El péndulo judicial y la guerra interminable

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario

Nos quieren vender una “dignificación de la justicia”, pero lo que presenciamos es, en realidad, una disputa descarnada por el control del poder. Desde 2016, cuando se modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y se imposibilitó la remoción de la fiscal general —una reforma diseñada para proteger a quien ocupaba entonces el cargo— se introdujo también la exigencia del finiquito como requisito normativo. Aquellas decisiones respondieron a una lógica de blindaje coyuntural para personas, no a una filosofía racional que persistiera. Hoy, cuando esas mismas disposiciones han generado crisis de gobernabilidad, sus impulsores y adeptos parecen haber olvidado su autoría y las consecuencias previsibles de tales cambios.

El resultado es un entramado jurídico que, lejos de consolidar la institucionalidad, ha contribuido a la creación de callejones sin salida. Normas pensadas para proteger intereses particulares terminaron por obstaculizar procesos y profundizar la polarización. Sin embargo, quienes las promovieron ahora hablan, con un cinismo difícil de disimular, de la necesidad de “dignificar la justicia”, como si el problema fuera personal y no sistémico. El discurso insiste en nombres propios, nunca en principios; en sustituir actores, no en transformar reglas.

No se trata —ni de un lado ni del otro— de una cruzada por la justicia. Más bien de quién controla una herramienta de poder que puede convertirse en arma arrojadiza contra el adversario. La justicia ha sido reducida a instrumento estratégico dentro de una confrontación ideológico-política que jamás se abandonó. La narrativa que acompaña el proceso no surge en el vacío. Se articula en una red de opinadores y actores nacionales e internacionales que, desde distintos espacios —y con epicentros fácilmente identificables— amplifican mensajes de manera coordinada y oportuna. Esa narrativa tiene elementos de verdad: existen déficits institucionales, prácticas discrecionales y deterioro en la confianza pública. Lo que carece de sustento es la premisa de que el simple reemplazo de personas, sin alterar los mecanismos de selección y control, producirá el cambio deseado. En el mejor de los casos, el “péndulo judicial” oscilará hacia el extremo opuesto; en el peor, consolidará una nueva hegemonía desde instancias clave como la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Supremo Electoral.

Los procedimientos se repiten permanentemente: convocatoria formal, tabla de gradación diseñada ad hoc, pactos previos entre operadores políticos, tachas basadas en recortes de prensa o acusaciones estratégicas, y finalmente una elección a dedo que responde a acuerdos preestablecidos. El formalismo sirve únicamente de coartada para decisiones ya tomadas, y la coherencia normativa cede ante la conveniencia política.

Guatemala permanece atrapada entre dos bloques que desprecian las reglas cuando estas obstaculizan sus objetivos, aunque lo hagan con discursos antagónicos. Uno se reviste de superioridad moral para legitimar su narrativa; el otro instrumentaliza la persecución y la intimidación como mecanismos de control. Ambos cambian sus roles por momentos y se retroalimentan en una dinámica de denuncia que erosiona cualquier espacio de deliberación racional. El radicalismo se convierte en justificación permanente y la confrontación en método. 

Lo que enfrentamos no es una pugna entre justicia e impunidad, sino una competencia por la captura institucional en un sistema aún marcado por un conflicto ideológico no resuelto. Dos expresiones de una misma patología estructural que desde posiciones opuestas asfixian la posibilidad de una reforma basada en principios. Sin reglas estables, sin procedimientos coherentes y sin límites claros al poder, la “dignificación” de la justicia no pasa de ser un eslogan útil en la lucha por dominar el tablero.

Y mientras el péndulo oscila de un lado a otro, el país permanece en el mismo lugar.