El dictador bueno

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual: cambian los nombres, los partidos y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo gobierno será mejor

Cualquiera que sea su edad, haga memoria e intente identificar un buen gobierno en Guatemala. No uno menos malo ni del que conserve algún recuerdo favorable, sino uno verdaderamente bueno. No lo encontrará, y ese vacío debería servirnos para abandonar de una vez el romanticismo y, sobre todo, ese optimismo enfermizo que periódicamente nos convence de que aparecerá el candidato adecuado.

Llevamos demasiado tiempo repitiendo el mismo ritual. Cambian los nombres, los partidos, los colores y los eslóganes, pero conservamos intacta la esperanza de que el próximo presidente gobernará mejor, el Congreso legislará pensando en el país, los funcionarios serán competentes y las instituciones comenzarán, casi milagrosamente, a funcionar ¡Contumacia se llama!

Mire los nombres que circulan para 2027 y haga un ejercicio sencillo: ¿con cuál se queda? No piense sólo en quién podría ganar, sino en a quién confiaría durante cuatro años la seguridad, las carreteras, los hospitales, la educación y una parte considerable del futuro de sus hijos. La oferta incluye aventureros, populistas, embusteros, inútiles, personajes cuestionados, sospechosos de vínculos con el narcotráfico, egos desproporcionados, payasos psicópatas y otros que llevan tantos años prometiendo salvarnos que resulta legítimo preguntarse quién nos salvará de ellos. Escoja uno -o una- y después intente dormir tranquilo.

En sociedades cansadas de la incompetencia es precisamente donde comienza a resultar atractiva una vieja tentación: el dictador bueno. La idea ha reaparecido en Centroamérica, y se ha exportado, al calor de la popularidad de Nayib Bukele y de una pregunta tan incómoda como seductora: ¿no sería preferible un gobernante autoritario que, al menos, consiga resultados? Hay que reconocer que la oferta resulta tentadora. 

Imagínese a alguien que llegue, ponga orden, encarcele delincuentes, obligue a cumplir las normas, termine carreteras, elimine trámites absurdos, despida funcionarios inútiles —que son muchos— y consiga que el Estado funcione. El problema no está en desear esos resultados, sino en la fórmula elegida para conseguirlos. Todos quieren al dictador bueno, lo que nadie explica es cómo garantizar que siga siendo «bueno» cuando disponga de suficiente poder y pretenda perpetuarse.

Pero sería demasiado cómodo responsabilizar únicamente a los gobernantes, porque tenemos también un serio problema social. Queremos orden, pero nos incomodan las normas; exigimos buenos servicios públicos, pero rechazamos las obligaciones que los acompañan; reclamamos justicia, siempre que no nos afecte, y pedimos que los demás respeten la ley mientras buscamos al conocido, al amigo o al abogado que encuentre la manera de que a nosotros no se nos aplique.

La contradicción resulta evidente. Nos estacionamos donde queremos, construimos donde podemos, bloqueamos cuando nos conviene, recurrimos a influencias cuando las necesitamos y consideramos perfectamente justificable nuestra propia excepción. Después nos indignamos porque el país no funciona. Hemos convertido demasiadas veces el cumplimiento de las reglas en algo negociable y, al hacerlo, contribuimos a construir precisamente ese Estado débil del que luego nos quejamos.

Quizá la afirmación más incómoda sea también la más necesaria: Guatemala no necesita solamente mejores gobernantes, sino, muy especialmente, mejores ciudadanos. Una sociedad indisciplinada, acomodada a la excepción y convencida de que las reglas son para los demás, produce políticos parecidos a ella. Nuestros gobernantes salen de esta misma sociedad, reproducen sus comportamientos y explotan sus debilidades.

El problema no consiste en encontrar al ser providencial que venga a poner orden, sino en construir una sociedad capaz de respetar las reglas, exigir instituciones que funcionen y comprender que no existe libertad sin responsabilidad. Mientras no aceptemos nuestra parte, seguiremos atrapados en el mismo círculo. 

Y es que cuando la ética se pierde el piso desaparece.

Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar.

No, caquistocracia no significa el gobierno de los “caqueros”, aunque la semejanza fonética pueda provocar alguna sonrisa y prestarse a confusión. El término es bastante más serio y preocupante: significa el gobierno de los peores, es decir, aquel en el que el poder termina en manos de los menos capaces, los menos preparados o de quienes demuestran no estar a la altura de las responsabilidades que asumieron. 

Algunos datos obligan a pensar en ello. El reciente ranking de presidentes latinoamericanos de CB Global Data coloca a Bernardo Arévalo en el puesto 17 de 18 mandatarios evaluados, con 66.4% de desaprobación; la última es la presidenta de Venezuela. Y aunque una encuesta no constituye una sentencia, conviene prestarle atención cuando la percepción coincide con problemas visibles de gestión. 

El Gobierno llegó en 2024 acompañado de una enorme expectativa. Prometió rescatar las instituciones, combatir la corrupción, recuperar la administración pública y demostrar que era posible gobernar de otra manera. Más de dos años después, el problema ya no consiste en comparar esas promesas con los gobiernos anteriores, sino en comparar lo prometido con lo ejecutado.

El Ministerio de Comunicaciones es el ejemplo más evidente. En 2025 terminó ejecutando apenas el 68.2% de su presupuesto. El presidente reconoció que había existido un “problema de implementación”. En mayo de este año, representantes de la Dirección General de Caminos informaron al Congreso que había 28 proyectos en ejecución, pero solo uno correspondía a la actual administración: la rehabilitación del puente de Río Dulce. A inicios de julio pasado, el CIV apenas había ejecutado el 26.2% de su presupuesto vigente. En infraestructura el Gobierno puede enumerar proyectos, licitaciones, planes y futuras inversiones, pero las carreteras constituyen una realidad demasiado tangible como para resolverla mediante discursos. 

En seguridad el Gobierno ha presentado cifras favorables en determinados indicadores, entre ellos las denuncias por extorsión, pero tampoco puede olvidarse de que en enero el país vivió motines simultáneos en tres cárceles y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que llevaron a declarar por meses el estado de prevención, y que los homicidios con armas de fuego vienen creciendo desde abril. 

Lo mismo podría decirse de otras áreas, y aquí aparece la caquistocracia. No entendida exclusivamente como el gobierno de personas malas o corruptas, porque existe una modalidad menos escandalosa pero igualmente perjudicial: se refiere al gobierno de quienes no saben hacer funcionar el Estado. La incompetencia también tiene consecuencias.

Todos los gobiernos reciben problemas del anterior y encuentran burocracias deficientes, intereses enquistados, legislación complicada y funcionarios resistentes al cambio. Precisamente por eso se elige un gobierno: para resolver los problemas, no para describirlos. La administración de Arévalo ha construido buena parte de su narrativa alrededor de adversarios perfectamente identificables: estructuras corruptas, mafias político-criminales, instituciones capturadas y actores que obstaculizan el cambio. Parte de esa denuncia es cierta, pero después de más de la mitad del mandato aparece una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo puede un gobierno explicar su falta de resultados justificándose en que no lo dejan gobernar?

La responsabilidad política no consiste en tener buenas intenciones. Tampoco en proclamar superioridad moral sobre quienes gobernaron anteriormente, porque visión sin ejecución es alucinación. Quizá ahí radique uno de los errores fundamentales de esta administración: confundir honestidad con capacidad. Un funcionario puede ser honrado y ser incompetente, lo que nos conduce a una pregunta incómoda: ¿de qué sirve que lleguen los buenos si no saben gobernar?

El gobierno de las excusas

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas.

Hay gobiernos que transforman la realidad y otros que dedican la mayor parte de su tiempo a explicar por qué no pueden hacerlo. Aquí hemos caído en la segunda categoría. Cada semana aparece una nueva justificación para explicar por qué las promesas no se cumplen, los problemas no se resuelven y el país sigue atrapado en la misma inercia de siempre. Cuando la explicación termina sustituyendo a la acción, las excusas dejan de ser circunstanciales y se convierten en una forma de gobernar.

El Estado muestra claros signos de agotamiento porque no se hizo lo suficiente durante muchos años, pero tampoco se está haciendo nada ahora. Lo único que parece haberse incrementado es la capacidad para encontrar responsables. Sobran excusas y da la impresión de que es en lo que más se invierte.

Y no se trata de un problema de recursos. El presupuesto público ha alcanzado niveles históricos y no falta dinero -otra perorata habitual-, sino capacidad de ejecución. Los proyectos “avanzan” lentamente, las obras se retrasan y las prioridades se pierden entre procedimientos, disputas políticas y cambios constantes de funcionarios. No faltan medios, pero hay una manifiesta incapacidad para conseguir resultados.

Durante los primeros meses de este gobierno se señaló al Ministerio Público como el principal obstáculo. Después apareció la Corte de Constitucionalidad, y mañana será cualquier otra institución, actor o circunstancia. Siempre hay una explicación para posponer la rendición de cuentas sobre la falta de gestión.

Esa debilidad también se refleja dentro del propio oficialismo con una crisis interna que lo ha hecho implosionar. Las divisiones, renuncias y enfrentamientos han reducido su capacidad para impulsar una agenda, y cada nueva fractura condiciona o retrasa las pocas iniciativas que intentan avanzar. La aprobación de la Ley de Puertos terminó evidenciando nuevamente las tensiones internas.

La segunda manifestación de esa incapacidad es administrativa. Ministros y viceministros entran y salen sin explicaciones sobre las razones de tantos cambios. Resulta difícil construir políticas públicas consistentes cuando quienes deben diseñarlas y ejecutarlas cambian continuamente. La inestabilidad institucional termina convirtiéndose en otra forma de inmovilismo.

Mientras tanto, los homicidios cometidos con arma de fuego muestran una tendencia creciente desde el segundo trimestre del año. La disputa entre organizaciones del narcotráfico y pandillas por el control territorial vuelve a reflejarse en atentados, extorsiones y hechos de violencia que alimentan una creciente sensación de inseguridad. La realidad avanza con más rapidez que la capacidad del Estado para responder.

Frente a este escenario, la respuesta oficial suele repetirse: mirar hacia atrás y justificarse. Señalar las deficiencias heredadas puede ser válido para explicar el punto de partida, pero deja de ser suficiente cuando se convierte en la explicación permanente de la inacción. Gobernar implica administrar el presente y construir el futuro, no vivir instalado permanentemente en el pasado.

Quizá esa narrativa también cumpla otra función: ofrecer una explicación tranquilizadora a quienes depositaron grandes expectativas en el cambio político de 2024, y hoy enfrentan una realidad mucho menos prometedora. Hay que reconocer que el actual proyecto político no ha respondido a las expectativas, y siempre es más cómodo pensar que otros impiden gobernar antes que aceptar que el problema puede residir en la falta de capacidad para hacerlo de quienes ostentan el poder.

Los ciudadanos no eligen gobiernos para escuchar justificaciones durante cuatro años, sino para resolver problemas. Las democracias no se debilitan únicamente por la corrupción o la ineficiencia, también se erosionan cuando las explicaciones sustituyen de forma permanente a los resultados.

No es cuánto pagamos, sino por qué

El verdadero problema de los impuestos no es cuánto pagamos, sino bajo qué principios morales y jurídicos puede el Estado exigirnos que paguemos.

Los impuestos mal diseñados tienen consecuencias sobre el comportamiento de las personas y sobre el funcionamiento de la economía. Cuando el Estado grava de manera arbitraria la riqueza, el patrimonio o el éxito económico, envía un mensaje perverso: progresar tiene un costo, y el resultado es predecible. Se retrasan inversiones, se fragmentan patrimonios, muchos operan parcialmente en la economía informal y no pocos recurren a mecanismos de evasión. Y no porque sea moralmente defendible, sino porque el propio sistema genera más incentivos para ocultar que para producir.

Thomas Sowell ha insistido en que la economía consiste, ante todo, en el estudio de los incentivos y de las consecuencias no deseadas de las políticas públicas. Las decisiones deben juzgarse por sus resultados y no por sus intenciones. Si un sistema tributario penaliza la acumulación de patrimonio, la adquisición de bienes o la inversión, el efecto será precisamente el contrario del que dice perseguir: menor transparencia, formalización, inversión y una economía más pequeña y menos productiva. Como advirtió John Locke, la propiedad no nace del Estado, sino del trabajo, por eso corresponde al poder público justificar cualquier limitación sobre ella y no al ciudadano justificar por qué desea conservarla.

Esta idea coincide con principios formulados por otros autores. Adam Smith sostenía que un buen sistema tributario debía respetar cuatro reglas básicas: equidad, certeza, comodidad y eficiencia. El contribuyente debía saber qué pagaba, por qué lo hacía y bajo qué criterios. Friedrich Hayek advirtió que la igualdad ante la ley desaparece cuando el Estado utiliza la tributación para discriminar entre ciudadanos según su patrimonio o capacidad económica. Robert Nozick sostuvo que gravar reiteradamente el fruto del trabajo de una persona equivale, en parte, a apropiarse del tiempo y del esfuerzo con los que produjo esa riqueza. Y Frédéric Bastiat recordó que la ley pierde su legitimidad cuando deja de proteger la propiedad para convertirse en un instrumento de expoliación legal. Todos ellos coinciden, desde perspectivas distintas, en una misma exigencia: el poder tributario necesita algo más que una mayoría política, requiere de una justificación moral compatible con la libertad y la igualdad ante la ley.

La pregunta de fondo es simple: ¿por qué dos ciudadanos que reciben exactamente el mismo servicio público deben pagar cantidades distintas? No se trata de decidir quién paga más, sino en preguntarnos cuál es la justificación objetiva y ética para que dos personas que reciben lo mismo, una deba pagar varias veces más únicamente porque posee un patrimonio mayor. La justicia tributaria no puede descansar exclusivamente en la voluntad de una mayoría política, sino en principios de racionalidad, igualdad y proporcionalidad.

Un sistema tributario irracional no solo resulta injusto, también deteriora la confianza en las instituciones, incentiva la evasión fiscal, amplía la economía informal, desalienta la inversión y termina castigando a quienes generan empleo, riqueza y crecimiento. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no cobra por los servicios que presta, sino porque puede hacerlo o porque alguien ha prosperado más que otro, deja de considerar el impuesto como una contribución y comienza a verlo como una penalización al éxito.

Necesitamos un Estado capaz de justificar racionalmente cada impuesto que exige. La legitimidad de un sistema tributario no depende únicamente de cuánto recauda, sino de si cada impuesto puede explicarse desde la lógica, la justicia y el respeto a la igualdad. 

Mientras esa conversación siga sustituyéndose por consignas simplistas como "que paguen más los que más tienen", seguiremos confundiendo la justicia con la envidia (Robert Nozick), la igualdad ante la ley con el privilegio de las mayorías y la política fiscal con el derecho del Estado a castigar el éxito económico.

Lecciones económicas del Mundial 2026

El verdadero legado económico del Mundial no estuvo en los estadios, sino en la capacidad de millones de consumidores y miles de empresas para transformar una oportunidad en riqueza.

Un reciente estudio de Deloitte sobre el impacto económico del Mundial de Fútbol 2026 en México deja enseñanzas que trascienden con mucho al deporte. Más allá de cuantificar la derrama económica del torneo, explica cómo se generan hoy los resultados económicos en los grandes eventos.

Durante años se asumió que el éxito económico de un Mundial dependía casi automáticamente del número de partidos disputados, de la llegada masiva de turistas y de las grandes inversiones en infraestructura. Sin embargo, el estudio muestra que esa relación ya no es tan directa. Ser sede de un megaevento no garantiza por sí mismo las ganancias. Lo determinante no es únicamente atraer visitantes, sino la capacidad para convertir esa oportunidad en actividad económica y responder con rapidez a las decisiones del mercado.

Los datos son reveladores. El impacto económico estimado para 2026 ascendió a 2.543 millones de dólares, una cifra inferior a la prevista inicialmente debido, entre otros factores, a que el volumen de personas fue menor del esperado. Lejos de confirmar que el éxito dependía exclusivamente del número de visitantes, el informe determina que la riqueza se generó allí donde fue posible activar el consumo y adaptarse con rapidez a una demanda cambiante.

La actividad económica tampoco se concentró únicamente en los estadios. Se extendió a hoteles, restaurantes, comercios, transporte, plataformas digitales y servicios vinculados a la experiencia del aficionado. Las estancias fueron más breves de lo previsto, pero los ingresos crecieron gracias a estrategias de precios dinámicos que elevaron las tarifas hoteleras entre un 47 % y un 100 % -según las ciudadades- en los momentos de mayor demanda. El valor surgió porque sectores como la restauración, el alojamiento, el comercio o el transporte supieron aprovechar mejor las oportunidades creadas por el torneo.

Quizá el hallazgo más interesante del estudio sea que la ventaja competitiva ya no depende únicamente del capital invertido, sino de la capacidad para interpretar información y convertirla en decisiones empresariales. Las oportunidades comerciales no se distribuyeron de forma uniforme durante todo el Mundial; aparecieron en ventanas muy concretas, especialmente alrededor de los partidos de la selección mexicana. Las empresas que utilizaron herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para ajustar inventarios, promociones, precios y canales de venta en tiempo real fueron las que lograron captar una mayor parte del consumo. 

En otras palabras, la riqueza no surgió del evento en sí, sino de la rapidez con la que los agentes económicos fueron capaces de adaptarse a las decisiones de millones de consumidores. El aficionado del siglo XXI ya no vive el Mundial únicamente desde el estadio, lo hace también desde restaurantes, comercios, plataformas digitales, servicios de entrega a domicilio y redes sociales. Quienes comprendieron esa nueva realidad obtuvieron mejores resultados.

El estudio evidencia una característica esencial de la economía: el éxito económico exige flexibilidad. La planificación es necesaria, pero resulta insuficiente sin capacidad de adaptación. Comprender el comportamiento del consumidor y responder con rapidez a sus preferencias constituye una ventaja competitiva decisiva. La prosperidad no nace del acontecimiento en sí, sino de la capacidad de millones de personas para transformar libremente las oportunidades en valor.

La riqueza ya no se genera automáticamente por la mera existencia de una oportunidad, ni por la simple acumulación de infraestructuras o recursos. Se crea cuando empresas y consumidores, oferta y demanda, convergen eficazmente gracias a que la información circula con rapidez y existe libertad para decidir, producir, competir y elegir. Como siempre, pero ahora con tecnología que puede reducir el tiempo.

El perdón de España

Nunca he considerado que España debe disculparse por la conquista de América. Hoy creo que sí debe pedir perdón, pero no por su pasado, sino por su presente.

En modo alguno apoyo que España pida perdón por la conquista de América. Quizá aquella empresa no fue un modelo de virtud, pero ninguna conquista lo ha sido. Hubo guerras, sometimiento y sufrimiento, como en todos los procesos de expansión de las grandes potencias. Pretender juzgar épocas pasadas con parámetros éticos del siglo XXI es una tentación frecuente, pero intelectualmente nada rigurosa.

España no solo ocupó América, también construyó instituciones. Reconoció personalidad jurídica a los pueblos indígenas cuando otras potencias ni siquiera se plantearon semejante cuestión hasta siglos mas tarde. Promovió universidades, ciudades, cabildos y un entramado legal extraordinariamente avanzado para su tiempo. Las Leyes de Indias fueron una innovación que ningún otro imperio desarrolló con la misma amplitud. Además, favoreció un amplio proceso de mestizaje entre españoles e indígenas, del que surgió buena parte de la identidad hispanoamericana, a diferencia de otros modelos coloniales.

Hoy, sin embargo, España debe pedir perdón. No por Hernán Cortés, sino por Pedro Sánchez, y también por Rodríguez Zapatero. Y no se trata de una cuestión partidista, sino del descrédito de las instituciones de un país. Durante décadas, España fue referente por protagonizar una de las transiciones democráticas más brillantes del siglo XX. Un ejemplo de cómo una sociedad podía dejar atrás una dictadura, reconciliarse consigo misma y construir un Estado democrático moderno. Muchos países de Hispanoamérica estudiaron aquel proceso como un ejemplo a seguir. Aquella España inspiraba; la de hoy preocupa. 

Me sonroja que la conversación internacional sobre España gire en torno al incesante desfile de investigaciones, escándalos y sospechas que rodean al actual poder político. Me avergüenza que la esposa del presidente del Gobierno haya sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Me ruboriza que el hermano del presidente haya sido condenado por prevaricación. Me insulta que el caso Koldo, que alcanzó al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sea uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años. Me apena que antiguos colaboradores y altos cargos aparezcan una y otra vez vinculados a investigaciones judiciales. Me humilla la creciente controversia que rodea la actuación internacional del expresidente Zapatero y sus relaciones con regímenes autoritarios, particularmente el venezolano. Todo eso me preocupa y también otra deriva mucho más peligrosa. Cuando la corrupción ocupa los titulares, una democracia sana deja trabajar a los jueces y a las fuerzas encargadas de investigar. Un gobierno enfermo y corrompido intenta desacreditar a quienes investigan. Y ahí reside otro problema.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no está para proteger gobiernos, sino para investigar delitos. Su lealtad no pertenece al partido que gobierna, sino al Estado de Derecho. Por eso resulta profundamente inquietante cualquier intento de sembrar sospechas sobre la Guardia Civil, de desacreditar sus investigaciones o de pretender utilizar a sus integrantes cuando las pesquisas alcanzan al entorno del poder. Ese camino se conoce demasiado bien en América Latina.

Mi decepción no tiene nada que ver con los soldados del siglo XVI, sino con los gobernantes del siglo XXI. España no necesita pedir perdón por su historia, porque la historia debe estudiarse, comprenderse y contextualizarse, no utilizarse como arma política siglos después.

España, o mejor dicho sus gobernantes, deberían pedir perdón por algo mucho más cercano: permitir que el prestigio institucional construido durante casi medio siglo de democracia y el referente nacional se vean empañados por el deterioro de la ejemplaridad pública y por la tentación de convertir a las instituciones de control en enemigos. Y ese sí es un pecado que la historia difícilmente perdonará.

El lento asesinato de la democracia

Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro; normalmente se erosionan lentamente, hasta que un día descubrimos que conservan las urnas, pero han perdido su esencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX, millones de personas lucharon para sustituir dictaduras por democracias. Aquellas generaciones no pelearon únicamente por el derecho a depositar una papeleta en una urna, sino por vivir bajo un sistema donde el poder estuviera limitado, existieran contrapesos institucionales y las libertades individuales quedaran protegidas frente a los gobernantes. La democracia liberal era mucho más que elecciones: era un modelo concebido para impedir el abuso del poder.

Paradójicamente, algunos de los mayores críticos de la democracia fueron los fundadores del pensamiento político occidental. Platón la consideraba el gobierno de la ignorancia y advertía que las masas podían ser seducidas por demagogos hasta desembocar en la tiranía. Sócrates desconfiaba de una ciudadanía fácilmente manipulable y Aristóteles sostenía que la democracia se corrompía cuando dejaba de perseguir el bien común para convertirse en el dominio de intereses particulares. Siglos después, Ortega y Gasset recuperó esa preocupación en La rebelión de las masas. El verdadero riesgo no era la existencia de mayorías, sino la aparición del "hombre-masa": un ciudadano que renuncia al esfuerzo intelectual, rechaza la excelencia y pretende imponer sus preferencias simplemente porque son compartidas por muchos.

Más tarde se universalizó el principio de igualdad política bajo la idea de "un ciudadano, un voto", un avance histórico que nunca pretendió agotar el significado de la democracia. Robert Dahl recordó que una democracia exige pluralismo, libertades públicas, competencia política, información libre e instituciones independientes. Giovanni Sartori fue aún más claro: reducir la democracia al simple acto de votar equivale a vaciarla de contenido.

Y esa parece ser precisamente la deriva actual. Cada vez más frecuentemente se identifica democracia con mayoría parlamentaria, como si una victoria electoral legitimara el control de las instituciones llamadas precisamente a limitar al poder. Los procesos de designación de jueces, magistrados, fiscales, autoridades electorales, contralores u organismos reguladores responden, con demasiada frecuencia a afinidades políticas más que a criterios de independencia. Es, metafóricamente, matar a Montesquieu. La separación de poderes permanece sobre el papel, pero pierde eficacia cuando quienes deben controlar al poder terminan dependiendo de él.

También Rousseau parece quedar relegado. Su propuesta de contrato social descansaba sobre un poder orientado al interés general y sometido a reglas compartidas y aceptadas. Cuando las instituciones se utilizan para conservar el poder, repartir favores o proteger a quienes gobiernan, ese pacto deja de ser el fundamento de la convivencia. Y mientras Montesquieu desaparece y Rousseau se desvanece, reaparece Hobbes. No el pensador preocupado por evitar la guerra civil, sino el del Leviatán: un Estado que concentra cada vez más recursos, competencias y capacidad para decidir sobre la vida de los ciudadanos.

Y aparecen distintos colectivos que compiten por obtener subsidios, transferencias, exenciones o beneficios financiados con un gasto público creciente y una presión fiscal cada vez mayor; la política se centrar en cómo repartir lo que es de uno. Incluso decisiones sobre políticas migratorias son percibidas como instrumentos con posibles efectos electorales, alimentando la desconfianza y la polarización.

La gran paradoja es que, después de siglos intentando limitar el poder del Estado, muchas democracias avanzan hacia un modelo donde ese mismo Estado concentra más recursos, más competencias y mayor capacidad de condicionar la vida de las personas. Porque la democracia no muere cuando desaparecen las elecciones sino cuando los límites al poder dejan de existir. Platón temía a los demagogos, Montesquieu al poder sin límites y Hobbes al caos. El gran reto de nuestro tiempo es no olvidar a ninguno de los tres.

La eterna batalla por capturar el poder

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas

Como sociedad, dejamos pasar el tiempo sin demasiados logros, y eso que siempre aparecen algunos optimistas —un tanto enfermizos, todo hay que decirlo— dispuestos a celebrar como avances históricos cosas que en países medianamente funcionales debieron resolverse en semanas y no en décadas.

Cada cuatro o cinco años redescubrimos, como si fuera novedad, el debate sobre las comisiones de postulación. Tras una euforia suficientemente conocida, y con alto ruido mediático, se reparten cuotas, se negocian votos, se acomodan intereses y todo vuelve exactamente al mismo lugar. El problema nunca ha sido fundamentalmente jurídico, sino político. Quien controla las postuladoras, controla listados, condiciona elecciones, y termina influyendo en magistrados, jueces, fiscal general, contralor, cortes y buena parte de la estructura institucional del país. Y el pleito nunca termina porque todos aspiran a lo mismo.

Se trata de tomar el control, jamás de mejorar la institucionalidad. La discusión rara vez gira alrededor del derecho individual, la independencia judicial o el interés general. Lo que predomina es el triunfo del interés de personajes, grupos, facciones o redes que buscan ampliar su cuota de influencia. Y lo verdaderamente revelador es que no se discuten perfiles técnicos, capacidades profesionales o trayectorias académicas. La discusión nacional se reduce a determinar si alguien pertenece al “pacto de corruptos” o si es un “chairo” perdido en el bosque ideológico, lo demás resulta superfluo, poco interesante y mediáticamente irrelevante.

El caso de la USAC es quizá el ejemplo más descarnado. La elección del rector debería girar alrededor de liderazgo académico, calidad educativa, investigación, modernización universitaria o excelencia intelectual. Pero no. El debate termina reducido a si el candidato es funcional para unos u otros grupos, si responde a determinadas estructuras políticas y si sirve como pieza útil dentro del ajedrez institucional.

Y la razón es simple: el rector de la USAC no solo administra una universidad, maneja enormes cuotas de poder, influencia en postuladoras, tiene gran incidencia política y dispone de espacios de negociación nacional. Por eso la pelea nunca es académica, sino de interés sectario. Es poder puro y duro.

El ambiente deja incluso un cierto olor fétido de quienes se descomponen políticamente por no lograr resultados. Muchos de los actores que hoy hablan de rescatar instituciones están más preocupados por quedarse fuera del reparto que por construir reglas verdaderamente imparciales.

Mientras tanto, el país observa escenas absurdas convertidas en normalidad. Estudiantes eternos que llevan lustros en la universidad estatal perdiendo el tiempo, pero maniobrando al frente de asociaciones estudiantiles y “movimientos juveniles” que obedecen disciplinadamente directrices de operadores políticos, abogados o personajes con birrete que jamás publicaron un artículo académico en su vida. Jóvenes de cuarenta o cincuenta años hablando en nombre de una renovación que nunca llega, y les superó. Además, sancarlistas convertidos en guardianes del inmovilismo y diputados perfectamente acomodados en el sistema, guardan silencio convenientemente. Muchos de los que hoy denuncian captura institucional participaron ayer en las mismas dinámicas que ahora condenan. Y muchos de los que hoy prometen “rescatar las instituciones” parecen en realidad interesados únicamente en sustituir a quienes actualmente las controlan. Esa es la tragedia de fondo.

El problema no es solamente que las instituciones sean capturadas, sino que cada grupo promete despolitizarlas mientras intenta apropiárselas. La lucha no es contra la cooptación; la lucha es por decidir quién controla. Y así seguimos: atrapados en un eterno relevo de élites, facciones, redes e intereses que presentan sus ambiciones particulares como si fueran grandes cruzadas morales por la democracia.

Lord Acton no se sorprendería demasiado. Aquí llevamos décadas confirmándole que tenía razón.

Q19 mil millones más… ¿para qué?

La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

Hay que preguntarse —obviado por medios y analistas en ese perdón actual—, qué significa realmente la solicitud gubernamental de incrementar en Q19,000 millones el presupuesto nacional para 2027.

Cuando se analiza detenidamente el dato, el incremento adquiere otra dimensión. Para una población de unos 17 millones de habitantes, esos Q19 mil millones equivalen aproximadamente a Q1,118 por persona o unos Q5,600 por una familia promedio de cinco integrantes. Dicho de otra forma: el aumento representa alrededor de un salario mínimo y medio mensual por hogar guatemalteco. No se trata, por tanto, de una cifra menor, sino de un impacto significativo en ciertos grupos sociales.

Como contraste, las cifras de ejecución presupuestaria al 21 de junio muestran una realidad muy preocupante. A mitad del año, el Estado apenas ha ejecutado el 39.2% del presupuesto total. Más grave aún es el caso de la inversión pública, cuya ejecución apenas alcanzaba el 29.5%: menos de un tercio de los recursos destinados a infraestructura, desarrollo y proyectos para la población. Se revela así un patrón estructural repetitivo: el Estado logra ejecutar relativamente mejor el gasto de funcionamiento —salarios, operaciones administrativas y obligaciones corrientes—, pero tiene enormes dificultades para transformar recursos en obra pública, proyectos y servicios concretos, que es lo más importante.

Algunos casos resultan particularmente alarmantes. El Ministerio de Comunicaciones, responsable de infraestructura vial, vivienda y obra pública, apenas muestra una ejecución total del 23.2%. Salud Pública registra únicamente un 11.4% de ejecución en inversión; Agricultura el 7,1% de ejecución en inversión; el ministerio de Desarrollo Social el 1,9%; el Ministerio de Gobernación apenas llega al 1%, aunque por encima del penoso 0,8% del ministerio de Energía y Minas. La pregunta inevitable surge sola: ¿para qué aumentar el presupuesto si ni siquiera logran ejecutar eficientemente el dinero disponible?

A este panorama debe añadirse otro componente especialmente alarmante: la situación de los CODEDES. Los datos muestran una ejecución de apenas 12.3% sobre más de Q15,425 millones asignados. Más grave todavía: los recursos ordinarios de 2026 apenas alcanzan una ejecución del 3.3%, mientras que los fondos extraordinarios de este mismo año registran 0%.

Todo ello resulta realmente penoso si se recuerda que el año pasado se prorrogó el tiempo de ejecución bajo el argumento de que los CODEDES necesitaban más plazo para utilizar adecuadamente los recursos destinados a proyectos comunitarios e infraestructura local. Pero aun con ampliaciones, prórrogas y nuevos recursos, los niveles de ejecución continúan siendo extraordinariamente bajos.

Existe además una percepción ciudadana difícil de ignorar: buena parte de estos incrementos presupuestarios terminarán absorbidos por ampliaciones salariales, bonos, privilegios administrativos, gastos de representación y mayores costos de funcionamiento del aparato estatal. Más recursos para sostener la burocracia antes que para transformar las condiciones reales de vida de la población. Lo de antes, lo de ahora, lo de siempre…

Seguramente el bajo gasto observado durante el primer semestre provocará una aceleración artificial en los últimos meses del año. Eso suele traducirse en contrataciones apresuradas, menor control, baja calidad del gasto y proyectos ejecutados únicamente para “cuadrar números” antes del cierre fiscal. Y bonos, muchos bonos sindicales e incrementos salariales que se perderán en el fragor de las celebraciones.

Antes de debatir cuánto debe crecer el presupuesto, quizá deberíamos concentrarnos en discutir algo mucho más importante: cómo garantizar que el dinero aprobado se ejecute de manera eficiente, transparente y con impacto real para la población.

La democracia de las esquinas

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos

América Latina parece haber entrado en una etapa donde la política dejó de ser un espacio para construir acuerdos y cada vez más funciona como un mecanismo permanente de confrontación. Las elecciones ya no terminan cuando se cuentan los votos, continúan después en redes sociales, en los medios y en las calles, alimentando una sensación constante de división nacional.

El problema no es que existan diferencias ideológicas porque las democracias viven precisamente de la pluralidad, del debate y de la confrontación de ideas. El verdadero problema aparece cuando la lucha política desplaza a sociedades enteras a dos bloques irreconciliables, emocionalmente enfrentados y convencidos de que el otro representa no una opinión distinta, sino un enemigo al que debe derrotarse o excluirse.

En muchos países de la región, las últimas elecciones presidenciales muestran exactamente esa realidad. Perú está partido entre Castillo y Fujimori. Colombia acaba de padecer algo similar con Cepeda y de la Espriella, y lo mismo, en una u otra vuelta, se pudo ver en Ecuador, Brasil, Chile, Argentina o en procesos políticos recientes en Centroamérica.

Detrás de las cifras existe un dato mucho más profundo: millones de personas sienten que el país que desean no se parece al que desean los otros millones que viven junto a ellos, y ahí aparece uno de los grandes riesgos contemporáneos. Cuando un candidato gana, aunque sea con mínima mayoría, el resultado se suele interpretar como un mandato absoluto para imponer un proyecto político completo, mientras la oposición actúa como si tuviera la obligación moral de impedir cualquier iniciativa del gobierno. El resultado es una dinámica destructiva donde nadie cede, nadie dialoga ni construye consensos mínimos.

La polarización produce además una distorsión peligrosa: transforma cualquier debate público en un conflicto moral. No se discuten políticas públicas, eficiencia estatal o soluciones técnicas, sino quién es “el bueno” y quién “el malo”. Los adversarios dejan de ser ciudadanos con diferencias legítimas y pasan a convertirse en amenazas existenciales para el país, y las redes sociales han acelerado todavía más esa lógica, porque los algoritmos premian el conflicto, la indignación y el ataque permanente. La moderación no genera clics, y el insulto, la descalificación y el escándalo terminan teniendo más alcance que cualquier discusión seria sobre educación, salud o desarrollo económico.

Y mientras se permanece atrapado en esa dinámica emocional, los grandes problemas continúan intactos. La pobreza sigue creciendo en amplios sectores de la región, la desnutrición infantil sentencia el futuro de millones de niños, el crimen destruye comunidades enteras, los sistemas de salud pública siguen siendo ineficientes, la educación carece de calidad y cobertura, y el empleo informal la única salida para buena parte de la población.

La polarización tiene otro efecto silencioso: agota emocionalmente a las sociedades. Las personas viven en estado permanente de tensión: familias divididas, amistades rotas, espacios laborales contaminados y ciudadanos incapaces de escuchar argumentos distintos sin reaccionar desde el resentimiento o la desconfianza. Lo más preocupante es que esa dinámica se normaliza, y las nuevas generaciones crecen viendo la política como un espacio donde odiar al adversario es más importante que resolver problemas. Y sin consensos mínimos, ninguna democracia puede sostenerse de manera saludable.

En democracia no se trata de empujar a unos ciudadanos hacia una esquina mientras los otros celebran desde la opuesta, sino de encontrar espacios donde quienes piensa diferente puedan convivir, negociar y construir objetivos comunes. 

Trasladar el fracaso

Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan

La inauguración de la autopista privada Xochi volvió a dejar una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: el Estado parece haber renunciado no solo a hacer bien las cosas, sino incluso a intentarlo. Y lo más preocupante no es únicamente su incapacidad para construir infraestructura, gestionar salud pública o resolver problemas básicos, sino la normalización de una peligrosa dejadez institucional: un gobierno que cada vez delega más funciones esenciales mientras mantiene intacta una enorme estructura burocrática, costosa y políticamente protegida.

El caso de Xochi es revelador. La iniciativa privada logró construir una obra que el Estado fue incapaz de sacar adelante durante años, y no es la única. Pero ni siquiera eso ocurrió fácilmente. Hubo retrasos, obstáculos administrativos, presiones y todo tipo de trabas para un proyecto que vino, precisamente, a resolver una carencia histórica del propio gobierno. Da la impresión de que algunos políticos no solo son incapaces de hacer lo que la empresa privada sí puede hacer mejor, sino que además intentan impedir que otros lo hagan.

La misma lógica se repite en casi todos los ámbitos. El Ministerio de Comunicaciones ha terminado dependiendo de ingenieros militares para ejecutar proyectos que debería administrar la institucionalidad civil. El Ministerio de Salud compra medicamentos a través de organismos internacionales como UNOPS porque tampoco logra garantizar procesos eficientes por sí mismo. Y hasta la construcción del hospital contra el cáncer descansa en la cooperación taiwanesa. El mensaje que transmite el propio Estado es devastador: el gobierno acepta abiertamente que no puede cumplir adecuadamente las funciones para las cuales existe.

Y aun así, los ministerios continúan operando con presupuestos millonarios, estructuras sobredimensionadas y funcionarios con salarios elevados. Se terceriza la ejecución, pero no desaparece el aparato político. El Estado mantiene el gasto, conserva el poder y delega la responsabilidad.

Pero hay funciones que difícilmente pueden subcontratarse. La seguridad es una de ellas. Y justamente ahí comienzan a aparecer nuevamente señales preocupantes. Durante abril y mayo los homicidios con arma de fuego volvieron a superar los registros del año pasado, rompiendo la tendencia relativamente positiva del primer trimestre. Los enfrentamientos con narcotraficantes, grupos armados y estructuras criminales urbanas son cada vez más visibles, más violentos e impactantes para la percepción ciudadana.

El problema ya no es únicamente criminal, es institucional. Cuando un Estado transmite incapacidad permanente para construir infraestructura, gestionar hospitales, controlar el territorio o garantizar seguridad, también comienza a perder algo mucho más importante: la confianza de la población. Y sin confianza, ningún gobierno mantiene legitimidad durante demasiado tiempo.

Eso ayuda a explicar por qué las últimas encuestas reflejan niveles de aprobación presidencial cada vez más bajos y una creciente sensación de frustración nacional. El ciudadano puede tolerar errores, diferencias ideológicas o incluso lentitud administrativa. Lo que difícilmente acepta es la percepción de abandono; la sensación de que el gobierno simplemente dejó de gobernar.

Porque al final, un Estado que renuncia progresivamente a cumplir sus funciones esenciales corre el riesgo de convertirse en algo mucho más peligroso que un gobierno ineficiente: una estructura que consume recursos concentra poder político y exige obediencia, pero que deja de servir realmente a la sociedad a la que pertenece, de la que depende y cobra.

Ataúdes sobre ruedas

Todos los días se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

En Guatemala los buses extraurbanos no transportan pasajeros, sino altas probabilidades de muerte. Cada viaje es una ruleta rusa con música ranchera o reguetón, pero siempre con llantas lisas, pilotos agotados, bebidos o sin carné, y empresas que consideran las leyes una simpática sugerencia opcional.

Pero no seamos injustos, las autoridades actúan. Siempre actúan, aunque tarde, cuando hay cadáveres o la presión mediática acosa. Cuando los familiares lloran frente a un ataúd y algún funcionario comparece solemnemente para anunciar investigaciones, condolencias, indemnizaciones con dinero público y, por supuesto, indignación y una multa de Q5 mil. Porque la vida humana parece cotizarse a precio de electrodoméstico usado: “La vida vale lo que vale la muerte”, sentencio aquel premio Nobel de literatura.

El último accidente, el pasdo fin de semana, vuelve a desnudar la obscena normalidad del sistema. Según se supo, el bus no contaba con limitador de velocidad registrado ante Provial, incumpliendo el Acuerdo Gubernativo 38-2024, y tampoco tenía piloto autorizado ante la DGT. Es decir: el vehículo circulaba fuera de norma, sin controles y sin supervisión efectiva. Y aun así operaba tranquilamente como lo hacen cientos todos los días ante la mirada indiferente de municipalidades, ministerios, inspectores y policías que parecen no advertir lo que el resto de ciudadanos ven desde el miedo.

Lo verdaderamente insultante vino después. La DGT y Provial emitieron su acostumbrado comunicado pedagógico: “conducir con responsabilidad salva vidas”. Gracias por la revelación. El país entero creía que los buses extraurbanos debían conducirse a alta velocidad, sin frenos, sin registros y con pilotos improvisados. La frase parece redactada por alguien que jamás ha viajado en esos ataúdes sobre ruedas donde adelantar en curva es deporte nacional y el pasajero aprende a rezar antes que a reclamar.

Aquí nadie controla nada porque supervisar implica trabajo, confrontar mafias del transporte y asumir costos políticos. Mucho más cómodo es administrar tragedias, publicar condolencias, esperar el siguiente accidente o excusarse con una interpretación extensiva de la ley que siempre encuentra responsable a otro.

La irresponsabilidad empresarial es evidente, y disputa el primer lugar con la irresponsabilidad pública. Porque el funcionario está para evitar accidentes no para lamentarse de ellos accidentes; para impedir que unidades ilegales circulen antes de que maten y no para aparecer en conferencias después de la tragedia. Su deber no es repartir frases de autoayuda vial, sino hacer cumplir la ley, sancionar, retirar permisos, inmovilizar buses y cerrar el paso a quienes han convertido el transporte público en negocio de riesgo mortal.

Todos saben, aunque nadie firma, nadie ve, nadie detiene. La municipalidad culpa al ministerio; el ministerio al reglamento; el reglamento espera presupuesto; el presupuesto espera voluntad; y la voluntad, como siempre, no llegó al lugar del accidente. Esa es la desidia que mata, la del abandono sistemático no la del olvido inocente. Todos los dias se ven buses sobrecargados, pilotos temerarios, unidades sin control paradas en cualquier lugar y carreteras convertidas en pistas de muerte, aun así no pasa nada. 

El drama no es solamente la irresponsabilidad, sino la normalización colectiva del desastre. El conformismo resignado de un país que ya asume como inevitable que subir a un bus extraurbano pueda equivaler a firmar un testamento.

Y así seguimos: empresarios jugando a la impunidad, autoridades jugando a la supervisión y ciudadanos jugando a sobrevivir. Porque aquí el problema no es que las leyes no existan, sino que nadie piensa cumplirlas… hasta que hay muertos. Y aun con muertos, tristemente, tampoco se cumplen.

La velocidad posible de cambio

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer.

La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo situaba al presidente Arévalo con una de las peores valoraciones de la historia democrática reciente, apenas superado, en el mismo período de tiempo, por Giammattei. La comparación no deja de ser preocupante, sobre todo porque llegó envuelto en promesas de renovación moral cuando el otro terminó convertido en símbolo de hartazgo e inmoralidad.

Me he preguntado varias veces por qué un presidente cuya gestión no está marcada por la corruptela clásica puede ser percibido de manera tan desfavorable, y encuentro, al menos, dos razones. La primera: que no ha hecho casi nada. La segunda: que generó una frustración enorme en quienes imaginaron que el país cambiaría en días. Esta última hipótesis dice mucho del presidente, pero bastante más de sus votantes.

Una sociedad cambia a la velocidad que los ciudadanos permiten y soportan. Lo demás son aspiraciones de optimistas enfermizos, discursos de campaña o literatura de autoayuda. Arévalo tendrá defectos evidentes: falta de carácter, prudencia excesiva, lentitud, cálculo o miedo. Pero también parece entender muy bien que hay decisiones que una sociedad como la guatemalteca no está dispuesta a aceptar, aunque las reclame todos los días en redes sociales.

El ejemplo más cercano lo tuvo con su vicepresidenta, a quien le costó más de un año rebajarse el sueldo, y no precisamente entre aplausos espontáneos de austeridad. Si algo tan elemental genera resistencia, conviene imaginar lo que ocurriría con reformas más profundas, como aquellas que tocan privilegios, contratos, plazas, sindicatos, negocios protegidos, aduanas, cortes, USAC, municipalidades y otras prebendas habituales. Ahí el entusiasmo reformista suele perder velocidad, tono y convicción.

No se puede pedir peras al olmo, aunque quizá el problema no sea solo del olmo, sino de una sociedad que se queja de casi todo, pero no quiere cambiar casi nada. Queremos un Estado honrado, pero nos saltamos el semáforo. Pedimos transparencia, pero buscamos facturas ajenas para declarar menos impuestos. Exigimos méritos, pero llamamos al amigo para colocar al sobrino. Reclamamos justicia, pero elegimos libremente a diputados, alcaldes y autoridades de reconocida indecencia pública y privada. Luego fingimos sorpresa cuando gobiernan como lo que son.

En más de dos años de gobierno, los cambios han sido escasos, y el nombramiento del fiscal general tampoco augura una era Transformer. Lo probable, si algo ocurre, serán modificaciones progresivas, lentas, parciales y políticamente costosas. Y solo funcionarán si son socialmente asimiladas, punto importante que casi nunca se discute. Preferimos creer que el cambio depende de un nombre, de una persona o de una épica momentánea, y nos cuesta aceptar que las instituciones no se modifican por inspiración, sino por acumulación de decisiones sostenidas.

Convivimos, además, generaciones que vivieron activamente el conflicto armado y enterraron sus esperanzas juveniles con la caída del comunismo soviético, y otras nacidas en plena era tecnológica, sin memoria ni interés por lo anterior. A esa mezcla añadimos corrupción, desconfianza, informalidad, resentimiento, miedo y una ética pública bastante flexible. El resultado no es precisamente una sociedad preparada para cambios veloces, sino una comunidad que exige reformas siempre que no empiecen por su casa, oficina, gremio, municipalidad o factura.

El problema quizá no sea tener un presidente lento, indeciso o falto de carácter. La mala noticia es peor: somos nosotros, cada uno desde su pequeño reino de conveniencia, quienes no aceptamos la velocidad real de cambio que nos imponemos. Aunque, como deporte nacional, siempre resulte más cómodo encontrar al culpable en el otro.

La moral de quita y pon

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada

Vivimos otra euforia nacional. Esta vez por el cambio de fiscal general. Un Red Bull espiritual muy parecido al que experimentamos en enero de 2024, cuando buena parte del país decidió que bastaba con cambiar rostros para transformar instituciones. Esperemos que el desinfle sea menor, porque de aquella primera emoción apenas queda la resaca.

Seguimos sin superar el personalismo. No apostamos por reglas, instituciones ni principios generales, sino por personas. Y ni siquiera por quienes conocemos, sino por aquellas que, al menos de entrada, “no caen tan mal”. Tan jodidamente mal estamos que un nombre que no genere rechazo inmediato parece suficiente. Luego llega la decepción, se instala cómodamente en el sofá de la frustración y reiniciamos de nuevo el lamento. El problema es cultural. Nos emociona el nombramiento, no el diseño institucional. 

Celebramos el rostro, no la norma. Nos centramos en las personas como sujetos concretos, con emoción y subjetivismo, e ignoramos las leyes como hechos abstractos y generales. Aplaudimos al funcionario que nos gusta y lo señalamos cuando cae mal. Así seguimos construyendo un Estado a la medida del humor del día.

El caso del Ministerio Público es un buen ejemplo. En su momento, para proteger a Thelma Aldana, se modificó la ley del MP. La intención era impedir que el presidente de turno pudiera removerla. Muchos lo celebraron porque el objetivo político les parecía correcto. Después cambió la fiscal, el presidente y el ambiente, pero no cambió la norma. Y entonces aquella ley diseñada para proteger a una fiscal sirvió para impedir el cese de otra. Lo que antes fue garantía se convirtió en obstáculo.

En 2024 hubo varios esfuerzos para remover a la fiscal general, pero no se pudo. La ley lo impedía. No porque fuera necesariamente buena, sino porque para eso había sido diseñada. Ahora se nombra a un nuevo fiscal, se recupera la ilusión y, nuevamente, nadie parece demasiado interesado en revisar el problema de fondo. Como el nuevo “no cae mal”, el diseño institucional puede esperar. Hasta que deje de caer bien. Entonces volveremos a descubrir, con fingida sorpresa, que las reglas importan.

Algo parecido ocurre con la modificación que en su momento permitió cesar fiscales al considerarlos personal de confianza y no miembros de carrera protegidos. Aquello fue duramente criticado por los círculos afectados. Se habló de arbitrariedad, depuración interesada y destrucción institucional. Pero ahora, que esa misma herramienta la utiliza un fiscal que goza de simpatía, el juicio cambia. La norma que parecía escandalosa se presenta como útil. La diferencia no está en el principio, sino en quién sostiene el lapicero.

Ese es nuestro drama: no nos movemos por principios generales, sino por preferencias. No defendemos normas abstractas e impersonales, sino instrumentos convenientes para el momento. Queremos leyes flexibles, moldeables, serviciales, listas para ser usadas contra los otros y desactivadas cuando nos alcanzan. Lo público queda reducido a una mesa de autoservicio moral: tomo lo que me conviene, dejo lo que me incomoda, y llamo “Estado de derecho” al resultado, e inventamos bolsas mentales amplias donde meter a quienes hacen exactamente lo mismo que nosotros cuando les toca. 

La generalización conveniente es la manera favorita de quienes no quieren enfrentar hechos concretos. La etiqueta depende menos del acto que del bando; y así vamos, repartiendo absoluciones y condenas según simpatías. 

Una sociedad que funciona de ese modo tiene poco futuro. El Estado de derecho consiste en aceptar principios generales, derechos individuales, límites al poder y normas abstractas aunque momentáneamente nos perjudiquen. Hace tiempo enterramos sin avisar a John Rawls, porque preferimos el espacio pequeño, cómodo y miserable del interés inmediato.

Los intocables de la palabra

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso

La semana pasada pudimos observar ese espectáculo tan nacional en el que quienes viven de exigir cuentas a los demás olvidan rendir cuentas sobre sí mismos. Insultos, descalificaciones y señalamientos cruzados entre medios de comunicación, periodistas y acusaciones entre diputados; como telón de fondo, la trágica melodía de la superioridad moral. Todos ejerciendo “la libertad de expresión”, aunque la defienden igual que los privilegios: con entusiasmo cuando protege lo propio y con silencio cuando exige responsabilidad.

El debate público necesita crítica, fiscalización y confrontación de ideas. El problema aparece cuando ciertos sectores convierten la libertad de expresión en patente de corso. Señalan, insinúan, difaman, calumnian y destruyen reputaciones, pero cuando alguien les recuerda que todo derecho tiene límites, entonces se activa el drama: “ataque a la prensa”, “censura”, “autoritarismo”. La fórmula es fatal, aunque bastante cómoda: libertad para mí, responsabilidad para los demás.

La Constitución protege la libre emisión del pensamiento, sin censura ni licencia previa, pero eso no elimina la responsabilidad posterior cuando se afecta la vida privada, la moral o los derechos de terceros. También reconoce el derecho de defensa, aclaración y rectificación de quienes se consideren ofendidos. La crítica pública está protegida; el linchamiento irresponsable, no. Algunos parecen haber asimilado solo la parte que les conviene.

Y ahí empieza la hipocresía. El gremio periodístico y el político suelen ser implacables al denunciar privilegios ajenos. Señalan a cualquier grupo que resulte útil para la indignación del día. Sin embargo, cuando se trata de revisar sus propios fueros, protecciones, espacios de impunidad práctica y esa peculiar costumbre de exigir derechos sin aceptar deberes, entonces la conversación se les vuelve muy incómoda. 

La Ley de Emisión del Pensamiento, de 1966, parte de esa misma lógica: nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero existen responsabilidades cuando se incurre en calumnia, injuria o ataques a la honra y reputación. Además, establece que expresiones como “se dice”, “se asegura” o “se sabe” equivalen a afirmación de los hechos a los que se refieren. Ese detalle debería estar grabado en la pared de más de una redacción, de más de una curul, de muchas cuentas en redes sociales y de pasquines dominicales, entre otros.

El problema adicional es que esa ley es preconstitucional, nació en otro país histórico y tecnológico, y no fue pensada para redes sociales, cuentas anónimas, campañas digitales, difamación viral ni linchamientos coordinados. Una mentira hoy puede viajar más rápido que cualquier rectificación. Y, sin embargo, seguimos con una normativa cuya capacidad sancionadora resulta casi simbólica: apenas veinticinco quetzales en ciertos supuestos. Casi una propina legal para el daño reputacional.

Eso, al igual que tribunal de imprenta, no puede presentarse como defensa moderna de la libertad de expresión, sino como arqueología normativa. Un fósil jurídico que algunos veneran porque les resulta extraordinariamente cómodo. Un bálsamo perfecto para quienes exigen transparencia, ética y rendición de cuentas, siempre que la factura moral la pague otro. La prensa libre es indispensable para la democracia, pero una que se siente inimputable deja de ser contrapeso y empieza a comportarse como poder sin control. 

La libertad de expresión merece defensa firme. Precisamente por eso no puede ser secuestrada por quienes la usan como privilegio corporativo o licencia para destruir. Guatemala necesita menos victimismo gremial y más responsabilidad pública; menos sermones sobre abusos ajenos y más honestidad sobre los propios.  Resulta demasiado fácil señalar la paja en el ojo de todos los demás mientras se protege la viga enorme del privilegio propio, la publicación de chismes o de libelos anónimos -o firmados- donde todo vale.

Presidentes de paso, políticos eternos

Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal.

Sin querer queriendo, hemos logrado una hazaña intelectual extraordinaria: convertir la reelección presidencial en una especie de apocalipsis democrático, mientras reelegimos absolutamente todo lo demás. Diputados eternos, alcaldes vitalicios o dirigentes sindicales que parecen patrimonio histórico y que deberían declararse monumentos nacionales. Pero el verdadero peligro para la República —dicen con dramatismo casi litúrgico— sería permitir que un presidente pueda optar a un período más.

La lógica nacional es fascinante. Si la reelección fuera intrínsecamente mala, entonces habría que prohibirla para todos, sin excepción. Porque cuesta entender que un alcalde pueda gobernar veinte años el mismo municipio sin que nadie hable de “dictadura municipal”, mientras un presidente cuando apenas empieza a entender dónde están las llaves del despacho ya debe ir empacando sus cosas. Un diputado puede pasar décadas sobreviviendo varias legislaturas sin producir una ley memorable, pero el Ejecutivo tiene prohibido siquiera imaginar continuidad administrativa ¿Y nos preguntamos por qué el Estado vive atrapado?

La realidad es que cuatro años —o menos, si descontamos aprendizaje y bloqueo político— apenas alcanzan para entender cómo funciona la administración pública. Cuando un gobierno empieza a comprender dónde están los problemas, ya está entrando en fase terminal. El incentivo natural que produce la no reelección es pensar en el corto plazo, administrar encuestas y sobrevivir políticamente. La planificación de mediano plazo se vuelve casi un lujo. Francis Fukuyama ha insistido en que la fortaleza institucional depende, entre otras cosas, de capacidad estatal, continuidad administrativa y gobernanza eficaz. Pero aquí seguimos creyendo que cambiar constantemente de conductor fortalece el vehículo, aunque el carro lleve décadas sin alineación, sin frenos y con tres llantas pinchadas.

En el sector privado, curiosamente, ocurre todo lo contrario. Ninguna empresa sería cambia de CEO cada cuatro años “por salud democrática”. Más bien sucede lo inverso: cuando una organización encuentra liderazgo efectivo, capacidad de ejecución y resultados, busca continuidad. Los mercados valoran estabilidad estratégica. Las corporaciones entienden que los proyectos complejos requieren tiempo, consolidación y seguimiento. Por algo los grandes grupos empresariales mantienen liderazgos largos cuando funcionan. Nadie en una junta directiva dice: “Este gerente duplicó utilidades, expandió operaciones y estabilizó la empresa. Hay que sacarlo urgentemente antes de que se vuelva peligroso”. Pero en la política latinoamericana se ha romantizado la rotación constante, aunque produzca improvisación permanente.

El argumento histórico contra la reelección presidencial tiene fundamento: evitar caudillismos, concentración de poder y tentaciones autoritarias. El problema es que convertimos una medida preventiva en dogma religioso. No discutimos mecanismos, límites o modelos comparados; simplemente repetimos consignas. La sola palabra “reelección” provoca en algunos sectores una reacción casi exorcista, como si estuviéramos invocando simultáneamente a Ubico, Estrada Cabrera y otros males de la historia nacional.

Sin embargo, las democracias modernas más sólidas no necesariamente prohíben la reelección. Estados Unidos permite dos períodos presidenciales, y países europeos han tenido cancilleres durante más de una década o reyes al frente de las jefaturas del Estado. En muchos sistemas parlamentarios, la continuidad depende del desempeño y de los contrapesos institucionales, no del terror automático a la permanencia.

Quizá el verdadero problema no sea la reelección, sino la debilidad institucional. Porque una democracia fuerte controla al gobernante, aunque permanezca más tiempo, mientras una democracia débil, como la nuestra, fracasa incluso cambiándolo cada cuatro años. ¡Para meditar, aunque sea mucho pedir!

Algoritmos reemplazan ciudadanos

Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir.

La tentación de delegar en máquinas lo que antes exigía coraje humano crece al ritmo que mejora la tecnología. En un debate con alumnos del curso “Seguridad internacional” apareció, inevitablemente, la inteligencia artificial. No como una curiosidad, sino como un actor que empieza a ocupar espacios en la toma de decisiones en seguridad, defensa y el ámbito jurídico.

La IA analiza grandes volúmenes de datos, detecta patrones invisibles para el ojo humano, anticipa riesgos y propone cursos de acción con una rapidez imposible para una persona, y sin que afecten los sentimientos. En entornos operativos —desde el control fronterizo hasta la ciberdefensa— puede identificar amenazas, discriminar objetivos y optimizar respuestas en segundos. En el ámbito jurídico, su capacidad para ordenar precedentes, evaluar consistencia y reducir sesgos abre la puerta a decisiones más previsibles y, en ciertos casos, más justas. Sería conveniente que se empiecen a integrar modelos híbridos: juicios humanos contrastados con algoritmos.

Pero hay una paradoja incómoda: cuanto más eficaz es la herramienta, mayor es la tentación de abdicar responsabilidad. La cultura de defensa —que hace a los ciudadanos conscientes de que la libertad no es un estado natural sino una conquista frágil— se debilita cuando se asume que “otros” resolverán las amenazas. La globalización ha diluido fronteras físicas, pero no ha eliminado riesgos. Sin embargo, la disposición a asumir costes —especialmente el de la propia vida— es cada vez menor. 

La historia reciente de las democracias muestra una brecha creciente entre quienes deciden y quienes combaten. Esa distancia —que algunos autores describieron como un “gran divorcio”— erosiona la comprensión social de la seguridad. Si la política y la academia se alejan de la realidad operativa, y la ciudadanía se desentiende, la delegación tecnológica se vuelve casi automática. La máquina no duda, no teme, no se fatiga. Decide según parámetros. Y, precisamente por eso, resulta tan atractiva.

Pensemos en un policía o un militar ante una decisión inminente, en un entorno caótico. Debe ponderar múltiples variables bajo presión extrema, pero hoy puede apoyarse en sistemas que integran información en tiempo real y sugieren la respuesta óptima. Ganamos precisión y velocidad. Perdemos, potencialmente, algo más difícil de medir: la responsabilidad moral de decidir. La IA elimina emociones, pero también puede desactivar la deliberación que nos obliga a justificar por qué actuamos como actuamos.

Algo similar ocurre en el terreno jurídico. La idea de contrastar decisiones —un dictamen asistido por IA frente a un jurado— no es ciencia ficción. Bien usada, la tecnología puede mejorar coherencia y transparencia; mal usada, puede desplazar la carga de la decisión hacia una “caja negra” cómoda para el humano: “lo dijo el sistema”. Y con ello, diluir la rendición de cuentas.

Sería absurdo y contraproducente oponerse a la IA, pero el punto es entender que su avance no es neutro: ocupará los espacios que dejemos vacíos. Si renunciamos a la cultura de defensa, a la participación cívica y a la exigencia de responsabilidad, la tecnología no sólo nos asistirá, sino que nos reemplazará en las funciones más exigentes. La libertad, entonces, se convertirá en un resultado técnico más, optimizado por parámetros, pero desconectado del compromiso humano que la hace posible.

Defender la libertad implica algo más que beneficiarse de ella. Entraña asumir costes, exigir cuentas y sostener instituciones con criterio propio. La IA puede —y debe— ser una aliada poderosa para decidir mejor en seguridad, defensa y justicia. Pero no puede ser el refugio donde esconder nuestra renuncia a decidir. Porque cuando eso ocurre, no es la máquina la que nos quita la libertad, somos nosotros quienes dejamos de defenderla.

Unos debaten; otros transforman

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado

La lucha contra la desnutrición sigue atrapada en un círculo repetitivo e ineficiente, cuya historia es sobradamente conocida: diagnósticos reiterados, promesas de campaña que se diluyen y debates ideológicos que rara vez se traducen en resultados concretos. Mientras el Estado discute cómo hacerlo —o no logra ponerse de acuerdo—, la realidad en muchas comunidades no espera, y es ahí donde el contraste es evidente y el impacto sangrante. Lo verdaderamente inaceptable, lo profundamente inhumano, es que en medio de esa inacción hay niños que mueren de hambre o que quedan marcados de por vida por una mala nutrición.

Frente a esa inercia, hay actores que han decidido actuar. Un ejemplo es Castillo Hermanos, que ha demostrado que la acción humanitaria efectiva no depende exclusivamente del gobierno. Con una inversión sostenida y una visión integral, su intervención no se limita a entregar ayuda puntual, sino que aborda las raíces del problema: combina atención médica, nutrición, educación, desarrollo productivo y cambio de hábitos. No es asistencialismo; es transformación estructural.

De ese enfoque surgió “Guatemaltecos por la Nutrición”, una iniciativa que se ha ido consolidando con el tiempo como un modelo innovador de articulación desde el sector privado. A este esfuerzo se ha sumado el Grupo Financiero G&T Continental, apostando por ampliar su alcance en direferentes aldeas de Huehuetenango. A diferencia de esquemas tradicionales, este modelo integra liderazgo empresarial, financiamiento directo y ejecución en territorio, respaldado además por validación académica internacional. El resultado es una propuesta organizada, medible y, sobre todo, replicable.

Pero este tipo de iniciativas no surge por generación espontánea. A su alrededor se articula un ecosistema de colaboración en el que participan personas, fundaciones empresariales, organizaciones sociales y aliados técnicos. Esta red permite que los esfuerzos no sean esporádicos, sino sostenidos en el tiempo, multiplicando su impacto y fortaleciendo su alcance en las comunidades.

Los resultados, a pesar del poco tiempo transcurrido, empiezan a reflejarse con claridad: atención primaria en salud, soporte nutricional, agua y saneamiento, reducción importante en la desnutrición aguda, mejoras en la desnutrición crónica, menos enfermedades y un mayor consumo de alimentos en las familias. Sin embargo, más allá de los indicadores, lo verdaderamente relevante es que estos cambios son medibles, auditados y replicables. No se trata de un esfuerzo excepcional aislado, sino de un modelo que puede escalarse y, sobre todo, ser asumido también por otros actores y por entidades públicas cuyo mandato es precisamente combatir la desnutrición.

Esto obliga a replantear una idea profundamente arraigada —y cómoda para muchos—: que los grandes problemas sociales dependen únicamente del Estado. La evidencia muestra que el sector privado puede convertirse en un motor real de cambio y, sin sustituir al gobierno, avanzar donde la política se detiene, con visión, recursos, responsabilidad y alianzas estratégicas. Y ahí emerge un punto incómodo pero necesario: mientras algunas empresas —junto a sus fundaciones y aliados— están generando soluciones reales en el terreno, buena parte de la dirigencia política continúa atrapada en discusiones que no alimentan a nadie. Se habla de planes y de voluntad, pero lo que transforma comunidades es la ejecución constante.

No es necesario, en este tema en particular, elegir entre Estado o sector privado. Se necesita reconocer, fortalecer y replicar aquello que está funcionando bien. Porque, al final, la diferencia entre el estancamiento y el progreso no radica en quién tiene la responsabilidad, sino en aquellos que deciden actuar y en los resultados que logran con ello.

La coartada del experto

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad.

No dejo de recordar aquel juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Sí, aquel que fue anulado porque a la jueza Yassmín Barrios le pudieron las prisas por concluirlo en lugar de atender un amparo pendiente. Quedó la impresión de que lo esencial era celebrar el triunfo de su propia sentencia, aunque la satisfacción duró poco. Después, fallecido el general, se confirmó una condena por genocidio, pero no contra él; el desenlace supo a poco, casi a nada, y dejó la sensación de que lo verdaderamente relevante —y en lo que se había invertido— fue el primero.

Algo parecido ocurrió con el caso de Erwin Sperisen. Tres absoluciones —en distintos países— a sus compañeros de gobierno, por tribunales que coincidían en sus conclusiones, frente a una condena celebrada con entusiasmo, hasta que las apelaciones evidenciaron vicios, fallas y presiones. Un resultado, de nuevo, incompleto para ciertos “inversionistas” y militantes de la cooperación internacional.

Hoy asistimos a un escenario similar, ahora en torno a la fiscal general. Se ha construido un entramado de presión, tanto interna como externa, para impedir que la actual fiscal siquiera figure en una lista de la que, en última instancia, el presidente puede elegir libremente. Incluso un comité de expertos de la ONU ha señalado y publicado recientemente una carta que me he permitido —para evitar sesgos— someter a la IA con una pregunta simple: ¿es esto una investigación propia de un comité de expertos o adolece de carencias relevantes? Y la IA —que no tiene sensibilidad política ni puede ser acusada de pertenecer a ningún “pacto de corruptos”— responde: “El documento proyecta una conclusión contundente, pero lo hace sin el rigor que cabría esperar de un trabajo verdaderamente experto, lo que termina generando más dudas que certezas. Bajo una apariencia de análisis sólido —apoyado en referencias como la Comisión de Esclarecimiento Histórico— se ocultan vacíos metodológicos difíciles de justificar: uso reiterado de fórmulas imprecisas (“según información recibida”), ausencia de fuentes verificables, falta de trazabilidad documental y empleo de cifras sin respaldo claro. Más preocupante aún es la formulación de imputaciones sensibles sin delimitar adecuadamente entre indicios, evidencia y conclusiones, así como la mezcla de análisis con posicionamientos que parecen preconfigurados.

A ello se suman aspectos relevantes que los autores omiten o desarrollan insuficientemente: la ausencia de contraste con archivos judiciales, registros civiles y documentación administrativa; la falta de análisis del marco legal vigente en cada período; la inexistencia de comparación con patrones regionales o internacionales; y la omisión de posibles explicaciones alternativas o contextuales. En lugar de un trabajo exhaustivo, crítico y cuidadosamente documentado —como sería exigible a un comité de expertos—, el texto ofrece una narrativa que sugiere conclusiones antes que demostrarlas. 

El resultado es un informe que, lejos de consolidar autoridad técnica, debilita su propia credibilidad y deja abierta la impresión de que no se ha realizado el esfuerzo analítico ni probatorio que la gravedad del tema exige”.

Sospecho que esa valoración difícilmente convencerá a quienes, por falta de rigor, terminan instalándose en un terreno donde la honestidad intelectual se vuelve secundaria en beneficio de la narrativa. La estrategia de “acoso y derribo” que algunos actores, incluidos determinados internacionales, intentan impulsar suele sostenerse sobre una maquinaria bien aceitada y alineada con intereses concretos. Pero cuando el relato sustituye a la prueba, lo que emerge no es justicia, sino propaganda; no es evidencia, sino construcción narrativa-. ¡Todo un intento por figurar!

Y al final queda una pregunta incómoda e ineludible: tanto escándalo por el copy-paste de tesis doctorales… ¿y nadie cuestiona cuando los “expertos” reciclan argumentos sin el más mínimo estándar de exigencia?

El dinosaurio siempre estuvo ahí

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses.

No es el brote repentino de una crisis coyuntural ni producto exclusivo de un gobierno. Ha crecido en silencio durante décadas, alimentado por muchos que señalan con ferocidad en las redes sociales, pero que no se reconocen como parte del problema, porque vivimos en una sociedad donde la culpa se reparte con ligereza, pero nadie la asume. En esta sociedad el error siempre es ajeno: del político, del burócrata, del empresario o del adversario ideológico, y con ese ejercicio de evasión hemos construido el hábitat perfecto para la impunidad, donde la ausencia de autocrítica termina por normalizar lo inaceptable.

Y en este caldo de cultivo ególatra nos movemos a diario, aunque con indignación selectiva, porque olvidamos rápido y justificamos con facilidad. Es así como, casi sin percibirlo, seguimos alimentando a la bestia. A muchos revolucionarios de salón les incomoda reconocer hechos como el monopolio estatal que apoyan en una institución “educativa” manoseada. Prefieren sostener un relato antes que confrontar la evidencia, porque hacerlo implicaría desmontar años de complacencia ideologizada.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que debería ser el faro del pensamiento crítico y la ética pública, se ha consolidado, en la práctica, como un espacio capturado por intereses. Su condición constitucional de monopolio estatal de la educación superior le otorga, además, una influencia política decisiva —y anómala a nivel global— que carece de los contrapesos adecuados. La USAC lleva décadas sumida en la descomposición, aunque ha sido preservada artificialmente porque representa un recurso de poder y presión para ciertos grupos. Ahora que la izquierda acaricia el poder, y pretende radicalizarse más, es cuando comienza a estorbar: las mismas prácticas que antes eran silenciadas, toleradas o encubiertas se vuelven incómodas porque dejan de servir como instrumento útil y afectan a quienes antes callaban.

Estamos ante un sistema tradicionalmente perverso. Los nombres de exrectores sancarlistas hablan por sí solos: Eduardo Meyer, condenado en su etapa como diputado; Murphy Paiz, capturado en 2021 por el caso “Comisiones Paralelas”; Jafeth Cabrera, señalado durante su vicepresidencia; Estuardo Gálvez, incluido en la Lista Engel; y Walter Ramiro Mazariegos, electo fraudulentamente en dos ocasiones, no son los únicos.

Además, la memoria institucional es convenientemente selectiva. Se minimizan episodios como el ilegal nombramiento de Gloria Porras, la fullera aceptación de las tesis de Baldizón o los bautismos delincuenciales, que laceran continuamente estándares mínimos. Lo irregular se normalizó hasta la indiferencia, y lo que aún cuesta entender y parece no aceptarse es que el sistema no está roto; por el contrario, ha sido perfeccionado para la opacidad.

Investigaciones realizadas por la extinta CICIG habían identificado estructuras relacionadas con contrataciones irregulares, proyectos de “obra gris” millonarios —algunos pagados, pero no ejecutados— y redes de influencia que capturaron las comisiones de postulación. A pesar de la evidencia presentada, y sobradamente conocida, los cambios fueron inexistentes.

La autonomía universitaria, principio vital para la libertad de cátedra, ha sido pervertida para funcionar como un escudo frente a la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de control y transparencia refleja la tensión entre autonomía y supervisión, lo que permite al dinosaurio prosperar en estas áreas ambiguas. Sería un error complaciente pensar que este es un problema exclusivo de la USAC. La universidad refleja una cultura nacional donde la responsabilidad se dispersa y las exigencias se diluyen. 

El dinosaurio sigue ahí, y no porque sea invencible, sino porque lo alimentamos con silencio, indiferencia y memoria corta. Mientras no estemos dispuestos a reconocer nuestra propia cuota de responsabilidad, la bestia seguirá creciendo y evolucionando.

Llegó La Hora

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. 

En su obra La espiral del silencio, Noelle-Neumann advierte que la mayoría de las personas prefiere callar antes que exponerse al escarnio público. Lo escribió en una época en la que no existían redes sociales ni linchamientos digitales, y sin esa maquinaria de amplificación emocional que ahora convierte cualquier disenso en anatema. ¿Qué diría hoy, cuando opinar distinto se reprime activamente?

Bajo esta premisa, la reacción por la reciente publicación de un reportaje sobre el diputado Samuel Pérez y su confrontación con el Ejecutivo no debería sorprender. El análisis evidencia una realidad: la fractura interna del partido SEMILLA y la polarización creciente con impacto directo en la gobernabilidad. Es periodismo de fiscalización y se aplaudía, aunque cuando resulta incómodo, algunos condenan y descalifican.

Lo revelador, sin embargo, no es el contenido, sino la respuesta. Al diputado se le señala de mentir, conspirar y tejer alianzas cuestionables; conductas que forman parte del debate público, pero el énfasis de sus defensores no está en esclarecer los hechos, sino en utilizarlos como mecanismo de desacreditación contra quienes los difunden. El statu quo opinador, que por años ha pretendido arrogarse la guardianía de la ética pública, ha respondido con virulencia. Se deslegitima al medio, se denigra al mensajero y se evita discutir el fondo del asunto. Nada nuevo, es de manual: cuando los sucesos desmienten el guión, se ataca a quien lo expone, con insultos y sin argumentos. El radicalismo de izquierda ha demostrado ser eficaz en la construcción de narrativas, pero profundamente intolerante y agresivo cuando emergen verdades que lo contradicen.

A esto se suma otro fenómeno igualmente inquietante: la activación automática de la marea informativa, una suerte de mara digital organizada con disciplina coreografiada que opera bajo la lógica de un tribunal sumario, convirtiendo cualquier discrepancia en delito moral. Crean una auténtica cárcel mediática de redes sociales, donde la condena precede a la evidencia y la sanción es inmediata. La pluralidad —ese pilar que dicen defender— es sustituida por el linchamiento autoritario. Quien disiente es etiquetado, aislado y expuesto mediante prácticas deleznables e intimidatorias. Impiden así el contraste de ideas, la discusión y la tolerancia, sustituyéndolos por ruido, consignas y agresión. Son auténticos perroflautas de la desinformación, criminales de la construcción discursiva y profesionales de la manipulación.

La paradoja resulta más grotesca cuando los mismos que antaño celebraban la intervención de sus aliados internacionales, actualmente denuncian injerencias porque no favorecen su discurso. Antes exigían transparencia, ahora administran el silencio; y quienes hablaban de democracia, en estos momentos exhiben reflejos autoritarios: para los amigos, indulgencia; para los críticos, escarnio. Han construido, durante años, una opinión publicada y artificial que generan, amplifican y presentan como un falso consenso social. Las redes han sido su herramienta más eficaz, donde la disidencia queda sistemáticamente invisibilizada.

La indignación actual resulta tan poco creíble porque no responde a la defensa de la verdad, sino a la incomodidad de verla emerger fuera del guión establecido. No es el reportaje lo que molesta, sino lo que revela: el poder —incluso el progre y “renovador”— también se fragmenta, se contradice y se erosiona.

La espiral del silencio sigue vigente, aunque con una diferencia notable: no solo pretenden callar por miedo al aislamiento social, sino por temor a la turba digital. Sin embargo, cada vez que alguien rompe ese silencio, se abre una grieta en el relato uniforme que pretenden imponer. La pregunta es simple: ¿queremos una democracia de convicciones, principios y cuestionamientos o una de consignas, amigos y “héroes” que publican chismes en fin de semana?. Mientras el disenso siga siendo castigado, la respuesta ya está dada.

La izquierda que no vive en Cuba

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres

No es en nombre de la libertad —ni mucho menos de la democracia, claramente ausente en la isla— que se construyen ciertos relatos, sino como un mecanismo para evitar reconocer el fracaso rotundo de un modelo ideológico que algunos se resisten a dar por agotado. Ese discurso ha servido, además, como sustento para quienes viven de la retórica, de la cooperación internacional y, en no pocos casos, del aprovechamiento de recursos públicos bajo justificaciones políticas cada vez menos sostenibles.

Uno de los argumentos más reiterados es el del “bloqueo”, presentado como causa casi exclusiva de todos los males. Sin embargo, conviene matizar: Cuba mantiene relaciones comerciales con decenas de países y no está aislada del sistema internacional. El problema de fondo no es la imposibilidad de comerciar, sino la ausencia de una economía productiva, competitiva y capaz de generar bienes y servicios con valor. Sin capacidad de producir de forma rentable, ningún país —con o sin restricciones— puede sostener niveles adecuados de desarrollo. Reducir la complejidad del fracaso económico cubano a un único factor externo no solo es impreciso, sino intelectualmente deshonesto e ideológicamente manipulador.

En este contexto, iniciativas como Humanidad con América Latina se insertan en un entramado narrativo más amplio al que contribuyen también actores políticos y mediáticos que, desde distintas latitudes, reproducen una imagen distorsionada de la realidad cubana. En el ámbito local, figuras como Sonia Gutiérrez (diputada por WINAQ) han llegado a difundir contenidos en redes sociales que muestran una Habana desolada, mientras disfrutan de condiciones —conectividad, hospedaje, movilidad y trato— muy alejadas de las que enfrenta cotidianamente la mayoría de los cubanos.

Algo similar ocurre con el respaldo internacional de ciertos dirigentes. El caso de Pablo Iglesias, quien viajó a la isla para entrevistar al dictado Díaz-Canel, sin abordar temas esenciales como los presos políticos, la falta de libertades o la represión sistemática, ilustra claramente esa actitud complaciente y servil. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a pesar de sus intentos por justificar el régimen, terminó reconociendo implícitamente lo que intentaba matizar en el discurso: la naturaleza dictatorial del sistema.

Muchos de estos defensores tardíos de un modelo agotado no anticipaban un cambio en el tono internacional, especialmente desde Estados Unidos, donde cada vez se es menos tolerante con las ambigüedades. Este giro introduce una dosis de realismo político que desmonta narrativas sostenidas durante años y deja al descubierto sus inconsistencias. En ese contexto, insistir en explicaciones simplistas no solo resulta insuficiente, sino cada vez menos creíble.

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres, lejos de la opresión que padecen quienes viven en la isla. El modelo se ha convertido en una bandera ideológica útil para justificar prácticas que, allí donde se han aplicado, han derivado en pobreza, represión y ausencia sistemática de libertades.

Lo verdaderamente preocupante es que esta narrativa no solo busca justificar el pasado, sino también influir en el presente de sociedades democráticas. Se utiliza como referencia —explícita o implícita— para promover agendas que, bajo distintas denominaciones, reproducir esquemas de control, concentración de poder y debilitamiento institucional. En ese sentido, el caso cubano deja de ser una excepción para convertirse en una advertencia permanente.

Al final, la cuestión no es Cuba como símbolo, sino la verdad como principio. Porque cuando la política se construye sobre relatos falsos, no solo se erosiona la credibilidad de quienes los sostienen, sino también la calidad de la vida pública y la confianza en la propia idea de tolerancia.