El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad
La implementación de una ley de etiquetado para productos que deben consumirse responsablemente representa un paso fundamental hacia la protección del consumidor y la promoción de hábitos de consumo más conscientes. Mediante etiquetas visibles y comprensibles, se destacan advertencias sobre ingredientes que pueden estar relacionados con riesgos para la salud, lo que fomentan una cultura de responsabilidad individual, promueve el bienestar general y alienta a las empresas a adoptar prácticas más transparentes y sostenibles. En última instancia, el objetivo es equilibrar la libertad de elección con el acceso a información clara y precisa para proteger la salud pública. Estos aspectos difícilmente admiten mucha discusión.
Sin embargo, Centroamérica se enfrenta al riesgo de cometer un grave y costoso error. La región, que ha buscado la integración económica durante décadas, podría desarticular su incipiente mercado común mediante iniciativas nacionales de etiquetado frontal de advertencia nutricional que ignoran la columna vertebral del proceso: el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA).
Aunque la advertencia en el etiquetado aparenta ser una medida orientada a la salud pública, podría transformarse en una pesadilla para el comercio y la inversión. Si cada país implementa una manera diferente de hacerlo, las empresas tendrían que producir empaques diferentes para cada mercado. Esto generaría más costos, ineficiencia y un espacio regional que perdería su atractivo frente a otros bloques, como la Unión Europea o el Mercosur, que avanzan hacia la estandarización.
El diseño de empaques específicos para cada país, fruto de una legislación no armonizada, implicaría mayores costos, más burocracia y menos competitividad. Esto convertiría al mercado centroamericano en un complejo laberinto normativo, ahuyentando a los inversionistas y frenando el comercio. Y si bien algunas multinacionales podrían absorber estos costos, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los emprendedores individuales, que constituyen más del 95% del parque empresarial y generan el 60% del empleo formal en la región, no tendrían la capacidad para sostener seis regulaciones diferentes. Esto pone en peligro a ese amplio sector, y se traduce en menores oportunidades, reducción de la oferta y, en muchos casos, cierre de operaciones.
La problemática de la mala nutrición no se resolverá sólo con etiquetas. El cambio real provendrá de la educación y de campañas de sensibilización que fomenten hábitos de consumo más saludables y equilibrados. Es aquí donde surge una gran oportunidad: informar y educar a la población, y no solamente en cuanto a explicitar lo que se consume, sino también respecto a otros factores que influyen en la salud como el uso excesivo de pantallas, el sedentarismo o la falta de ejercicio físico, como algunos ejemplos. La región debe impulsar campañas integrales de comunicación que aborden estos temas y promuevan estilos de vida más activos y saludables, estrategia muy superior a la de un simple etiquetado de productos.
Imponer regulaciones diferentes en cada frontera no representa progreso, sino un retroceso monumental. Este debate plantea un auténtico desafío como lo es determinar si Centroamérica desea consolidarse como un bloque serio o continuar jugando a una integración ficticia. De no reaccionar pronto y racionalmente, no debemos sorprendernos si quedamos fuera de la competencia global.
Además, es una oportunidad para que el gobierno nacional lidere un proceso regional coherente y racional que allane el camino para iniciativas futuras similares en otras áreas. Este podría ser, si se hace de forma armonizada, un éxito político más significativo que una victoria pírrica que corre el riesgo en la práctica de no materializarse, ser derogada o conllevar un alto costo económico.
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