El dictador bueno

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual: cambian los nombres, los partidos y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo gobierno será mejor

Cualquiera que sea su edad, haga memoria e intente identificar un buen gobierno en Guatemala. No uno menos malo ni del que conserve algún recuerdo favorable, sino uno verdaderamente bueno. No lo encontrará, y ese vacío debería servirnos para abandonar de una vez el romanticismo y, sobre todo, ese optimismo enfermizo que periódicamente nos convence de que aparecerá el candidato adecuado.

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual. Cambian los nombres, los partidos, los colores y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo presidente gobernará mejor, el Congreso legislará pensando en el país, los funcionarios serán competentes y las instituciones comenzarán, casi milagrosamente, a funcionar ¡Contumacia se llama!

Mire los nombres que circulan para 2027 y haga un ejercicio sencillo: ¿con cuál se queda? No piense sólo en quién podría ganar, sino en a quién confiaría durante cuatro años la seguridad, las carreteras, los hospitales, la educación y una parte considerable del futuro de sus hijos. La oferta incluye aventureros, populistas, embusteros, inútiles, personajes cuestionados, sospechosos de vínculos con el narcotráfico, egos desproporcionados, payasos psicópatas y otros que llevan tantos años prometiendo salvarnos que resulta legítimo preguntarse quién nos salvará de ellos. Escoja uno -o una- y después intente dormir tranquilo.

En sociedades cansadas de la incompetencia es precisamente donde comienza a resultar atractiva una vieja tentación: el dictador bueno. La idea ha reaparecido en Centroamérica, y se ha exportado, al calor de la popularidad de Nayib Bukele y de una pregunta tan incómoda como seductora: ¿no sería preferible un gobernante autoritario que, al menos, consiga resultados? Hay que reconocer que la oferta resulta tentadora. 

Imagínese a alguien que llegue, ponga orden, encarcele delincuentes, obligue a cumplir las normas, termine carreteras, elimine trámites absurdos, despida funcionarios inútiles —que son muchos— y consiga que el Estado funcione. El problema no está en desear esos resultados, sino en la fórmula elegida para conseguirlos. Todos quieren al dictador bueno, lo que nadie explica es cómo garantizar que siga siendo «bueno» cuando disponga de suficiente poder y pretenda perpetuarse.

Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los gobernantes, porque tenemos también un serio problema social. Queremos orden, pero nos incomodan las normas; exigimos buenos servicios públicos, pero rechazamos las obligaciones que los acompañan; reclamamos justicia, siempre que no nos afecte, y pedimos que los demás respeten la ley mientras buscamos al conocido, al amigo o al abogado que encuentre la manera de que a nosotros no se nos aplique.

La contradicción resulta evidente. Nos estacionamos donde queremos, construimos donde podemos, bloqueamos cuando nos conviene, recurrimos a influencias cuando las necesitamos y consideramos perfectamente justificable nuestra propia excepción. Después nos indignamos porque el país no funciona. Hemos convertido demasiadas veces el cumplimiento de las reglas en algo negociable y, al hacerlo, contribuimos a construir precisamente ese Estado débil del que luego nos quejamos.

Quizá la afirmación más incómoda sea también la más necesaria: Guatemala no necesita solamente mejores gobernantes, sino, muy especialmente, mejores ciudadanos. Una sociedad indisciplinada, acomodada a la excepción y convencida de que las reglas son para los demás, produce políticos parecidos a ella. Nuestros gobernantes salen de esta misma sociedad, reproducen sus comportamientos y explotan sus debilidades.

El problema no consiste en encontrar al ser providencial que venga a poner orden, sino en construir una sociedad capaz de respetar las reglas, exigir instituciones que funcionen y comprender que no existe libertad sin responsabilidad. Mientras no aceptemos nuestra parte, seguiremos atrapados en el mismo círculo. 

Y es que cuando la ética se pierde el piso desaparece.

Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar.

No, caquistocracia no significa el gobierno de los “caqueros”, aunque la semejanza fonética pueda provocar alguna sonrisa y prestarse a confusión. El término es bastante más serio y preocupante: significa el gobierno de los peores, es decir, aquel en el que el poder termina en manos de los menos capaces, los menos preparados o de quienes demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que asumieron. 

Algunos datos obligan a pensar en ello. El reciente ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data coloca a Bernardo Arévalo en el puesto 17 de 18 mandatarios evaluados, con 66.4% de desaprobación; la última es la presidenta de Venezuela. Y aunque una encuesta no constituye una sentencia, conviene prestarle atención cuando la percepción coincide con problemas visibles de gestión. 

El Gobierno llegó en 2024 acompañado de una enorme expectativa. Prometió rescatar las instituciones, combatir la corrupción, recuperar la administración pública y demostrar que era posible gobernar de otra manera. Más de dos años después, el problema ya no consiste en comparar esas promesas con los gobiernos anteriores, sino en comparar lo prometido con lo ejecutado.

El Ministerio de Comunicaciones es el ejemplo más evidente. En 2025 terminó ejecutando apenas el 68.2% de su presupuesto. El presidente reconoció que había existido un “problema de implementación”. En mayo de este año, representantes de la Dirección General de Caminos informaron al Congreso que había 28 proyectos en ejecución, pero solo uno correspondía a la actual administración: la rehabilitación del puente de Río Dulce. A inicios de julio pasado, el CIV apenas había ejecutado el 26.2% de su presupuesto vigente. En infraestructura el Gobierno puede enumerar proyectos, licitaciones, planes y futuras inversiones, pero las carreteras constituyen una realidad demasiado tangible como para resolverla mediante discursos. 

En seguridad el Gobierno ha presentado cifras favorables en determinados indicadores, entre ellos las denuncias por extorsión, pero tampoco puede olvidarse de que en enero el país vivió motines simultáneos en tres cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que llevaron a declarar por meses el estado de prevención, y que los homicidios con armas de fuego vienen creciendo desde abril. 

Lo mismo podría decirse de otras áreas, y aquí aparece la caquistocracia. No entendida exclusivamente como el gobierno de personas malas o corruptas, porque existe una modalidad menos escandalosa pero igualmente perjudicial: se refiere al gobierno de quienes no saben hacer funcionar el Estado. La incompetencia también tiene consecuencias.

Todos los gobiernos reciben problemas del anterior y encuentran burocracias deficientes, intereses enquistados, legislación complicada y funcionarios resistentes al cambio. Precisamente por eso se elige un gobierno: para resolver los problemas, no para describirlos. La administración de Arévalo ha construido buena parte de su narrativa alrededor de adversarios perfectamente identificables: estructuras corruptas, mafias político-criminales, instituciones capturadas y actores que obstaculizan el cambio. Parte de esa denuncia es cierta, pero después de más de la mitad del mandato aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno explicar su falta de resultados justificándose en que no lo dejan gobernar?

La responsabilidad política no consiste en tener buenas intenciones. Tampoco en proclamar superioridad moral sobre quienes gobernaron anteriormente, porque visión sin ejecución es alucinación. Quizá ahí radique uno de los errores fundamentales de esta administración: confundir honestidad con capacidad. Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar?

El gobierno de las excusas

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas.

Hay gobiernos que transforman la realidad y otros que dedican la mayor parte de su tiempo a explicar por qué no pueden hacerlo. Aquí hemos caído en la segunda categoría. Cada semana aparece una nueva justificación para explicar por qué las promesas no se cumplen, los problemas no se resuelven y el país sigue atrapado en la misma inercia de siempre. Cuando la explicación termina sustituyendo a la acción, las excusas dejan de ser circunstanciales y se convierten en una forma de gobernar.

El Estado muestra claros signos de agotamiento porque no se hizo lo suficiente durante muchos años, pero tampoco se está haciendo nada ahora. Lo único que parece haberse incrementado es la capacidad para encontrar responsables. Sobran excusas y da la impresión de que es en lo que más se invierte.

Y no se trata de un problema de recursos. El presupuesto público ha alcanzado niveles históricos y no falta dinero -otra perorata habitual-, sino capacidad de ejecución. Los proyectos “avanzan” lentamente, las obras se retrasan y las prioridades se pierden entre procedimientos, disputas políticas y cambios constantes de funcionarios. No faltan medios, pero hay una manifiesta incapacidad para conseguir resultados.

Durante los primeros meses de este gobierno se señaló al Ministerio Público como el principal obstáculo. Después apareció la Corte de Constitucionalidad, y mañana será cualquier otra institución, actor o circunstancia. Siempre hay una explicación para posponer la rendición de cuentas sobre la falta de gestión.

Esa debilidad también se refleja dentro del propio oficialismo con una crisis interna que lo ha hecho implosionar. Las divisiones, renuncias y enfrentamientos han reducido su capacidad para impulsar una agenda, y cada nueva fractura condiciona o retrasa las pocas iniciativas que intentan avanzar. La aprobación de la Ley de Puertos terminó evidenciando nuevamente las tensiones internas.

La segunda manifestación de esa incapacidad es administrativa. Ministros y viceministros entran y salen sin explicaciones sobre las razones de tantos cambios. Resulta difícil construir políticas públicas consistentes cuando quienes deben diseñarlas y ejecutarlas cambian continuamente. La inestabilidad institucional termina convirtiéndose en otra forma de inmovilismo.

Mientras tanto, los homicidios cometidos con arma de fuego muestran una tendencia creciente desde el segundo trimestre del año. La disputa entre organizaciones del narcotráfico y pandillas por el control territorial vuelve a reflejarse en atentados, extorsiones y hechos de violencia que alimentan una creciente sensación de inseguridad. La realidad avanza con más rapidez que la capacidad del Estado para responder.

Frente a este escenario, la respuesta oficial suele repetirse: mirar hacia atrás y justificarse. Señalar las deficiencias heredadas puede ser válido para explicar el punto de partida, pero deja de ser suficiente cuando se convierte en la explicación permanente de la inacción. Gobernar implica administrar el presente y construir el futuro, no vivir instalado permanentemente en el pasado.

Quizá esa narrativa también cumpla otra función: ofrecer una explicación tranquilizadora a quienes depositaron grandes expectativas en el cambio político de 2024, y hoy enfrentan una realidad mucho menos prometedora. Hay que reconocer que el actual proyecto político no ha respondido a las expectativas, y siempre es más cómodo pensar que otros impiden gobernar antes que aceptar que el problema puede residir en la falta de capacidad para hacerlo de quienes ostentan el poder.

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas. Las democracias no se debilitan únicamente por la corrupción o la ineficiencia, también se erosionan cuando las explicaciones sustituyen de forma permanente a los resultados.

No es cuánto pagamos, sino por qué

El verdadero problema de los impuestos no es cuánto pagamos, sino bajo qué principios morales y jurídicos puede el Estado exigirnos que paguemos.

Los impuestos mal diseñados tienen consecuencias sobre el comportamiento de las personas y sobre el funcionamiento de la economía. Cuando el Estado grava de manera arbitraria la riqueza, el patrimonio o el éxito económico, envía un mensaje perverso: progresar tiene un costo, y el resultado es predecible. Se retrasan inversiones, se fragmentan patrimonios, muchos operan parcialmente en la economía informal y no pocos recurren a mecanismos de evasión. Y no porque sea moralmente defendible, sino porque el propio sistema genera más incentivos para ocultar que para producir.

Thomas Sowell ha insistido en que la economía consiste, ante todo, en el estudio de los incentivos y de las consecuencias no deseadas de las políticas públicas. Las decisiones deben juzgarse por sus resultados y no por sus intenciones. Si un sistema tributario penaliza la acumulación de patrimonio, la adquisición de bienes o la inversión, el efecto será precisamente el contrario del que dice perseguir: menor transparencia, formalización, inversión y una economía más pequeña y menos productiva. Como advirtió John Locke, la propiedad no nace del Estado, sino del trabajo, por eso corresponde al poder público justificar cualquier limitación sobre ella y no al ciudadano justificar por qué desea conservarla.

Esta idea coincide con principios formulados por otros autores. Adam Smith sostenía que un buen sistema tributario debía respetar cuatro reglas básicas: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. El contribuyente debía saber qué pagaba, por qué lo hacía y bajo qué criterios. Friedrich Hayek advirtió que la igualdad ante la ley desaparece cuando el Estado utiliza la tributación para discriminar entre ciudadanos según su patrimonio o capacidad económica. Robert Nozick sostuvo que gravar reiteradamente el fruto del trabajo de una persona equivale, en parte, a apropiarse del tiempo y del esfuerzo con los que produjo esa riqueza. Y Frédéric Bastiat recordó que la ley pierde su legitimidad cuando deja de proteger la propiedad para convertirse en un instrumento de expoliación legal. Todos ellos coinciden, desde perspectivas distintas, en una misma exigencia: el poder tributario necesita algo más que una mayoría política, requiere de una justificación moral compatible con la libertad y la igualdad ante la ley.

La pregunta de fondo es simple: ¿por qué dos ciudadanos que reciben exactamente el mismo servicio público deben pagar cantidades distintas? No se trata de decidir quién paga más, sino en preguntarnos cuál es la justificación objetiva y ética para que dos personas que reciben lo mismo, una deba pagar varias veces más únicamente porque posee un patrimonio mayor. La justicia tributaria no puede descansar exclusivamente en la voluntad de una mayoría política, sino en principios de racionalidad, igualdad y proporcionalidad.

Un sistema tributario irracional no solo resulta injusto, también deteriora la confianza en las instituciones, incentiva la evasión fiscal, amplía la economía informal, desalienta la inversión y termina castigando a quienes generan empleo, riqueza y crecimiento. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no cobra por los servicios que presta, sino porque puede hacerlo o porque alguien ha prosperado más que otro, deja de considerar el impuesto como una contribución y comienza a verlo como una penalización al éxito.

Necesitamos un Estado capaz de justificar racionalmente cada impuesto que exige. La legitimidad de un sistema tributario no depende únicamente de cuánto recauda, sino de si cada impuesto puede explicarse desde la lógica, la justicia y el respeto a la igualdad. 

Mientras esa conversación siga sustituyéndose por consignas simplistas como "que paguen más los que más tienen", seguiremos confundiendo la justicia con la envidia (Robert Nozick), la igualdad ante la ley con el privilegio de las mayorías y la política fiscal con el derecho del Estado a castigar el éxito económico.

Lecciones económicas del Mundial 2026

El verdadero legado económico del Mundial no estuvo en los estadios, sino en la capacidad de millones de consumidores y miles de empresas para transformar una oportunidad en riqueza.

Un reciente estudio de Deloitte sobre el impacto económico del Mundial de Fútbol 2026 en México deja enseñanzas que trascienden con mucho al deporte. Más allá de cuantificar la derrama económica del torneo, explica cómo se generan hoy los resultados económicos en los grandes eventos.

Durante años se asumió que el éxito económico de un Mundial dependía casi automáticamente del número de partidos disputados, de la llegada masiva de turistas y de las grandes inversiones en infraestructura. Sin embargo, el estudio muestra que esa relación ya no es tan directa. Ser sede de un megaevento no garantiza por sí mismo las ganancias. Lo determinante no es únicamente atraer visitantes, sino la capacidad para convertir esa oportunidad en actividad económica y responder con rapidez a las decisiones del mercado.

Los datos son reveladores. El impacto económico estimado para 2026 ascendió a 2.543 millones de dólares, una cifra inferior a la prevista inicialmente debido, entre otros factores, a que el volumen de personas fue menor del esperado. Lejos de confirmar que el éxito dependía exclusivamente del número de visitantes, el informe determina que la riqueza se generó allí donde fue posible activar el consumo y adaptarse con rapidez a una demanda cambiante.

La actividad económica tampoco se concentró únicamente en los estadios. Se extendió a hoteles, restaurantes, comercios, transporte, plataformas digitales y servicios vinculados a la experiencia del aficionado. Las estancias fueron más breves de lo previsto, pero los ingresos crecieron gracias a estrategias de precios dinámicos que elevaron las tarifas hoteleras entre un 47 % y un 100 % -según las ciudadades- en los momentos de mayor demanda. El valor surgió porque sectores como la restauración, el alojamiento, el comercio o el transporte supieron aprovechar mejor las oportunidades creadas por el torneo.

Quizá el hallazgo más interesante del estudio sea que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del capital invertido, sino de la capacidad para interpretar información y convertirla en decisiones empresariales. Las oportunidades comerciales no se distribuyeron de forma uniforme durante todo el Mundial; aparecieron en ventanas muy concretas, especialmente alrededor de los partidos de la selección mexicana. Las empresas que utilizaron herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para ajustar inventarios, promociones, precios y canales de venta en tiempo real fueron las que lograron captar una mayor parte del consumo. 

En otras palabras, la riqueza no surgió del evento en sí, sino de la rapidez con la que los agentes económicos fueron capaces de adaptarse a las decisiones de millones de consumidores. El aficionado del siglo XXI ya no vive el Mundial únicamente desde el estadio, lo hace también desde restaurantes, comercios, plataformas digitales, servicios de entrega a domicilio y redes sociales. Quienes comprendieron esa nueva realidad obtuvieron mejores resultados.

El estudio evidencia una característica esencial de la economía: el éxito económico exige flexibilidad. La planificación es necesaria, pero resulta insuficiente sin capacidad de adaptación. Comprender el comportamiento del consumidor y responder con rapidez a sus preferencias constituye una ventaja competitiva decisiva. La prosperidad no nace del acontecimiento en sí, sino de la capacidad de millones de personas para transformar libremente las oportunidades en valor.

La riqueza ya no se genera automáticamente por la mera existencia de una oportunidad, ni por la simple acumulación de infraestructuras o recursos. Se crea cuando empresas y consumidores, oferta y demanda, convergen eficazmente gracias a que la información circula con rapidez y existe libertad para decidir, producir, competir y elegir. Como siempre, pero ahora con tecnología que puede reducir el tiempo.

El perdón de España

Nunca he considerado que España debe disculparse por la conquista de América. Hoy creo que sí debe pedir perdón, pero no por su pasado, sino por su presente.

En modo alguno apoyo que España pida perdón por la conquista de América. Quizá aquella empresa no fue un modelo de virtud, pero ninguna conquista lo ha sido. Hubo guerras, sometimiento y sufrimiento, como en todos los procesos de expansión de las grandes potencias. Pretender juzgar épocas pasadas con parámetros éticos del siglo XXI es una tentación frecuente, pero intelectualmente nada rigurosa.

España no solo ocupó América, también construyó instituciones. Reconoció personalidad jurídica a los pueblos indígenas cuando otras potencias ni siquiera se plantearon semejante cuestión hasta siglos mas tarde. Promovió universidades, ciudades, cabildos y un entramado legal extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las Leyes de Indias fueron una innovación que ningún otro imperio desarrolló con la misma amplitud. Además, favoreció un amplio proceso de mestizaje entre españoles e indígenas, del que surgió buena parte de la identidad hispanoamericana, a diferencia de otros modelos coloniales.

Hoy, sin embargo, España debe pedir perdón. No por Hernán Cortés, sino por Pedro Sánchez, y también por Rodríguez Zapatero. Y no se trata de una cuestión partidista, sino del descrédito de las instituciones de un país. Durante décadas, España fue referente por protagonizar una de las transiciones democráticas más brillantes del siglo XX. Un ejemplo de cómo una sociedad podía dejar atrás una dictadura, reconciliarse consigo misma y construir un Estado democrático moderno. Muchos países de Hispanoamérica estudiaron aquel proceso como un ejemplo a seguir. Aquella España inspiraba; la de hoy preocupa. 

Me sonroja que la conversación internacional sobre España gire en torno al incesante desfile de investigaciones, escándalos y sospechas que rodean al actual poder político. Me avergüenza que la esposa del presidente del Gobierno haya sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Me ruboriza que el hermano del presidente haya sido condenado por prevaricación. Me insulta que el caso Koldo, que alcanzó al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sea uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. Me apena que antiguos colaboradores y altos cargos aparezcan una y otra vez vinculados a investigaciones judiciales. Me humilla la creciente controversia que rodea la actuación internacional del expresidente Zapatero y sus relaciones con regímenes autoritarios, particularmente el venezolano. Todo eso me preocupa y también otra deriva mucho más peligrosa. Cuando la corrupción ocupa los titulares, una democracia sana deja trabajar a los jueces y a las fuerzas encargadas de investigar. Un gobierno enfermo y corrompido intenta desacreditar a quienes investigan. Y ahí reside otro problema.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no está para proteger gobiernos, sino para investigar delitos. Su lealtad no pertenece al partido que gobierna, sino al Estado de Derecho. Por eso resulta profundamente inquietante cualquier intento de sembrar sospechas sobre la Guardia Civil, de desacreditar sus investigaciones o de pretender utilizar a sus integrantes cuando las pesquisas alcanzan al entorno del poder. Ese camino se conoce demasiado bien en América Latina.

Mi decepción no tiene nada que ver con los soldados del siglo XVI, sino con los gobernantes del siglo XXI. España no necesita pedir perdón por su historia, porque la historia debe estudiarse, comprenderse y contextualizarse, no utilizarse como arma política siglos después.

España, o mejor dicho sus gobernantes, deberían pedir perdón por algo mucho más cercano: permitir que el prestigio institucional construido durante casi medio siglo de democracia y el referente nacional se vean empañados por el deterioro de la ejemplaridad pública y por la tentación de convertir a las instituciones de control en enemigos. Y ese sí es un pecado que la historia difícilmente perdonará.

El lento asesinato de la democracia

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; normalmente se erosionan lentamente, hasta que un día descubrimos que conservan las urnas, pero han perdido su esencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX, millones de personas lucharon para sustituir dictaduras por democracias. Aquellas generaciones no pelearon únicamente por el derecho a depositar una papeleta en una urna, sino por vivir bajo un sistema donde el poder estuviera limitado, existieran contrapesos institucionales y las libertades individuales quedaran protegidas frente a los gobernantes. La democracia liberal era mucho más que elecciones: era un modelo concebido para impedir el abuso del poder.

Paradójicamente, algunos de los mayores críticos de la democracia fueron los fundadores del pensamiento político occidental. Platón la consideraba el gobierno de la ignorancia y advertía que las masas podían ser seducidas por demagogos hasta desembocar en la tiranía. Sócrates desconfiaba de una ciudadanía fácilmente manipulable y Aristóteles sostenía que la democracia se corrompía cuando dejaba de perseguir el bien común para convertirse en el dominio de intereses particulares. Siglos después, Ortega y Gasset recuperó esa preocupación en La rebelión de las masas. El verdadero riesgo no era la existencia de mayorías, sino la aparición del "hombre-masa": un ciudadano que renuncia al esfuerzo intelectual, rechaza la excelencia y pretende imponer sus preferencias simplemente porque son compartidas por muchos.

Más tarde se universalizó el principio de igualdad política bajo la idea de "un ciudadano, un voto", un avance histórico que nunca pretendió agotar el significado de la democracia. Robert Dahl recordó que una democracia exige pluralismo, libertades públicas, competencia política, información libre e instituciones independientes. Giovanni Sartori fue aún más claro: reducir la democracia al simple acto de votar equivale a vaciarla de contenido.

Y esa parece ser precisamente la deriva actual. Cada vez más frecuentemente se identifica democracia con mayoría parlamentaria, como si una victoria electoral legitimara el control de las instituciones llamadas precisamente a limitar al poder. Los procesos de designación de jueces, magistrados, fiscales, autoridades electorales, contralores u organismos reguladores responden, con demasiada frecuencia a afinidades políticas más que a criterios de independencia. Es, metafóricamente, matar a Montesquieu. La separación de poderes permanece sobre el papel, pero pierde eficacia cuando quienes deben controlar al poder terminan dependiendo de él.

También Rousseau parece quedar relegado. Su propuesta de contrato social descansaba sobre un poder orientado al interés general y sometido a reglas compartidas y aceptadas. Cuando las instituciones se utilizan para conservar el poder, repartir favores o proteger a quienes gobiernan, ese pacto deja de ser el fundamento de la convivencia. Y mientras Montesquieu desaparece y Rousseau se desvanece, reaparece Hobbes. No el pensador preocupado por evitar la guerra civil, sino el del Leviatán: un Estado que concentra cada vez más recursos, competencias y capacidad para decidir sobre la vida de los ciudadanos.

Y aparecen distintos colectivos que compiten por obtener subsidios, transferencias, exenciones o beneficios financiados con un gasto público creciente y una presión fiscal cada vez mayor; la política se centrar en cómo repartir lo que es de uno. Incluso decisiones sobre políticas migratorias son percibidas como instrumentos con posibles efectos electorales, alimentando la desconfianza y la polarización.

La gran paradoja es que, después de siglos intentando limitar el poder del Estado, muchas democracias avanzan hacia un modelo donde ese mismo Estado concentra más recursos, más competencias y mayor capacidad de condicionar la vida de las personas. Porque la democracia no muere cuando desaparecen las elecciones sino cuando los límites al poder dejan de existir. Platón temía a los demagogos, Montesquieu al poder sin límites y Hobbes al caos. El gran reto de nuestro tiempo es no olvidar a ninguno de los tres.

La eterna batalla por capturar el poder

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas

Como sociedad, dejamos pasar el tiempo sin demasiados logros, y eso que siempre aparecen algunos optimistas —un tanto enfermizos, todo hay que decirlo— dispuestos a celebrar como avances históricos cosas que en países medianamente funcionales debieron resolverse en semanas y no en décadas.

Cada cuatro o cinco años redescubrimos, como si fuera novedad, el debate sobre las comisiones de postulación. Tras una euforia suficientemente conocida, y con alto ruido mediático, se reparten cuotas, se negocian votos, se acomodan intereses y todo vuelve exactamente al mismo lugar. El problema nunca ha sido fundamentalmente jurídico, sino político. Quien controla las postuladoras, controla listados, condiciona elecciones, y termina influyendo en magistrados, jueces, fiscal general, contralor, cortes y buena parte de la estructura institucional del país. Y el pleito nunca termina porque todos aspiran a lo mismo.

Se trata de tomar el control, jamás de mejorar la institucionalidad. La discusión rara vez gira alrededor del derecho individual, la independencia judicial o el interés general. Lo que predomina es el triunfo del interés de personajes, grupos, facciones o redes que buscan ampliar su cuota de influencia. Y lo verdaderamente revelador es que no se discuten perfiles técnicos, capacidades profesionales o trayectorias académicas. La discusión nacional se reduce a determinar si alguien pertenece al “pacto de corruptos” o si es un “chairo” perdido en el bosque ideológico, lo demás resulta superfluo, poco interesante y mediáticamente irrelevante.

El caso de la USAC es quizá el ejemplo más descarnado. La elección del rector debería girar alrededor de liderazgo académico, calidad educativa, investigación, modernización universitaria o excelencia intelectual. Pero no. El debate termina reducido a si el candidato es funcional para unos u otros grupos, si responde a determinadas estructuras políticas y si sirve como pieza útil dentro del ajedrez institucional.

Y la razón es simple: el rector de la USAC no solo administra una universidad, maneja enormes cuotas de poder, influencia en postuladoras, tiene gran incidencia política y dispone de espacios de negociación nacional. Por eso la pelea nunca es académica, sino de interés sectario. Es poder puro y duro.

El ambiente deja incluso un cierto olor fétido de quienes se descomponen políticamente por no lograr resultados. Muchos de los actores que hoy hablan de rescatar instituciones están más preocupados por quedarse fuera del reparto que por construir reglas verdaderamente imparciales.

Mientras tanto, el país observa escenas absurdas convertidas en normalidad. Estudiantes eternos que llevan lustros en la universidad estatal perdiendo el tiempo, pero maniobrando al frente de asociaciones estudiantiles y “movimientos juveniles” que obedecen disciplinadamente directrices de operadores políticos, abogados o personajes con birrete que jamás publicaron un artículo académico en su vida. Jóvenes de cuarenta o cincuenta años hablando en nombre de una renovación que nunca llega, y les superó. Además, sancarlistas convertidos en guardianes del inmovilismo y diputados perfectamente acomodados en el sistema, guardan silencio convenientemente. Muchos de los que hoy denuncian captura institucional participaron ayer en las mismas dinámicas que ahora condenan. Y muchos de los que hoy prometen “rescatar las instituciones” parecen en realidad interesados únicamente en sustituir a quienes actualmente las controlan. Esa es la tragedia de fondo.

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas. La lucha no es contra la cooptación; la lucha es por decidir quién controla. Y así seguimos: atrapados en un eterno relevo de élites, facciones, redes e intereses que presentan sus ambiciones particulares como si fueran grandes cruzadas morales por la democracia.

Lord Acton no se sorprendería demasiado. Aquí llevamos décadas confirmándole que tenía razón.

Q19 mil millones más… ¿para qué?

La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.

Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.

Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.

Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.

Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.

Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…

Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.

Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.

La democracia de las esquinas

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos

América Latina parece haber entrado en una etapa donde la política dejó de ser un espacio para construir acuerdos y cada vez más funciona como un mecanismo permanente de confrontación. Las elecciones ya no terminan cuando se cuentan los votos, continúan después en redes sociales, en los medios y en las calles, alimentando una sensación constante de división nacional.

El problema no es que existan diferencias ideológicas porque las democracias viven precisamente de la pluralidad, del debate y de la confrontación de ideas. El verdadero problema aparece cuando la lucha política desplaza a sociedades enteras a dos bloques irreconciliables, emocionalmente enfrentados y convencidos de que el otro representa no una opinión distinta, sino un enemigo al que debe derrotarse o excluirse.

En muchos países de la región, las últimas elecciones presidenciales muestran exactamente esa realidad. Perú está partido entre Castillo y Fujimori. Colombia acaba de padecer algo similar con Cepeda y de la Espriella, y lo mismo, en una u otra vuelta, se pudo ver en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina o en procesos políticos recientes en Centroamérica.

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos, y ahí aparece uno de los grandes riesgos contemporáneos. Cuando un candidato gana, aunque sea con mínima mayoría, el resultado se suele interpretar como un mandato absoluto para imponer un proyecto político completo, mientras la oposición actúa como si tuviera la obligación moral de impedir cualquier iniciativa del gobierno. El resultado es una dinámica destructiva donde nadie cede, nadie dialoga ni construye consensos mínimos.

La polarización produce además una distorsión peligrosa: transforma cualquier debate público en un conflicto moral. No se discuten políticas públicas, eficiencia estatal o soluciones técnicas, sino quién es “el bueno” y quién “el malo”. Los adversarios dejan de ser ciudadanos con diferencias legítimas y pasan a convertirse en amenazas existenciales para el país, y las redes sociales han acelerado todavía más esa lógica, porque los algoritmos premian el conflicto, la indignación y el ataque permanente. La moderación no genera clics, y el insulto, la descalificación y el escándalo terminan teniendo más alcance que cualquier discusión seria sobre educación, salud o desarrollo económico.

Y mientras se permanece atrapado en esa dinámica emocional, los grandes problemas continúan intactos. La pobreza sigue creciendo en amplios sectores de la región, la desnutrición infantil sentencia el futuro de millones de niños, el crimen destruye comunidades enteras, los sistemas de salud pública siguen siendo ineficientes, la educación carece de calidad y cobertura, y el empleo informal la única salida para buena parte de la población.

La polarización tiene otro efecto silencioso: agota emocionalmente a las sociedades. Las personas viven en estado permanente de tensión: familias divididas, amistades rotas, espacios laborales contaminados y ciudadanos incapaces de escuchar argumentos distintos sin reaccionar desde el resentimiento o la desconfianza. Lo más preocupante es que esa dinámica se normaliza, y las nuevas generaciones crecen viendo la política como un espacio donde odiar al adversario es más importante que resolver problemas. Y sin consensos mínimos, ninguna democracia puede sostenerse de manera saludable.

En democracia no se trata de empujar a unos ciudadanos hacia una esquina mientras los otros celebran desde la opuesta, sino de encontrar espacios donde quienes piensa diferente puedan convivir, negociar y construir objetivos comunes.