Respeto tardío, gratitud inexistente

Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito

Llevo mucho tiempo —no sé si demasiado— analizando temas relacionados con la seguridad y la defensa. Tanto es así que he participado frecuentemente en congresos, coloquios, ponencias y reuniones vinculadas a las misiones, el empleo, las capacidades y los marcos legales, tanto de la Policía como del Ejército.

Durante muchos años, he escuchado —y soportado— el desprecio sistemático que ciertas ONG y personajes de la izquierda de este país manifiestan hacia los agentes de policía y los militares. Se trata de una suerte de diatriba permanente de descalificación y menosprecio que, sin duda, ha incidido —aunque no lo reconozcan— en la moral de los integrantes de ambas instituciones; todo motivado por cuestiones personales e ideológicas mal digeridas.

Es posible que algunos hayan tenido malas experiencias con miembros de estas fuerzas; ocurre en cualquier colectivo, pero eso no autoriza a descalificar a la institución. Son policías y militares quienes, en situaciones de crisis y desastres naturales, están las 24 horas sirviendo al ciudadano con los medios limitados que les dejan presupuestos mutilados por la corrupción. A ellos se suman los bomberos, obligados la mayoría de las veces a mendigar recursos para poder salvar vidas.

Lo ocurrido hace unos días no tiene nombre. Salir a asesinar policías no admite una descripción sensata ni educada. Resulta ensordecedor el ruido de la hipocresía de quienes ahora ensalzan la acción policial, cuando han pasado media vida desprestigiando a estas instituciones y financiando campañas de descrédito. Son los mismos que demonizan el patrullaje combinado y que, bajo una falsa fachada académica, esconden un activismo extremista que rechaza cualquier principio de autoridad.

Nunca salieron a condenar el asesinato de policías a manos del narcotráfico, ni mucho menos la muerte de varios agentes en los conflictos entre Nahualá e Ixtahuacán, vilmente asesinados por matones, ya sea que tengan tatuajes, transporten droga o blanqueen dinero. Esta sociedad hipócrita se rasga las vestiduras no por principios, sino cuando las muertes resultan políticamente útiles. Mi lamento es por todos ellos, sin distinción, y no sólo por aquellos que fueron víctimas bajo un determinado gobierno; como si todos no tuvieran familia o no hubieran cumplido fielmente con su deber.

La violencia se ceba con los uniformados y los legisladores regatean leyes con las que puedan defenderse legítimamente, así como armas, protección, vehículos y condiciones de vida dignas. No es justo el horario de patrullaje, ni la calidad de los dormitorios o las duchas, por no hablar de las deplorables condiciones de la mayoría de las comisarías. No es de recibo que no existan condiciones claras y sin manipulación en los ascensos y destinos, ni que el escalafón sea solo un referente y no una regla fija en la carrera. Se les maltrata en todos los sentidos, pero queremos que sean eficientes y resuelvan problemas; eso, sencillamente, no funciona.

Hay que crear una cultura ciudadana de defensa y seguridad en la que el uniformado —al que ni siquiera se le permite ejercer su derecho al voto— sea un ciudadano bien visto y distinguido, porque se juega permanentemente la vida. Es un buen momento para reflexionar y hacer a un lado esa militancia que envenena. No vale apenarse y llorar al difunto cuando en vida somos incapaces de rendirle el respeto y la consideración que merece.

Les propongo lo siguiente: cuando vean a un policía, no importa dónde, invítenlo a un café, a un sándwich o a almorzar; o simplemente deténganse y denle las gracias por lo que hace. No todo es dinero; el afecto, el cariño y el reconocimiento también forman parte de la consideración que les debemos.

El costo de gobernar con tibieza

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa

Se juntó el hambre con las ganas de comer, y el polvorín que sabíamos que representaban las prisiones terminó por estallar este fin de semana. Nada fue sorpresivo, salvo para las instituciones de inteligencia. Lo único “imprevisible” —si es que aún sorprende— fue la debilidad del Estado para anticipar y contener lo evidente.

El escenario se divide en tres frentes: de un lado, reclusos inconformes por la pérdida de privilegios y de poder que nunca debieron tener; del otro, una autoridad timorata y entumida, incapaz de ejercer la fuerza legítima que la ley y la Constitución le otorgan. En medio, personajes que azuzan el incendio sabiendo que la violencia es un instrumento eficaz para obtener réditos políticos, cuotas de poder o impunidad. Ese es el triángulo maldito: criminales, un Estado débil y oportunistas. 

Y, como siempre, el costo lo pagan los que sí cumplen con su deber: policías muertos, familias destrozadas y una ciudadanía rehén del miedo.

No tardaron en aparecer los gritos de pena de muerte, las manifestaciones de odio y la polarización visceral. Tampoco tardó el mensaje más peligroso de todos: los criminales lograron que el Estado suspendiera clases y se cerraran instituciones. Se podrá vender como prudencia, pero el mensaje es inequívoco: ellos demostraron que tienen capacidad de imponer condiciones. Eso no es prevención, sino rendición simbólica.

Hablamos mucho de la Constitución, pero parece que empezamos a leerla por la mitad. Los primeros artículos son clarísimos: la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas es un deber esencial del Estado. No es optativo. No es negociable. No está condicionado al clima político ni a la sensibilidad de las redes sociales.

Y, sin embargo, durante los últimos años la violencia no ha dejado de crecer. Más policías, más cámaras, más tecnología, más cooperación internacional —incluido el «apoyo» del FBI—, pero los asesinatos y las extorsiones siguen ahí, intactos. Porque el problema no es de recursos: es de voluntad y autoridad.

Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa. Este gobierno lleva dos años en el poder, la mitad del mandato, y tampoco hace lo necesario. No se trata de copiar modelos extranjeros ni de caer en soluciones espectaculares, sino de algo mucho más básico: de ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley.

Cárcel significa encierro, celdas cerradas y control absoluto de ingresos. Nada de teléfonos, licor, televisores, microondas, privilegios ni comodidades que humillan a las víctimas y ridiculizan al sistema. Una hora diaria de patio, atención médica y alimentación; nada más. No es venganza, es orden. No es crueldad, es legalidad.

A los custodios que incumplen su deber no se les puede seguir tratando con indulgencia. Las penas por omisión y complicidad deben ser ejemplares, muy superiores a las del resto de los ciudadanos. Porque cuando un custodio falla, no comete un error, sino que abre la puerta a la muerte, al terror y al caos.

La seguridad nacional no puede ser un ejercicio de retórica ni un cálculo de conveniencia política, es el ejercicio irrenunciable de la autoridad en defensa del contrato social. Un Estado que dispone de tecnología y supuestamente de inteligencia, pero que fracasa en anticipar el caos o teme aplicar la fuerza legítima de la ley, termina por ceder su soberanía al terror. Si las instituciones no recuperan la iniciativa estratégica, el mensaje para la posteridad será devastador: el crimen organizado avanzó y se consolidó no por su propia fortaleza, sino porque el poder del Estado decidió retroceder.

El crepúsculo del chavismo

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él?

La madrugada del 3 de enero marcó la caída de Nicolás Maduro e inauguró una etapa de incertidumbre mayor. Se suele confundir el derrocamiento de un líder con el derrumbe del sistema; Venezuela muestra que no son lo mismo. La paradoja es clara: la operación fue militarmente exitosa, pero políticamente inconclusa. Estados Unidos capturó a un criminal, pero no desmontó un régimen, y esa diferencia definirá el futuro inmediato del país.

Washington ejecutó una maniobra precisa y audaz al extraer al «presidente» venezolano en minutos, pese a la presencia de mercenarios cubanos. Para EE. UU. fue justicia; para otros, una agresión imperial, aunque ambas posturas soslayan lo esencial: la captura de Maduro no resuelve la crisis, solo la transforma.

Durante años, la región se preguntó qué hacer con Maduro. Hoy surge la pregunta incómoda: ¿qué hacer con una Venezuela sin él? El chavismo fue diseñado como un sistema personalista y vertical, sostenido por lealtades militares, redes económicas opacas y control territorial. Al retirar la figura central sin desmontar la estructura, lo que emerge no es necesariamente una transición, sino un vacío de poder que raramente se llena con democracia. El final de Maduro no es el final del problema; es, quizá, el comienzo del tramo más complejo: construir poder legítimo donde sólo hubo imposición. El «día después» parece liberador en los titulares, pero es devastador en la realidad. Venezuela no entra en una etapa de solución, sino de definición.

En ese contexto, los opositores —porque no hay una auténtica oposición política, y ese es uno de los grandes problemas— celebran la caída de Maduro sin vislumbrar un horizonte aceptable en el mediano plazo. Intentar respaldar a los oponentes podría desestabilizar aún más el país y exigiría una presencia militar más robusta en su interior, así que es mejor negociar con lo que queda del régimen e irlo sustituyendo progresivamente. 

En el plano internacional, paralelamente, el tablero se fragmenta. Rusia, China e Irán condenan, aunque sin capacidad de reacción. Europa pide moderación, como si aún existiera margen para ello. América observa dividida: algunos gobiernos temen el precedente; otros celebran el desenlace. El mayor riesgo no es una restauración autoritaria, sino la fragmentación. Un Estado debilitado, facciones armadas, control territorial disputado, economía colapsada y millones de ciudadanos buscando salida. 

Ese escenario vuelve a exhibir el fracaso del sistema internacional, que se muestra marcadamente inútil. Los organismos internacionales y regionales no han podido impedir 67 años de dictadura en Cuba, casi tres décadas en Venezuela ni lo que ocurre en Nicaragua. Quienes siguen apostando por viejas fórmulas de diálogo, apenas aportan conocidas narrativas al debate, pero ninguna solución. El idealismo y el multilateralismo, como ya ocurrió en otros momentos, ceden paso al realismo político y a la acción contundente. Resolver dilemas siempre tiene un alto costo, pero alguien tiene que hacerlo.

Históricamente, EE. UU. ha convivido con líderes leales, electos o impuestos. Este caso no es una excepción y exige que el régimen se pliegue a los intereses norteamericanos. Pero será necesario algo más mientras Venezuela se estabiliza y recupera: una transición durante 2026, cuando surja lo que hoy no existe que es una verdadera oposición política con liderazgo y legitimidad. La región debe comprender la nueva estrategia de seguridad de Washington y su choque frontal contra la injerencia de China, Rusia y el Foro de São Paulo. EE. UU. no necesita petróleo, pero Cuba y China si, y lo requieren para mantener sus dictaduras. La intervención parece destinada a negar ese recurso, reducir la presencia china en América y debilitar ambos regímenes, lo que dibuja una calculada estrategia de mucho mayor alcance.

El poder del calendario

Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso

En política las fechas nunca son neutras, mucho menos cuando se trata de procesos de elección institucional que, aunque formalmente independientes, están encadenados e interactúan entre sí. El calendario de 2026 no es simplemente una sucesión administrativa de procesos de selección y nombramientos, sino una arquitectura de poder donde cada decisión puede anticipar y condicionar la siguiente. Esta lógica de encadenamiento no es nueva, aunque sí especialmente delicada en contextos de debilidad institucional.

El error más común es analizar cada proceso separadamente; el más peligroso es hacerlo de manera ingenua. Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Universidad de San Carlos, Contraloría General de Cuentas y autoridades financieras no se eligen en compartimentos estancos, sino en cadena. Y esa cadena tiene un eslabón central: marzo de 2026.

Para entonces, mientras se evalúan los expedientes de quienes aspiran a dirigir el MP, ya deberán haber sido electos —y haber podido asumir— los magistrados del TSE y estarán en proceso los de la CC. No es un simple detalle técnico, el nuevo TSE definirá quién compite y cómo se hará en 2027. La CC decidirá qué es legal, qué se suspende y cómo se interpreta. Ambos conformarán el marco en el que se resolverá la elección del FG. Los tiempos importan, y mucho, porque una resolución, adoptada en el momento adecuado, puede redefinir el curso completo de un proceso. De ahí que la disputa real no siempre ocurra en la fase final de las elecciones, sino desde la conformación previa de los órganos que tendrán la última palabra cuando surjan impugnaciones, controversias o vacíos interpretativos.

Si la Corte de Constitucionalidad se integra antes de que el proceso elección de fiscal general entre en su fase decisiva, tendrá la capacidad de habilitarlo, condicionarlo o detenerlo. Bastará una resolución “técnica”, una interpretación de plazos o una admisión oportuna de un amparo. Todo dentro de la ley, formalmente impecable, políticamente determinante.

Los mecanismos de designación apuntan a una Corte con mayoría alineada (4-1 o 3-2): una presidencia contraria; un Congreso dispuesto a pactar, intercambiando márgenes de maniobra en el TSE por control constitucional; una CSJ cercana a los mismos grupos de poder; una USAC capturada por dinámicas internas; y un Colegio de Abogados con pocas probabilidades reales de inclinar la balanza. 

A partir de marzo de 2026, con esa integración, el proceso de elección de FG podría continuar, pausarse o neutralizarse en cualquier momento. No por la vía de la fuerza, sino por la del expediente judicial. No por la ruptura, sino por la resolución jurídica. No por el conflicto abierto, sino por la legalidad administrativa-legal. Ese es el verdadero poder del calendario que no se disputa en las comisiones postuladoras ni en el debate público, sino entre bambalinas y con la sincronización precisa de nombramientos. 

A ese complejo tablero se suma la gravitación de actores externos, con influencia que oscila entre el tutelaje y la presión diplomática. No se puede entender el 2026 sin observar las señales externas. Una incidencia que suele ser un arma de doble filo: mientras para unos representa un auxilio indispensable, para otros es la excusa perfecta para enarbolar una soberanía selectiva. Al final, la comunidad internacional observa, advierte y sanciona, pero la arquitectura del poder la diseñan quienes, desde dentro, conocen mejor que nadie el sistema.

Marzo-Abril no serán unos meses más. Serán los meses en que se confirmen si las instituciones pasan a ser contrapesos o siguen siendo piezas de un mismo engranaje; lo que tampoco es nada nuevo ni, mucho menos, reciente, sino la lucha por el poder que siempre ha existido.