La izquierda que no vive en Cuba

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres

No es en nombre de la libertad —ni mucho menos de la democracia, claramente ausente en la isla— que se construyen ciertos relatos, sino como un mecanismo para evitar reconocer el fracaso rotundo de un modelo ideológico que algunos se resisten a dar por agotado. Ese discurso ha servido, además, como sustento para quienes viven de la retórica, de la cooperación internacional y, en no pocos casos, del aprovechamiento de recursos públicos bajo justificaciones políticas cada vez menos sostenibles.

Uno de los argumentos más reiterados es el del “bloqueo”, presentado como causa casi exclusiva de todos los males. Sin embargo, conviene matizar: Cuba mantiene relaciones comerciales con decenas de países y no está aislada del sistema internacional. El problema de fondo no es la imposibilidad de comerciar, sino la ausencia de una economía productiva, competitiva y capaz de generar bienes y servicios con valor. Sin capacidad de producir de forma rentable, ningún país —con o sin restricciones— puede sostener niveles adecuados de desarrollo. Reducir la complejidad del fracaso económico cubano a un único factor externo no solo es impreciso, sino intelectualmente deshonesto e ideológicamente manipulador.

En este contexto, iniciativas como Humanidad con América Latina se insertan en un entramado narrativo más amplio al que contribuyen también actores políticos y mediáticos que, desde distintas latitudes, reproducen una imagen distorsionada de la realidad cubana. En el ámbito local, figuras como Sonia Gutiérrez (diputada por WINAQ) han llegado a difundir contenidos en redes sociales que muestran una Habana desolada, mientras disfrutan de condiciones —conectividad, hospedaje, movilidad y trato— muy alejadas de las que enfrenta cotidianamente la mayoría de los cubanos.

Algo similar ocurre con el respaldo internacional de ciertos dirigentes. El caso de Pablo Iglesias, quien viajó a la isla para entrevistar al dictado Díaz-Canel, sin abordar temas esenciales como los presos políticos, la falta de libertades o la represión sistemática, ilustra claramente esa actitud complaciente y servil. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a pesar de sus intentos por justificar el régimen, terminó reconociendo implícitamente lo que intentaba matizar en el discurso: la naturaleza dictatorial del sistema.

Muchos de estos defensores tardíos de un modelo agotado no anticipaban un cambio en el tono internacional, especialmente desde Estados Unidos, donde cada vez se es menos tolerante con las ambigüedades. Este giro introduce una dosis de realismo político que desmonta narrativas sostenidas durante años y deja al descubierto sus inconsistencias. En ese contexto, insistir en explicaciones simplistas no solo resulta insuficiente, sino cada vez menos creíble.

Mentir sobre Cuba ha servido, durante décadas, para encubrir el fracaso de una forma de hacer política que algunos defienden desde la comodidad de sociedades libres, lejos de la opresión que padecen quienes viven en la isla. El modelo se ha convertido en una bandera ideológica útil para justificar prácticas que, allí donde se han aplicado, han derivado en pobreza, represión y ausencia sistemática de libertades.

Lo verdaderamente preocupante es que esta narrativa no solo busca justificar el pasado, sino también influir en el presente de sociedades democráticas. Se utiliza como referencia —explícita o implícita— para promover agendas que, bajo distintas denominaciones, reproducir esquemas de control, concentración de poder y debilitamiento institucional. En ese sentido, el caso cubano deja de ser una excepción para convertirse en una advertencia permanente.

Al final, la cuestión no es Cuba como símbolo, sino la verdad como principio. Porque cuando la política se construye sobre relatos falsos, no solo se erosiona la credibilidad de quienes los sostienen, sino también la calidad de la vida pública y la confianza en la propia idea de tolerancia.

La Ronda: mensajes sin estrategia

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia

Hablar no es comunicar, y mucho menos es equivalente a promover una comunicación estratégica. Emitir mensajes de forma constante —aunque sea a diario y con abundancia de palabras— no garantiza que exista claridad, coherencia ni propósito, y se corre el riesgo de caer en una suerte de cháchara continuada. La comunicación estratégica exige algo más que presencia: requiere definir objetivos, identificar audiencias, construir narrativas consistentes y alinear lo que se dice con lo que se hace. Cuando eso no ocurre, la palabra se vacía de contenido y se convierte en simple ruido; se habla mucho, pero se informa poco, se explica menos y, sobre todo, no se logra incidir en la percepción ni generar confianza, o todavía peor: la locuacidad termina por cansar al receptor.

Uno de los rasgos más consistentes de este gobierno —quizá el único verdaderamente coherente— ha sido su incapacidad para comunicar con eficacia. Tres cambios en la dirección encargada del área no han servido para corregir el problema, sino más bien para perfeccionar una versión bastante tropical del gatopardismo: cambiar responsables para que todo siga exactamente igual. La comunicación oficial parece reducirse a la liturgia diaria de “La Ronda”, ese espacio donde, cada mañana durante unos minutos, se anuncian deseos, se improvisan explicaciones y se ensayan relatos que difícilmente pueden confundirse con una estrategia. Y es que repetir mensajes políticos no equivale a comunicar, y mucho menos a construir una narrativa pública consistente, y aceptada por el ciudadano.

Mientras tanto, los vacíos informativos se acumulan con una contumacia que resulta admirable. Siguen sin explicarse con claridad las salidas —voluntarias o no— de ministros, viceministros y directores; la fuga de reos que evidenció fallas estructurales en el sistema penitenciario; los incidentes en la frontera, donde el crimen organizado mexicano parece encontrar más incentivos para ingresar al país que para evitarlo; o la falta de arreglo de las carreteras, con la ya conocida excusa de “esto es un problema de años”. A ello se suman, entre otras muchas cosas, contrataciones discrecionales en distintas dependencias, que aparecen y desaparecen del radar público con una facilidad que solamente es posible porque no se explica.

Y cuando uno pensaría que la lista de pendientes ya es suficientemente larga, se agregan nuevos capítulos: la imposición a contratuerca del uso del etanol bajo el eufemismo técnico de E10 —quizá con la esperanza de que el nombre suene menos controversial—; la prometida recuperación de pozos petroleros en Petén, de lo que hace rato que ni se habla; el “cierre” de vertederos de basura al descubierto que arden y contaminan, y que nunca termina de concretarse; el incremento en los precios de los combustibles, hoy administrado con una tolerancia que contrasta significativamente con la indignación que provocaba en tiempos pasados cuando los que ahora gobiernan eran oposición; o el ya casi mítico tema de los seguros para motocicletas, que tras un año de aprobación e inmediata derogación, sigue en el limbo de las buenas intenciones.

El problema de fondo no es sólo la ausencia de información oportuna, sino la inexistencia de una lógica estratégica que ordene priorice y dé sentido a la comunicación gubernamental. En ese vacío, cada tema se gestiona como puede —o como no puede—, y la narrativa pública termina siendo definida por terceros. El resultado es previsible: desgaste, pérdida de credibilidad y una sensación creciente de improvisación que, lejos de corregirse, parece haberse institucionalizado.

¿Será que alguien, a estas alturas, escucha realmente las comparecencias diarias del presidente y de ministros a quienes cualquier coyuntura parece tomar por sorpresa? Lo que parece claro es que no se resuelve con otra “Ronda”.

La normalización de lo intolerable

Con el paso del tiempo se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. 

La mayoría de los habitantes del planeta nacieron después de la Revolución Cubana. Para generaciones enteras, no es una anomalía histórica que Cuba sea un régimen comunista donde una élite criminal controla el poder, limita la libertad y administra la vida de los ciudadanos. Es, simplemente, «lo que siempre ha sido».

La costumbre tiene una extraordinaria capacidad para anestesiar la conciencia crítica, y cuando una situación se prolonga durante décadas, termina perdiendo su carácter excepcional, deja de ser objeto de debate y pasa a formar parte del paisaje político mundial, como si fuera un fenómeno natural y no el resultado de decisiones humanas y estructuras de poder.

Algo similar ocurre con la memoria de la antigua Unión Soviética. Millones de personas nacieron después de su desaparición y jamás vivieron directamente la Guerra Fría ni conocieron el sistema de control político, represión, campos de trabajo forzado y exterminio que caracterizó tal experimento totalitario. Para muchos, aquel horror pertenece a un pasado remoto. Sin embargo, parte de ese legado autoritario ha resurgido bajo el liderazgo de Putin, consolidando un sistema donde el poder se concentra, la oposición se margina o asesina y el Estado vuelve a convertirse en un instrumento de control político.

En China, el régimen comunista ha estado presente durante más de siete décadas. Para muchas personas, no obstante, la existencia de una potencia económica gobernada por un partido único, con un control político férreo y escaso margen para las libertades civiles, forma parte del orden normal de las cosas. El debate sobre el carácter dictatorial del sistema chino suele quedar diluido bajo argumentos que resaltan logros económicos o estabilidad política ¡Como si el crecimiento material fuese suficiente para neutralizar cualquier cuestionamiento sobre la libertad!

A esa normalización de los autoritarismos se suma otra igualmente llamativa: la del sistema internacional vigente. La arquitectura global dominada por la ONU, donde cinco potencias concentran poder de veto, suele presentarse como una estructura inevitable. Pocos reflexionan sobre si un sistema diseñado en 1945 sigue siendo el mecanismo más adecuado para gestionar el equilibrio de poder del siglo XXI.

Así, con el paso del tiempo, se ha producido un fenómeno silencioso pero profundo: la normalización de lo anormal. Dictaduras longevas, sistemas autoritarios y estructuras internacionales poco representativas se han integrado en el paisaje mental del mundo contemporáneo, pero llegamos al momento histórico en el que ese aparente equilibrio empieza a ser cuestionado. Algunas potencias, líderes y movimientos políticos están desafiando reglas, instituciones y consensos que durante décadas parecían inamovibles. Ese cuestionamiento no siempre adopta formas ordenadas ni necesariamente virtuosas, pero tiene al menos una consecuencia saludable: obliga a revisar lo que durante demasiado tiempo se había aceptado sin discusión.

Lo preocupante no es solo la existencia de sistemas autoritarios o instituciones imperfectas; lo verdaderamente inquietante es la creciente falta de cuestionamiento hacia ellos. En ese proceso, la ciudadanía corre el riesgo de perder su principal atributo político: la capacidad de pensar críticamente. Cuando el debate público se reduce a dogmas y la curiosidad intelectual se debilita, la sociedad deja de ser una comunidad deliberativa para convertirse en lo que Ortega y Gasset describió como la «masa»: un conjunto humano que participa en la vida pública sin cuestionarla realmente.

Porque cuando lo anormal se vuelve rutina, el mayor peligro no es que el autoritarismo resurja, sino que dejemos de verlo y de preocuparnos por él.

La foto en la que Guatemala no salió

Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados.

Se ha conformado la Coalición Americana contra los Cárteles, una iniciativa impulsada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que reúne a líderes militares y representantes de 17 países con el objetivo de coordinar esfuerzos y utilizar capacidades de poder duro para enfrentar las amenazas que representan los carteles criminales y las organizaciones consideradas terroristas en el hemisferio occidental.

El lanzamiento del mecanismo tuvo dos momentos simbólicos. Uno, de carácter institucional, encabezado por el secretario de Guerra; otro, de naturaleza política, liderado por el propio presidente Donald Trump. A la primera convocatoria fuimos invitados. A la segunda, sencillamente no. Guatemala, junto con otros países participantes en la iniciativa, fue ignorada en el evento presidencial, al igual que algunos gobiernos que ni siquiera fueron considerados. La coincidencia resulta difícil de pasar por alto: entre los ausentes predominaban gobiernos de izquierda o administraciones no alineadas plenamente con Washington.

El refrán popular dice que “no hay peor cuña que la del mismo palo”, aludiendo a que el mayor daño o decepción suele provenir de quienes se consideran cercanos. Algo de eso parece reflejar la relación actual. Guatemala ha sido, históricamente, uno de los países más dispuestos a acomodar sus decisiones estratégicas a las prioridades norteamericanas: cooperación en seguridad, cesión del control en puertos, aeropuertos e infraestructura crítica y, más recientemente, un claro distanciamiento de China. Sin embargo, ese esfuerzo no parece haberse traducido en una relación política de mayor consideración o respeto, a pesar de haberse vendido por el gobierno de forma diferente.

El episodio resulta revelador porque expone una realidad incómoda: la política exterior de las grandes potencias rara vez se basa en gratitudes o afinidades permanentes. Se rige, más bien, por intereses cambiantes. Lo que ayer era útil, hoy puede ser prescindible. Y lo que antes se celebraba como una relación privilegiada termina mostrando una cercanía más instrumental de lo que algunos quisieron creer.

También deja al descubierto cierta ingenuidad e hipocresía en el debate interno. Quienes aplaudieron hasta el cansancio la abierta y evidente injerencia internacional en 2023 hoy denuncian con la misma intensidad el intervencionismo extranjero. Una suerte de moderno neocolonialismo que algunos nostálgicos ignoran y otros, más modernos, no diferencian. El problema no es que exista influencia externa —siempre ha ocurrido—, sino que muchos prefieren verla solamente cuando no coincide con sus preferencias políticas. Se apuesta por personas, grupos o coyunturas ideológicas, pero raramente por principios o por una estrategia nacional coherente, y cuando cambian los actores o las circunstancias, llega inevitablemente el desencanto.

La lección es vieja, aunque con frecuencia se olvide. Las relaciones internacionales no se construyen sobre simpatías momentáneas ni sobre la ilusión de pertenecer al grupo correcto, sino sobre intereses permanentes y posiciones claras. Mientras no se entienda eso, seguiremos moviéndonos entre entusiasmos ingenuos y decepciones previsibles.

Porque al final, más que el viejo cliché del “patio trasero”, la realidad puede ser aún más cruda: para muchos actores globales, países como el nuestro no pasan de ser piezas menores dentro de un tablero mayor. Y cuando uno acepta jugar ese papel sin una estrategia propia, no debería sorprenderse si termina absolutamente ignorado, o peor: utilizado. 

El problema —como decía alguien con ironía— no es que te tomen por ingenuo. El verdadero problema es cuando ya ni siquiera se molestan en disimularlo, y es por eso que, abiertamente, nos dejaron fuera de la foto oficial de amigos.

Un orden mundial agotado

En los dilemas políticos las soluciones rara vez son ideales; se trata, en todo caso, de elegir la que genere las menores consecuencias posibles, y es precisamente lo que estamos viviendo

El actual orden mundial es fruto de pactos alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial. Cinco potencias nucleares constituyen un eje de poder permanente en el Consejo de Seguridad, con capacidad de decidir cuándo y cómo actúa la comunidad internacional. Bajo la premisa de evitar el uso de la fuerza —salvo en casos de legítima defensa— se consolidó un sistema que otorgó estabilidad relativa, pero también escaos privilegios y vetos que condicionan cualquier intervención. El resto del mundo rara vez tiene voz decisiva, aunque tampoco asume las altas cargas financieras que soportan potencias como Estados Unidos.

Ochenta años después, el mundo ha cambiado radicalmente, pero la arquitectura internacional permanece intacta. Es cierto que el sistema ha evitado confrontaciones directas entre potencias; sin embargo, también ha demostrado una alarmante ineficacia para resolver conflictos prolongados, especialmente cuando los intereses de los miembros permanentes no convergen. La política, la ideología, y el uso instrumental de las instituciones han conformado un escenario donde prevalece quien mejor manipula el relato, no necesariamente quien defiende principios.

Regímenes abiertamente autoritarios y represivos —como Corea del Norte, Cuba y otros— han perdurado durante décadas al amparo de un concepto restringido de soberanía y de una interpretación rígida del derecho internacional que impide la acción preventiva. La prohibición de la agresión se ha convertido, en la práctica, en un escudo para gobiernos que ejercen violencia sistemática contra sus ciudadanos. La historia reciente demuestra que el sistema carece de mecanismos eficaces para detener matanzas silenciosas y continuadas bajo la protección política del derecho a veto. China y Rusia, paises de corte autoritario, han sostenido a aliados estratégicos bajo ese paraguas, y el diseño institucional lo ha permitido.

En este contexto, la necesidad de reformar o reinterpretar el orden internacional no es un capricho ideológico, sino una exigencia. Si las dictaduras hubiesen sido reconocidas formalmente como amenazas a la paz —porque lo son— podría haberse activado la legitima defensa y con énfasis los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU y haber adoptado medidas coercitivas eficaces. En lugar de ello, la comunidad internacional se ha refugiado en condenas retóricas que no modifican los hechos sobre el terreno y que, en la práctica, prolongan la vida de esos regímenes. 

La inacción reiterada no es neutral: consolida abusos, normaliza la represión y envía el mensaje de que la soberanía es un blindaje absoluto frente a cualquier responsabilidad. Cuando un sistema deja de cumplir su finalidad esencial —proteger la paz y la dignidad humana— la intervención, política o incluso coercitiva deja de ser una opción extrema y se convierte en una necesidad para evitar males mayores y continuados.

Los ataques norteamericanos e israelíes contra Irán pretenden poner punto final a un régimen represivo de cuatro décadas, como ocurrió con el caso de Venezuela y, presumiblemente, podría suceder en Cuba. Es cierto que en ocasiones hay bajas no deseadas o muertes que generan gran impacto, pero siermpre son menores que las que ocurriren bajo una criminalidad estatal tolerada o justificada por el silencio o por posturas políticamente correctas de democracias que defienden prorrogar un diálogo inoperante. No es una cuestión de opinión, sino de cifras: basta con sumar los asesinatos y abusos cometidos durante años para concluir, sin presión ideológica, que la situación no puede perpetuarse. 

En los dilemas políticos las soluciones rara vez son ideales; se trata, en todo caso, de elegir la que genere las menores consecuencias posibles, y es precisamente lo que estamos viviendo. El debate es entre responsabilidad y resignación, porque un orden internacional que no corrige sus propias distorsiones termina perdiendo legitimidad y eficacia.