Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa
Se juntó el hambre con las ganas de comer, y el polvorín que sabíamos que representaban las prisiones terminó por estallar este fin de semana. Nada fue sorpresivo, salvo para las instituciones de inteligencia. Lo único “imprevisible” —si es que aún sorprende— fue la debilidad del Estado para anticipar y contener lo evidente.
El escenario se divide en tres frentes: de un lado, reclusos inconformes por la pérdida de privilegios y de poder que nunca debieron tener; del otro, una autoridad timorata y entumida, incapaz de ejercer la fuerza legítima que la ley y la Constitución le otorgan. En medio, personajes que azuzan el incendio sabiendo que la violencia es un instrumento eficaz para obtener réditos políticos, cuotas de poder o impunidad. Ese es el triángulo maldito: criminales, un Estado débil y oportunistas.
Y, como siempre, el costo lo pagan los que sí cumplen con su deber: policías muertos, familias destrozadas y una ciudadanía rehén del miedo.
No tardaron en aparecer los gritos de pena de muerte, las manifestaciones de odio y la polarización visceral. Tampoco tardó el mensaje más peligroso de todos: los criminales lograron que el Estado suspendiera clases y se cerraran instituciones. Se podrá vender como prudencia, pero el mensaje es inequívoco: ellos demostraron que tienen capacidad de imponer condiciones. Eso no es prevención, sino rendición simbólica.
Hablamos mucho de la Constitución, pero parece que empezamos a leerla por la mitad. Los primeros artículos son clarísimos: la protección de la vida, la libertad y la seguridad de las personas es un deber esencial del Estado. No es optativo. No es negociable. No está condicionado al clima político ni a la sensibilidad de las redes sociales.
Y, sin embargo, durante los últimos años la violencia no ha dejado de crecer. Más policías, más cámaras, más tecnología, más cooperación internacional —incluido el «apoyo» del FBI—, pero los asesinatos y las extorsiones siguen ahí, intactos. Porque el problema no es de recursos: es de voluntad y autoridad.
Es cierto que ningún gobierno anterior hizo lo suficiente para reformar el sistema penitenciario, pero esa verdad ya no alcanza como excusa. Este gobierno lleva dos años en el poder, la mitad del mandato, y tampoco hace lo necesario. No se trata de copiar modelos extranjeros ni de caer en soluciones espectaculares, sino de algo mucho más básico: de ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley.
Cárcel significa encierro, celdas cerradas y control absoluto de ingresos. Nada de teléfonos, licor, televisores, microondas, privilegios ni comodidades que humillan a las víctimas y ridiculizan al sistema. Una hora diaria de patio, atención médica y alimentación; nada más. No es venganza, es orden. No es crueldad, es legalidad.
A los custodios que incumplen su deber no se les puede seguir tratando con indulgencia. Las penas por omisión y complicidad deben ser ejemplares, muy superiores a las del resto de los ciudadanos. Porque cuando un custodio falla, no comete un error, sino que abre la puerta a la muerte, al terror y al caos.
La seguridad nacional no puede ser un ejercicio de retórica ni un cálculo de conveniencia política, es el ejercicio irrenunciable de la autoridad en defensa del contrato social. Un Estado que dispone de tecnología y supuestamente de inteligencia, pero que fracasa en anticipar el caos o teme aplicar la fuerza legítima de la ley, termina por ceder su soberanía al terror. Si las instituciones no recuperan la iniciativa estratégica, el mensaje para la posteridad será devastador: el crimen organizado avanzó y se consolidó no por su propia fortaleza, sino porque el poder del Estado decidió retroceder.
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