Tenemos políticos y funcionarios excepcionalmente hábiles para el derroche, pero nefastos para la inversión sensata
La semana pasada se reveló que un exministro de Defensa Nacional recibe una pensión de jubilación de aproximadamente Q26,000 al mes. "Un vacío legal", han dicho, que permitió esta irregularidad. Son situaciones dentro de las leyes que, en ocasiones no son advertidas por quienes las elaboran y deberían ser responsables, pero que benefician a algunos a costa de los demás.
Concurrente en el tiempo, y justificado para cubrir el déficit actual, el Instituto de Previsión Militar ha solicitado Q265 millones anuales durante veinte años. Agregue a lo anterior el seguro de vida que el Organismo Judicial proporciona a 169 magistrados, y déjeme recordarle que algunos alcaldes superan los Q80,000 al mes, complementados por sueldos, gastos de representación y dietas por reuniones que apenas duran unos minutos, justificando así estos pagos. Sume los 16 o 19 salarios que muchos empleados públicos reciben, junto con una decena de bonos con nombres curiosos como el "del pescado", y verá que los recursos nunca parecen ser suficientes. Finalmente contabilice el aumento de sueldo promovido por un sinfín de sindicatos, y el de los diputados, además de diferentes indemnizaciones a funcionarios.
Reflexione sobre quién sufragará esos gastos, ya que el Estado no genera riqueza propia, y recuerde que todo esto lo costeamos los contribuyentes, dinero que podríamos dedicar a nuestros propios intereses, pero que nos quitan para el deleite de esos oportunistas financiados no por el Estado, sino por los impuestos que pagamos.
Del otro lado, en el presupuesto nacional, solo se ha ejecutado un 36% a mediados de junio, con áreas como comunicaciones, cultura, medio ambiente y agricultura por debajo del 25%. Ese gasto, que debería transformarse en inversión pública para mejorar la sociedad, no se realiza, mientras que el dispendio excesivo y dañino se alcanza y supera sin problemas. Tenemos políticos y funcionarios excepcionalmente hábiles para el derroche, pero nefastos para la inversión sensata. Y, aun así, algunos alegan que "somos el país que menos porcentaje del PIB gasta". ¿Para qué gastar más si la mayoría del dinero público se destina a despilfarros?
El actual presidente, y el partido que lo llevó al poder, mencionaron, cuando eran oposición, que un 40% del presupuesto se perdía en corrupción. Parece que ahora es menos porque no son capaces de acometer las necesarias obras de infraestructura e inversión. Según algunos analistas, alrededor del 20% del presupuesto actual cubre estos excesos que de vez en cuando son visibles en la prensa: pactos colectivos, seguros de vida, gastos médicos, aumentos salariales, dietas, fondos rotativos, viajes, gasolina, teléfonos, y el apoyo a amigos, amantes, festejos y lujos, y un largo etcétera.
España, frecuentemente citada como ejemplo cuando se quiere criticar la herencia de la Conquista, es en este caso un excelente ejemplo de esa falta de responsabilidad financiera. Se beneficio al hermano del presidente y a su esposa, e incluso hubo quienes, de sus más cercanos colaboradores, destinaron recursos en prostitutas. Algo no muy diferente de lo que ocurre aquí, donde allegados a líderes políticos se benefician descaradamente con dinero público.
El problema no es lo que está sucediendo, que muchos entienden al menos superficialmente, sino cómo aún hay quienes lo justifican. Son los votantes corruptos quienes elevan a dirigentes que les reflejan, mientras intentan extraer el mayor beneficio personal sin ser señalados, y quedan ocultos bajo la impunidad.
El Ministerio de Medio Ambiente nos pide clasificar la basura, esfuerzo ciudadano que se promueve, aunque hay que reconocer que, en términos de política, la "basura" ya se recicla periódicamente.
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