo. La paradoja es clara: la operación fue militarmente exitosa, pero políticamente inconclusa. Estados Unidos capturó a un criminal, pero no desmontó un régimen, y esa diferencia definirá el futuro inmediato del país.

Washington ejecutó una maniobra precisa y audaz al extraer al «presidente» venezolano en minutos, pese a la presencia de mercenarios cubanos. Para EE. UU. fue justicia; para otros, una agresión imperial, aunque ambas posturas soslayan lo esencial: la captura de Maduro no resuelve la crisis, solo la transforma.

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él? El chavismo fue diseñado como un sistema personalista y vertical, sostenido por lealtades militares, redes económicas opacas y control territorial. Al retirar la figura central sin desmontar la estructura, lo que emerge no es necesariamente una transición, sino un vacío de poder que raramente se llena con democracia. El final de Maduro no es el final del problema; es, quizá, el comienzo del tramo más complejo: construir poder legítimo donde sólo hubo imposición. El «día después» parece liberador en los titulares, pero es devastador en la realidad. Venezuela no entra en una etapa de solución, sino de definición.

En ese contexto, los opositores —porque no hay una auténtica oposición política, y ese es uno de los grandes problemas— celebran la caída de Maduro sin vislumbrar un horizonte aceptable en el mediano plazo. Intentar respaldar a los oponentes podría desestabilizar aún más el país y exigiría una presencia militar más robusta en su interior, así que es mejor negociar con lo que queda del régimen e irlo sustituyendo progresivamente. 

En el plano internacional, paralelamente, el tablero se fragmenta. Rusia, China e Irán condenan, aunque sin capacidad de reacción. Europa pide moderación, como si aún existiera margen para ello. América observa dividida: algunos gobiernos temen el precedente; otros celebran el desenlace. El mayor riesgo no es una restauración autoritaria, sino la fragmentación. Un Estado debilitado, facciones armadas, control territorial disputado, economía colapsada y millones de ciudadanos buscando salida. 

Ese escenario vuelve a exhibir el fracaso del sistema internacional, que se muestra marcadamente inútil. Los organismos internacionales y regionales no han podido impedir 67 años de dictadura en Cuba, casi tres décadas en Venezuela ni lo que ocurre en Nicaragua. Quienes siguen apostando por viejas fórmulas de diálogo, apenas aportan conocidas narrativas al debate, pero ninguna solución. El idealismo y el multilateralismo, como ya ocurrió en otros momentos, ceden paso al realismo político y a la acción contundente. Resolver dilemas siempre tiene un alto costo, pero alguien tiene que hacerlo.

Históricamente, EE. UU. ha convivido con líderes leales, electos o impuestos. Este caso no es una excepción y exige que el régimen se pliegue a los intereses norteamericanos. Pero será necesario algo más mientras Venezuela se estabiliza y recupera: una transición durante 2026, cuando surja lo que hoy no existe que es una verdadera oposición política con liderazgo y legitimidad. La región debe comprender la nueva estrategia de seguridad de Washington y su choque frontal contra la injerencia de China, Rusia y el Foro de São Paulo. EE. UU. no necesita petróleo, pero Cuba y China si, y lo requieren para mantener sus dictaduras. La intervención parece destinada a negar ese recurso, reducir la presencia china en América y debilitar ambos regímenes, lo que dibuja una calculada estrategia de mucho mayor alcance.

El poder del calendario

Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso

En política las fechas nunca son neutras, mucho menos cuando se trata de procesos de elección institucional que, aunque formalmente independientes, están encadenados e interactúan entre sí. El calendario de 2026 no es simplemente una sucesión administrativa de procesos de selección y nombramientos, sino una arquitectura de poder donde cada decisión puede anticipar y condicionar la siguiente. Esta lógica de encadenamiento no es nueva, aunque sí especialmente delicada en contextos de debilidad institucional.

El error más común es analizar cada proceso separadamente; el más peligroso es hacerlo de manera ingenua. Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Universidad de San Carlos, Contraloría General de Cuentas y autoridades financieras no se eligen en compartimentos estancos, sino en cadena. Y esa cadena tiene un eslabón central: marzo de 2026.

Para entonces, mientras se evalúan los expedientes de quienes aspiran a dirigir el MP, ya deberán haber sido electos —y haber podido asumir— los magistrados del TSE y estarán en proceso los de la CC. No es un simple detalle técnico, el nuevo TSE definirá quién compite y cómo se hará en 2027. La CC decidirá qué es legal, qué se suspende y cómo se interpreta. Ambos conformarán el marco en el que se resolverá la elección del FG. Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso. De ahí que la disputa real no siempre ocurra en la fase final de las elecciones, sino desde la conformación previa de los órganos que tendrán la última palabra cuando surjan impugnaciones, controversias o vacíos interpretativos.

Si la Corte de Constitucionalidad se integra antes de que el proceso elección de fiscal general entre en su fase decisiva, tendrá la capacidad de habilitarlo, condicionarlo o detenerlo. Bastará una resolución “técnica”, una interpretación de plazos o una admisión oportuna de un amparo. Todo dentro de la ley, formalmente impecable, políticamente determinante.

Los mecanismos de designación apuntan a una Corte con mayoría alineada (4-1 o 3-2): una presidencia contraria; un Congreso dispuesto a pactar, intercambiando márgenes de maniobra en el TSE por control constitucional; una CSJ cercana a los mismos grupos de poder; una USAC capturada por dinámicas internas; y un Colegio de Abogados con pocas probabilidades reales de inclinar la balanza. 

A partir de marzo de 2026, con esa integración, el proceso de elección de FG podría continuar, pausarse o neutralizarse en cualquier momento. No por la vía de la fuerza, sino por la del expediente judicial. No por la ruptura, sino por la resolución jurídica. No por el conflicto abierto, sino por la legalidad administrativa-legal. Ese es el verdadero poder del calendario que no se disputa en las comisiones postuladoras ni en el debate público, sino entre bambalinas y con la sincronización precisa de nombramientos. 

A ese complejo tablero se suma la gravitación de actores externos, con influencia que oscila entre el tutelaje y la presión diplomática. No se puede entender el 2026 sin observar las señales externas. Una incidencia que suele ser un arma de doble filo: mientras para unos representa un auxilio indispensable, para otros es la excusa perfecta para enarbolar una soberanía selectiva. Al final, la comunidad internacional observa, advierte y sanciona, pero la arquitectura del poder la diseñan quienes, desde dentro, conocen mejor que nadie el sistema.

Marzo-Abril no serán unos meses más. Serán los meses en que se confirmen si las instituciones pasan a ser contrapesos o siguen siendo piezas de un mismo engranaje; lo que tampoco es nada nuevo ni, mucho menos, reciente, sino la lucha por el poder que siempre ha existido.

Institucionalizar la ruina

Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

Si los inicios de año son buenos para pensar en propósitos, los finales son mejores para evaluar. Ahora que se acaba uno, hacer una revisión siempre es saludable, pero solo resulta fértil si existe una disposición real a cambiar aquello que no funciona. De lo contrario, el ejercicio no pasa de ser gimnasia retórica: cómoda, estéril y profundamente inútil. Una especie de balance moral que tranquiliza conciencias mientras todo sigue exactamente igual.

En el fondo, las sociedades se parecen más de lo que creen. Algunas invierten en la prevención, conscientes de que anticiparse cuesta menos que reconstruir. Otras prefieren corregir después, aun cuando el daño ya sea irreversible, fruto de una visión corta y una planificación deficiente. Pero existe un tercer grupo —el más preocupante—: aquellas que no previenen ni corrigen. Las que observan el deterioro como paisaje. Las que convierten la improvisación en normalidad.

Ahí están las casas destruidas de Santa María de Jesús, tras el terremoto de julio pasado; los muertos que se acumulan por continuos accidentes de bus; o el derrumbe en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, meses después, erigido como monumento al abandono. El tiempo corre y la inacción se consolida como política pública. Mientras tanto, con una serenidad que roza lo obsceno, crece la desnutrición infantil en áreas urbanas. Niños mueren de hambre al mismo tiempo que el dinero público se reparte con generosidad en bonos, sindicatos, aumentos salariales y otras formas creativas de dilapidar el presupuesto. Los alcaldes tampoco se quedan atrás: millones en cohetes, fiestas patronales, reparto de “pollo en pie” o banquetes navideños para “los más desfavorecidos”, como si la pobreza se curara a golpe de tamal y pólvora.

El número de muertos por armas de fuego ha aumentado. Pasamos del escape de prisión de mareros —con FBI incluido en la investigación— a muertos inexplicables del conflicto Nahualá–Ixtahuacán, sin que exista una versión convincente para ninguno de los episodios. Se acumulan los hechos, se diluyen las responsabilidades y el país sigue mirando hacia otro lado, confirmando que la impunidad ya no es una falla del sistema, sino su forma habitual de funcionamiento. Miramos alrededor y la conclusión es desalentadora: estamos igual; nada ha cambiado sustantivamente.

La sensación oscila entre la vergüenza y el asco, con la convicción de que este país no tiene arreglo mientras no se rompa esa relación tóxica entre políticos y ciudadanos, en la que ambos se benefician de un sistema aletargado. Unos esperan dádivas, contratos o favores; los otros entregan migajas, después de vaciar los bolsillos con impuestos que nunca regresan en forma de servicios, infraestructura o bienestar. Cuando la supuesta víctima se convierte en cómplice, se logra la mancuerna perfecta: juntos depredan, cada uno a su escala.

Los salarios públicos son de los más altos en relación con el salario básico, adornados con dietas, gastos de representación y otros privilegios que —casualmente— no pagan impuestos; sumemos seguros médicos y de vida, vehículos, combustible y computadoras. Todo dentro de una organización estatal desastrosa, en la que hemos aprendido a vivir por debajo de la línea de la ética, aunque nos miremos el ombligo orgullosamente. Corruptores y corrompidos comparten la misma taza del inodoro, y cada uno culpa al otro del hedor. Así transcurre el tiempo; así se nos va la vida.

El problema no es la falta de diagnósticos ni de recursos, sino la comodidad de no hacer nada. Hemos normalizado la ruina, institucionalizado la mediocridad y aceptado el deterioro como si fuera un rasgo cultural inevitable. Y sin estridencias ni sobresaltos, el país avanza exactamente en la misma dirección: ninguna.

¡Claro que es ideológico!

El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social.

Los argumentos utilizados para justificar el incremento del salario mínimo por cierta parte del arco político nacional, su coro en redes sociales y no pocos opinadores de sobremesa se han sostenido en una premisa aparentemente incuestionable: la necesidad de que el trabajador cuente con suficientes recursos para hacer frente al costo de la canasta básica. Un razonamiento simple, emocional y eficaz que evita deliberadamente cualquier análisis económico serio. Se trata de un argumento manipulado -y manipulador- que, por su envoltorio moral, arrastra adhesiones automáticas sin mayor reflexión.

Aceptémoslo, con el mismo entusiasmo con el que se aceptaría pulpo como animal de compañía, y planteemos una pregunta elemental: ¿cómo se justifica que un trabajador de maquila perciba Q600 menos que otro que realiza labores no agrícolas? Ambos utilizan el mismo transporte -o carecen de él-, viven en los mismos barrios, enfrentan idénticos precios en alimentos, vivienda y servicios, y comparten condiciones de vida similares. Si el problema fuera la canasta básica o el poder adquisitivo, la diferenciación carecería de sentido. 

Pero el debate no gira en torno al costo de la vida, sino en torno al poder. Un pulso político dirigido contra el sector empresarial; un ejercicio de autoridad destinado a mostrar quién manda y qué ideología marca la pauta. El salario mínimo se convierte en una herramienta simbólica de dominación política, no en un instrumento eficaz de política social. Y como suele ocurrir con estas demostraciones de fuerza, el daño colateral recae sobre quienes lo tienen más difícil.

La mayor parte de las grandes empresas formales pagan salarios por encima del mínimo legal, y no son las que sienten directamente el golpe. El impacto real lo absorben pequeñas y medianas empresas que sobreviven con márgenes estrechos y cuentas ajustadas a fin de mes. Empresas de cinco o seis trabajadores que ven incrementados sus costos hasta el punto de perder competitividad, reducir servicios o desistir de la formalidad. Para ellas, cualquier aumento -por simbólico que parezca- puede ser la diferencia entre seguir operando o desaparecer.

A ello se suma un efecto documentado e ignorado: el aumento de salarios incrementa la masa monetaria en circulación, eleva el consumo y, por tanto, la demanda. El resultado es un aumento generalizado de precios que se extiende por toda la economía. Seis meses después, el poder adquisitivo del “salario mejorado” se ha diluido; al cabo de un año, el trabajador compra lo mismo que antes, pero con menos empleo formal. Y entonces, con puntualidad casi ritual, el debate se reabre con idéntica intensidad ideológica y el mismo vacío de resultados.

En realidad, la discusión de fondo descansa sobre dos pilares incómodos. El primero es la anulación de la libertad de contratación: el todopoderoso gobierno decide qué salario es “justo”, independientemente de la productividad, la realidad del mercado o la voluntad de las partes. El segundo es la hipocresía estructural de quienes impulsan estas alzas: políticos que jamás han creado una empresa, activistas sostenidos por ayudas públicas o diputados que duplicaron su salario hace unos meses y buscan una improbable “reconciliación” con sus votantes. Demagogia en estado puro, amplificada en redes sociales por voceros entusiastas, ignorantes supinos, cegatos ideologizados y manipuladores subvencionados.

El salario mínimo, presentado como un acto de justicia social, funciona realmente como una coartada política: excluye a los más pobres del mercado laboral, asfixia a las pequeñas empresas, encarece el costo de la vida y preserva los privilegios de quienes legislan desde la comodidad del sueldo asegurado. La demagogia se disfraza de compasión, engaña a muchos y deja la factura a quienes no tienen cómo pagarla.

Manual estatal de crianza (edición obligatoria)

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo.

Australia, ese lugar lejano que apenas identificamos, ha decidido prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. No lo han hecho los padres, no. Lo ha hecho el gobierno, ese ente todopoderoso que, al parecer, sabe mejor que cualquier progenitor qué es lo que conviene a sus hijos. Porque si algo queda claro en las democracias modernas es que el Estado siempre sabe más, incluso sobre la crianza ajena.

La norma se impone sobre bases de creencias morales, pedagógicas y psicológicas de quienes gobiernan, no sobre la diversidad y responsabilidad de criterios familiares. Da igual lo que los padres piensen, sepan o quieran: el gobierno ya piensa por ellos. Hace tiempo —bastante, por cierto— que los padres dejaron de ser considerados los principales educadores de sus hijos. Hoy son, como mucho, usuarios secundarios del sistema.

El Estado decide qué películas pueden ver los menores —por eso las clasifica—, qué redes sociales pueden usar y a qué edad, pero también si pueden abortar antes de los 18 años sin informar a sus padres, aunque no sean plenamente responsables para firmar un contrato, conducir o comprar alcohol. Curiosamente, tampoco lo son para votar, salvo cuando conviene ampliar el electorado, y la edad, como tantas otras cosas, se convierte en una variable política, moldeable según el interés del momento.

La juventud se gestiona como un recurso y la infancia como un territorio administrativo. A los padres se les descarta como responsables naturales de sus hijos, salvo cuando interesa culparlos de algo. El resto del tiempo, se les considera un estorbo. Desde el poder se prohíbe o autoriza lo que los menores pueden o no hacer, conforme a la sabiduría infinita de autoridades, expertos, comités y asesores que —por supuesto— jamás se equivocan.

No falta mucho para que se cree un Ministerio de Internet, Redes Sociales y Crianza Digital Responsable, con su correspondiente burocracia, presupuesto y campañas institucionales. Todo por el bien del menor, naturalmente. Siempre por su bien. El bien definido desde un despacho.

Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en particular el artículo 26 sobre el derecho a la educación, bastó “solo” un año para que uno de sus redactores advirtiera del peligro: no se puede negar a los padres el derecho a educar a sus hijos. Gracias a esa objeción se incluyó el párrafo tercero del artículo —que debería ser el primero—, reconociendo el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Aquella cláusula abrió la puerta a que no fuera el Estado, en exclusividad y como hasta entonces estaba previsto, quien monopolizara la educación. Hoy esa puerta está formalmente abierta, pero prácticamente clausurada.

Y no todo es culpa del Estado. Los padres también han hecho su parte. Cada vez más cómodos en el espacio de la responsabilidad delegada, prefieren que sean los colegios, las iglesias o el Estado quienes eduquen a sus hijos. A ser posible, gratis. Porque educar es un “derecho”, pero ejercerlo como deber ya no resulta tan atractivo. Muchos padres se lavan las manos con entusiasmo y reclaman servicios educativos mientras renuncian a su papel esencial: formar, acompañar y poner límites. Educar exige tiempo, criterio y conflicto. Delegar es mucho más cómodo.

Me resulta profundamente vergonzoso que sea una entidad pública la que decida qué videos pueden ver mis hijos, cómo deben usar sus redes sociales o qué pueden hacer con su cuerpo sin que yo pueda siquiera opinar. Que el Estado se arrogue el derecho de sustituir a los padres en decisiones morales fundamentales no es progreso: es vergonzosa renuncia colectiva.

Absolutismo reciclado

Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Se suele enseñar, con cierto triunfalismo pedagógico, que la caída de las monarquías absolutas inauguró un mundo moderno basado en la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la eliminación de privilegios hereditarios. Una lectura más sobria, pero sobre todo menos ingenua, sugiere otra cosa: se destruyeron los tronos, aunque los privilegios simplemente cambiaron de destinatarios.

La teoría política lo reconoce desde Weber hasta Bobbio: las élites, independientemente de la ideología que profesen, tienden a preservar los mecanismos que aseguran su permanencia en el poder. La Revolución rusa ofrece un ejemplo escolar del fenómeno. Mientras el discurso apelaba a la emancipación de las masas, la estructura resultante reprodujo -con precisión casi paródica- los rasgos de la autocracia zarista. Orwell lo sintetizó con ironía brutal en Rebelión en la granja: los cerdos no solo ocuparon la casa del amo, sino que restablecieron, bajo nuevos nombres, las mismas jerarquías que habían denunciado.

Occidente, más pulcro en las formas, optó por un continuismo más sofisticado. Las repúblicas incorporaron al presidencialismo atribuciones de raíz monárquica -antejuicio, prerrogativas fiscales, indultos y facultades cuasi absolutistas- justificadas bajo la retórica del equilibrio institucional. En realidad, operan como mecanismos de blindaje político, una suerte de aristocracia republicana con protocolo constitucional.

En este contexto, el reciente indulto del presidente de EE.UU. al expresidente hondureño condenado por la justicia estadounidense, plantea un problema normativo evidente: ¿cómo reconcilia una democracia su defensa del “rule of law” con la potestad unilateral de borrar una condena firme? Esa tensión existe desde los Federalist Papers, pero en la práctica se resuelve de manera simple: se ejerce porque se puede. El dilema se agrava cuando quienes otorgan tales perdones son los mismos que vigilan, sermonean y califican los sistemas judiciales de otros países -incluido el guatemalteco- bajo estándares cuya consistencia analítica es, siendo generosos, intermitente. 

La ironía se vuelve empírica cuando se observan los datos oficiales de la Office of the Pardon Attorney: Biden concedió 4,245 perdones y clemencias en 48 meses (incluida toda su familia); Obama, 1,927 en 96 meses; Trump, 238 en 47.5 meses (incluyendo su primer mandato).

Lo interesante no son los números, sino la cobertura. La indignación se activa por afinidad política, no por coherencia normativa. Si el hecho es idéntico pero cambia el autor, la evaluación varía radicalmente, contradiciendo el principio básico liberal de juzgar la acción y no la identidad del agente. Nada nuevo: Aristóteles advertía que la democracia puede degenerar en demagogia cuando las pasiones sustituyen a la razón pública. La asimetría mediática también es objeto de estudio. No porque la crítica a Trump sea injustificada, sino porque el escrutinio varía según el sujeto, no según la conducta, lo cual contradice la más elemental ética periodística. Pero esa información rara vez llega al público, quizá porque los datos interrumpen narrativas más cómodas.

Casos como el retorno a México del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico, o la liberación y repatriación del venezolano Alex Saab mediante un canje bilateral ilustran, asimismo, cómo la justicia internacional se vuelve instrumento de geopolítica, más que de imparcialidad jurídica. A ello se suman los protegidos que, tras colaborar con la justicia estadounidense, ingresan en un limbo legal donde sus países no pueden procesarlos y Estados Unidos los da por juzgados.

El resultado es una justicia -aquí y allá, antes y ahora- penetrada por razones de Estado, subordinada a intereses ejecutivos y moldeada por reglas que recuerdan, más de lo que quisiéramos admitir, a las prerrogativas monárquicas absolutistas. La modernidad institucional prometió superar esos vicios; la práctica política demuestra que, en muchos casos, solo cambió el decorado.

El gabinete Nodoyuna

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción.

Los últimos sucesos del acontecer nacional me acercan, inevitablemente, a aquellas historias de dibujos animados protagonizadas por Pierre Nodoyuna y su inseparable Patán; pero también por Tontín, Tontón, los Hermanos Macana y el profesor Locovitch. Una colección de personajes cuyos nombres describían con precisión los continuos desaciertos que cometían.

La diferencia —siempre hay alguna— es que, en los dibujos animados, al menos, uno sabía que aquella banda de incompetentes era ficción. Aquí, en cambio, hay días en los que parece que el país completo está atrapado en una eterna “Carrera de Autos Locos”, aunque sin carreteras y sobrados de locura.

Asignan fondos a ONG que nadie conoce, y que, si existen, operan en dimensiones paralelas. No obstante, la mayoría de los diputados firman el presupuesto sin escrúpulos, sin preguntas incómodas y, sobre todo, sin que se les agriete la conciencia. Firmar, después de todo, es fácil: lo difícil es pensar antes de hacerlo.

Sostienen a un cónsul honorario en Toluca que resulta estar señalado de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Y no sólo eso: llevan al presidente a una reunión en México donde el buen señor aparece sentado en la mesa presidencial e incluso se toma la foto oficial. Es casi poético que una Secretaría de “inteligencia estratégica” sea incapaz de prever, detectar o evitar que el susodicho cónsul honorario estuviese a la par del presidente. O que el sistema de información exterior no haya podido, en dos años, revisar a sus cónsules honorarios desperdigados por el mundo. Parece un concurso para ver quién puede cometer más errores sin ruborizarse. Ni Pierre Nodoyuna habría podido armar semejante escena sin que Patán soltara su clásica risa burlona. 

En el ámbito doméstico, la cosa no mejora. Es alucinante que en la Secretaría de Comunicación Social hayan pasado tres titulares en menos de dos años, y en igual tiempo se nombra al quinto ministro de Comunicaciones, por dimisión o renuncia del anterior, ya que el “gobierno de la transparencia” nunca lo aclara. Increíble que no se encuentre a alguien capaz de ejecutar el presupuesto asignado o de reparar las carreteras. No digo construir nuevas —esa es una fantasía peligrosa—, solo reparar. Ya basta de excusas, porque el único ministro “sin excusas” le duró el puesto menos que una moneda en la puerta de un colegio. Lo sacaron —y los hechos parecen confirmarlo— porque la conducción real del ministerio no depende de quien ocupa el despacho, sino de otros juegos políticos fuera de ahí. Cinco ministros; cero carreteras. Ya que la selección no marca, el gobierno se encarga del resultado.

Esto no es cosa de locos, si así fuera tendría perdón. Esto es cosa de tontos, pero no de lelos comunes, sino de los que, como diría un humorista español, son “tontos del tó… No pa’ un rato. Del tó y pa’ siempre”.

El presidente, cada día más, se parece a “Nodoyuna”: siempre prometiendo que “esta vez sí ganará la carrera”, mientras los demás personajes de la caricatura —los Patanes, Tontines y Macanas del gabinete y del Congreso— se encargan puntualmente de hacerlo fallar, y la realidad, como siempre, supera a la ficción. 

El año termina, las carreteras siguen rotas, el presupuesto ya está firmado, el cónsul de Toluca desapareció en un agujero institucional y no sabemos cuánto durará la nueva ministra. Pero algo sí sabemos: el piloto automático nacional avanza sin frenos, sin volante y, ciertamente, sin conductor.

Cuando un país parece gobernado por personajes de caricatura, lo más peligroso no es la risa, sino acostumbrarse al chiste. Y Guatemala ya lleva demasiadas temporadas al aire.